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Editorial

El elector decide

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El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó por mayoría que los miembros del disuelto Congreso de la República puedan postular a los comicios parlamentarios del 26 de enero de 2020.La decisión del colegiado considera que la regla establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política no se puede aplicar al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria.El acuerdo adoptado, señala el máximo organismo electoral, es producto de un amplio y profundo debate en el que se revisó de manera técnica los alcances de la normatividad constitucional y la legislación electoral.

Así las cosas, queda en manos de los electores evitar que salgan elegidos los mismos congresistas que no hicieron nada por la población y solo se dedicaron a ver por sus propios intereses. Hasta el último se aferraron con dientes y uñas a su sueldo de congresistas, inclusive después de la disolución constitucional del Congreso, al que ven únicamente como su principal fuente de empleo y de poder. Lo que opinen los electores es lo de menos, según lo han dicho los Mulder y compañía. Lo que habría que averiguar es con qué cara van a pedirle ahora el voto a los ciudadanos, cuando el 85% ha estado de acuerdo con que se vayan todos a su casa.

El problema es ahora que la ciudadanía tiene muy poco tiempo para ponerse al tanto de la forma en que funciona el voto preferencial y la elección de la lista. Si un ciudadano quiere elegir mediante el voto preferencial a un determinado candidato, debe tener en cuenta que primero deberá marcar la lista. En otras palabras su voto sumará para el ingreso de los primeros de la lista, por lo que si corresponden a candidatos procesados o cuestionados, sería mejor no votar por esa lista aunque eso signifique no poder hacer uso de su voto preferencial como era su intención.

Lo que todo elector debe tener claro es que los congresistas que se elija completarán el período 2016–2021; es decir, no estarán cinco años y por lo tanto no tendrán oportunidad de presentar grandes proyectos salvo que sean personas preparadas. En todo caso, no sería negocio votar por candidatos telegénicos que a la larga poco o nada podrán aportar a la tarea legislativa. Queda claro, entonces, que está en las manos de todos los ciudadanos la calidad de congresistas que tendremos por un año. Ojalá los electores no se equivoquen ni se dejen convencer por vendedores de sebo de culebra.

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Editorial

Cuento de nunca acabar

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Un dantesco incendio consumió ayer en la madrugada un centro comercial ubicado en la cuadra 14 de la calle Elías Aguirre, de la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales. Del centenar de puestos repletos de mercadería, cerca del 90% fue devorado rápidamente por las llamas a pesar de los denodados esfuerzos de los bomberos y de pobladores que solícitos llegaron para ayudar a sofocar el fuego. De las primeras versiones, se supo que la causa sería un cortocircuito.

Este tipo de emergencias no son novedad para los bomberos por esta época del año. En una anterior oportunidad nos hemos referido desde esta columna a la necesidad de extremar todas las medidas de seguridad para evitar hechos de esta naturaleza que no solo comprometen el patrimonio de mucha gente, sino que también ponen en peligro la vida de los vecinos y hasta de los efectivos del cuerpo de bomberos, cuya abnegada y desinteresada labor es reconocida por toda la sociedad.

Todos los años, en el mes de diciembre, se producen los incendios en domicilios, negocios y centros comerciales. Basta recordar lo ocurrido en 2001 en la céntrica zona de Mesa Redonda, en pleno centro de Lima, donde las abarrotadas calles se convirtieron en una verdadera trampa mortal para más de 280 personas que murieron calcinados luego que una bombarda prendiera la mecha de una tragedia anunciada. Las responsabilidades eran más que evidentes, pero hasta ahora muy poco se ha aprendido de esa tragedia que enlutó cerca de trescientos hogares peruanos.

Lo que ha ocurrido recientemente en Iquitos podría pasar en cualquier lugar de Lima y también de otras regiones del país. Este año no hemos visto campañas en los medios de comunicación que alerten del peligro de almacenar materiales altamente inflamables en las galerías de estrechos pasillos que en las cercanías de la Navidad lucen repletas de gente. Peor aún si los tomacorrientes están sobrecargados para la exhibición de las luces navideñas.

Defensa Civil es la autoridad que se encarga de dar el visto bueno para que los municipios puedan expedir licencias, pero la verdad es que muchos comerciantes le sacan la vuelta a las normas. Ojalá que este año no tengamos que lamentar pérdidas de vida por incendios, sobre todo en las cercanías de la Navidad para que esta fiesta cristiana sea verdaderamente símbolo de paz, unión y alegría.

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Editorial

En nombre de todos los usuarios

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Como parte de las acciones de control que vienen realizando en las últimas dos semanas, el personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha enviado al depósito 194 vehículos que prestaban servicio informal en Lima y Callao, según ha informado la referida institución. Estas operaciones, aunque se realicen en forma periódica pueden resultar poco fructíferas sino infructuosas debido a la falta de una solución integral al problema del transporte urbano de pasajeros que se agrava cada día más y especialmente en estas fechas en que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año.

Y no es por bajarle la llanta, por decirlo de alguna manera, al trabajo sacrificado que realiza el personal de la ATU, así como el de los inspectores de la Municipalidad de Lima, quienes muchas veces sufren agresiones por parte de los transportistas informales, y se ha visto casos, inclusive, en que se han salvado por un pelo de que les pase el carro por encima cuando los choferes infractores han pretendido darse a la fuga, burlándose hasta de la propia Policía Nacional. Así, los transportistas informales hacen tabla rasa de todas las leyes alegando su derecho al trabajo.

No obstante, sería bueno recordarles a las autoridades la necesidad de que se habilite las rutas de los corredores urbanos que faltan, y que se incremente el número de unidades del Metropolitano, donde es un suplicio viajar en horas punta. Bastaría que las autoridades traten de abordar una de estas unidades en hora punta para que verifiquen “in situ” la realidad que padecen miles y miles de ciudadanos todos los días; dicho sea de paso, el costo del pasaje no es ninguna ganga S/ 2.50. También hay que avanzar a toda máquina con los nuevos ramales del Tren de Lima.

Después de todo eso, el Gobierno debe integrar todos los sistemas de transporte con los alimentadores para que con un solo pasaje se pueda tomar interconexión como en otros países. Ese sistema de los corredores viales fue pensado para ese tipo de transporte por la exalcaldesa Susana Villarán, pero su sucesor, Luis Castañeda Lossio, no lo comprendió así. Al mencionar todo esto, esperamos que las autoridades pertinentes se den cuenta de una vez por todas que si hay una oferta de transporte informal es porque existe una demanda insatisfecha; es decir, que no es atendida, y es por eso que las operaciones contra los vehículos del transporte informal de pasajeros no serán nunca una solución definitiva. Elevamos nuestra voz en nombre de todos los usuarios.

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Editorial

¿Sacando pecho por la educación?

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La ministra de Educación, Flor Pablo, ha dicho que los resultados de la Evaluación PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) revelan que el Perú es el único país de Latinoamérica que continúa “superándose a sí mismo” en la mejora del rendimiento de sus escolares. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) no debería hacer tanto aspaviento con los resultados de la nueva prueba PISA porque de hecho nuestro país se encuentra por debajo del promedio de las naciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Lo que es peor, de acuerdo a los resultados obtenidos, el Perú es el país con mayor desigualdad escolar entre escuelas públicas y privada. Eso sí que es grave. Es verdad que en los países latinoamericanos hay mayor segregación, pues los pobres van a escuelas para pobres y los ricos van a colegios de ricos; es decir, nunca se mezclan, pero nuestro país está a la cabeza en este grupo. Si el Estado tuviera un mayor aporte en las escuelas, esta situación se revertiría. En países como Finlandia los ricos también van a escuelas estatales porque el Estado se hace cargo de la educación en general.

Hace varios años que el Estado ha venido construyendo locales escolares, inclusive Alberto Fujimori se jactaba que podía inaugurar un colegio por día. Más adelante, durante el régimen aprista del presidente Alan García también se reconstruyó locales de los llamados colegios emblemáticos y hasta fundó el denominado Colegio mayor. Claro que sí, quedaron muy pintaditos los locales, sus ventanas con vidrios completos y aulas con todas sus puertas. Habría que preguntarnos cuál fue el aporte a la educación, de los últimos Gobiernos. Lo importante para esos dos regímenes fue, en realidad, la inversión en infraestructura y no la actividad educativa.

Sería bueno que el Minedu, en vez de sacar pecho por una leve mejora en la prueba PISA, que según especialistas no considera las diferentes realidades, se ocupe de que todos los colegios públicos cuenten con una plana docente de primer nivel, dotar de laboratorios completos a los centros educativos a cargo del Estado. El internet no debe faltar en las bibliotecas ni en las aulas escolares. También se requiere de infraestructura deportiva y ocuparse de que los escolares no vayan con el estómago vacío a sus clases, Después de eso, se podrá evaluar los resultados.

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