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Especial

Entre los más desiguales

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Entre los más desiguales

La desigualdad en nuestro país es una de las más fuertes en Latinoamérica, por lo que es urgente que esa brecha se acorte, dijo el economista German Alarco Tosoni durante el Foro Público “Salario Mínimo, Desigualdad y Modelo Económico” que con ocasión del Día Internacional del Trabajo organizó el Centro de Derechos y Desarrollo (Cedal).

El profesor de la Universidad del Pacifico sostuvo que una mayor desigualdad significa un menor impacto del crecimiento económico sobre la pobreza y que países con mayores niveles de desigualdad y pobreza tienden a crecer menos en el largo plazo.

Añadió que los países con mayores niveles de desigualdad tienden a mostrar mayores tasas de criminalidad y que las sociedades capitalistas muy desiguales funcionan con mayores grados de desorden social como inestabilidad política, corrupción y violencia en comparación con sociedades menos desiguales.

“La desigualdad de ingreso puede persistir a través de generaciones reflejando diferencias en oportunidades económicas como menor acceso a la educación, a profesiones y a oportunidades de negocio.”

BENEDICTO XVI
Citó como factores que inciden en la desigualdad en el Perú la exportación de productos primarios, la fuerte presencia de capitales extranjeros, la dependencia respecto a la economía mundial y lo reducido de las articulaciones productivas, entre otros factores.

Recordó las palabras del papa Benedicto XVI quien en el 2009 expresó:

“El aumento sistémico de las desigualdades no solo tiende a erosionar la cohesión social y de este modo poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil.”

Sobre el Salario Mínimo Vital, Alarco y otros prestigiados economistas firmaron un pedido exhortando al Poder Ejecutivo incremente el SMV en el marco de la institucionalidad vigente como la Ley 27711 y que tome en cuenta el informe del Consejo Nacional del Trabajo que se refiere a elevar el sueldo mínimo al incremento de la productividad y la inflación de los últimos dos años.

PÉRDIDA DEL VALOR
Basándose en un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática señaló que en 1974 el salario mínimo equivalía a un promedio de mil 782 soles del 2007 y que hoy equivale a 600.83 soles del 2007 lo que representa 33 por ciento de lo que era el salario mínimo en los setenta.

Citó a J.M. Clark que en 1929 señaló: “una industria que no paga un salario digno, en la práctica está pasando parte de sus costos a las otras industrias, pues estas últimas terminarían pagando los gastos de subsistencia de los trabajadores mal pagados, si es que finalmente lo hacen. Y si no lo hacen, hay una pérdida de capacidad productiva que cae como carga generalizada en la sociedad afectando a menudo a las futuras generaciones”.

Añadió que en el Perú el ingreso promedio por habitante es de seis mil 796 dólares anuales, que el diez por ciento de los más ricos reciben 24 mil 540 y el diez por ciento de los mas pobres 945 “lo que nos coloca al nivel de países africanos como Burkina Faso y asiáticos como Camboya y Pakistan”.

IMPACTO POSITIVO
Alarco precisó que el sueldo mínimo de Perú es de 278 dólares mientras el de Ecuador es 318, de Chile 424, de Colombia 315, de Uruguay 381, de Brasil 314, de Venezuela 490 y de Argentina 602.

“El incremento del SMV es una medida que impactará positivamente en la economía del país”, agregó.

De otro lado y contrariamente a quienes se pronuncian contra la minería, Alarco dijo que esta actividad es importante porque genera divisas aunque no crea mayor cantidad de empleos y tiene que desarrollarse con respeto a la población de las zonas donde pretende explotarse y a la naturaleza.

En el evento que tuvo como moderador al periodista de LA PRIMERA Raúl Wiener, expusieron además el experto en temas laborales Jorge Bernedo y el ex viceministro de trabajo y director ejecutivo de IESI de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Pablo Checa Ledesma

Checa que el SMV debería cubrir la canasta básica familiar lo que no sucede en nuestro medio “los peruanos empobrecen y las canastas también, para cubrirla se tendría que ganar dos mil 400 soles. Lamentablemente la desigualdad se ha incrementado en los últimos años y no se resuelve con asistencialismos”, puntualizó.

Denis Merino
Redacción

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Actualidad

El poder de la fuerza y de la ley según Benito Laso

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Benito Laso

El 20 de mayo de 1780 nació en Arequipa José Benedicto Laso de la Vega y Quijano, quien posteriormente firmó solo como Benito Laso. Es reconocido como uno de los fundadores del pensamiento liberal en el Perú del siglo XIX. Abogado (1807) ocupó varios cargos en el gobierno colonial hasta que se unió a la causa patriota de los criollos y mestizos de las provincias del sur del Perú.

Lo cual, posteriormente, determinó que forme parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo (Diputado) y del Poder Ejecutivo (Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores -1838-; y de Instrucción y Negocios Eclesiásticos del Perú 1842 a 1843 ).

Colaboró con los medios escritos de Lima y Arequipa. En El Constituyente, entre los meses de mayo y julio de 1858, publicó su columna El Poder de la Fuerza y El Poder de La Ley, la cual –en conjunto- es un ensayo liberal sobre las relaciones de poder en el Perú de su época.

En sus textos, Laso sostiene que:

“La historia del hombre no es otra cosa que la pintura de la esclavitud de los más, y de la ambición de unos cuantos, y del estado perpetuo de guerra en que se ven los pueblos entre oprimidos y opresores. Largo, inmenso, sería el trabajo de recorrer la vida de las naciones de la tierra, y de su estudio no sacaríamos más que esta desconsolante sentencia: El mundo siempre ha sido víctima de la fuerza y del error”.

Lo que Laso quiere denunciar es la existencia de un discurso político e ideológico que ha instrumentalizado las ideas de libertad para, precisamente, imponer lo contrario.

En ese sentido, la religión jugó un rol muy importante en el mundo occidental, cuando fue tomada por los elementos del alto clero para elaborar un discurso que naturalizó las formas de explotación como parte de un “sufrimiento” que se debería aceptar para lograr un eterno bienestar más allá de este mundo.

Laso utiliza la idea que las religiones han aterrado la imaginación del ser humano para someterlo a las peores formas de dominación y explotación. Estos elementos sociales son los “conservadores”.

Sobre ellos, Laso escribió:

“Conservadores son los que no reconocen en las sociedades sino el principio de autoridad, es decir, que los pueblos no tienen derecho para pensar ni menos para arreglar y fijar la verdad de sus respectivos gobiernos. Son los que limitan el pensamiento a solo los mandones, no dejando ni permitiendo a los individuos asociados discurrir, reflexionar, y mucho menos censurar los actos y disposiciones de los que bien o mal se han colocado en el trono del gobierno. Los que tienen por máxima absoluta que los mandatarios son la cabeza del cuerpo político, a quienes únicamente pertenece discurrir, y el resto los miembros pasivos a quienes les incumbe sólo obedecer”.

Se puede percibir que Benito Laso es un liberal radical que se opone a toda idea o acto político que limite la capacidad de libertad política que debe tener la sociedad para elegir sus destinos.

Considera que los “conservadores” son los mayores enemigos que tiene una sociedad que busca autodeterminarse, ya que son los “conservadores” los que prefieren un gobierno absolutista donde la razón siempre la tengan quienes gobiernan o controlan el gobierno, reprimiendo los deseos de las grandes mayorías.

Por ello, Laso es mucho más firme cuando indica que:

“El empleo de la fuerza armada, la ignorancia general en el pueblo, y la desmoralización en la gente de proporciones; he aquí los tres medios que son la base firme sobre la que se levanta el gobierno despótico; y esto es lo que se hallan poniendo en planta los tiranos de nuestra época. La fuerza sirve para infundir temor; la ignorancia del pueblo para que desconozca los derechos que le dio la naturaleza, y que debe proteger la sociedad; y la inmoralidad para que aun los hombres que saben algo o mucho de sus derechos, los abandonen al imperio de la fuerza, y solo se contraigan a la satisfacción de sus pasiones según el espíritu que reina en el siglo que viven”.

Resulta interesante reconocer que Laso denunció la existencia de tres elementos que utilizan quienes tratan de imponer un orden económico, político y social que las grandes mayorías sociales no comparten. Estos elementos son: la violencia, la ignorancia y la corrupción. La violencia para reprimir; la ignorancia para controlar y la corrupción para generar aliados en el poder.

Las palabras de Benito Laso son vigentes en el Perú, país donde las noticias políticas siempre están relacionadas a represión de las manifestaciones populares; la farandulización de los Poderes del Estado y la existencia de corrupción en niveles insospechados.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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Especial

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros?

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Julian Assange

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación.

Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición.

Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible.

Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran?

De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.

Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange?

¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y 10 meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo?

¿Será porque, según The New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4000 millones de dólares habría sido aprobado por EE.UU. a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio.

En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas.

La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EE.UU. para que Hillary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando.

Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.

La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas.

El sistema jurídico-judiciario es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados.

Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.

Luiz Inazio Lula Da Silva

Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sergio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT.

Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no ha sido transitado en juzgado.

De aquí a cincuenta años, si todavía hubiera democracia, este caso será estudiado como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.

No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado.

Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.

Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaran de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense.

Pero quizás sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks reveló que Sergio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulativo de las instituciones jurídicas y judiciarias existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas.

Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.

El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ser ejercida en una supuesta normalidad democrática y constitucional.

Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
Página|12 – Traducción: ANTONI AGUILÓ y JOSÉ LUIS EXENI RODRÍGUEZ.

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Actualidad

El calvario de los hinchas en los estadios

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HInchas de Universitario revisados por la Policía

Imagine que usted va con su familia a un espectáculo cualquiera y, al ingresar, descubre que existe una larga lista de accesorios y objetos que están prohibidos de ingresar. Para empezar, le piden que se quite la correa, los aretes si es mujer, el gorro si es que lo usa y los lentes para el sol.

También le quitan cigarrillos y encendedores, en caso sea un fumador, y si lleva una vestimenta con capucha, deberá buscar dónde dejar la prenda para poder ingresar a ver el espectáculo por el cual pagó.

Lo anterior es el resumen de una experiencia habitual en los estadios de fútbol limeños, donde se ha perdido el respeto más elemental que se debe tener por quien sostiene toda la actividad comercial: el hincha cliente.

Facebook Twitter de Club Universitario de Deportes

Ayer, en la previa del encuentro entre Universitario y Sport Boys por el torneo local, los hinchas que acudieron al Estadio Monumental se dieron con la sorpresa de que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en el lugar, habían dispuesto el decomiso de gorros y lentes de sol a pesar de que la administración del club había informado en sus redes sociales que dichos accesorios sí estaban permitidos.

Así lo informó el medio partidario La Tribu en su cuenta de Twitter, donde además publicó una fotografía de efectivos policiales junto a un balde adonde iban a parar los objetos decomisados. Dicha denuncia generó la indignación tanto de hinchas como de algunos periodistas que cuestionaron el hecho.

Policía en caballo controlan a hinchas de Universitario

Aunque finalmente la irregular situación se pudo resolver, el decomiso indebido existió, y sirve como recordatorio de la ingrata experiencia de acudir a un estadio de fútbol en el Perú, específicamente cuando en un afán de prevenir la violencia, los responsables de cuidar el orden público terminan quebrantándolo y excediéndose en sus funciones.

A los decomisos mencionados se suman las revisiones corporales habitualmente vejatorias -tocamientos de genitales, órdenes de descalzarse y de mostrar todo el contenido de las billeteras- y el riesgo permanente de ser víctima de maltrato verbal cuando no de una represión desmedida,

Tal cual sucedió a inicios de año cuando un policía pisó y rompió una tarola en los exteriores del Monumental, o en meses anteriores cuando efectivos policiales agredieron a mujeres hinchas de Sport Boys y de Alianza Lima. Los casos de violencia contra los espectadores son reiterativos y configuran un escenario que merece una debida atención por parte de las autoridades.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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