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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

Política

Patrones del mal

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Jorge del Castillo y Alan García Pérez

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que el segundo gobierno de Alan García trabajó como una organización criminal al servicio del narcotráfico. El Ministerio Público podría reabrir el caso Narcoindultos y ahora sí llegar a la verdad

Tras revelarse los audios que vincularían al excongresista Jorge del Castillo con el cambio de testimonio de un testigo en el caso Narcoindultos, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, advirtió en entrevista con Canal N que el segundo gobierno de Alan García trabajó al servicio del narcotráfico, en referencia a los indultos y conmutaciones de penas a miles de sentenciados por esta actividad delictiva.

Cateriano consideró que el caso Narcoindultos es de una gravedad que debería indignar a la ciudadanía, y que resulta “inaceptable” que el gobierno de García haya beneficiado a narcotraficantes.

“Estamos ante una organización criminal que benefició al narcotráfico. Esa es la magnitud del escándalo del caso Narcoindultos. Mientras estuvieron en el poder tenían fiscales y jueces supremos a sus servicios, con un Tribunal Constitucional genuflexo”, cuestionó.

En esa línea, señaló que Del Castillo fue el “abogado ciego y fanático defensor de Alan García”. “Así como ocurrió en la primera investigación realizada en la cámara de diputados, también en el segundo gobierno aprista Del Castillo se dedicó a obstruir las investigaciones. Se intentó ridiculizar la labor de Sergio Tejada (presidente de Megacomisión del Congreso), luego vino una confrontación más agresiva, y finalmente una pelea total política de García contra Humala”, recordó.

En otro momento el expresidente del Consejo de Ministros calificó de “escándalo” el hecho de que los fiscales supremos cercanos al fujiaprismo todavía se mantengan en sus cargos, y afirmó que el país no pudo conocer la verdad de lo acontecido con los Narcoindultos porque el Apra y el fujimorismo tenían en la Fiscalía y en la Corte Suprema “dignatarios que los protegían y evitaban la labor de la justicia”.

Cateriano señaló que el narcotráfico representa uno de los flagelos del país y por tanto, que el gobierno de Alan García haya beneficiado a esta actividad criminal merece una amplia y exhaustiva investigación. “Por razones políticas e intereses económicos se ha impedido que el país conozca la verdad, pero esa puede ser una tarea del próximo Congreso: formar una comisión investigadora que no bloquee como hicieron apristas y fujimoristas”, indicó.

llos (el Apra) a lo largo de su historia política han empleado la guerra sucia para confundir y tergiversar los hechos, y como lo decía Alan García, ‘si no puedes convencer, confunde’. En eso el líder aprista fue insuperable, apuntó. Sin embargo, agregó que ya sin inmunidad parlamentaria, Del Castillo tendrá que someterse a la acción de la justicia como cualquier ciudadano.

DEBE REABRIRSE EL CASO

Por su parte, el investigador y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, coincidió en señalar que el Ministerio Público debe reabrir las investigaciones por el caso Narcoindultos. “No es posible que solo haya una persona en la cárcel por este caso, así que esta es una buena oportunidad para sacar la verdad a la luz”, indicó. Además, advirtió que la atención hacia Jorge del Castillo se está desviando a un tema escandaloso pero más inocuo, dado que el caso del pago irregular una trabajadora en el Congreso no tiene la envergadura de un caso donde se benefició a narcotraficantes.

Antezana señaló que, desde una perspectiva sociológica y al margen de la opinión de la Fiscalía, el Apra ha actuado como una organización criminal. En este sentido, recordó que además del vínculo ahora conocido con el caso Narcoindultos, están las investigaciones por presunta corrupción y vinculación a redes criminales a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Luciana León.

“Se dice que los partidos no son organizaciones criminales, pero eso es en la literatura; en la realidad muchos terminan siendo controlados por estructuras criminales con varias actividades delictivas sistemáticas”, denunció.

Para el investigador, que el exnarcotraficante apodado “Brasil” haya expresado temor por las presuntas amenazas de integrantes del grupo paramilitar Rodrigo Franco, son un indicador de que sabía con quién se estaba involucrando cuando cambió de versión: “El Apra siempre ha tenido aparato de choque, al margen de cómo se llame. Entonces, si cambias de versión, es por plata o es por amenaza. En este caso es evidente que fue por miedo”.

ALGO MÁS

Finalmente, Antezana incidió en la importancia de que el Ministerio Público profundice en las investigaciones del caso, y advirtió que ante la ausencia del suicida presidente Alan García, el condenado Facundo Chinguel ya no tiene a quien ser leal y, al igual que Luis Nava, podría tener mucho para declarar ante los fiscales.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Hay una campaña para forzar la vacancia de Vizcarra

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Martín Vizcarra Cornejo

Hay una campaña orquestada para forzar la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

Fue al comentar la denuncia sobre el supuesto pago irregular a un consorcio vinculado al Club de la Construcción por parte del gobierno regional de Moquegua cuando estaba bajo su administración en el 2014.

“No [considero] que no se tenga que investigar al Presidente, pero la Constitución es clara cuando se dice que se le investiga y acusa al final de su mandato, y lo que creo es que hay detrás una campaña orquestada para nuevamente forzar una vacancia o una renuncia. Creo que detrás hay eso, y esta campaña por momentos sube en intensidad y baja”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo estoy en contra de eso [de plantear la vacancia], porque viola lo dispuesto por la Constitución y tenemos que aprender a que el Presidente de la República cumpla con su mandato, pero lo que hay acá es una distorsión burda del sistema constitucional con fines políticos para intentar obstruir la acción de la justicia. Así lo veo claramente”, manifestó.

CAMPAÑA NO HA CESADO

El expremier dijo, en ese aspecto, que si el Jefe del Estado ha cometido un acto ilícito se le tiene que sancionar. Refirió, sin embargo, que el intento por sacarlo del cargo, no ha cesado.

“Si el señor Vizcarra ha cometido algún acto administrativo ilícito de acuerdo a la Constitución se le tiene que sancionar al finalizar su mandato. En lo que yo estoy completamente en desacuerdo es que se plantee permanentemente como mecanismo de solución a los problemas del Perú la vacancia del Presidente, que es el lema de campaña de fujimoristas y apristas”, refirió.

“Esta campaña por intentar vacar al presidente Vizcarra no ha cesado, tiene por momentos una intensidad, luego baja, pero hay una constante de que hay que vacar al presidente Vizcarra y es que dentro de este contexto que estoy en contra de estas campañas periodísticas” manifestó

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Política

Rechazó ampliar por 12 meses prisión preventiva contra Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

Martín Belaunde Lossio, quien estuvo vinculado al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, podría recuperar su libertad en las próximas horas, porque el último lunes se venció el mandato de prisión preventiva de 24 meses que se dictó en su contra.

Después que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazara el pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses más el mandato de prisión preventiva que se le impuso por el caso Antalsis, el tribunal superior resolvió por mayoría confirmar la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción que rechazó en primera instancia el requerimiento fiscal.

El pasado lunes, se cumplió el plazo de 24 meses de prisión preventiva dictado contra Belaunde Lossio por el caso Antalsis. El empresario no tiene ningún otro mandato de este tipo por los casos ‘La Centralita’ y Odebrecht, en los que también se encuentra involucrado.

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