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Especial

El fujimorismo quiere a Rey, pero el gobierno tiene su propia carta

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ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

COMPETENCIA LEGAL
Acceder a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares que hayan mantenido relaciones con el Estado.

Ordenar acciones de control o ejercer directamente el control externo sobre los actos de las entidades.

Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema.

Iniciar acciones legales inmediatas, por el Procurador Público de la CGR o el Procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. Asimismo, ejerce la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones contra la administración referidas en el subcapítulo II sobre el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

Implantar los Órganos de Auditoría Interna con personal calificado e infraestructura moderna.

Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de Evaluación a la Cuenta General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes.

Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa del control gubernamental con carácter vinculante, y de ser el caso, orientador. Asimismo, establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto a sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la normativa de control.

Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades.

Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando semestralmente sobre el resultado de las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales, si los hubiere, a las comisiones competentes del Congreso de la República.

Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa.

Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento.

Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior.

Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoría que se requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorías en las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de Auditoría que para el efecto se emitan.

Requerir el apoyo y/o destaque de funcionarios y servidores de las entidades para la ejecución de actividades de control gubernamental.

Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno, o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva.

Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental.

Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado, cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de éste.

Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a Ley.

Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y otros, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el Sector Público en casos de nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos de control.

Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos materia de verificación durante una acción de control, bajo los apremios legales señalados para los testigos.

Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, generando la información pertinente para emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar asistencia técnica al Congreso de la República, en asuntos vinculados a su competencia funcional.

Emitir disposiciones para implementar acciones contra la corrupción administrativa, a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública.

Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión.

Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas beneficiarias por las mercancías donadas provenientes del extranjero.

Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos de las entidades sujetas al Sistema.

LOS CONTRALORES EN EL PERÚ

AUTONOMÍA ECONÓMICA Y DESCONCENTRACIÓN
La Contraloría General tiene autonomía económica, administrativa, financiera y funcional. Está exonerada de la aplicación de normas que establezcan restricciones y/o prohibiciones a la ejecución presupuestaria. La Contraloría cuenta con Oficinas de Coordinación Regional en Lima Metropolitana, Lima Provincias, Centro (Huancayo), Norte (Chiclayo) y Sur (Arequipa). También tiene 20 Oficinas Regionales de Control en las principales ciudades del país.

POTESTAD SANCIONADORA
Puede sancionar a funcionarios y servidores públicos, sociedades de auditoría, personas jurídicas y naturales que manejen recursos del Estado, menos a los elegidos por voto popular, titulares de organismos constitucionales autónomos y autoridades con prerrogativa de antejuicio.

Sistema Nacional de Control (SNC)
Es el conjunto de órganos, normas y métodos destinados a conducir el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule.

El SNC la conforma la Contraloría General, todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental, las sociedades de auditoría externa independientes designadas por la Contraloría General y los Órganos de Control Institucional.

REGULACIÓN DEL CONTROL Y ATRIBUCIONES
El control del SNC en las entidades se efectúa bajo la normativa de la CGR, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución.

El SNC puede supervisar, vigilar y verificar el uso de los recursos y bienes del Estado, la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control.

Recomendar mejoras en la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos.

Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, a través de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa.

Capacitar permanente a los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental.

Brindar apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una acción de control, prestando las facilidades y/o aclaraciones del caso, y alcanzando la documentación probatoria de la responsabilidad incurrida.

REY REY DESCARTADO
Actualmente, el vicecontralor Oswaldo Yupanqui Alvarado asume provisionalmente el cargo hasta que el Congreso elija uno nuevo. La mayoría fujimorista baraja los nombres de Nelson Shack, Beatriz Boza y Rafael Rey Rey. También Walter Albán.

Pero los tres candidatos tienen un fuerte vínculo con el fujimorismo. Beatriz Boza estuvo al mando del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y Prom-Perú durante el gobierno de Fujimori. Del mismo modo, Nelson Shack fue nombrado director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Por su parte, Rafael Rey fue candidato fujimorista a la vicepresidencia en el 2011. Sin embargo, Rey, quien actualmente se desempeña como director del Banco Central de Reserva (BCR), no cumple con los requisitos para el cargo.

El Reglamento exige contar con un “título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional correspondiente”. Rafael Rey, ingeniero de profesión, no tiene colegiatura, tal como figura en el registro virtual del Colegio de Ingenieros del Perú. Aunque este impasse podría ser subsanado.

Tampoco pueden ocupar el cargo quienes durante los últimos cinco años ejercieron como “Presidente de la República, Ministro de Estado, Congresista de la República y/o titular de Organismos Autónomos, entidades descentralizadas o de los Gobiernos Regionales y/o Locales”. Rey Rey se desempeñó como parlamentario andino en el periodo 2011-2016, postuló con el fujimorismo y alcanzó una curul, consiguiendo su reelección.

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Especial

La peligrosa fe de Santana

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Alberto Santana

La reciente batalla campal en Matute entre los miembros de la Iglesia Cristiana Aposento Alto y los barristas del Alianza Lima fue el episodio cumbre de una de las últimas maniobras expansivas de una iglesia evangélica muy peculiar.

Empecemos aclarando que Aposento Alto y su líder, el autoproclamado “apóstol” y “embajador” Alberto Santana, pertenecen al ala más conservadora del evangelicalismo carismático, la rama menos institucionalizada del movimiento evangélico.

El mundo evangélico es muy amplio e incluye a denominaciones respetables, como las iglesias Metodista o Presbiteriana, hasta un sinnúmero de grupos independientes que reflejan, por un lado, las tendencias postinstitucionales del mundo evangélico contemporáneo y, por otro, expresan la informalidad de nuestra sociedad en el ámbito religioso.

LOS INICIOS

La historia de Santana es similar a la de cualquiera de los empresarios emergentes que el mito del capitalismo popular ha consagrado como ejemplos de empoderamiento desde la adversidad. De origen provinciano (Junín) fue en sus inicios miembro de las Asambleas de Dios (pentecostal) y luego de la Iglesia Metodista del Perú, una denominación institucionalizada y prestigiosa, que tenía un pequeño templo en la cumbre de un cerro en El Ermitaño (Independencia). Allí Santana trabajó como líder laico.

Desde entonces ya soñaba con hacerse de un gran terreno en la misma avenida Túpac Amaru. Lo logró con la ayuda de una lideresa metodista, cuyos padres eran dueños de la Ladrillera Rex. En cuanto tuvo el terreno formó una congregación independiente llevándose consigo a algunos feligreses metodistas. Así, en 1991, surgió Aposento Alto. Durante la década de 1990, la iglesia creció sostenidamente y Santana empezó a construir su mito de pastor exitoso de la Lima provinciana, el migrante que empezó con solo tres seguidores y que ahora maneja un imperio religioso que agrupa a más de quince mil fieles y que cuenta con 54 locales a nivel nacional e internacional.

RIQUEZA SOSPECHOSA

El perfil sociológico de sus seguidores es un factor central para comprender su éxito. Son migrantes como él en una ciudad que los margina, “cholos” piadosos y laboriosos que han encontrado en Santana la concreción de aquello a lo que aspiran llegar a ser.

Por eso no les asquea la impúdica exhibición de riqueza y poder de la que hace gala el “apóstol”, que se mudó de una modesta casita en el Callao a una mansión en Camacho, que llega con frac a sus eventos especiales y se estaciona en limusina en la polvorienta calle que da al inmenso auditorio desde donde enerva los espíritus de tantos marginados que sueñan ser como él.

Si para el gusto clasemediero Santana es solo un huachafo arribista, para los migrantes con biblias es un símbolo de éxito basado en la fe. Un Acuña o un Pepe Luna religioso. Aunque por los indicios de su súbito enriquecimiento se parece más a un Camayo. Es inverosímil creer que solo con los aportes de sus seguidores, gente humilde, pueda haberse enriquecido tanto. Urge una seria investigación de las autoridades correspondientes a sus finanzas.

Sobre esa base, Santana construyó un modelo de iglesia vertical, autoritario y caudillista en el que él es el amo absoluto. Un imperio religioso que, además, es nepotista, pues con el paso del tiempo ha convertido a su esposa y sus hijos en una especie de “familia real”. Su hijo mayor Qohelet es el príncipe heredero del trono apostólico de Aposento Alto.

Todo esto, aceptado obsecuentemente por sus líderes y miembros, a quienes adoctrina todo el tiempo a través de sermones, videos, libros y cursos en una forma de cristianismo fundamentalista, antiintelectual y ultraconservadora. Quienes lo cuestionan, no pueden quedarse. Solo permanecen quienes están dispuestos a ser los leales guerreros del “apóstol” que quiere ser presidente.

PODER RELIGIOSO Y POLÍTICO

Santana ha sabido aprovecharse muy bien de esa imagen para consolidar su poder, primero religioso y luego político. En lo religioso, gracias al explosivo crecimiento de su grey, pronto empezó a ser admirado por otros pastores y organizaciones evangélicas, particularmente de las de su mismo sector social.

Sin embargo, durante mucho tiempo, siguió siendo visto con desdén y hasta sospecha por la elite institucional evangélica. Aposento Alto no es miembro de CONEP ni de UNICEP, las dos principales federaciones evangélicas. Recién empezó a ser admitido a la elite del ala carismática evangélica a raíz de su incursión política.

En algún momento de su trayectoria, Santana se convenció de que el objetivo real de su misión no era lo religioso, sino lo político. Su auténtico sueño es gobernar el Perú. Está trabajando para ello desde hace tiempo.

Su primera incursión fue desafortunada. El 2001 postuló al Congreso en la lista del APRA, junto a un discípulo suyo, Marcelino Salazar. Santana alcanzó 23,772 votos. Nada despreciable para un desconocido en la política. Pero no alcanzó una curul.

En los años siguientes, siguió consolidando su hacienda religiosa pero sin dejar de cortejar al poder político. Su oportunidad volvió cuando empezó la ola conservadora de ‘Con mis hijos no te metas’ y la ‘Ideología de género’.

Alberto Santana y Keiko Fujimori

PACTO CON KEIKO

Santana supo acomodarse entre los promotores de esa corriente reaccionaria para lograr su reingreso a la arena política con la ya conocida ceremonia en el coliseo Amauta, propiedad de Agua Viva -otro imperio político-religioso pero de la Lima clasemediera- en la que hizo firmar a Keiko Fujimori un pacto para bloquear los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.

Santana se hizo entonces conocido por su discurso rabiosamente homofóbico. Recibió el rechazo del establishment, pero para las masas populares evangélicas fue una proeza, era el valiente “hombre de Dios” que hablaba sin miedo contra el mal. El fujimorismo entendió el mensaje y se convirtió en la representación política de este populismo religioso conservador y moralista.

El pacto con Keiko se firmó en mayo del 2016. Al mes siguiente, Santana compró los terrenos adyacentes al estadio Matute por los que pagó 600 mil dólares en efectivo. Sospechosas coincidencias. Pero no para el “apóstol” que interpretó estos acontecimientos como el cumplimiento del oráculo divino de que Matute será suyo.

Regresamos a lo ocurrido el fin de semana. Los fieles de Santana, perfectamente uniformados y armados, llegaron en la madrugada para conquistar el terreno infiel que ahora creen que es suyo, no solo por haber pagado por él, sino porque están convencidos de que Dios se los ha cedido.

En la cosmovisión del creyente fundamentalista, Dios está por encima de las leyes humanas. El problema es que para ellos, la voluntad de Dios se expresa exclusivamente a través de su líder. A Santana no le importó poner en riesgo la vida de sus ovejas, a las que despóticamente trata más bien como borregos.

Asalto fanático a los terrenos de explanada de Alianza Lima

CON ALIANZA NO TE METAS

Fueron significativos los simbolismos enfrentados. Los “aposentistas” llegaron con una réplica chicha del Arca de la Alianza del Pentateuco, la misma que utilizaron los guerreros hebreos para marchar alrededor de la pagana Jericó para conquistarla (Josué 6). El relato mítico de la Biblia como inspiración para la batalla simbólica de los creyentes contra la pagana Matute.

Santana y sus seguidores insisten en que lo que buscan es convertir ese “antro de mundanalidad” en la casa de Dios. En la guerra simbólica, se atrevieron a agredir a los símbolos de la fe aliancista: los escudos y hasta la imagen del Señor de los Milagros. Por supuesto, la respuesta de los fieles aliancistas fue contundente. Atacarlos a palo limpio. Y los guerreros “aposentistas” respondieron igual. Una épica batalla entre dos fes del Perú popular.

Tal vez Santana haya cometido uno de sus peores errores en su carrera hacia el poder. Está convencido de que será presidente del Perú. Ya formó su partido político: Perú Nación Poderosa. Hace meses recorre el Perú haciendo campañas en sus templos y en los de otras iglesias tan conservadoras como la suya. Se asume el paladín del evangelicalismo popular.

Pero su incursión a La Victoria ha irritado incluso a los evangélicos más conservadores. Hasta Christian Rosas, el cabecilla de ‘Con mis hijos no te metas’, lo ha cuestionado. Ni qué decir de las grandes masas del pueblo para quienes Alianza Lima es su segunda fe. Me cuento entre ellos. Hasta la barra de la ‘U’ se alineó en la resistencia contra la agresión de los “aposentistas”.

La historia de Santana no ha terminado. En estos momentos debe estar recuperándose de la derrota, pues aunque siga luchando a nivel legal, el daño que su incursión ha causado en su imagen es serio. Pero como todo iluminado, no se dará por vencido. Finalmente, está convencido de que Dios le ordenó conquistar Matute. Y también el Perú. Aterrador.

Sus seguidores le creen y lo seguirán hasta el final, aunque terminen magullados y empobrecidos. Triste manera de tratar a quienes le entregaron todo al “apóstol” de los fracs y las limosinas.

ALGO MÁS

Simone Weil decía que “la fe constituye la experiencia de que la inteligencia ha sido iluminada por el amor”. Bella definición para aquellas formas de la fe que elevan a las personas, las dignifican y propician la reconciliación en la humanidad. La fe de Santana es, en cambio, solo una expresión de aquellas experiencias religiosas que oscurecen la inteligencia y alimentan el odio.

 

Juan Fonseca, -Historiador

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Entrevista

López Obrador, certezas e incertidumbres

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López Obrador

A unas semanas de asumir la presidencia el primer presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, merced a un contundente triunfo electoral, el entrevistado, Nayar López Castellanos, un académico de gran prestigio en México, analiza las opciones que se le abren bajo esa conducción a México, que clama por soluciones a sus problemas de violencia del narcotráfico, la narcopolítica y otro de similar gravedad.

— Percibo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las últimas elecciones presidenciales ha generado expectativas (en todas sus gradaciones y sentidos) en amplios sectores de la sociedad y en el conjunto de las fuerzas políticas mexicanas. ¿A qué circunstancias lo atribuyes?

—El triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales del pasado 1° de julio fue un hecho histórico. Con todo y sus matices, se considera como el primer triunfo de las fuerzas progresistas mexicanas en una contienda presidencial, el primero que se respeta, pues ya tuvimos el antecedente del fraude en 1988 y 2006.

Y hay que decir que un sector importante del movimiento que se aglutinó con AMLO representa a una parte de la izquierda, pero hay otras corrientes que se encuentran en espacios diferentes que no compartieron ni la campaña ni los contenidos, y que ya han realizado planteamientos críticos en torno a los primeros pasos que ha dado este nuevo proyecto de gobierno.

Así, las expectativas generadas responden sobre todo a compromisos asumidos como combatir la corrupción, impulsar la austeridad como una bandera de identidad política, lo que le llaman la austeridad republicana, crecimiento económico que permita ampliar la estructura social a través de un amplio andamiaje que incluye becas, subsidios y mayor presupuesto a la educación, a la vez como uno de los mecanismos de combate a las causas que generan la inseguridad y la violencia.

AMLO tenía una frase en la campaña que se refería a este punto: sicarios no, becarios sí. Hay otro ámbito de las expectativas que considero muy importante y tiene que ver con la mayoría legislativa que consiguió la coalición de AMLO en ambas Cámaras del Congreso y en 19 de los 32 estados de la república, lo que ofrece la oportunidad de realizar importantes modificaciones constitucionales.

Por lo menos pensaríamos que algunas de las denominadas reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto irán para atrás, como es el caso de la mal llamada reforma educativa y la reforma energética. Habrá que ver qué decisiones de fondo se toman en el Congreso.

—¿Ves alguna posibilidad, aunque sea remota, de que AMLO se constituya en una especie de precursor de un ciclo de “renovación progresista” en la región?

— Existen las condiciones para serlo en la medida en que AMLO tome decisiones de fondo para cerrar el ciclo neoliberal en un México no solo devastado por la pobreza, la desigualdad y la violencia, sino profundamente dependiente de la economía de Estados Unidos.

No solo se requiere combatir a la corrupción y pregonar la austeridad como política distintiva de gobierno. Nuestra realidad necesita cambios y acciones de fondo que realmente ofrezcan un camino diferente a la ruta neoliberal que hemos vivido los últimos 30 años.

Sin embargo, como en este momento no hay planteamientos concretos en torno a esa ruta, resulta incierto el camino que AMLO pueda marcar en México como referente de un segundo aire para las fuerzas progresistas latinoamericanas.

Las señales que han enviado hasta el momento, como por ejemplo el haber participado en las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, no resultan muy alentadoras.

Han dicho que se mantendrá en la Alianza del Pacífico y promoviendo las políticas de libre comercio, que en su esencia son parte del neoliberalismo transnacional. Más allá de algunas declaraciones, no se vislumbra que México vea hacia el sur de forma concreta, lo cual considero un error estratégico.

— ¿Considerás que es replicable en México una especie de versión “sui generis” de la gobernabilidad progresista y de la matriz neodesarrollista característica de otros países de la región en la década pasada?

— Todo parece indicar que así será, pero también ello depende en gran medida de las acciones de fondo que se puedan realizar sobre todo durante el primer año de gobierno.

En todo caso, veo al proyecto de AMLO con importantes semejanzas a las experiencias de Argentina, Brasil y Uruguay, un proyecto moderado, que no se plantea en ningún momento modificar las estructuras del sistema económico capitalista, y que en todo caso vislumbra una relación equilibrada con los dueños del capital en aras de cierto crecimiento que permita reducir algunos de los parámetros más extremos de la pobreza y la desigualdad.

El problema es que esa visión no resuelve el problema de fondo. Es una solución en cierta forma pasajera, tan frágil como una próxima elección que implique el retorno a la pesadilla neoliberal, tal y como sucedió en Argentina y con el golpe de Estado en Brasil.

Veo muy lejos este proyecto de otros parámetros como los de Venezuela y Bolivia, que se plantearon una refundación del Estado a través de una Asamblea Constituyente, y todo lo que de ello se ha derivado en términos políticos, económicos y sociales.

 Las violaciones de derechos humanos han sido pan de cada día bajo el gobierno de Peña Nieto, acusado además de posible corrupción.

Las violaciones de derechos humanos han sido pan de cada día bajo el gobierno de Peña Nieto, acusado además de posible corrupción.

— ¿Según tu punto de vista, cuáles serían los fundamentos políticos para gestar una alternativa anticapitalista en México? ¿Cuál sería su agenda de temas?

—El principal fundamento radica en lo que ha significado históricamente el capitalismo para nuestros pueblos: injusticia social expresada a través de la pobreza y la miseria de las grandes mayorías.

Se trataría de construir una agenda que contemple la dignidad humana a partir de estructuras democráticas, que sobre todo rescaten los postulados que los mayas zapatistas han enarbolado desde su levantamiento en 1994 y que se rigen sobre todo por el mandar obedeciendo, por el servir y no servirse. Una forma de organización social, política, económica y cultural en la que todos sean sujetos de derecho, sin distinciones y con plenas condiciones de igualdad.

Un pleno reconocimiento, en los dichos y en los hechos, de las diferentes nacionalidades que conforman a nuestros países, sobre todo hablando de México, con decenas de naciones integradas por las comunidades originarias en un mismo territorio, un espacio plurinacional.

Y cuando hablamos de sujetos de derechos, nos referimos al derecho universal a salud, alimentación, educación, trabajo, cultura, recreación, deporte, el derecho a la participación política plena.

Se trataría de superar el modelo de la democracia representativa y alcanzar una verdadera democracia participativa, sin cúpulas o élites, en la que las responsabilidades públicas no impliquen la oportunidad de enriquecerse o sentirse superiores, sino de servir a una colectividad.

Sin duda, este conjunto de ideas pueden ser compartidas desde muchas trincheras, pero el principal desafío es torcer las históricas divisiones de las izquierdas en México, y generar una plataforma común en que exista el firme convencimiento de la necesidad de superar un sistema que por más reformas y adecuaciones que se le hagan no puede garantizar la justicia social.

El capital, el verdadero ente hegemónico, no conoce de humanidad, ni de igualdad, su sustento es la explotación, la pobreza y la violencia sistémica que genera en la sociedad para mantener los privilegios de una minoría a costa del trabajo y la miseria de la mayoría.

— ¿Cómo caracterizarías desde el punto de vista de su composición social, política e ideológica a la coalición que llevó a AMLO al gobierno?

— Es una coalición multifacética que se generó alrededor de un líder y sus ideas. Desde la óptica de la geometría política, hay quienes la ubican como de centro, centro izquierda o socialdemócrata.

Tal vez esas denominaciones ya no dicen mucho hoy en día, porque en el ámbito partidario mexicano tanto en la izquierda como en la derecha se ha dado un fenómeno de intercambio de banderas, por pragmatismo u oportunismo.

En esta coalición no estuvieron ni están presentes importantes sectores de la izquierda con una larga trayectoria de lucha, destacando el zapatismo y la mayor parte del movimiento indígena, un sector importante de la intelectualidad, movimientos sociales autogestivos como el de Cherán, y otros sectores de la izquierda mexicana.

Aun así, podemos decir que en esta coalición que logró el triunfo de AMLO hay de todo. Desde sectores de izquierda hasta de la derecha. Por ejemplo, el próximo jefe de la Presidencia es uno de los empresarios más poderosos del país. Uno de los partidos que lo apoyaron, el PES, es profundamente conservador. Pero también tienes diputados que provienen de sindicatos combativos como los maestros de la CNTE.

Esa composición heterogénea le puede facilitar el cumplimiento de algunas de las expectativas por las que 30 millones de electores depositaron su confianza en el proyecto.

Sin embargo, esa misma condición puede resultar contraproducente en la medida en que al no ser verdaderamente profundos, los cambios terminen siendo cosméticos. El peligro radica en que, como dice la frase, no se puede ser amigo de todos, y entonces alguien resultará más beneficiado que otro con los resultados de un proyecto de gobierno.

A pesar de algunas señales preocupantes, esperaríamos que el beneficiado sea el pueblo, y que precisamente ahí se puedan ir generando los niveles de conciencia necesarios para darse cuenta que se puede mirar más lejos, que la organización popular puede lograr muchas cosas, y que a partir de diversas experiencias del pasado y del presente, es real que se pueden lograr grandes transformaciones.

Es decir, se puede lograr que la justicia social y la verdadera igualdad son posibles, que un país que tiene tanto, en recursos humanos y naturales, en capacidades y experiencias de lucha, en millones de mujeres y hombres dignos e íntegros, puede dejar de ser lo que es hoy y, como dicen los zapatistas, convertirse en un espacio de democracia, justicia y libertad.

ALGO MÁS

Nayar López Castellanos es Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), profesor-investigador y Coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de esta Universidad. Autor de numerosos artículos y de varios libros, entre otros: “Del plan Puebla – Panamá al proyecto Mesoamérica”; “Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil”, “Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI”. Además, es Coordinador del capítulo mexicano de la Red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Sobre todas las cosas, López Castellanos es un intelectual con la cabeza y el corazón puestos en las luchas populares de México y Nuestra América.

 

Miguel Mazzeo
-Rebelión

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Especial

Argentina: entre nuevas amenazas y militarización para las transnacionales

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Argentina: entre nuevas amenazas y militarización para las transnacionales Mauricio Macri

El Decreto 703 del 30 de julio de 2018 aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). Este nuevo decreto, posterior al 683 del 24 de julio que sustituyó artículos del Decreto 706 del 12 de junio de 2016, derogó el 1691 del 22 de noviembre de 2006 y habilitó la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ha recibido poca atención tanto por parte de defensores como de detractores.

Una lectura detenida de la DPDN muestra que se trata de un documento extenso, presuntuoso y con componentes inquietantes. Aunque quizás uno de los aspectos más llamativos es que no aclara cuáles tendencias, actores y fenómenos internacionales inciden específicamente en la Argentina y, en consecuencia, cuál es o debiera ser la política de defensa –acompañando la política exterior– en el corto, mediano y largo plazos. No se evalúa cuál es el efecto global, regional y nacional de la transición de poder a nivel mundial.

NUEVAS AMENAZAS

No hay una ponderación de situaciones contingentes concretas ni indicios de cómo y para qué debería prepararse, principalmente, el país y sus Fuerzas Armadas. Pone, adicionalmente, un exceso de atención en las llamadas “nuevas amenazas” de procedencia no estatal tales como el narcotráfico y el terrorismo y es muy escaso el tratamiento de los retos clásicos y aún vigentes en materia de defensa. Tácitamente se insinúa que la potencialidad de agresiones provenientes de otros estados, las pugnas interestatales en torno a recursos energéticos, las disputas territoriales y marítimas, entre otras, son y serán irrelevantes.

Altos funcionarios –el presidente, algunos ministros, secretarios del área respectiva– reiteran que las hipótesis de conflicto del pasado, básicamente de naturaleza estatal, están perimidas: hoy –y hacia el futuro– no habría ni retos ni peligros de ese tipo. La DNPN es simultáneamente idealista y sesgada en cuanto a la cuestión de las amenazas.

Intentaré sustentar esta aseveración y daré un ejemplo. La Directiva comienza con una “apreciación del escenario global”. Afirma que “el actual escenario internacional se caracteriza por una creciente complejidad e incertidumbre.” Hasta allí nada original ni relevante. Advierte que “en la actualidad, algunas potencias evalúan que la arquitectura del sistema de seguridad internacional no ofrece las mismas garantías para todos los Estados.

UNILATERALISMO

Esta caracterización ha promovido el cuestionamiento de los encuadramientos jurídicos que regulan la utilización de la fuerza.” Un punto interesante que no se precisa ni se desarrolla. A continuación destaca la evidente crisis del multilateralismo, pero sobredimensiona el foro que temporalmente preside la Argentina y otro del cual quiere ser miembro. En efecto, señala que el Grupo de los 20 (G-20) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “expresan la aún persistente confianza en la utilización de instancias de articulación internacional y gobernanza global.

El accionar de estos organismos constituye un factor de peso que balancea la disposición de ciertos actores al unilateralismo, al tiempo que confirma la existencia de tendencias contrapuestas en el escenario internacional.” Esta aserción exagera el papel del G-20 y la OCDE y desconoce que aún en esos marcos multilaterales hay actores que recurren cada vez más sistemáticamente el comportamiento unilateral y prefieren el bilateralismo ejercido desde una posición de fuerza.

Más adelante sostiene que “la redistribución del poder global podría generar situaciones de conflicto.” La potencial mayor conflictividad no es una condición coyuntural o novedosa sino que, en esencia, la pugnacidad es el rasgo habitual y reiterado de los procesos de redistribución de poder pues un actor estatal tiende a declinar y otro (u otros) a ascender y, por la tanto, la competencia se acrecienta y expande.

AMENAZAS EXTERNAS

Esta constatación debiera llevar, naturalmente, a entender que las amenazas externas de origen estatal seguirán primando. Sin embargo, la Directiva tiende a concentrarse más en las formas “no tradicionales de agresión”. Así, por ejemplo, “la diseminación masiva de información falsa y el reemplazo de las tropas regulares por organizaciones irregulares” constituyen una tendencia presuntamente novedosa. Asimismo, “el terrorismo internacional configura uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información.”

A su turno, las “redes terroristas explotan el ciberespacio para reclutar miembros, recaudar fondos y difundir su propaganda”. Además de confundir medios con actores, el énfasis sobre las llamadas “nuevas amenazas” supone un equívoco fundamental: no todos los problemas por ser globales se expresan de igual forma, intensidad, alcance e impacto en todas las regiones y países.

Perforadoras petroleras yacimiento de hidrocarburos

INTERESES NACIONALES

La desvalorización de las eventuales agresiones de origen estatal es no solo cándida sino también disfuncional para los intereses nacionales. Me ceñiré al caso de Neuquén, una provincia fronteriza. La Argentina es, junto a China, Estados Unidos y Canadá, una potencia mundial en materia de hidrocarburos no convencionales. La mayor formación shale de ese tipo de hidrocarburo se localiza en Vaca Muerta, Neuquén. El espacio que ocupa es similar al tamaño de Suiza. Se estima que sus reservas alcanzan a unos 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas.

Además de YPF han realizado inversiones, entre otras, Chevron, Exxon Mobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. Según el informe de mayo de 2018 sobre Vaca Muerta de PwC (Price Waterhouse Coopers), “la atracción de capital” será esencial para la producción y exportación de petróleo y gas y ello implica que “se requiere una inversión de US$ 120.000 millones dólares hasta 2030”.

INTERESES MILITARES

Ahora bien ¿qué nos enseñan la historia y las relaciones internacionales en materia de recursos energéticos? Algo relativamente sencillo: para las grandes potencias, declinantes y emergentes por igual, los intereses de las empresas en los hidrocarburos son, también, intereses gubernamentales y los intereses gubernamentales incluyen intereses militares.

Paralelamente, se sabe que la existencia de grandes riquezas naturales en países de la periferia puede alentar conflictos, generar despilfarro y estimular la volatilidad, entre otros.

GEOPOLÍTICA EN NEUQUÉN

Es de suponer, entonces, que un activo estratégico como Vaca Muerta, que el gobernador Omar Gutiérrez llamó en julio de este año la “segunda pampa húmeda” del país, debe ser objeto de suma atención, seguimiento y aseguramiento. Su mejor protección y buen usufructo pasa por un conjunto de buenas políticas públicas en distintos frentes.

Justo en la provincia donde se ubica ese gran recurso se acordó en 2010 con la Agencia Espacial Nacional de la República Popular China la instalación de una Estación Satelital que comenzó sus operaciones en octubre de 2017.

Desde hace un buen tiempo Washington se mostró inquieto por ese acuerdo y su entrada en funciones incrementó su preocupación. A su vez, en junio de 2018 el gobierno de Estados Unidos informó que financiará la construcción de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias en Neuquén. Este proyecto se enmarca en el programa de Asistencia Humanitaria y Respuesta de Desastres del Departamento de Defensa.

En breve hay que preguntarse: ¿se tuvo y se tiene en claro el valor geopolítico global que ha adquirido la provincia de Neuquén? ¿Qué efecto puede tener en torno a Vaca Muerta lo que destaca la DPDN cuando dice que “la redistribución del poder global podría generar situaciones de conflicto”?

¿Cómo se vinculan y refuerzan la política exterior y de defensa para reducir la vulnerabilidad del país ante eventuales -por supuesto, no inexorables- amenazas derivadas de las pugnas entre las superpotencias? En realidad, el hincapié en las “nuevas amenazas” de los decretos 683 y 703 conduce a desatender cuestiones mucho más esenciales para el bienestar, la seguridad y la autonomía de la Argentina.

 

Juan Gabriel Tokatlian
Página | 12. Profesor plenario de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

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