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Editorial

El país contra el sicariato

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La sola idea de que alguien mande matar al rival político indigna a los ciudadanos, por lo salvaje, criminal y antidemocrático de esa práctica, lamentablemente tan antigua como la política misma, pues la palabra sicario data de la antigua Roma y era el apelativo dado exactamente, a quienes tenían como tenebrosa fuente de ingreso la de apuñalar por encargo a contrincantes políticos de sus amos. A tal extremo llegó entonces el sicariato, que en el año 81 Antes de Cristo Roma dictó una ley especial contra los sicarios.

Es deplorable que el sicariato siga vigente más de dos mil años después, largo tiempo en el que la Humanidad ha logrado avances civilizatorios en todos los campos, que debieron haber dejado esa modalidad criminal como una triste anécdota del pasado.

Hasta hace poco el sicariato campeaba, creciendo también peligrosamente, entre la delincuencia y receta obligada en los ajustes de cuentas y represalias de narcotraficantes, pero los hechos recientes demuestran que ha penetrado con fuerza en la política, que suma este a los males que ya la desprestigiaban como el de la corrupción.

Es indignante que los asesinatos por encargos puedan convertirse en moneda corriente en la política peruana. El caso de Áncash ha remecido la conciencia nacional, haciendo reaccionar a los poderes del Estado, ante al menos 14 asesinatos a sueldo de figuras políticas o cercanas a éstas, registrados en los últimos años y, según denuncias públicas, relacionados con el poder político y la corrupción regional.

Es urgente que esos crímenes sean profundamente investigados y esclarecidos plenamente, para identificar a los responsables y a sus cómplices y resulta positivo que se haya comenzado esta semana a dar pasos desde diversos sectores del aparato estatal con ese objetivo, que está relacionado con la necesidad de preservar a la democracia de un mal que la puede llevar al despeñadero y a la destrucción.

A ello contribuyen la visita de una misión de la OCMA a la Corte Superior del Santa, con el fin de reexaminar los procesos por denuncias de corrupción y asesinato que han quedado sin esclarecer, la demanda de la Procuraduría Anticorrupción de acciones similares de otras instancias, la protección ofrecida a los familiares de una de las víctimas y sus familiares, así como dirigentes políticos y regionales y hasta un congresista que denuncian haber sido amenazados.

Los problemas que desgastan a la vida política nacional, como la debilidad de los partidos, la penetración de intereses que los usan en función del lucro y la cada vez más escasa acogida de los partidos en la ciudadanía, determinan que el Perú no se pueda dar el lujo de no erradicar al asesinato político.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Editorial

Cuidemos la calidad del Congreso

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A solo tres semanas para la realización del referendo del próximo 9 de diciembre, la bancada de Fuerza Popular sigue demostrando la pobre preparación y la baja calidad moral que tienen algunos de sus integrantes para representar a la población en el Parlamento Nacional. La cereza del pastel –esperamos que haya sido eso– la puso el congresista del fujimorismo Moisés Mamani, quien el miércoles último fue desembarcado de un vuelo de Latam Airlines por presuntamente realizar tocamientos a una ciudadana brasileña, tripulante de la aeronave.

No es la primera vez que Mamani protagoniza un hecho escandaloso. Estuvo involucrado en la grabación de audios y vídeos para comprometer a los avengers de Kenji Fujimori en acciones dolosas, después de haberles tendido una trampa. Anteriormente, fue denunciado por su exasesora Lisseth Valenzuela por haberla despedido arbitrariamente horas después de enterarse que estaba embarazada. La justificación que dio entonces el parlamentario es que no sabía que no se podía despedir a una trabajadora gestante.

Pero el caso de Mamani no es el único. Recordemos a la congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce, a quien se le acusa por presuntamente pagar S/ 10 mil al director del colegio donde según ella terminó de estudiar la secundaria. Asimismo, por haber consignado compañeros y profesores “fantasmas” que había declarado como existentes. Otras perlas se suman al rosario que forman varios integrantes de la llamada “bancada naranja”, que encargaron compras de televisores y frigobares, a cuenta del Congreso, poco antes del Mundial Rusia 2018.

Así las cosas, la legisladora Yesenia Ponce fue suspendida por 120 días. El congresista Mamani será investigado por la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, pero mientras tanto no se está haciendo ninguna campaña para sensibilizar a la población sobre la necesidad de participar en el referendo del próximo 9 de diciembre.

Los empresarios han alertado que la incertidumbre generada por el ruido político hace subir el dólar y las tasas de interés, además de contraer las inversiones. Es necesario, pues, pensar en un mecanismo que garantice que los incapaces y los coimeros no regresen al Parlamento Nacional porque las leyes malas no garantizan la estabilidad jurídica del país, sino todo lo contrario.

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Editorial

La verdad se abre paso

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El expresidente Alan García ha dicho ayer que se allana al pedido de impedimento de salida del país formulado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Tal respuesta ante la pregunta de los periodistas que lo aguardaban a la salida de la Fiscalía, sería al parecer producto de su nerviosismo.

Viniendo de quien viene, lo dicho por García no se puede entender de otra manera, pues él es abogado de profesión y debe saber que no es posible allanarse al pedido de un fiscal, sino acatar lo que disponga el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha programado la audiencia para el próximo sábado 17 a las 3 de la tarde.

La medida restrictiva fue solicitada luego que la Fiscalía decidiera ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima después de que se conocieran nuevos indicios de que García habría recibido dinero de la caja 2 de Odebrecht. El exmandatario aprista argumenta que la declaración de un testigo en Brasil no vale nada porque primero tiene que ser probada, sin embargo, parecería que eso no le va a resultar muy difícil a la Fiscalía.

Ocurre que en Brasil hay implicados que están tratando de negociar con las autoridades de su país para convertirse en “delator premiado” a fin de evitar que les caiga todo el peso de la ley. Pero, a cambio, el colaborador eficaz tiene que dar pruebas que demuestren la certeza de sus declaraciones. Es decir, que esto recién comienza y el expresidente Alan García debería dedicarse a coordinar mejor los argumentos de su defensa en vez de estar diciendo que todo se trata de una persecución política en su contra o que hay un golpe de Estado en el Perú.

La culpa tampoco la tienen los medios de comunicación, pero Alan García se rehusó ayer a responder preguntas a Canal N, al parecer porque le hacen preguntas que no son de su completo agrado. Sin embargo, también le esperan preguntas incómodas cuando tenga que responder ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez, pues el pedido de impedimento de salida del país es por 18 meses y aún hay mucho pan por rebanar. La verdad comienza a abrirse paso, señor García.

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