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Editorial

El Estado debe llegar a todo el Perú

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La propuesta de reforma lanzada por el Gobierno ha elevado al máximo la temperatura en el ambiente político del país. Esto es más notorio, a pocas horas de que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acuda al Parlamento para sustentar los 12 proyectos de ley del Ejecutivo.

Al decir del jefe del Gabinete ministerial, la propuesta busca modificar el sistema político y el judicial, con la finalidad de frenar la infiltración de la corrupción en la política y en la administración de justicia.

Empero, como dice la frase proverbial, no se puede hacer tortillas sin romper huevos. Es por ello que más de un congresista –mejor dicho las bancadas del Apra y Fuerza Popular– han saltado hasta el techo y la han emprendido contra el presidente Martín Vizcarra cuando se enteraron que la reforma pasa también por modificar el tema de la inmunidad parlamentaria para que la Corte Suprema pueda levantarla en caso un legislador incurra en actos punibles.

A pesar del desmadre que se ha armado, el presidente Vizcarra espera que hoy los congresistas que representan la voluntad del pueblo otorguen el voto de confianza.

No obstante que el termómetro político está a punto de estallar por los caldeados ánimos en el Palacio Legislativo de la Plaza Bolívar, hay otros termómetros que señalan que la temperatura nocturna descenderá en zonas altoandinas, por encima de los 3,000 metros de altitud, desde hoy martes y hasta el próximo sábado, llegando a extremos de 18 grados bajo cero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha alertado de ello, pero al parecer ninguna autoridad del Gobierno se ha dado por enterada por estar pendiente de lo que ocurra en el Congreso.

El Ministerio de Salud debería estar actuando con la rapidez que el caso amerita para defender a nuestros hermanos que están padeciendo las inclemencias del clima no solo por las heladas en la sierra, sino también por el friaje en la selva.

Los departamentos afectados por las bajas temperaturas nocturnas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.Ya es hora de que las autoridades pertinentes se pongan a trabajar. El Estado debe llegar a todo el Perú.

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Editorial

Acantilados de la Costa Verde

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Ante el peligro de derrumbes en la zona, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha declarado en estado de emergencia, por 60 días, los acantilados de la Costa Verde, algo que se ha debido haber hecho hace mucho tiempo, y es difícil comprender por qué se ha tardado tanto en reaccionar, cuando existen artículos periodísticos de hace casi 40 años que daban la voz de alerta sobre ese problema. La medida, que busca prevenir el alto riesgo y peligro de derrumbes, comprende a seis distritos: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

Desde entonces poco o nada se ha hecho, pero a principios de setiembre de este año, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el general EP Jorge Chávez Cresta anunció que su institución expondría en los próximos días la propuesta de declaratoria de emergencia de los acantilados de la Costa Verde ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), solicitud que también fue presentada a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Qué bueno que haya instituciones que sí cumplen con los fines para las que fueron creadas, como es el caso del Indeci.

La norma, publicada ayer en el diario Oficial El Peruano, dispone que la Municipalidad Metropolitana de Lima y los gobiernos locales afectados por la medida, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los ministerios de Vivienda, Energía y Minas, Ambiente, de Defensa, del Interior, de Educación y demás entidades competentes en cuanto les corresponda, ejecutarán acciones inmediatas. Precisamente, son los municipios los que han permitido que el problema vaya creciendo hasta hoy en día y se convierta en una bomba de tiempo.

Hay estudios al respecto que indican que no se debe construir edificios cerca de los acantilados de la Costa Verde, pero al parecer a los municipios poco les interesó hasta que recientemente se deslizó parte de uno de los acantilados, a la altura de Magdalena y fue recién entonces que esa comuna decidió suspender el otorgamiento de licencias de construcción. Esas zonas solo pueden ser aptas para áreas verdes y quizá algunas lozas deportivas, pero no se debe aprobar licencias de construcción en las zonas que no estén a más de 150 metros. Ojalá, pues, que nuestras autoridades municipales tomen conciencia del peligro que eso acarrearía La vida de muchas personas está en verdadero peligro.

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Editorial

Fujiaprismo se esmera

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El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, ha dicho –solícito él– que el Poder Legislativo está atrasado en la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y que el Perú no puede volver a vivir tiempos pasados en que se quedó “con un TC que podía, por el tiempo en que había prescrito su mandato, no tener validez en cuanto a sus sentencias”. Además, ha subrayado en conferencia de prensa que “no podemos caer en que eventualmente sus sentencias [del TC] puedan ser cuestionadas”

Sin embargo, Olaechea no se ha referido de la misma manera al enorme atraso existente por parte del Legislativo en cuanto a la reforma propuesta por el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales del año 2021 al 2020. Pareciera que para eso sí puede el Congreso de la República tomarse todo el tiempo del mundo, inclusive consultar a cuanto especialista se les ocurra, incluyendo a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, cuya visita serviría para preparar un borrador de opinión que sería visto en la próxima sesión de ese organismo que se realizará los días 11 y 12 de octubre próximo.

Según han advertido los expertos, las opiniones de la llamada Comisión de Venecia no son vinculantes; es decir, que el Congreso será libre de tomarlas en consideración o desecharlas según le convenga. Pero lo peor de todo es que los plazos legales para la convocatoria a las próximas elecciones presidenciales y congresales siguen corriendo y con eso sería prácticamente inútil un eventual adelanto de los próximos comicios, pues la mayoría fujiaprista argumentará que el gasto podría ser innecesario.

Queda muy en claro, entonces, la maniobra del fujiaprismo parlamentario: postergar lo más que se pueda la reforma para el adelanto de las elecciones porque –según él– para eso sí hay un camino regular y acelerar al máximo con la elección de los nuevos miembros del TC para buscar allí también una mayoría a su medida. El presidente Martín Vizcarra, por su parte, ha pedido que la reforma sea debatida en el Pleno antes del 30 de setiembre.

De no ocurrir eso, el Jefe del Estado tendría el camino libre para hacer cuestión de confianza y, de persistir el Legislativo en su tozudez, evaluar la posibilidad de un eventual cierre del Parlamento como es el clamor general. Ojalá no se llegue a estos extremos, de tener que cerrar el Congreso, pero el fujiaprismo del Legislativo está haciendo todos los méritos necesarios, y vaya que se esmera.

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Editorial

Justicia que tarda no es justicia

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En el Perú ya nada sorprende, pero a pesar de ello no deja de llamar la atención que una familia haya sostenido durante 20 años un proceso judicial contra el Estado reclamando la propiedad de Machu Picchu. Parecería cosa de locos, de no ser porque el asunto es mucho más serio de lo que se pudiera pensar. Sabido es que en el Perú la justicia camina a paso de tortuga y que los litigantes tienen que subir y bajar numerosas veces las escaleras del Palacio de Justicia antes que sus escritos pasen de una ventanilla a otra.

Sin embargo, es increíble que en pleno siglo XXI el Estado tenga que gastar los recursos de todos los peruanos para que el Poder Judicial por fin resuelva lo que es evidente: el patrimonio arqueológico de la nación no puede estar en manos de particulares, le pertenece al Estado; es decir, a todos los peruanos. La resolución no ha salido sino después de 20 largos años de batallas legales, cabría preguntarse, entonces, qué estará pasando con los juicios que están llevando por una u otra razón ciudadanos de escasos recursos.

Se trata, en realidad, de una situación que debería ser resuelta cuanto antes. Sin embargo, no hay hasta el momento una reforma que remueva desde sus cimientos nuestro sistema de justicia. Ofrecimientos y anuncios se ha hecho al por mayor, pero hasta ahora sin resultados a la vista. Ya tenemos el caso del Consejo nacional de la Magistratura que ha sido reemplazado por otro organismo, cuyos resultados están en veremos. Hemos visto cómo operaban los jueces de los “Cuellos blancos del Callao”, pero hasta ahora no vemos ninguna reforma integral de nuestro sistema judicial.

La pregunta es qué estamos esperando. ¿Acaso queremos que se vayan todas las inversiones por falta de garantías para una buena administración de justicia? Claro que no. Pero, entonces, le toca al Gobierno pasar de las palabras a los hechos con las reformas anunciadas, entre ellas la del sistema judicial. Debemos desechar para siempre aquella expresión de “La justicia tarda, pero llega” o mejor cambiarla por otra que diga “justicia que tarda no es justicia”.

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