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Política

Empresas peruanas y brasileñas formaron cártel de la corrupción

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El fiscal anticorrupción Hamilton Castro tiene identificado a un grupo de empresas constructoras peruanas (más de una decena) que se organizaron para repartirse las obras públicas en común acuerdo con las empresas brasileñas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y Queiroz Galvao que habrían operado en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Las primeras pistas que tiene el citado fiscal son de las operaciones que se realizaron en el gobierno de Humala, por tratarse del más reciente. Las empresas que formarían parte de este “club de la construcción” son, entre otras, Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción, Graña y Montero, Obrainsa, JJ Camet Contratistas, Constructora Málaga Hermanos S.A., H&H Contratistas, Aramsa y Neptuno Contratistas Generales.

Según informó ayer el semanario Hildebrandt en sus trece, el fiscal Hamilton Castro tiene conocimiento de información proporcionada por delatores brasileños y documentación oficial, que las citadas empresas peruanas y brasileñas actuaron como un cártel para repartirse las obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2014), aunque saben que esta práctica viene del gobierno de Alejandro Toledo y Alan García.

Estas empresas se dividían las obras de acuerdo al monto y en coordinación con funcionarios del MTC y de Provias Nacional, que se encargaba de las licitaciones públicas y ejecutar los proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional.

Para repartirse las millonarias obras algunas veces se presentaban como consorcios aunque siempre bajo la coordinación de las empresas brasileñas. Documentos obtenidos por el citado fiscal revelan que entre el 2011 y 2014 las empresas brasileñas y peruanas se repartieron 29 obras de construcción por un monto de 6,129`197,095.00 soles.

Un hombre clave en estos negocios fue Carlos García Alcázar (quien sería operador y exasesor del titular del MTC de entonces, Carlos Paredes Rodríguez), quien tuvo un incremento inusual en su patrimonio, llegando a comprarse una lujosa residencia y hasta caballos de carrera.

Las compañías peruanas que lograron ejecutar más obras en la gestión de Ollanta Humala fueron Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción (por un monto de 1,061`923.33.00 soles), JJ Camet Contratistas (1,112`358,410.00 soles) y Málaga Hermanos S.A. (733`869,325.00 soles) con tres proyectos cada una.

Ante este cúmulo de información que implica a varias empresas, el fiscal Hamilton Castro ha pedido el apoyo a la Fiscalía de Lavado de Activos. En tanto, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ha dispuesto la conformación de un equipo especial liderado por Castro, con la colaboración de fiscales de lavado de activos, para escudriñar a las constructoras peruanas que se repartieron las obras en el MTC.

EMBARGAN CUENTAS
El Ministerio Público informó que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en el Perú, en seis meses de investigación, ha logrado identificar 2.000 movimientos de salida y entrada de dinero y embargar 60 cuentas bancarias, en el Perú y el extranjero; identificando además a 60 empresas offshore en Andorra, Reino Unido, Suiza y Hong Kong.

Ese equipo especial está conformado por el fiscal superior César Zanabria y los fiscales supraprovinciales Hamilton Castro, Marcial Páucar, Javier López y Sergio Jiménez, así como 10 fiscales adjuntos, 14 peritos financieros y 14 asistentes, más especialistas de la Contraloría.

A ellos se sumarán otros siete fiscales adjuntos y se ampliarán sus facultades, para incluir el delito de lavado de activos y los de corrupción. El Ministerio Público indicó que el Equipo Especial tiene varias líneas de investigación, una de las cuales sería el “Club de la Construcción”.

Durante los últimos meses, este grupo de fiscales también ha logrado que se disponga el allanamiento de más de 50 inmuebles y oficinas, así como la incautación de más de 100 computadoras, 80 celulares y 30 agendas electrónicas con valiosa información.

Además, un promedio de 12 personas están consideradas como aspirantes a colaboradores eficaces en el caso. Los funcionarios que trabajan en el caso trabajan conjuntamente con autoridades del Reino Unido, Andorra, Suiza, Brasil y EE.UU.

LAVA JATO
Las investigaciones por este caso tomaron un nuevo impulso en el Perú, cuando la justicia de Brasil inició en 2013 la operación Lava Jato, que permitió descubrir que las principales constructoras de ese país obtuvieron millonarios contratos en el Perú a través del pago de coimas. Cuando la investigación avanzó, se reveló que estas empresas hicieron lo mismo para ganar obras en toda América Latina. A fines de 2016, la constructora brasilera Odebrecht reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).

ALGO MÁS
Los fiscales vienen investigando intensamente a las empresas que fueron cómplices de las empresas brasileñas que instauraron un sistema de corrupción basados en millonarios sobornos para adjudicarse las obras públicas, tal como lo confirmó el mismo Marcelo Odebrecht, motivo por el que está preso en Brasil.

Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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