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Política

El Perú de pie contra violencia de género

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Fotos: Jorge Luis Verástegui

Henry Cotos Campeán
Diario UNO

Con la marcha “NiUnaMenos” el país se puso de pie y levantó su voz de protesta en rechazo a la violencia (en todas sus formas) contra las mujeres, y dio un jalón de orejas a las autoridades judiciales por haber emitido fallos escandalosos permitiendo la impunidad frente a casos flagrantes de abusos.

La marcha pacífica, que convocó a más de 200 mil personas y se replicó de manera simultánea en Lima y en las principales ciudades del interior del país –y del mundo, a cargo de los peruanos radicados en el exterior-, fue de las más concurridas de la historia y logró reunir a hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales para decir: “basta de abusos contra las mujeres”.

En las calles de Lima se mezclaron el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete con miles de amas de casa y trabajadores. Sin distingo de cargos, se confundieron en un mismo sentimiento de rechazo a las agresiones, al racismo, a las violaciones y al machismo instaurado en nuestra sociedad.

La marcha se inició a las 3:30 p.m. desde el Campo de Marte divididos en ocho bloques. El primero fue asignado a las víctimas de las agresiones y los familiares de las víctimas de la violencia. Luego se ubicaron las diferentes organizaciones y colectivos que organizaron la marcha, mientras que el bloque 7 fue para los políticos, entre ellos el presidente PPK y sus ministros, así como los congresistas y representantes de los partidos políticos.

El entusiasmo de la primera dama.

El entusiasmo de la primera dama.

VERÓNIKA PRESENTE
Encabezando la delegación del Frente Amplio estuvo Verónika Mendoza, quien consideró que se trata de una marcha histórica que exige a las autoridades y a la sociedad que respete a las mujeres y planteó la necesidad de dejar atrás la cultura machista que da contexto al maltrato a la mujer. Advirtió que en esta tarea falta que las leyes se cumplan, que las autoridades sean sensibles frente a los abusos contra las mujeres, pero también es necesario que ellas se atrevan a denunciar y sepan que no están solas.

“Las mujeres tenemos que aprender a valorarnos y guardo la esperanza que poco a poco el machismo vaya quedando atrás y que no haya más violencia”, declaró.

La congresista Marisa Glave manifestó que desde el Congreso y como parte de la sociedad pide al Poder Judicial que proteja a las mujeres, mientras que su compañera Indira Huilca dijo que luchando en las calles se puede generar las condiciones “para que las mujeres podamos vivir en paz y con tranquilidad. Hay que prevenir la violencia y educar a la gente para desterrar la cultura machista”.

El excongresista nacionalista Daniel Abugattás sostuvo que se trata de la más grande movilización que haya visto, siendo un mensaje de la sociedad contra los crímenes, violaciones, el racismo y el maltrato que tienen que ser eliminados.

Marcha Ni Una Menos

SE QUEJAN
Las fujimoristas Karla Sheaffer, Leila Chihuán y Karina Beteta dijeron haber sido atropelladas por la delegación de ministros que llegó a la marcha. Sheaffer dijo que estuvieron desde las 2 de la tarde en su posición y cuando llegaron los ministros, la seguridad de estos los desplazó de mala manera con pisadas y empujones incluidos.

A su turno, la expremier Ana Jara dijo estar feliz de haberse sumado a esta causa noble que se desarrolla en Lima y en todo el Perú. “Estamos levantando la voz hartos de tanta violencia contra las mujeres y fallos judiciales que dan impunidad a los abusos”, señaló.

Sostuvo que los fiscales aplican la ley, pero son los jueces los que pasan por agua tibia a los pegalones y son ellos los que tienen que cambiar de actitud.

En la marcha NiUnaMenos estuvieron representantes de Fuerza Popular, el Frente Amplio, Peruanos por el Kambio y el Partido Aprista Peruano.

Marcha Ni Una Menos - Justicia para Juliana

PALACIO DE JUSTICIA
A las 6:30 p.m. la marcha llegó al frontis de Palacio de Justicia, donde Lady Guillén y Cindy Contreras agradecieron a los participantes y manifestaron su rechazo a las decisiones de las autoridades judiciales que apañan la conducta de hombres violentos que están acostumbrados a agredir a sus parejas.

Sin embargo, advirtieron que ahora las mujeres se han atrevido a salir a las calles para expresar su rechazo a los abusos y dijeron que ya no están solas pues todo el país apoya la lucha que libran contra los maltratos, las violaciones y el racismo.

Tanto Guillén como Contreras son símbolos de esta manifestación al haber sufrido en carne propia los abusos de sus parejas que las maltrataron, pero hoy gozan de libertad al haber sido beneficiados con decisiones judiciales que consideran injustas. Sus casos causaron tal indignación que dieron pie a la movilización de ayer, promovida en las redes sociales.

Reapareció Nadine Heredia.

Reapareció Nadine Heredia.

NADINE
La esposa del exmandatario Ollanta Humala, Nadine Heredia, también participó en la marcha junto a un grupo de militantes del Partido Nacionalista. La ex primera dama estuvo en la plaza Bolognesi acompañada de Cynthia Montes, exjefa de prensa de Palacio en el gobierno de Humala.

El Partido Nacionalista estuvo en la marcha en Lima y también en el Cusco. “Han venido familias enteras que se comprometen con la no violencia contra la mujer”, escribió la agrupación política en Twitter.

Mujeres migrantes, también víctimas.

Mujeres migrantes, también víctimas.

Marcha Ni Una Menos

RECHAZO MASIVO A LA VIOLENCIA
En provincias también
La marcha contra la violencia de género NiUnaMenos se desarrolló en Lima, pero también en el interior del país donde se realizaron movilizaciones pacíficas en rechazo a la violencia contra las mujeres.

En ciudades como Juliaca, que es una de las regiones que tiene el mayor número de mujeres violentadas, hubo asistencia masiva. En el Cusco, gran cantidad de mujeres y varones marcharon por las principales calles de la ciudad imperial pidiendo la igualdad de género.

Lo mismo pasó en Pucallpa, Huaraz, Cajamarca, Arequipa, Puno, Tacna, Tumbes, Piura donde se reportó una presencia masiva en las plazas de armas de esas ciudades.

ADEMÁS
La hija del reo Fujimori no asistió a la marcha NiUnaMenos y se limitó a dar su apoyo vía Twitter. “¡Esta lucha es de todas y de todos! #NiUnaMenos”, escribió Keiko.

Política

Es una mordaza a la información

Publicado

en

José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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en

Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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