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Editorial

Elecciones están a la vuelta de la esquina

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Las elecciones regionales y municipales ya están a la vuelta de la esquina. Se realizarán el domingo 7 de octubre y para esa fecha se ha convocado a un total de 23 millones 438 mil 266 electores hábiles, que elegirán entre unos 115 mil candidatos a 13 mil autoridades, en 25 regiones, 196 provincias y 1874 distritos.

Muchos candidatos ya se anticiparon a colocar paneles, afiches y a repartir volantes que los transeúntes reciben, los miran y desechan sin prestarles mayor atención, como quien dice eso no va conmigo. Quizá eso no tuviera nada de extraño si en nuestro país el voto fuera voluntario, pero no es así.

Ocurre, que al estar los electores obligados a sufragar, el próximo 7 de octubre muchos acudirán a su centro de votación y emitirán su voto sin ningún reparo y sin haberse enterado de los candidatos que postulan por su distrito, provincia o región. Y es precisamente allí donde comienzan los problemas como los que estamos viendo en estas últimas semanas en que dos alcaldes se han visto envueltos en verdaderos casos policiales, como es el caso del burgomaestre de Villa María del Triunfo, César Augusto Infanzón Quispe, condenado por el Poder Judicial, y el de La Victoria, Elías Cuba, recientemente detenido por la policía.

¿Qué está pasando con los funcionarios públicos? Es la pregunta que todos comienzan a hacerse. ¿No es acaso que son personas elegidas o designadas –según el caso– que representan al Estado o a un sector de la población, para desarrollar políticas del Estado o dirigir organismos o entidades públicas? ¿Por qué de pronto deciden infringir la ley y hasta formar parte de mafias delincuenciales? ¿Será que los filtros de nuestro sistema electoral han comenzado a fallar y nadie se ha percatado de ello? Sea cual fuere la causa, quienes pagan los platos rotos son siempre los ciudadanos de a pie. Precisamente quienes no tienen los recursos para hacer valer sus derechos.

¿De ser así, por qué entonces nadie hace algo para que esta situación no continúe? La respuesta es porque ya es necesario poner en práctica una reforma electoral que se encargue de eliminar los problemas de financiamiento ilegal de partidos políticos, aportes de “fantasmas” y candidatos con antecedentes penales, que estamos viendo. Solo para el municipio de Lima hay más de una veintena de candidatos a alcalde ¿Por qué?

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Editorial

El primer poder del Estado

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Durante el extenso debate que generó la solicitud del voto de confianza y aprobación de los proyectos de reforma política y judicial planteados por el Gobierno, la representación nacional ha reiterado que el Parlamento Nacional es el primer poder del Estado. Así es –por lo menos así debiera serlo– no obstante la bancada de Fuerza Popular parece no entender qué significa eso, pues sus integrantes han mantenido durante todas sus intervenciones un discurso antidemocrático, en el que ha salido a relucir su prepotencia por saberse mayoría.

Ser el primer poder del Estado implica, en primer lugar, una gran responsabilidad por haber recibido los votos necesarios para ocupar la curul en la que se encuentran. En segundo lugar, si se deben al soberano –el pueblo que los eligió– es a él a quien deben rendir cuentas de sus actos porque obran en su representación. Y el electorado ya se ha pronunciado en las calles con voz firme y actitud resuelta: Que se vayan todos, ha dicho y ha pedido un referéndum para expresar la voluntad popular.

Sin embargo, la mayoría de Fuerza Popular ha denostado contra el Gobierno, haciendo la salvedad que en su momento votarían a favor de la cuestión de confianza. Cosa difícil de comprender, a no ser porque quizá los parlamentarios fujimoristas habían tomado la decisión de antemano de aprovechar las cámaras y los reflectores para lanzar todo tipo de epítetos contra el Ejecutivo. No era gratuito, tampoco, que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori haya salido más temprano a decir que los pedidos del Ejecutivo eran solamente una “cortina de humo”.

Así las cosas, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular –léase fujimorismo– fue derrotada en las calles por lo que se vio obligada a aprobar la cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. De no haber ocurrido así, las calles habrían vuelto a pedir el cierre de este Congreso y “que se vayan todos a su casa” lo que implicaría adelantar las elecciones. Eso lo sabía el fujimorismo y tuvo que dar su brazo a torcer.

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Editorial

Un crucial primer paso

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Bastó un poco de presión con la solicitud de la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra para que el Congreso de la República, en manos de una mayoría fujimorista, deponga su actitud de obstaculizar las reformas políticas y judiciales que el país viene reclamando desde hace mucho tiempo, y se ponga a trabajar. Pero no solo se trata de la mano firme que puso el Ejecutivo. También las calles pusieron de su parte para hacerle saber a los padres de la patria que la paciencia se está agotando en todo el país.

Sin embargo, todo eso resultaría insuficiente. Los peruanos somos testigos de cómo el fujimorismo ha venido entorpeciendo el debate parlamentario y especialmente el tema de las reformas. Sería bueno, en todo caso, que la población se mantenga vigilante y dispuesta a salir nuevamente a las calles de ser necesario. Igualmente, el presidente Martín Vizcarra debería mantenerse firme, sin descartar la posibilidad de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones, en caso que las circunstancias así lo aconsejen.

Ayer se ha dado un crucial primer paso, no obstante hay mucho pan por rebanar. Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará ante el Parlamento Nacional la cuestión de confianza para ejecutar las reformas planteadas por el Gobierno. No se sabe, sin embargo, en qué forma reaccionará la bancada fujimorista porque hasta la fecha no se han pronunciado por la aprobación o por el rechazo a las iniciativas del Ejecutivo.

Es más, el fujimorismo podría tener un as escondido bajo la manga. La congresista fujimorista Úrsula Letona ha declarado que la cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra. Del mismo temperamento es el parlamentario aprista y socio del fujimorismo, Mauricio Mulder. Pero esto aún está por verse, pues hay quienes opinan en sentido contrario. En todo caso, lo que va quedando claro es que el corolario de estas reformas será el referendo. La población está dispuesta a defender ese derecho en las calles. Los congresistas se deben a los ciudadanos y esa es la voz que deben escuchar. El presidente Vizcarra ya lo ha advertido, hará uso de todos los recursos que la ley le confiere para defender la democracia, inclusive el cierre del Congreso, si así fuese necesario.

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Editorial

¡Reformas, ya…!

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A menos de 24 horas de que el presidente Martín Vizcarra anunciara, en un mensaje al país, su decisión de presentar un pedido de cuestión de confianza debido a la dilación del debate de los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el oficialista Alberto Oliva, aprobó por mayoría el dictamen de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), iniciativa que deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. Igualmente, la Comisión de Constitución, también aprobó, por 14 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, el dictamen sobre la reforma del CNM.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó ayer que “es factible” aprobar antes del 4 de octubre las reformas políticas y judiciales planteadas por el Gobierno de Martín Vizcarra. Todo esto cuando no han pasado ni 24 horas del anuncio del Jefe del Estado sobre la presentación del pedido de cuestión de confianza; es decir, que los parlamentarios de la mayoría fujimorista que se habían pasado 40 días –con sus 40 noches– dándole largas a las reformas, se pusieron de acuerdo, más rápido que inmediatamente, para dejar oleada y sacramentada la iniciativa del Ejecutivo.

Según el artículo 133 de la Constitución Política del Perú: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete”, dice la Constitución.

De acuerdo al artículo 134 de la Constitución, si se censura o no niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el Presidente de la República tiene el derecho a disolver el Congreso. Y eso es lo que teme la bancada de Fuerza Popular, perder sus gollerías.

En todo caso, si el pedido de cuestión de confianza no ha servido para que el presidente Martín Vizcarra cierre el Congreso, como lo pide a gritos la gente en las calles, sí ha sido útil para hacer retroceder en sus pretensiones a esa abyecta mayoría que no hacía otra cosa que obstruir la labor del Parlamento.

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