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El nuevo museo nacional (MUNA): crónica de irregularidades

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El nuevo museo nacional (MUNA): crónica de irregularidades

La obra de construcción del Museo Nacional del Perú (MUNA) en el distrito de Lurín (Lima), fue presupuestada, al inicio, en S/ 516,952,273. En el 2017 esta cifra se incrementó a S/ 591,579,559.60, debido a obras adicionales que no estuvieron contempladas en el proyecto original. Dicho monto constituía un gran estímulo para cualquier constructora; tal es así que la buena pro fue otorgada al Consorcio Constructor MUNA, conformado por las empresas: Obrascon, Huarte y Lain (OHL) y Aldesa Construcciones, y supervisada por Graña y Montero. Estas empresas están, ahora, comprometidas en serias denuncias de corrupción e irregularidades en procesos de licitación y ejecución de obras en el Perú y el extranjero.

El Ministerio de Cultura empezó con “el pie izquierdo”, requiriendo la contratación de un profesional especialista en arqueología para la elaboración del sustento arqueológico que permita identificar la mejor ubicación del proyecto “Museo Nacional del Perú”, quien tuvo como único encargo entregar el “sustento arqueológico que posibilite la ubicación idónea del Proyecto del Museo Nacional en el Complejo Arqueológico de Pachacámac, distrito de Lurín”. En este documento solo contempló un estudio de alternativas para un proyecto que ya tenía ubicación desde su formulación. Llamó la atención que en los Términos de Referencia de la consultoría de mayo del 2014 se requirió, en sus objetivos, que la ubicación del MUNA sea en el Santuario de Pachacámac.

El estudio realizado por el arqueólogo Fujita, arrojó tres alternativas: 1. Complejo Maranga, 2. Club LawnTennis de la Exposición y el 3. Santuario de Pachacámac, concluyendo que la mejor opción (como estaba previsto) sería en el Santuario de Pachacámac (Lurín). Pero el informe de Fujita, a pesar de dejar claro que la alternativa del MUNA en Pachacámac era la más adecuada, da inicio a los cuestionamientos que en un futuro sonarían cada vez más fuerte entre los opositores de este megaproyecto. Tal es así que, en el mismo documento, se consigna lo siguiente: (…) se ha identificado estructuras de probable origen prehispánico, así como extensos conchales del mismo periodo (…) considerar en el proyecto la posibilidad de contar con un tsunami e inundaciones (…) es también un espacio polémico por estar inscrito a su vez en un espacio religioso que aún se sigue usando (…) proceso de inscripción de la totalidad del área intangible en los Registros Públicos.

Era evidente que la alternativa sugerida constituía un alto riesgo, entonces, ¿por qué no se consideró otras áreas para la ejecución del proyecto?; incluso, desde febrero del 2014 ya se contemplaba la ampliación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP). Sin embargo, no se tomó en cuenta la posibilidad de emplear dicho espacio como una alternativa, que contaba con más de 20 mil metros cuadrados en contraste con los 15 mil metros cuadrados del edificio destinado al MUNA en Lurín. Surge el cuestionamiento: ¿por qué se eligió la alternativa más riesgosa y costosa?

El MUNA en el Santuario de Pachacámac, una obra que se construye frente a otro (Museo de Sitio, galardonado internacionalmente), se ha convertido, a todas luces, en un doble símbolo:

• Para un sector de la población de Lurín y de los funcionarios públicos que lideran o lideraron el sector Cultura y los allegados a este, el proyecto significaría desarrollo y beneficio para la población, mejoras en las condiciones museológicas y gestión de colecciones, que mucha falta hace en nuestro país.

• Para otro sector, de patrimonialistas, Contraloría General de la República, entre otros, la obra sería un símbolo más de la corrupción enquistada en el sector público, que se alimenta de las grandes constructoras; ya que se ha evidenciado serios cuestionamientos, vacíos e irregularidades durante la formulación de los estudios y la ejecución del proyecto que hasta la fecha no ha podido ser esclarecido de manera transparente.

A fines del 2016, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, conformó el “Grupo de Trabajo encargado de evaluar y fiscalizar las presuntas irregularidades en la construcción del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el Santuario de Pachacámac (MUNA)”. Se formaron mesas de trabajo, donde se expusieron y sustentaron las irregularidades durante la formulación del proyecto.

Ante este panorama, el exministro Salvador del Solar informó de una modificación para el proyecto: reducir de 75 mil m2 a 63 mil m2; lo cual generaría un ahorro de entre 60 a 80 millones de soles[1]. Es por ello que, a través de una solicitud de acceso a la información pública, se requirió al Ministerio de Cultura una copia del expediente técnico de dicha modificación. Ante este requerimiento, la abogada de la Oficina de Proyectos Especiales Marlene Vizcarra Gallardo, respondió que su unidad ejecutora no cuenta con la información solicitada (…), denegando, de esta manera, el pedido de la documentación.

Sin embargo, Luis Jaime Castillo Butters, exviceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, habría tenido acceso a la documentación antes referida. En una declaración al diario La República[2], indicó que (…) el recorte, empero, encareció la obra y significó la anulación de una sala que iba a servir como “museo para niños (…).

A la fecha no se ha esclarecido de donde provendrán las colecciones que irán a exhibirse en el MUNA, pues, el Sistema Nacional de Museos (a cargo del Ministerio de Cultura) abarca 48 museos[3]. Sin embargo, se pretende desmantelar las colecciones prehispánicas del Museo Nacional de Historia Arqueología y Antropología del Perú, ubicado en Pueblo Libre, tal como lo ha señalado el exviceministro Luis Jaime Castillo:

“(…) las piezas arqueológicas estarán ubicadas en el Museo Nacional en Pachacámac, todas las piezas que datan desde la llegada de los españoles en 1532 hasta la República deben estar expuestas en la ampliación de este museo [MNAAHP] (…)”.[4]

Intervención de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República (CGR) también participó en las mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Mediante el Oficio N° 240-2015-CG/VC, alertó al Ministerio de Cultura sobre los riesgos en los que se incurriría al construir el Museo Nacional de Arqueología (MUNA) en el Santuario Arqueológico de Pachacámac.

En el 2016, mediante un informe de auditoría, la CGR refiere que el proyecto no cuenta con la aprobación de los órganos competentes del Ministerio de Cultura. Asimismo, advierte sobre la falta de documentación y aprobaciones de acuerdo con la tipología del proyecto, y sobre los resultados de las intervenciones arqueológicas que fueron ejecutadas posteriormente al otorgamiento de viabilidad del PIP por parte de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Cultura. Acá resalta, nuevamente, que se pondría en riesgo la sostenibilidad del proyecto en sus fases de inversión y post-inversión [5].

El nuevo museo nacional (MUNA): crónica de irregularidades

El contralor recomendó al Ministro de Cultura que se valore los nuevos riesgos identificados (Oficio N° 274-2017-CG/DC):

1. No cuenta con opinión de los órganos competentes

2. El Proyecto Arquitectónico del Expediente Técnico del Museo Nacional del Perú – MUNA, no contempló el número total de estacionamientos acorde a la normativa.

3. En el esquema de diseño de conexión de agua y desagüe del expediente Técnico no se ha considerado ninguna de las alternativas señaladas por SEDAPAL para la aprobación respectiva, generando el riesgo de que no se cuente con el abastecimiento de agua potable requerido para las operaciones del Museo;

4. El Expediente Técnico considera solo el montaje de algunos equipos que forman parte del sistema de utilización en media tensión, sin embargo en el expediente de dicho sistema, aprobado por Luz del Sur y en el pago a realizar por derecho de conexión de media tensión, se podrían incluir partidas por duplicado o excluir otras[6]

Durante el 2018, la CGR ha emitido cinco Informes de Control Concurrente[7], desde el 12 de julio al 19 de diciembre del 2018, donde se muestran aspectos relevantes y situaciones adversas que generan los siguientes riesgos:

a. Abonar un pago injustificado al contratista, por partidas y metrados no ejecutados, de hasta S/ 14 millones.

b. Controversias y mayores costos de supervisión para el 60% de obra pendiente de ejecutar.

c. Incumplimiento de plazo contractual.

d. No cumplir oportunamente con los objetivos del proyecto.

e. Daños estructurales y afectación de la calidad del proyecto.

f. Inadecuada supervisión y no sancionar el incumplimiento contractual.

g. Falta de liquidez para la culminación del proyecto.

h. Afectación de la integridad física del personal de obra y terceros.

i. Afectación del control y transparencia del proyecto de inversión pública.

j. Incumplimiento en la finalidad del proyecto.

Cabe resaltar que, mediante el último Informe de Control Concurrente (Hito de Control N° 5), cuyo objetivo fue el “(…) determinar si el avance del proceso constructivo de la obra principal y las obras complementarias (sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y sistema de utilización de media tensión) (…)”, se solicitó al Ministerio de Cultura que brinde el diseño de ingeniería optimizado debidamente aprobado. Sin embargo, no fue otorgado.

Finalmente, en su último Informe[8] da cuenta que no se ha cumplido con subsanar en su totalidad los riesgos advertidos en los Hitos de Control N° 1, 2 y 3; además, se verificó que no se ha tomado las acciones correctivas para las observaciones del Hito de Control N° 4, correspondientes a la presencia de fisuras y humedad en el techo de los ambientes del Sector 3 del MUNA, las mismas que generarían no solo un daño estructural en el edificio, sino también el deterioro al que se expondrán las colecciones prehispánicas debido al traslado hacia los sótanos del MUNA.

Anecdóticamente, el 11 de noviembre de 2018, la exjefa del Archivo General de la Nación, Luisa Vetter, declaraba sobre el riesgo constante de perder valiosos documentos en dicha entidad, ante posibles incendios, señalando: “Rezamos para que el incendio jamás ocurra”[9]. No nos sorprendería que, en breve plazo, la titular del sector Cultura siga implorando al “Señor de los Temblores”, para que no haya adversidades[10], en lugar de atender debidamente las observaciones estructurales, administrativas y financieras señaladas por la Contraloría General de la Republica.

Entonces, ¿se tomarán acciones inmediatas para las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de las irregularidades sobre la construcción de esta “carcasa de concreto”? ¿Acaso se permitirá el desmantelamiento desmedido del MNAAHP para trasladar sus colecciones prehispánicas a los sótanos sumergidos del MUNA, expandiéndolas al riesgo que representa la humedad proveniente de la napa freática, que aflora constantemente a través de las grietas que se extienden en las paredes del edificio?

Mientras el Santuario de Pachacámac se ve vulnerado, pues ni su propio Plan de Manejo es respetado, el espíritu de quienes lo habitaron y participaron en sus ceremonias y rituales sigue presente, quizás para que en un futuro cobre revancha telúricamente; por lo pronto ¿qué hacemos nosotros para defenderlo?

NOTAS:

[1] El 12 de abril del 2017. “Todo se Sabe”. Entrevista por Milagros Leiva.

[2] 26 de marzo del 2018. “El MUNA será la única obra para celebrar el Bicentenario”. Tomado de URL: https://larepublica.pe/cultural/1217167-el-muna-sera-la-unica-obra-para-celebrar-el-bicentenario

[3] Museos según Departamento, hasta Abril 2019. (http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/).

[4] Informe N° 003-2014-VMPCIC/MC, de fecha 19 de febrero del 2014.

[5] Nota de Prensa N° 68-2016-CG/COM, de fecha 7-setiembre-2016

[6] El subrayado es nuestro.

[7] CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Informe de Control Concurrente N° 676-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 12 de julio del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 895-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 24 de setiembre del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 1065-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 25 de octubre del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 1179-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 26 de noviembre del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 1330-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 19 de diciembre del 2018.

[8] Informe de Control Concurrente N° 1330-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 19 de diciembre del 2018.

[9] https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/luisa-vetter-rezamos-incendio-jamas-ocurra-noticia-576465 (11-11-2018).

[10] Tal como refiere en la entrevista del 30 de abril de 2019 ante el Diario El Comercio. (https://elcomercio.pe/luces/ulla-holmquist-nuestro-compromiso-recuperar-confianza-ministerio-noticia-ecpm-631111).

 

CELESTE ASURZA MATOS
IDEELE REVISTA Nº 285

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África y Palestina: un legado noble que nunca debe ser traicionado

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África y Palestina: un legado noble que nunca debe ser traicionado

La “lucha por África” de Europa comenzó en serio en 1881, pero nunca terminó. El intento de dominar el continente utilizando viejas y nuevas estrategias sigue definiendo la relación occidental con este rico continente. Esta realidad se validó aún más cuando llegué a Nairobi, Kenia, el 23 de junio. Aunque mi objetivo era dirigirme a varias audiencias kenianas en universidades, foros públicos y medios de comunicación, también vine aquí para aprender.

Kenia, como el resto de África, es una fuente de inspiración para todos los movimientos de liberación anticolonial en todo el mundo. Nosotros, los palestinos, podemos aprender mucho de la lucha de Kenia. Aunque los países africanos han luchado valientes batallas por su libertad contra sus colonizadores occidentales, el neocolonialismo ahora define la relación entre muchos países africanos independientes y sus antiguos ocupantes.

La injerencia política, el control económico y, en ocasiones, las intervenciones militares, como en los casos recientes de Libia y Mali, apuntan a la desafortunada realidad de que África sigue siendo, de muchas maneras, rehén de las prioridades, los intereses y los dictados occidentales.

En la infame Conferencia de Berlín de 1884, los regímenes coloniales occidentales intentaron mediar entre las diversas potencias que competían por la generosidad de África. Asignó a cada uno una parte del continente africano como si África fuera propiedad del oeste y de sus colonos blancos.

Millones de africanos murieron en ese prolongado y sangriento episodio desatado por Occidente que, sin vergüenza, promovió su opresión genocida como un proyecto civilizador. Como la mayoría de los países colonizados en el hemisferio sur, los africanos lucharon batallas desproporcionadas para obtener su preciosa libertad. Aquí en Kenia, que se convirtió en una colonia británica oficial en la década de 1920, los luchadores por la libertad de Kenia se alzaron en rebelión contra la brutalidad de sus opresores.

África y Palestina: un legado noble que nunca debe ser traicionado

Entre las campañas de resistencia más notables, la rebelión de “Mau Mau” de la década de 1950 sigue siendo un claro ejemplo del valor de los kenianos y la crueldad de la Gran Bretaña colonial. Miles de personas murieron, resultaron heridas, desaparecieron o fueron encarceladas en las condiciones más duras.

Palestina cayó bajo la ocupación británica, el llamado Mandato Británico, alrededor del período en que Kenia también se convirtió en una colonia británica. Los palestinos también lucharon y cayeron por millares cuando emplearon varios métodos de resistencia colectiva, incluido el legendario ataque y la rebelión de 1936. La misma máquina de matar británica que operaba en Palestina y Kenia en esa época también operaba, con el mismo grado de violencia sin sentido, contra numerosas otras naciones alrededor del mundo.

Mientras que Palestina fue entregada al Movimiento Sionista para establecer el Estado de Israel en mayo de 1948, Kenia logró su independencia en diciembre de 1963. En una de mis conversaciones recientes en Nairobi, un joven participante me preguntó sobre el “terrorismo palestino”.

Le dije que los combatientes palestinos de hoy son los rebeldes de Mau Mau de antaño. Eso, si permitimos que la propaganda occidental e israelí definan el discurso de la liberación nacional en Palestina, condenamos todos los movimientos de liberación nacional en todo el hemisferio sur, incluidos los propios luchadores por la libertad de Kenia.

Nosotros, los palestinos, sin embargo, debemos asumir parte de la culpa de por qué nuestra narración como una nación oprimida, colonizada y que se resiste ahora es mal entendida en partes de África cuando la Organización de Liberación de Palestina (OLP) cometió su error histórico al despedir los derechos palestinos en Oslo en 1993, abandonó un discurso palestino de resistencia y liberación promovido durante décadas.

En cambio, se suscribió a un discurso completamente nuevo, plagado de un lenguaje cuidadosamente redactado y aprobado por Washington y sus aliados europeos. Cada vez que los palestinos se atrevían a desviarse de su función asignada, Occidente decretaba que regresaran a la mesa de negociaciones, ya que estos últimos se convirtieron en una metáfora de la obediencia y la sumisión.

A lo largo de estos años, la mayoría de los palestinos abandonaron sus alianzas mucho más significativas en África. En cambio, apelaron sin cesar a la buena voluntad del oeste, con la esperanza de que las mismas potencias coloniales que han creado, sostenido y armado principalmente a Israel, se vuelvan milagrosamente más equilibradas y humanas.

Sin embargo, Washington, Londres, París, Berlín, etc., continuaron comprometidos con Israel y, a pesar de las críticas educadas ocasionales al gobierno israelí, continuaron canalizando sus armas, aviones de combate y submarinos a todos los gobiernos israelíes que han gobernado a los palestinos durante las últimos siete décadas. Por desgracia, mientras los palestinos estaban aprendiendo su dolorosa lección, traicionados repetidamente por quienes prometían respetar la democracia y los derechos humanos, muchas naciones africanas comenzaron a ver en Israel un posible aliado. Kenia es, lamentablemente, uno de esos países.

África y Palestina: un legado noble que nunca debe ser traicionado

Al entender el significado de África en términos de su potencial económico y político (apoyo a Israel en la Asamblea General de la ONU), el primer ministro israelí de derecha, Benjamin Netanyahu, lanzó su propia “Pelea por África”.

Las conquistas diplomáticas de Netanyahu en el continente han sido celebradas por los medios israelíes como “históricas”, mientras que el liderazgo palestino permaneció ajeno al panorama político que cambia rápidamente. Kenia es una de las historias de éxito de Israel.

En noviembre de 2017, Netanyahu asistió a la inauguración del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, quien supuestamente recibió un sorprendente 98% de los votos en las últimas elecciones. Mientras que los kenianos se alzaron en rebelión contra sus corruptas clases dominantes, Netanyahu fue visto abrazando a Kenyatta como un querido amigo y aliado.

La estrategia de Netanyahu en Kenia, y el resto de África, se ha basado en la misma lógica, donde Israel usaría su tecnología de seguridad para apoyar regímenes corruptos y no democráticos, a cambio de su apoyo político.

Tel Aviv había esperado que la primera cumbre Israel-África en Togo trajera un cambio de paradigma completo en las relaciones israelí-africanas. Sin embargo, la conferencia de octubre de 2017 nunca se actualizó, debido a la presión de varios países africanos, incluida Sudáfrica.

Todavía hay suficiente apoyo para que Palestina en el continente derrote la estratagema israelí. Pero eso podría cambiar pronto a favor de Israel, si los palestinos y sus aliados no despiertan a la realidad alarmante. El liderazgo palestino, los intelectuales, los artistas y los embajadores de la sociedad civil deben volver a centrar su atención en el hemisferio sur, África en particular, redescubriendo la riqueza sin explotar de la solidaridad humana verdadera e incondicional que proporciona la gente de este continente siempre generoso.

El legendario luchador por la libertad de Tanzania, Mwalimu Nyerere, quien también es famoso en Kenia, sabía muy bien dónde estaba su solidaridad. “Nunca hemos dudado en nuestro apoyo al derecho del pueblo de Palestina a tener su propia tierra”, dijo una vez, un sentimiento que fue repetido por el icónico líder sudafricano, Nelson Mandela, y muchos otros líderes de la liberación africana.

Esta generación de líderes africanos no debería desviarse de ese noble legado. Si lo traicionan, se traicionan a sí mismos, junto con las luchas justas de sus propios pueblos.

 

RAMZY BAROUD
Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de Palestine Chronicle. Su último libro es “La última tierra: una historia palestina” (Pluto Press, Londres). Baroud tiene un doctorado en Estudios sobre Palestina de la Universidad de Exeter y fue Académico No Residente en el Centro de Estudios Globales e Internacionales Orfalea de la Universidad de California en Santa Bárbara. Su sitio web es www.ramzybaroud.net

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Sin DNI voy a vivir

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Sin DNI voy a vivir

Es el 2019 y Kishte sigue guardando una Libreta Electoral de tres cuerpos que le entregaron en 1984. A pesar de estar sucia y desgastada, la sigue guardando en una pequeña bolsa de plástico porque es la única evidencia de que ella posee una identidad como ciudadana peruana. Si bien el proceso de canje de la Libreta Electoral al Documento Nacional de Identidad (DNI) inició en las últimas décadas del siglo XX, Kishte no ha podido aún acceder a este último documento.

Por eso, aproximadamente en el año 2014, viajó desde donde vive, la Comunidad Nativa Chachibai, hacia la sede de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en la ciudad de Pucallpa.

Durante la época de verano amazónico, este viaje puede tardar hasta dos días, por lo que se requiere necesariamente pernoctar en un punto intermedio cerca al río Ucayali. Además, para realizar este viaje, se necesita contar con una movilidad fluvial disponible, así como poder afrontar los altos costos de combustible y permanencia (alojamiento y alimentación) en la ciudad de Pucallpa.

Kishte emprendió este viaje más de una vez junto a su esposo. Sin embargo, la primera vez que llegó a la oficina de RENIEC le dijeron que su Libreta Electoral ya había sido canjeada por el DNI hace dos años. Además, en posteriores visitas a la institución, constató que el DNI emitido tenía una fotografía, una firma y una huella dactilar de alguien que no era ella. Es decir, RENIEC no solo había emitido y entregado el DNI de Kishte a una tercera persona, sino también había permitido que alguien le robara su identidad.

Kishte es miembro de un pueblo indígena en contacto inicial compuesto por no más 100 personas y una de las últimas hablantes de una lengua en serio peligro de extinción [1]. Nació en el período previo al contacto que sostuvo el pueblo indígena iskonawa con representantes de la sociedad nacional (un grupo de misioneros evangélicos y miembros del pueblo shipibo-konibo) en 1959, evento denominado también como su “primer contacto”.

Este tuvo lugar entre los ríos Utuquinía y Abujao, cerca al hoy conocido cerro El Cono, ubicado al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor (Ucayali). Los iskonawa habían llegado hasta ahí no solo por los desplazamientos que realizaban para abrir nuevas chacras, sino también motivados por las presiones de agentes externos que ejercían violencia contra las poblaciones indígenas de la zona.

El período del vivir huyendo es una etapa triste y violenta para los iskonawa, sobre todo porque esto afectó seriamente su demografía. En ese tiempo, nacer y seguir vivo era un privilegio al que pocos tuvieron acceso. Kishte nació durante uno de los tantos desplazamientos que emprendían los iskonawa. Era el tiempo en el que madura el zapote (fruta, N.C. Pouteria sapota), recuerda que así le dijo su mamá.

Su nombre en lengua iskonawa sigue una regla onomástica [2] a través de la cual los niños heredan los nombres de los abuelos, en algunos casos paternos o maternos. Sin embargo, con “abuelos”, no solo nos referimos a los padres de sus padres, sino también a los hermanos de estos, pues los iskonawa incluyen a ambos en la misma clasificación de parentesco. De tal modo, Kishte heredó el nombre de la hermana de su abuela materna.

Además de mostrar la operatividad de esta regla, el nombre de Kishte también ofrece evidencia de los contactos que los iskonawa sostuvieron con otros pueblos indígenas, incluso mucho antes del conocido “primer contacto”. Tanto la abuela de Kishte como la hermana de ella pertenecieron a otro pueblo indígena pero fueron incorporadas por los iskonawa tras un conflicto. A partir de esta incorporación al núcleo iskonawa, ellas recibieron nuevos nombres. No obstante, el nacimiento de Kishte permitió rememorar el antiguo nombre de la hermana de su abuela materna y continuar la regla onomástica tradicional.

Tras el contacto, el pueblo iskonawa se desplazó a la cuenca del río Callería, donde comenzó a convivir junto a algunos misioneros evangélicos y un predominante grupo shipibo-konibo. Fue entonces cuando Kishte, así como el resto de miembros de su pueblo indígena, recibió un nombre y apellidos en castellano. Ella recuerda que los misioneros la llamaban Claudia y que le gustaba mucho ese nombre. También recuerda que recibió los apellidos Campos y Rodríguez de dos hombres shipibos que participaron directamente del “primer contacto”, quienes a su vez los habían recibido tiempo atrás de algún patrón.

No obstante, cuando inscribieron su acta extemporánea de nacimiento en la oficina de Registro Civil más cercana al río Callería, fueron otras personas quienes la llamaron Isabel y dispusieron el orden de los apellidos fijando cuál sería paterno y materno. Mientras la inscribían, pocos años después del “primer contacto” del pueblo iskonawa, Kishte no sabía que alguien estaba colocándole otro nombre diferente al que le gustaba, tampoco sabía que ese nombre escrito en un papel marcaría para siempre su identidad.

***

Rio de la amazonía selva

Si bien su nombre verdadero es Kishte, ella acepta los nombres que recibió en castellano porque son los que requiere emplear para relacionarse con otros miembros e instituciones de la sociedad peruana. Por ello, decidimos juntas dar solución a este problema que le impedía acceder a su derecho a la identidad en los términos que el Estado peruano le exigía. De tal modo, supimos que no solo se había formalizado, a través de una resolución en el 2018, la usurpación de la identidad de Kishte, sino también que RENIEC había cancelado la inscripción del DNI canjeado por terceros.

Lo siguiente consistía en solicitar su reinscripción, esta vez subsanando los datos de su identidad que habían sido usurpados. No obstante, en este proceso de nuevas idas y venidas a la sede de RENIEC en Pucallpa, cinco años después de que detectaran el problema con el DNI de Kishte, nos enfrentamos ante el gran desconocimiento de funcionarios y servidores sobre la situación de los iskonawa, así como de los otros seis pueblos indígenas en contacto inicial que tienen presencia en Ucayali.

Más de una vez recibimos comentarios que manifestaban pena por la complejidad del caso cuando nos veían nuevamente solicitando información para hallar una solución definitiva. En otras ocasiones, han evidenciado su curiosidad preguntándonos sobre el origen de los nombres y los apellidos en castellano de Kishte. También, personalmente, he recibido agradecimientos porque ellos consideraban que de otro modo nadie haría nada por ella. Lamentablemente, los funcionarios y servidores de RENIEC parecían no saber que ellos eran los que debían hacer algo por Kishte, no por buena voluntad sino porque las leyes así lo exigen.

RENIEC es el organismo que se encarga de registrar la identidad de los peruanos otorgando el DNI con el propósito de fortalecer la ciudadanía en el Perú. No obstante, RENIEC ha vulnerado no solo el derecho fundamental a la identidad a Kishte, sino también su derecho a identificarse con su propio nombre de acuerdo a su cultura y modo tradicional de vida.

Asimismo, la falta de un protocolo de atención específico elaborado por el Ministerio de Cultura para estos casos que enfrentan las poblaciones indígenas en contacto inicial ha permitido que RENIEC no brinde una atención adecuada, dejando a Kishte a su suerte en el complejo procedimiento que le implica movilizarse a la ciudad y recaudar documentos.

Finalmente, la ausencia de personal de RENIEC capacitado para atender a población hablante de una lengua indígena u originaria en su propia lengua ha dificultado el acceso y la comprensión de los procedimientos para que Kishte pueda obtener su DNI.

De tal modo, RENIEC ha violado sistemáticamente los derechos de Kishte, respaldados no solo por la Constitución del Perú, sino también por la normativa vigente que ampara los derechos de los pueblos indígenas en contacto inicial (Ley N° 28736 “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”) y sus derechos lingüísticos (Ley N° 29735 “Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú”).

Si bien RENIEC define que su misión es lograr el registro de la identidad de los peruanos a través de un enfoque intercultural, ello se ha limitado a esfuerzos simbólicos como el Registro Civil Bilingüe y las publicaciones Tesoro de Nombres Originarios, ya que en la práctica la documentación de ciudadanos no implementa los complejos sistemas e historias de la antroponimia de los pueblos indígenas, en especial de los que se encuentran en situación de contacto inicial.

“Ya sin DNI voy a vivir”, dice Kishte luego de los días, meses y años que hemos pasado en esta lucha, que no es sino una de las tantas otras que enfrentan los pueblos indígenas en contacto inicial en su relacionamiento con la sociedad y el Estado peruano.

Por ello, decidimos presentar por escrito un oficio ante el Ministerio de Cultura, organismo rector sobre los derechos de los pueblos indígenas en general y de los pueblos indígenas en contacto inicial de manera particular, el cual sigue sin obtener una respuesta clara. A pesar de ello, hemos continuado buscando nuevas vías para devolverle a Kishte la identidad como ciudadana peruana que el Estado permitió que le robaran.

NOTAS:

[1] En el “II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no empadronó a los iskonawa, al igual que a otros ocho pueblos más, alegando que no formaban parte de comunidades, puesto que han sido absorbidos por otros pueblos indígenas y debido a que es muy difícil llegar hasta ellos por su situación de aislamiento. En el Censo del 2017, el tercero sobre comunidades indígenas, INEI registra que 22 personas respondieron que el iskonawa era su lengua materna. Sin embargo, se advierte que estas cifras deben tomarse con cautela debido a que solo incluyen información sobre los mayores de 12 años (Óscar Espinosa 2019, comunicación personal). En síntesis, el Estado peruano, a la actualidad, no tiene un censo claro de esta población que ha identificado como en situación de contacto inicial. La cifra aproximada que se ofrece parte de un censo comunitario que hemos venido elaborando y actualizando con los iskonawa desde el 2015.

[2] Con regla onomástica nos referimos al sistema empleado por los iskonawa para otorgar nombres a los nuevos descendientes, considerando su vínculo de parentesco con sus ascendientes. Si bien este sistema tradicional ha comenzado a debilitarse hace muchos años atrás, todavía coexiste en varios casos junto a los nombres en castellano.

 

CAROLINA RODRÍGUEZ ALZZA
IDEELE REVISTA Nº 285 | Lingüista y antropóloga. Docente de la especialidad de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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Argentina: A 25 años del atentado a la AMIA

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Argentina: A 25 años del atentado a la AMIA

Al cumplirse este jueves 25 años del atentado contra la AMIA, la investigación sigue dominada por la política internacional, no por las pruebas. La movida tuvo como eje remover a los fiscales que estaban en la Unidad AMIA y fueron logrando avances importantes en el expediente. En su reemplazo tomó las riendas un fiscal elegido por el gobierno, Sebastián Basso, que pasó a concentrarse en la pista internacional, más precisamente en Irán y Hezbollah.

Eso explica por qué la Unidad AMIA emitió este viernes un texto concentrado en eso que no aporta ningún elemento relacionado con el lugar donde se armó la camioneta en Buenos Aires, quién consiguió los explosivos, quién manejó el vehículo hasta la AMIA, con qué identidad entró al país quien supuestamente protagonizó el atentado. El objetivo es emitir un decreto alineando a la Argentina con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido declarando que Hezbollah es una organización terrorista y que Irán financió los atentados de Buenos Aires.

Otro paso que intenta la administración Macri, aunque con controversias internas, es el de establecer el juicio en ausencia, o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes. Por su parte, se dice que Basso viajó a Estados Unidos a tomarle declaración a un supuesto testigo clave.

ORGANIZADOR

Desde 2009 está en el centro de la escena un sujeto que supuestamente se llamaba Samuel Salman El Reda, que utilizando una partida de nacimiento falsa, en la isla de San Andrés, obtuvo pasaporte colombiano. El individuo, de origen libanés, se casó con Silvina Saín, la hermana de una secretaria del agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohshen Rabbani. Durante años el prófugo era Samuel El Reda, pero en 2016, El Líbano y un par de familiares del prófugo proveyeron la verdadera identidad, revelando su verdadero nombre: Salman Salman.

Las pruebas contra él son esencialmente telefónicas. Se supone que el atentado fue coordinado por un hombre que utilizó un celular a nombre de André Marques en la Triple Frontera. A ese teléfono llamó Salman Salman y se sabe que era él porque también se comunicó con su familia y luego habló con teléfonos de El Líbano que, según la CIA, son de Hezbollah.

Los dos familiares que testificaron en la causa confirmaron que Salman Salman estuvo en la Argentina, que incluso tiene una hija argentina y una brasileña, y que actualmente está con vida en El Líbano. Pero esos mismos familiares dijeron que no sabían nada de que tuviera que ver con el atentado o que integrara una agrupación como Hezbollah.

En todo caso el texto oficial de la Unidad AMIA no duda en adjudicarle la responsabilidad a Hezbollah y a Irán, argumentando que el ataque se decidió en una reunión del régimen de los atayatolas en la ciudad de Mashad, en 1993. La información sobre ese encuentro es muy dudosa y surgió de grupos opositores iraníes. También el texto menciona que hubo una reivindicación de un brazo de Hezbollah, algo que la organización desmintió innumerable cantidad de veces.

Es decir que la base de la acusación son informes de inteligencia extranjeros.

NUEVA PRUEBA

El informe oficial no menciona una prueba que se está trabajando de la mano de Estados Unidos. Aparentemente en el país del norte hay un detenido, sospechado de tener que ver con un atentado, que habría mencionado que Salman Salman era su jefe.

Habrá que ver qué datos aporta teniendo en cuenta que pasaron 25 años del atentado en Buenos Aires. Este diario le consultó al fiscal Basso si es cierto que viajó a Estados Unidos para hablar con ese detenido, pero el funcionario señaló que no podía hablar del tema. Según parece hay un convenio de confidencialidad con las autoridades norteamericanas.

AVANCES

Tras la muerte de Alberto Nisman se designó a tres fiscales en la Unidad Amia. La ahora jueza Sabrina Namer, junto con Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini. Más tarde entró Santiago Eyerhabide por Filippini. Ese equipo logró varios pasos adelante tomando medidas que Nisman no quería concretar por temor a que la evidencia le destruyera sus hipótesis, siempre alineadas con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y también con la SIDE. Por de pronto se acreditó la existencia de la camioneta usada como coche bomba a través del uso de un microscopio de barrido electrónico que analizó las partecitas encontradas en los cuerpos de las víctimas durante la autopsia. Esos trozos metálicos se compararon, a través de los electrones, con los usados en las camionetas Trafic.

También se utilizó tecnología moderna genética para analizar todos los restos humanos que estaban sin identificar. Así se determinó que un cuerpo encontrado en el atentado correspondía a Augusto Jesús, hijo de una señora que estaba y murió en la mutual judía ese día. También ese trabajo permitió establecer que había restos que no se correspondían genéticamente con ningún familiar de las víctimas. Eso consolidó la hipótesis de la existencia de un suicida. Nisman incluso le había dado nombre y apellido a ese suicida, Ibrahim Berro. Sin embargo, los nuevos fiscales compararon el perfil genético de dos hermanos de Berro, Abbas y Hassan, uno de los cuales entregó sangre para hacer el estudio, y se demostró que los restos no se correspondían.

De manera que la conclusión que fue sacando la Unidad AMIA es que existió camioneta, existió suicida, pero que no se trató de Berro. Todo con la provisoriedad que daba una investigación en marcha.

Argentina: A 25 años del atentado a la AMIA

INTERNACIONAL

La Unidad AMIA post-Nisman no abandonó la llamada pista internacional, pero no se casó de forma definitiva con ninguna pista. Siguieron el rastro de Salman Salman y entablaron un diálogo con la fiscalía general de El Líbano: eso permitió el avance respecto de la identidad del sospechoso. Después de aquel contacto con las autoridades libanesas, el diálogo se cortó.

Pero con esa conformación de la Unidad Amia nunca hubo un pronunciamiento tan categórico respecto de Hezbollah como ahora, bajo la conducción de Basso. Siempre fue una hipótesis, se los consideró sospechosos e incluso se corrieron las órdenes de captura reemplazando El Reda por Salman Salman. Pero el límite fue que no podía haber definiciones a esa altura de la etapa procesal.

Tampoco podía descartarse la pista siria, basada en una llamada del argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul al armador de autos truchos Carlos Telleldín, último tenedor de la camioneta que estalló en la AMIA. Esa comunicación se produjo el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. Sin embargo, los fiscales no pudieron encontrar pruebas sólidas contra Kanoore y tampoco aparecieron en el extenso juicio por encubrimiento. Kanoore cuenta con una falta de mérito en la causa judicial, pero los fiscales nunca abandonaron esa pista.

NECESIDADES

El alineamiento de Macri con Trump, el “favor” que le hace el FMI por influencia norteamericana con la provisión de fondos al gobierno de Cambiemos, le dan un marco a lo que pasa con la causa Amia. El diario La Nación publicó esta semana que Macri prepara un decreto por el cual la Argentina declararía que todo Hezbollah es una organización terrorista. Ese paso lo dio este año el Reino Unido siguiendo a Estados Unidos e Israel, pero fue rechazado por el resto de Europa, que considera terrorista únicamente a su rama militar. Sucede que Hezbollah es un partido parlamentario en El Líbano, con el diez por ciento de los votos. Y además es clave para sostener al gobierno actual de ese país y juega un papel de importancia en la lucha contra el Estado Islámico.

En línea con el decreto que prepara la Casa Rosada, la Unidad AMIA se lanzó a afirmar, sin que le tiemble el pulso, que el atentado fue cometido por Hezbollah y financiado por Irán. Lo sostiene de forma taxativa, como nunca lo había hecho antes, justamente porque buena parte de las supuestas evidencias provienen de fuentes más que dudosas: la oposición iraní, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la ex SIDE.

En la misma sintonía, parte del gobierno prepara el llamado “juicio en ausencia”, o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes en el supuesto juicio. Es algo que no se usó ni siquiera con los represores porque la legislación argentina pone el acento en el derecho a la defensa, es decir que no puede hacerse un juicio sin que estén presentes los acusados y sin que ellos mismos hayan elegido a sus abogados. Además, muchos juristas cuestionan que se intente aplicar una norma procesal nueva a un hecho ocurrido hace 25 años.

Todas estas jugadas político-judiciales tienen como objetivo darle una justificación más a Washington y a Jerusalén para su ofensiva bélica contra el régimen de Teherán. La Argentina se involucraría otra vez en los eventuales bombardeos, en lugar de estar del lado neutral y pacifista.

Para colmo, la jugada política oscurece las orfandades probatorias. Porque el punto clave es que resulta difícil afirmar una culpabilidad internacional cuando la investigación fue un fracaso.

A 25 años del atentado no se saben las cuestiones esenciales:

¿Cuál fue realmente la carrocería que se usó en el atentado? ¿De dónde salieron los explosivos? ¿Dónde estuvo la camioneta en los días posteriores a que saliera de las manos de Telleldín? ¿Quién armó el coche-bomba? ¿Quién ingresó al país para cometer el atentado? ¿Con qué identidad? ¿Quién dejó la camioneta lista con los explosivos en el estacionamiento ubicado al lado de la Facultad de Medicina? ¿Quién retiró la camioneta de ese estacionamiento y la manejó hasta incrustarla en el edificio de la calle Pasteur? ¿Quién se fue del país después del atentado? ¿Cómo salió? ¿A dónde fue?

Son datos elementales. El atentado de las Torres Gemelas se pudo investigar a partir de los datos sobre los 19 hombres que subieron a los aviones, dónde habían estado, cómo ingresaron a Estados Unidos, cómo aprendieron a pilotar aviones y muchísimos otros detalles. Esa es una base para armar el posible origen del ataque. En la investigación del caso AMIA, ni las policías ni los servicios de inteligencia, ni el gobierno de aquel momento, el de Carlos Menem, produjeron reales avances en la investigación.

 

RAÚL KOLLMANN
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