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Editorial

En manos de la justicia

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El Colegiado B de la Sala Penal Nacional dejó ayer al voto la decisión de incluir al expresidente Alberto Fujimori en el proceso judicial por el sonado caso Pativilca, referido al asesinato de seis personas el 29 de enero de 1992, en la provincia de Barranca; caso en el que se encuentra acusado el indultado expresidente junto a otras 22 personas, entre ellas los integrantes del Grupo Colina y miembros de las Fuerzas Armadas. Los jueces Miluska Cano López (presidenta), Otto Verapinto Márquez y Omar Pimentel Calle, integrantes del referido tribunal, han escuchado ya la posición de las partes.

El fiscal Luis Landa, a cargo de la investigación asegura que “se ha desnaturalizado el derecho de gracia” en el caso de Alberto Fujimori, por lo que ha pedido que no se aplique este beneficio al expresidente. Más grave aún por cuanto según el representante del Ministerio Público “La gracia presidencial se habría otorgado fuera del marco constitucional establecido” y “en un momento que no corresponde”. Agrega, además, que la resolución suprema no cumple con el estándar mínimo de motivación. Eso es muy grave.

En este caso, el fiscal Landa ha solicitado una pena de 25 años de cárcel para Alberto Fujimori por presuntamente ser el autor mediato de la muerte de seis personas a manos del Grupo Colina, durante su mandato presidencial. No obstante, el exjefe de Estado fue beneficiado con el indulto humanitario y derecho de gracia por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre pasado.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha pedido que el Poder Judicial declare que no se aplicará el derecho de gracia a Alberto Fujimori, en vista que según connotados juristas no se habría cumplido con el mandato constitucional a la hora de otorgar el indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori. Sería bueno, también, que los miembros del tribunal valoren con riguroso apego a ley y recuerden que los ojos del mundo están puestos en la justicia peruana, pues el próximo 2 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará una supervisión de cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, tras el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori por parte de Pedro Pablo Kuczynski.

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Editorial

Decepción mundialista

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No nos referimos a los muchachos del “Tigre” Ricardo Gareca que ayer fueron eliminados del Mundial Rusia 2018 tras enfrentarse a su similar de Francia. No, claro que no. ¿Por qué habría de decepcionarnos la actuación de nuestra Selección, si ellos lo dieron todo en la cancha, si se ganaron el respeto de sus fogueados rivales y el cariño de la hinchada?

Hasta el actor mexicano Antonio Banderas, quien calificó de “noble” y “sin miedos” el juego del seleccionado peruano se solidarizó con el equipo rojiblanco. En un emotivo mensaje, Banderas escribió en su cuenta de Twitter: “Perú queda eliminado practicando un juego noble y sin miedos en este campeonato del mundo. Pero sobre todo respaldado por una de las mejores aficiones que jamás se haya visto en un mundial. Ante ellos me quito el sombrero”.

Es más, muchos ya quieren verlos en Qatar. Pero a los que no quieren ver es a los congresistas mundialistas, quienes burlándose del país dejaron el Congreso y se fueron a Rusia justo cuando aquí el Pleno discutía acerca del pedido de facultades legislativas al Ejecutivo. ¿Qué puede ser más decepcionante que abandonar la labor legislativa que les encargó el electorado, y por la que reciben jugosos sueldos, para irse a Rusia a disfrutar del mundial de fútbol? Es el caso de Richard Acuña, Elard Melgar, Moisés Guía, Edmundo del Águila, Wuilian Monterola y Jorge del Castillo. Ah, Mauricio Mulder voló a los Estados Unidos.

Nos ha dicho el director técnico de nuestra selección mundialista, Ricardo Gareca, que nada tiene que reprochar a los muchachos y que la imagen del país que han dejado en el extranjero es positiva. Por lo visto eso es verdad, ¿pero se podría decir lo mismo de nuestros padres de la patria y de este Congreso de la República? La respuesta es obvia, y las encuestas les dan una aprobación por los duelos.

La gente en las calles apoya a nuestra selección de fútbol y al “Tigre” Gareca, pero a diferencia de ello salen a marchar en contra de los congresistas, en contra no solo de las Yesenias y los Mamanis, ahora también en contra de Mauricio Mulder y sus propuestas con tufillo dictatoriales, como la que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Después que reventó el escándalo Odebrecht, muchos congresistas nos dan vergüenza, y los que se colaron al mundial de Rusia decepcionan, pero el equipo de Gareca nos llena de orgullo.

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Editorial

Hasta ahora no se va

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El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, reveló que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, le dijo que, por todas las acusaciones en su contra, iba a sacar de su cargo al jefe de seguridad y prevención Walter Jibaja, hombre muy cercano a Keiko Fujimori.

Galarreta hasta ahora no cumple con su palabra, pero sí lo hizo cuando amenazó a la prensa con aprobar la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.

Jibaja, efectivamente, sigue siendo jefe de seguridad del Congreso dominado por Fuerza Popular y, según fuentes de Fuerza Popular, no renuncia a su cargo, tal como lo han pedido seis bancadas congresales, por orden de la lideresa Keiko Fujimori.

Hay suficientes motivos por los cuales Jibaja debe dejar el cargo como, por ejemplo, el copamiento de simpatizantes de Fuerza Popular en el área que maneja, la militancia confesa de él en el fujimorismo, denuncias de que el grupo de trabajadores a su mando realiza seguimientos a congresistas de oposición.

El hecho que Jibaja siga al frente de la jefatura de seguridad del Parlamento es una evidencia que Luis Galarreta no escucha el pedido de seis bancadas para que el keikista dé un paso al costado, porque alguien que considera que Fuerza Popular es el Real Madrid de la política peruana es un peligro para los legisladores críticos al fujimorismo.

Hay congresistas que han pedido con su firma y su voz que Jibaja no les infunde la seguridad debida en su centro de labores que es el Parlamento sino todo lo contrario; sin embargo, hasta ahora, pese a las denuncias fundadas, Walter Jibaja sigue al frente de un personal que estaría, además, en una campaña de desprestigio mediante redes sociales de todo aquel que no piensa como los integrantes de Fuerza Popular, es decir, como Keiko Fujimori.

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Editorial

El Ejecutivo se pone las pilas

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La Tercera Ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción. Ante la aberrante y atentatoria Ley Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, la reacción del Ejecutivo no se podía hacer esperar y mañana jueves presentará la demanda de inconstitucionalidad.

Ya el presidente Martín Vizcarra mostró su rechazo a la propuesta del aprista Mauricio Mulder, confabulado con un fujimorismo que lleva la sartén por el mango.

La norma entró en vigencia ayer, luego que fuera publicada el pasado lunes. Poco o nada importó que en marzo último fuera observada por el Ejecutivo.

Resulta interesante saber si los medios del Estado, llámese su canal de televisión, su radioemisora, el diario Oficial El Peruano y sus consiguientes páginas webs, están en condiciones de llegar a todos los recónditos lugares del país.

También resulta iluso pensar que el Estado tenga la exclusividad en la difusión de temas vinculados a desastres o emergencias, así como a campañas de educación electoral. Objetivamente, los medios del Estado no tienen el alcance ni el impacto de los privados. ¿Qué será de ese 40% de peruanos que no tiene acceso diario a Internet?

Eso no parece importarles al aprismo y Fuerza Popular, partidos con sed de venganza contra la prensa fiscalizadora. Una vez más, los fujimoristas pretenden tomar más poder. El Congreso pretende obtener un poder que la Constitución no le otorga.

Hace bien el Ejecutivo en reaccionar frente a la prepotencia del Legislativo. Por el bien del país, esperamos que hoy, después de la sesión del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Salvador Heresi, brinde amplios detalles acerca de la acción de inconstitucionalidad. Heresi dijo que la reacción del Ejecutivo será novedosa, innovadora y contundente, aunque ello implique un nuevo choque con la mayoría fujimorista, empeñada en poner trabas al desarrollo del país.

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