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Editorial

El odio como divisa

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Los remanentes de la dictadura de los 90 han vuelto a mostrar su entraña antidemocrática y su política de odio y atropello a cualquiera que piense diferente a ellos y así han hecho descender a niveles de albañal el debate abierto en torno al proyecto de ley de la Unión Civil no Matrimonial de parejas homosexuales.

La arremetida de representativas figuras de esa agrupación política, con insultos y ataques homofóbicos de la peor especie, si bien ha encontrado algunas discrepancias en su propia agrupación, ha vuelto a poner un enorme signo de interrogación sobre la supuesta voluntad de integrarse plenamente a la democracia, de quienes contradicen esas promesas con actitudes como la reseñada y, sobre todo, con su reivindicación de lo que fue una cleptocracia sangrienta y su afán de dejar impune al responsable principal y sus secuaces.

Resulta evidente que, en el tema de la Unión Civil, actúan con aparente desesperación por el creciente apoyo que el proyecto recibe en el Congreso, que hace perfectamente posible que obtenga la mayoría necesaria para su aprobación, y por la masiva demostración del respaldo social creciente a la propuesta de reconocer los derechos de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, la “Marcha por la Igualdad” que el sábado último llenó de fervor por la inclusión y los derechos de todos, las calles del centro de Lima.

Pero la irritación de esos personajes que viven de espaldas al avance de la historia y de la evolución social debe haber llegado a niveles de histeria con los resultados de una encuesta que, si bien confirma una vasta mayoría en desacuerdo con el proyecto de ley –por la inercia del conservadurismo, la campaña en contra que usa los púlpitos, algo mucho peor que usar en la causa contraria las curules parlamentarias y otros factores- demuestra que hasta en esa mayoría hay tolerancia hacia el prójimo.

Es que esa tolerancia se impone, en la misma encuesta, por amplia mayoría, el rechazo al despropósito de someter la Unión Civil a un referendo, planteado por un jerarca religioso conservador y añorante de la inquisición, que suele ser más duro e implacable con las ideas del cambio social y con su rechazo a los derechos de los homosexuales, que frente a los crímenes de lesa humanidad y frente a los curas pedófilos, ejemplarmente condenados por el papa Francisco.

Esa tolerancia, consistente en la generosa aceptación de los demás, de los diferentes a uno, es el sentimiento que prima en los corazones de los cristianos consecuentes con sus convicciones, en esta Semana Santa. Solo se niegan a ella los que alzan la cruz para proclamar el odio y la negación de derechos de otros, en este caso de los homosexuales.

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Editorial

A propósito del suicidio

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Hace algunas semanas habíamos alertado desde esta columna que el Estado no se está ocupando debidamente de la salud mental de la población. El suicidio es en el Perú un problema de salud pública. Así lo ha advertido, también, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud, Yuri Cutipé, quien ha dado cifras preocupantes. En nuestro país se registran mil suicidios cada año, como bien ha publicado Diario UNO en su edición de ayer jueves. Pero lo más grave aún es que cada día seis personas tratan de terminar con su vida por diversas razones. Por todo ello, el suicidio no debe ser visto por nuestras autoridades competentes como un mero caso policial y menos en forma aislada.

Este problema se agrava por una difusión masiva en los medios de comunicación cuando ocurren este tipo de casos, sobre los que Karl N. Warren advertía en un antiguo manual sobre géneros periodísticos informativos. “Otros peligros acechan en los casos de suicidio. Uno de ellos es el de movilizar las fuerzas de la sugestión, alentando a otros que puedan estar considerando la idea del suicidio. Hasta cierto punto esto puede evitarse haciendo referencias vagas al método empleado por el suicida en lugar de precisar los detalles del caso”. (Warren, 1975: 180)1.

Asimismo, el Libro de estilo del diario El País de España recomienda a sus periodistas “… ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidios (…) porque la psicología ha comprobado que estas noticias abocan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio y que sienten en ese momento un estímulo de imitación” (Ediciones El País SA, 1990: 16)2. En fin, no es ninguna novedad lo que estamos diciendo, pero es lamentable la forma en que van aumentando los casos de suicidio o intento de cometerlo. De lo que se trata es de no contribuir a que esto continúe y son los medios de comunicación los que también tienen que poner su grano de arena.

Pero cuando la responsabilidad es de todos se puede decir también que no es de nadie. La cosa es que el Estado asuma el papel que le corresponde y otorgue los recursos necesarios al Ministerio de Salud para que pueda atender la salud mental de la población, sometida a las presiones de la vida moderna y a los mensajes de violencia que los medios de comunicación difunden cotidianamente, especialmente la televisión. El Ministerio de Salud debe hacerse cargo de la salud pública y el Gobierno está en la obligación de garantizarle los recursos necesarios para ello.

1/WARREN, Karl N. (1975). Géneros periodístico informativos. Barcelona, A.T.E.

2/Ediciones El País SA (1990). El País: Libro de estilo, Madrid, Ediciones El País.

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Editorial

En las horas difíciles

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La noticia causó conmoción ayer desde muy temprano. El expresidente Alan García decidió poner punto final a sus días al enterarse que iba a ser detenido preliminarmente en vísperas de que el operador de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, prestara declaraciones a la Fiscalía. Tras el primer impacto del lamentable suceso, las huestes de “Alfonso Ugarte” realizaban los preparativos para el velatorio en la “Casa del Pueblo”, sede principal del Partido Aprista.

El Poder Ejecutivo, por su parte, declaró Duelo Nacional los días 17, 18 y 19 de abril de este año, con motivo del deceso del exjefe de Estado y dispuso que el Pabellón Nacional sea izado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior. Mandatarios y expresidentes de la región expresaron sus condolencias a los familiares de Alan García.

En tanto, los fiscales del caso Lava Jato manifestaron ayer que no harían declaraciones en consideración a los difíciles momentos por los que atravesaba la familia del otrora líder aprista. Sin embargo, el trabajo del Ministerio Público debe continuar hasta que se aclare toda esta trama de corrupción de Odebrecht que ha salpicado a varios políticos y expresidentes peruanos. La justicia debe continuar su labor hasta poner a buen recaudo a quienes hayan lucrado con los pocos recursos con que cuenta el país.

De otro lado, corresponde al Pleno del Congreso aprobar de una vez por todas, la creación del sistema anticorrupción. El presidente Martín Vizcarra presentó ocho proyectos para la reforma judicial y dos de ellos están durmiendo el sueño de los justos desde el 2 de agosto del año pasado, tras recibir 59 votos en contra. En todo caso, lo que ha pasado con el expresidente Alan García y la desidia del Congreso deben llamarnos a la reflexión sobre la necesidad de acelerar los cambios que se requieren en el sistema judicial para que no vuelva a repetirse un escándalo de corrupción como el generado por la constructora brasileña Odebrecht. Son horas difíciles, pero, valgan verdades, el país ya está harto de la corrupción.

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Editorial

El cuento chino del relanzamiento

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No pasaron 24 horas desde que Fuerza Popular anunciara la presentación del plan de desarrollo Compromiso con el Perú, el cual se incluye dentro del proceso de reestructuración y relanzamiento de la organización, cuando la bancada naranja volvió por sus fueros boicoteando con su inasistencia la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que iba a analizar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Precisamente, el legislador Luis Galarreta, quien formuló el anuncio del pretendido relanzamiento fue uno de los ausentes.

Galarreta, encargado de la Secretaría General Nacional de Fuerza Popular, había explicado que el documento mostrará las propuestas que tiene su partido para resolver los principales problemas del país. Ayer, sin embargo, ni él ni otros seis congresistas se hicieron presentes, dejando sin quórum a la Subcomisión. Brillaron por su ausencia Milagros Salazar, Federico Pariona, Luis Galarreta, Nelly Cuadros, Karina Beteta y César Segura; este último titular del grupo de trabajo. Tampoco asistió Marco Arana (por enfermedad), del Frente Amplio.

Este hecho, que no tiene otra explicación que un nuevo vergonzoso blindaje al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido duramente criticado por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien ha puesto en entredicho la veracidad del relanzamiento anunciado en la víspera por el partido fujimorista. Para ello, el titular del Congreso escribió en su cuenta de Twitter refiriéndose a las inasistencias de miembros de Fuerza Popular a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se debían analizar las denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

También fue notoria la ausencia de la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, a la sesión del pleno donde se debían aprobar los últimos proyectos de la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno. Hablando en buen romance, el cacareado relanzamiento del partido Fuerza Popular, agrupación que se encuentra a la deriva desde que su presidenta fue enviada a prisión, no pasa de ser un cuentazo chino para limpiar un poco la imagen de esa agrupación política tan venida a menos en los últimos meses. Ojalá, la ciudadanía tome en cuenta estos hechos a la hora de acudir a las urnas.

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