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Especial

El Tribunal Constitucional en su tinta

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El Tribunal Constitucional en su tinta

Si se les aplicara el artículo 361º del Código Penal a los 5 miembros del Tribunal Constitucional con mandato terminado, hace rato que deberían estar condenados por el delito de usurpación de funciones públicas.

Esos miembros y las fechas de vencimiento de su mandato son:

— Juan Francisco Vergara Gotelli: 27/12/2009;
— Carlos Fernando Mesía Ramírez: 15/7/2011;
— Ernesto Álvarez Miranda: 19/9/2012;
— Fernando Alberto Calle Hayen: 19/9/2012;
— Gerardo Eto Cruz: 19/9/2012.

Ricardo Beaumont Callirgos, cuyo mandato venció el 10/7/2012, renunció en abril del 2013, por considerar que no debía prolongar una situación inconstitucional en su caso. Óscar Urviola Hani, actual Presidente del Tribunal Constitucional, deberá permanecer hasta julio de 2015.

Y no se trata de hablar por hablar, o de escribir por escribir.

El art. 361º del Código Penal dispone: “El que sin título o nombramiento, usurpa una función pública […] o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo […] será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años …”.

El cese de los miembros del Tribunal Constitucional mencionados se produjo al haber concluido el mandato de cinco años para el que fueron nombrados por el Congreso de la República, en virtud del art. 201º de la Constitución. Este plazo solo podía ser prorrogado por la propia Constitución. Su situación es la misma que la de otros funcionarios cuyo mandato señala también la norma suprema: Presidente de la República y congresistas: cinco años; presidentes y miembros de los gobiernos regionales: cuatro años; alcaldes y regidores: cuatro años; Defensor del Pueblo: cinco años; miembros del Consejo Nacional de la Magistratura: cinco años; miembros del Jurado Nacional de Elecciones: cuatro años; Contralor General de la República: siete años; miembros del Directorio del Banco Central de Reserva: cinco años.

La ley es impotente para autorizar la prórroga de su mandato. Si así fuera, también podría hacerlo un decreto legislativo y hasta un decreto de urgencia. El mismo Presidente de la República y los congresistas podrían mantenerse en sus puestos, luego de haber cesado.

La extensión del mandato de los miembros del Tribunal Constitucional fue dispuesta por su primera Ley Orgánica, 26435 del 6 de enero de 1995, cuando Fujimori y los suyos reinaban: ordenó que sus miembros continuaran en funciones hasta que tomen posesión del cargo sus sucesores (art. 9º). Abusando de su poder en ese momento, el Congreso de la República, con mayoría fujimorista, se atribuyó así la facultad de modificar la Constitución, alargando un plazo fijo dispuesto por ésta. La vigente Ley Orgánica del Tribunal, 28301 del 23 de julio del 2004, con el acuerdo del grupo de Toledo, el Apra y el PPC, reproduce aquella norma inconstitucional (art. 10º).

La misma Constitución tiene un artículo que excluye las tentativas de violentar o inaplicar sus prescripciones con normas de inferior jerarquía. Su artículo 51º declara con claridad y sencillez: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre las normas de inferior categoría, y así sucesivamente.” Pero no se ha detenido allí: para asegurar que en los procesos judiciales (y constitucionales) no se eluda su primacía establece que “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.” (art. 138º).

Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, que siguen despachando como si continuaran siéndolo, están usurpando funciones públicas y sus actos son nulos de conformidad con la misma Constitución (art. 46º).

Nunca, ninguno de ellos, ni los políticos que los amparan, le han explicado a la ciudadanía la razón por la cual continúan en los cargos. No la tienen. No pueden tenerla. La invocación del artículo 10º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es de por sí inconstitucional.

El Tribunal Constitucional en su tinta

¿Por qué se aferran a sus cargos entonces?
Por los sueldos, sin duda, que son ricos bocadillos para ellos; por el ejercicio del poder político que implica emitir sentencias obligatorias, aunque las llenen de arbitrariedad, y por cierto desorden institucional del Estado en el que pueden anidar irregularidades como esa, entre otras.

La función del Tribunal Constitucional es verificar si un hecho, omisión o norma vulneran o amenazan derechos reconocidos por la Constitución y declarar el derecho constitucional que debe ser aplicado. A su conveniencia, en ciertas sentencias, sus miembros han prescindido de fundarlas en los artículos precisos de la Constitución que habrían sido infringidos. Se han limitado a menear las leyes y, a veces, ni a eso. En el reciente caso de los fiscales, por ejemplo, tres de sus miembros han decidido el nombramiento de uno, función que corresponde exclusivamente al Consejo Nacional de la Magistratura; en otros se han permitido dar normas jurídicas y hasta consejos.

El Tribunal Constitucional en su tinta

Como el Ministerio Público no los lleva ante la Justicia penal, por alguna conveniencia, siguen en la danza.

Si su propósito oculto es desprestigiar al Tribunal Constitucional, lo están haciendo muy bien.

El Tribunal Constitucional es absolutamente necesario para el Estado y sus habitantes, y debe ser también absolutamente imparcial.

El actual sistema de nombramiento de sus miembros por el Congreso de la República no garantiza esa imparcialidad. Los partidos políticos representados en el Congreso deciden su composición en concordancia con sus intereses. Sus alianzas para elegirlos solo consideran a candidatos de sus filas o simpatizantes suyos con los requisitos mínimos para postular: diez años como vocal o fiscal superior o quince como abogado o profesor universitario de Derecho. No les importa para nada que sean los más versados y doctos en Derecho. La Constitución no lo exige. (“Ustedes votan por nuestros candidatos, nosotros por los suyos.”) Si son medianías y menos, tanto mejor, con tal que respondan a la disciplina de sus partidos. Esta repartija ruín se vuelve imperativa por la exigencia de totalizar los dos tercios del número legal de los miembros del Congreso para la elección de los vocales del Tribunal Constitucional, que impide elegirlos si un grupo de congresistas cuyos votos son necesarios para llegar a esa mayoría rechaza a determinados candidatos o quiere imponer a los suyos. Es lo que viene sucediendo desde 2009 e impidiendo el nombramiento de los nuevos vocales del Tribunal que sucedan a aquéllos con mandato terminado.

Muchos juristas con calificaciones académicas óptimas, que se respetan, evitan meterse en ese abyecto cambalache.

La crisis del Tribunal Constitucional debiera dar lugar a una reforma de la Constitución sobre su nombramiento. Éste debería ser entregado al Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para el caso con un representante del Congreso y otro del Poder Ejecutivo, para seleccionar a los candidatos por concurso público y orden de méritos, excluyendo absolutamente las conveniencias políticas o de partido político. En definitiva, la gestión de las entidades estatales, distintas de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los gobiernos regionales y municipales, cuyo origen es la elección popular, debiera ser confiada a quienes demuestren ser los mejores en concursos con igualdad de oportunidades para todos.

La ley es impotente para autorizar la prórroga de su mandato. Si así fuera, también podría hacerlo un decreto legislativo y hasta un decreto de urgencia. El mismo Presidente de la República y los congresistas podrían mantenerse en sus puestos, luego de haber cesado.

El art. 361º del Código Penal dispone: “El que sin título o nombramiento, usurpa una función pública […] o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo […] será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años…”.

Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido, que siguen despachando como si continuaran siéndolo, están usurpando funciones públicas y sus actos son nulos de conformidad con la misma Constitución (art. 46º).

Jorge Rendón Vásquez
Colaborador

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Especial

Algo se pudre en América del Sur

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Marchas protestas en Bolivia

Mientras la Real Audiencia de Charcas (1785), la de Quito (1563) y la Intendencia de Santiago (1786) arden convulsionadas por diversas consideraciones, el centro del Virreinato del Perú con sede en Lima mantiene una insegura estabilidad social y económica, particularmente en la costa agro industrial.

Lo que pareciera ser una descripción de los intentos independentistas de finales del siglo XVIII, en realidad ocurren en la segunda década del siglo XXI y el rol de Madrid ha sido reemplazado por nuevas superpotencias que pretenden retornar el statu quo. En realidad, se repite la oscilación entre progresismo y neoliberalismo en circunstancias que América Latina observa la repetición de las tensiones entre políticas sociales y libre mercado en medio de una profunda crisis de carácter ambiental en la Amazonía.

Los resultados de la elección del 20 de octubre que le otorgaron el triunfo en primera vuelta al hermano presidente Evo Morales Ayma, a pesar de las irregularidades ocurridas en el proceso de escrutinio identificadas por la auditoría de la OEA, pese a la intromisión de sus funcionarios en los asuntos internos de Bolivia. Pero ni siquiera el anuncio de próximas elecciones, lograron impedir su caída, lo que llevo a su posterior renuncia y novelesca salida a México, para evitar todo derramamiento de sangre.

La discusión si se trata de un tradicional golpe de Estado perpetrado contra el gobierno del Presidente Evo Morales, con la directa injerencia de los mandos militares de Bolivia, y el apoyo por parte movimientos opositores, grupos cívicos y evangélicos de índole fascista, racistas y discriminadores, aún no termina.

Queda por determinar el apoyo político, mediático y logístico de gobiernos reaccionarios sudamericanos y del propio gobierno de Donald Trump, que han hecho todos los esfuerzos necesarios para debilitar, arrinconar y finalmente defenestrar el gobierno de Morales.

Todo lo anterior es parte de la nueva estrategia de desmantelamiento, agresión y sustitución del progresismo en América Latina en el marco de la nueva doctrina sobre la Seguridad Hemisférica que se enseña en las escuelas militares procedentes del Comando Sur. Es lamentable la pérdida de vidas y los heridos en estas tres semanas de enfrentamientos: 10 muertos en Ecuador, 20 muertos en Chile y 10 en Bolivia.

Todo ello hace urgente el inmediato cese del enfrentamiento y toda forma de violencia entre ciudadanos -cualquiera sea su tendencia política-, que impiden hasta la fecha resolver los problemas de la transición democrática en la región o de la continuidad del modelo neoliberal, que amenazan la estabilidad y gobernanza del sur de la región.

Es evidente y preocupante el uso de cualquier medio de injerencia o de presión externa, ataques a la ciudadanía y otros actos de clara naturaleza racista y discriminadora, como los que ocurren en Bolivia, o los que han sido denunciados en los sucesos de Ecuador o Chile.

En realidad estamos viviendo una oleada de agresión contra los gobiernos progresistas de América Latina que van desde golpes de estado, sanciones, embargos, azuzamiento, y en particular a un gobierno democrático, como el de Evo Morales, que ha respondido con creces a las demandas de la población mayoritariamente indígena.

 

RICARDO SOBERÓN
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH | NOTICIAS SER

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Especial

Bolivia y el regreso de la cuestión militar

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Marchas conflictos en Bolivia

El derrocamiento del gobierno popular de Evo Morales en Bolivia confirma que la cuestión militar está de vuelta en América Latina, como resguardo de los planes de Estados Unidos para el control civil y político de su “patio trasero”, y garantía para la apropiación de las enormes riquezas naturales de la región.

En América Latina, las luchas sociales en Chile o Ecuador, el golpe de estado en Bolivia, la intervención estadounidense en Venezuela, las elecciones en Uruguay, la prisión de Lula, las políticas del FMI, el avance de las iglesias evangélicas, el retorno al militarismo, la violencia en las ciudades, la migración, el racismo, son expresiones de esa guerra global.

Esta guerra, aunque no se quiera aceptar, ya es parte de todos los ámbitos de la vida del ser humano y condiciona su propia sobrevivencia como especie, señala el ex vicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas.

Para eso fue necesario ir minando todas las instancias de integración regional para poder involucrar a las fuerzas armadas en asuntos de orden público, en la vida electoral, su involucramiento en la violación de los derechos humanos, la militarización del supuesto combate a las drogas, en la represión de las migraciones, en situaciones inspiradas, estimuladas por la política militar estadounidense en la región.

También fue necesario rescatar el belicista Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para tener otro frente –y éste miltar- de ataque contra Venezuela, Bolivia, Nicaragua, o quien osara enfrentarse a las políticas de Washington.

Donald Trump, el presidente estadounidense, lo dejó en claro: Ahora estamos un paso más cerca de un Hemisferio Occidental completamente democrático, próspero y libre. Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua, dijo.

«Estados Unidos aplaude al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no sólo a una persona, sino a la constitución boliviana (…) Después de casi 14 años y su reciente intento de anular la constitución boliviana y la voluntad del pueblo, la partida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano haga escuchar sus voces», dijo Trump, dejando en claro la participación de su gobierno en el golpe a Morales.

En Brasil, el presidente, el vice, numerosos parlamentarios y más de la mitad del gabinete presidencial son militares, de estrecho vínculo con EU: un militar brasileño es hoy vicecomandante de interoperabilidad del Comando Sur.

El gobierno de Jair Bolsonaro aprobó un acuerdo bilateral para el lanzamiento de satélites, cohetes y naves desde la base de Alcántara y firmó un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de New York. En Uruguay, el exgeneral Guido Manini obtuvo con un partido ultraderechista, Cabildo Abierto, once por ciento de los votos en la elección de octubre, logrando tres senadores y 11 diputados.

La influencia del Comando Sur estadounidense en Centroamérica es decisiva y la actuación de los militares es clave en seguridad interna, supuesta lucha contra el narcotráfico, frenar la migración hacia EU, en materia de seguridad interna y en la defensa de gobiernos corruptos e impugnados.

En México, la creación de la Guardia Nacional para combatir el crimen organizado no ha implicado la desmilitarización de la “guerra contra las drogas”. En Venezuela, el principal sostén del gobierno de Nicolás Maduro son los militares.

En Colombia, el lentísimo avance por parte del gobierno de los compromisos de la paz acordada con las FARC y el fracaso del diálogo con el ELN es en parte causada por la presión de las fuerzas armadas, financiadas y preparadas por Estados Unidos, hoy preocupadas por las crecientes denuncias de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a la presentación de falsos positivos (campesinos asesinados y vestidos como guerrilleros para mostrar victorias militares).

El presidente Lenín Moreno, en Ecuador, necesitó del respaldo y la represión de las fuerzas armadas para imponer el paquetazo de medidas neoliberales. Su foto junto a los cuatro representantes de las fuerzas armadas puso en evidencia el papel castrense en el sostenimiento de un gobierno impopular. En Chile, Sebastián Piñera quiso imponer más medidas neoliberales y logró un estallido social. Su respuesta fue decretar el estado de emergencia y aplicar mano dura de la mano de Carabineros y fuerzas arnadas.

Para el vicerrector de la Universidad argentina Torcuato di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, lo ocurrido el domingo en Bolivia se enmarca en lo que algunos analistas llaman el neogolpismo, encabezado abiertamente por civiles y con apoyo tácito o complicidad explícita de las fuerzas armadas, de forma de que la violación constitucional sea menos ostensible y preservar una semblanza institucional aunque sea virtual.

Marchas conflictos en Bolivia

APOSTAR CONTRA LA DEMOCRACIA

Desde el estallido de la crisis económica en 2008, la oligarquía financiera global y su articulación con las elites regionales dejaron de apostar a la democracia, señalan Matías Caciabue y Paula Giménez, investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

Fue justo al mismo tiempo que los pueblos de la región lograban consolidarla como herramienta de organización, con capacidad de otorgar niveles de reparación económica y justicia social para las inmensas mayorías de la región más desigual del planeta, Este duro presente, caracterizado como el de una región en disputa, comenzó con el golpe civil y militar contra Mel Zelaya en la Honduras de 2009.

A este rosario se agregan el intento de golpe de Estado también en Bolivia en 2009 y que la rápida intervención de los países de la región y de los organismos de integración bloquearon, el derrocamiento jurídico-mafioso de Fernando Lugo en el Paraguay de 2012

Se suma el golpe continuado en Venezuela desde el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, que escaló con las guarimbas y el inicio de las sanciones económicas estadounidenses de 2015, y la guerra de carácter no convencional desde la segunda asunción de Nicolás Maduro en este 2019 (sin olvidar, por supuesto, el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero de 2003).

No se puede olvidar el desgaste jurídico-mediático del gobierno de Cristina Fernández en 2015 y el posterior triunfo de Macri y su alianza Cambiemos (recordando también el golpe patronal agrario de 2008) ni el impeachment (juicio político) contra Dilma Rousseff en 2015 y la criminalización de la militancia del Partido de los Trabajadores.

Ni la posterior detención por probados mecanismos del law-fare (guerra jurídica) de Lula Da Silva que, de estar en libertad, habría ganado las elecciones de 2018 en Brasil, donde finalmente se impuso el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Y hay que mencionar las traiciones por parte de Lenín Moreno en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador que expresan defecciones de los sectores burgueses a los programas de transformación en los que estaban inscritos, además de los movimientos destituyentes contra el sandinismo en Nicaragua de 2018, a pocos meses de unas elecciones donde Daniel Ortega obtuvo más del 72% de los votos.

Hoy, ante nuestros ojos se edifica en Bolivia una dictadura cívico-militar que ha aplicado una fuerte censura mediática y ha empezado a detener a activistas sociales, dirigentes políticos y funcionarios del gobierno constitucional, bajo el ala de Estados Unidos, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima (de respaldo a las políticas injerencistas de Estados Unidos).

A DESTRUIR LO CONSTRUIDO

Lo que tanto costó construir en tres lustros del Movimiento Al Socialismo puede desaparecer en horas o días. Los logros sociales, económicos, étnicos, culturales, de género que hicieron de Bolivia un ejemplo en programas de salud, educación y vivienda serán demonizados, considerados los causantes del golpe de Estado:

-Bolivia pasó de ser el país más pobre de América, a ser el país con el mayor crecimiento de América: incrementó su PIB en un 400 porciento. El salario mínimo aumentó en mil por ciento,

-Se terminó la discriminación para con indígena y se creó la República Plurinacional de Bolivia. Se promovió la cultura y el respeto al medio ambiente, el amor a la Pachamama.

– Se creó una nueva Constitución que le dio derechos a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas;

– Se nacionalizó el gas y el agua. Se construyeron más de 25 mil kilómetros de carreteras, 134 hospitales, 7.191 centros deportivos, 1.100 escuelas.

– El analfabetismo pasó de 22,7 por ciento a 2,3 por ciento

– Se crearon 12 fábricas de litio, tres de cemento, dos fábricas automotrices, 28 de textiles y se crearon 12.694 cooperativas,

-Se eliminaron las ocho bases militares que EU tenía en Bolivia, y se desarmaron las misiones de la DEA y la CIA,

– La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de las cuales el 68 por ciento son Indígenas.

-Se creó la Pensión para los Adultos Mayores a partir de los 65 años y se estableció un Bono para todos los Estudiantes de Bolivia,

– Bolivia lanzó su primer satélite, el Tupac Katarí.

El odio acumulado por la plutocracia en un país donde la dominación oligárquica se funda en un discurso de superioridad étnico racial es el aglutinante, señala Marcos Roitman. Alcaldes atados a los árboles, obligados a caminar de rodillas, insultados, sacados de sus hogares, apaleados, amenazados de muerte. Y un pueblo que sale desarmado a defender su lucha, su historia

La violencia en manos de hordas fascistoides suple y complementa la acción de las fuerzas armadas y la policía amotinada. Una situación novedosa en la técnica del golpe de Estado, sin olvidar el anticomunismo ultramontano, un fantasma fuera de moda, pero que siempre viene bien para manipular poblaciones.

 

ÁLVARO VERZI RANGEL
Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Especial

II Foro del Grupo de Puebla: “El cambio es el progresismo”

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II Foro del Grupo de Puebla: “El cambio es el progresismo”

Con el presidente electo Alberto Fernández como anfitrión, el segundo encuentro del Grupo de Puebla, ideado como “un grupo de reflexión, acción y articulación política transparente”, se realizó desde el viernes 8 hasta el domingo 10 Noviembre en Buenos Aires bajo el lema de “El cambio es el progresismo”.

Una nueva instancia multilateral comienza a cobrar fuerza con su segunda reunión, de la mano de líderes progresistas latinoamericanos. “Este encuentro es una invitación a reflexionar actuando, porque juntos ya estamos dando un paso fundamental hacia la integración y la unidad, porque no hay tiempo que perder es que nos reunimos hoy, el progresismo latinoamericano”, señala la convocatoria.

Entre el 12 y el 14 de julio, una treintena de dirigentes progresistas de la región se reunieron por primera vez en la ciudad de Puebla en México, constituyendo el Grupo Progresista Latinoamericano, “un espacio de reflexión y de intercambio político en América Latina”, como una necesidad de contener el “avance de la derecha conservadora”.

“Adueñarse del mañana, pero empezando hoy. El cambio no puede ser postergado, porque la paciencia se convierte en desprecio sentada frente a la injusticia. El Grupo de Puebla quiere integrar los sueños de los progresistas de Latinoamérica en uno grande. Hacer del continente un mejor lugar para todos y todas. Y quiere hacerlo ahora”, señala la convocatoria.

La misma resalta que “No es precipitación, es el ritmo de la urgencia que imprimen a nuestra causa las decisiones de los gobiernos neoliberales, que destruyen, al mismo tiempo que nuestros Estados, nuestra convivencia y nuestro buen vivir, persiguiendo a nuestros líderes y endeudando a nuestros pueblos. Por eso nos reunimos en este foro. Para buscar en nuestras diferencias aquello que nos une”.

Lo que une a los dirigentes progresistas “es la convicción que frente a este modelo que deviene en crisis permanentes -que ellos llaman ciclos- existe uno distinto, uno que sabe que es inherente a la política la reducción de la pobreza, la consolidación de las clases medias, el control de las reglas del juego de la economía, el fortalecimiento de la democracia, y, sobre todo, de eso que hace que nos hace confluir en un nosotros. Convivir”.

Alberto Fernández no asistió al primer encuentro, pero fueron Jorge Taiana, Felipe Solá, Carlos Tomada y Julián Domínguez en representación de la Argentina. Al primer encuentro también asistieron el candidato presidencial uruguayo Daniel Martínez (Frente Amplio); el expresidente colombiano Ernesto Samper, y el senador chileno y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

En un momento de tensión e incertidumbre, luego de una repentina oleada de protestas multitudinarias y la celebración de elecciones generales en algunos países, el Grupo de Puebla, ya cuenta con la presencia de líderes de 12 países.

En una declaración de fines de octubre indicaba que los gobiernos neoliberales en Latinoamérica han demostrado que tienen una capacidad en común: transformar a sus países en naciones de enemigos y gobernar poniendo sus democracias entre paréntesis. En países como Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, encontramos un común denominador: protestas sociales contra medidas de ajuste fiscal y su criminalización por parte de las autoridades.

Incluso antes de ganar las elecciones, Alberto Fernández ya había definido su prioridad en su política internacional: reforzar la integración regional al recrear un polo progresista en América Latina.

“Nuestra mayor obsesión es reconstruir la integración regional en América Latina, con México incluido, porque, desde la llegada de López Obrador, México ha vuelto a mirar a América del Sur”, expresó Fernández antes de viajar a México, la semana pasada, en su primera visita antes de asumir la presidencia el 10 de diciembre

“Existe en muchos de los gobiernos de América del Sur, el gobierno uruguayo, el mexicano, el de Bolivia, eventualmente el argentino, la idea de reconstruir la integración que alguna vez fue”, agregó. “La idea es empezar a hablar entre todos y recuperar la integración que se ha quebrado”, dijo Fernández, quien destacó que el planteo no apunta a confrontar con Estados Unidos, sino a ampliar el marco de alianzas.

“El propósito de la reunión en Buenos Aires es el de seguir construyendo, entre todos, una agenda progresista que nos identifique y reúna”, explicó Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

“No estamos hablando de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie, simplemente es un conjunto de dirigentes de toda América Latina, respetuosos de las institucionalidades y de la democracia”, aclaró el mandatario electo, quien remarcó que lo que se busca “son alternativas a lo que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, y es la búsqueda de reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida, el equilibrio y la igualdad social en América Latina, de eso hablamos”.

“El foro busca integrar canales de comunicación y de trabajo entre dirigentes de toda Latinoamérica con una mirada progresista y en respeto a la institucionalidad y a la democracia”, resumió.

II Foro del Grupo de Puebla: “El cambio es el progresismo”

QUÉ ES EL GRUPO DE PUEBLA

“Nuestra región experimenta una nueva ola de gobiernos neoliberales, que insisten en promover los intereses y privilegios de una élite socioeconómica, a costillas del desarrollo de nuestros pueblos, frustrando sus posibilidades de desarrollo y bienestar social, a la vez que debilita nuestra soberanía, nuestras instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos y el ambiente”, señalaron en un comunicado.

En el mismo, resaltaron “la inclusión y respeto de las diversidades, una mayor transparencia y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

La propuesta del GP es la de “diseñar una nueva mirada, que se ajuste a los nuevos tiempos y convoque a todos los sectores de la sociedad a cuestionar el orden imperante, denunciando los intereses de la derecha, laboralizando la política a través de nuevos vínculos entre el mundo del trabajo y nuestros debates, y promoviendo las nuevas expresiones de organización social y ciudadana, que buscan la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente”.

El grupo integra a líderes políticos en forma personal y no a sus partidos o instituciones. Lo que los une, resaltó el excandidato a la presidencia chilena en 2009 y 2013, Marco Enríquez-Ominami, es la convicción de que “tanto el mercado como el capital son ineludibles en el debate”.

El primer encuentro culminó con varias declaraciones en las que se exaltaba la necesidad de que las fuerzas progresistas construyeran “un nuevo proyecto común” y defendía la necesidad de un diálogo en Venezuela, apareciendo en la práctica como contracara del Grupo de Lima, formado en 2017 a instancias de Estados Unidos, para forzar la salida de Nicolás Maduro, ante la crisis institucional y humanitaria en Venezuela.

El GP emitió el pasado 11 de septiembre una declaración para rechazar “cualquier intento de uso de la fuerza que quebrante el principio de solución pacífica de las controversias y que posibilite una intervención militar en Venezuela por parte de fuerzas extranjeras, incluida la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), instrumento arcaico para intervenciones militares en países de América Latina durante la Guerra Fría”.

El 20 de octubre, el GP dio a conocer una declaración solicitando el fin de la violencia en Chile y la no criminalización de las protestas por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Apoyó la manifestación pacífica del pueblo de Chile, que hace frente a las desigualdades y las injusticias que tienen en su raíz la profundización del modelo neoliberal del actual gobierno.

Indicó que en Chile, el llamado milagro económico latinoamericano, consiste en una sociedad que hizo de la deuda su contrato social del malestar, beneficiando en millones de dólares con reformas tributarias a los más ricos, fortaleciendo el negocio privado de las pensiones, desarmando los derechos conquistados en gratuidad en educación superior, entre varias otras medidas. Individuos que quieren vivir juntos, pero que viven en un modelo que los deja solos y que convierte en delincuente al que se atreve a reclamar.

Asimismo, repudió el llamado a la represión militar en contra de las manifestaciones y la declaración del Estado de Excepción como mecanismo de resguardo del orden público por un mal diseño e implementación de políticas del gobierno y urgió a Piñera el fin de la represión y de la barbarización de la ciudadanía movilizada y organizada.

 

RUBÉN ARMENDÁRIZ
Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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