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Editorial

El dueño del Congreso

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Al sustentar su cuestionado proyecto de ley que busca prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, el legislador aprista Mauricio Mulder criticó al relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, por haberle pedido informes sobre su propuesta. “No tengo nada que responderles”, ha dicho autosuficiente y como si se creyera dueño del Congreso, donde supone debe hacerse todo lo que él dice y ordena, aunque de las diferentes bancadas surjan voces que tratan de hacerle entrar en razón respecto a su iniciativa que no tiene justificación alguna.

Pareciera que el proyecto de Mulder más que una necesidad pública raya en un abuso del poder, y eso es peligroso. En efecto, el abuso del poder es un acto perverso, que daña a las personas. Por eso es que la democracia nació en Atenas y la república en Roma, como respuesta en ambos casos, a gobiernos autocráticos. Ejemplos sobran a lo largo de la historia. Salvando las distancias, recordamos el caso de Adolf Hitler, en Alemania, y Josef Stalin, en la Unión Soviética. Ambos fueron dictadores que usaron el poder para servir a sus propios intereses.

Aunque el legislador aprista Mauricio Mulder crea que todas las iniciativas que presente en el Parlamento tienen que ser aprobadas, inclusive exonerándolas de su debate en comisiones, la prensa libre se opone a este tipo de proyectos sin pies ni cabeza, que afectarían las campañas informativas que el Estado debe realizar para informar a los pobladores sobre la importancia de la vacunación o la interrupción de vías de comunicación por los desastres naturales, así como temas de la seguridad social y otros. En eso no ha pensado el señor Mulder y solo se limita a proponer el uso de las redes sociales. ¿Bastarían acaso las redes sociales para alertar a la gente de Puno que deben proteger a los niños del frío porque llega la época de las heladas?

Nadie ha elegido al señor Mulder para ser fiscalizador de los medios de comunicación. Qué tiempos aquellos en que el recinto legislativo albergaba a parlamentarios como Luis Alberto Sánchez, Andrés Townsend Ezcurra, Héctor Cornejo Chávez, Roberto Ramírez del Villar o Javier Diez Canseco, entre otros. Si los comparamos con el actual Congreso, estamos convencidos que los nombrados marcaron un ritmo diferente y ecuánime.

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Editorial

Hasta ahora no se va

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El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, reveló que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, le dijo que, por todas las acusaciones en su contra, iba a sacar de su cargo al jefe de seguridad y prevención Walter Jibaja, hombre muy cercano a Keiko Fujimori.

Galarreta hasta ahora no cumple con su palabra, pero sí lo hizo cuando amenazó a la prensa con aprobar la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.

Jibaja, efectivamente, sigue siendo jefe de seguridad del Congreso dominado por Fuerza Popular y, según fuentes de Fuerza Popular, no renuncia a su cargo, tal como lo han pedido seis bancadas congresales, por orden de la lideresa Keiko Fujimori.

Hay suficientes motivos por los cuales Jibaja debe dejar el cargo como, por ejemplo, el copamiento de simpatizantes de Fuerza Popular en el área que maneja, la militancia confesa de él en el fujimorismo, denuncias de que el grupo de trabajadores a su mando realiza seguimientos a congresistas de oposición.

El hecho que Jibaja siga al frente de la jefatura de seguridad del Parlamento es una evidencia que Luis Galarreta no escucha el pedido de seis bancadas para que el keikista dé un paso al costado, porque alguien que considera que Fuerza Popular es el Real Madrid de la política peruana es un peligro para los legisladores críticos al fujimorismo.

Hay congresistas que han pedido con su firma y su voz que Jibaja no les infunde la seguridad debida en su centro de labores que es el Parlamento sino todo lo contrario; sin embargo, hasta ahora, pese a las denuncias fundadas, Walter Jibaja sigue al frente de un personal que estaría, además, en una campaña de desprestigio mediante redes sociales de todo aquel que no piensa como los integrantes de Fuerza Popular, es decir, como Keiko Fujimori.

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Editorial

El Ejecutivo se pone las pilas

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La Tercera Ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción. Ante la aberrante y atentatoria Ley Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, la reacción del Ejecutivo no se podía hacer esperar y mañana jueves presentará la demanda de inconstitucionalidad.

Ya el presidente Martín Vizcarra mostró su rechazo a la propuesta del aprista Mauricio Mulder, confabulado con un fujimorismo que lleva la sartén por el mango.

La norma entró en vigencia ayer, luego que fuera publicada el pasado lunes. Poco o nada importó que en marzo último fuera observada por el Ejecutivo.

Resulta interesante saber si los medios del Estado, llámese su canal de televisión, su radioemisora, el diario Oficial El Peruano y sus consiguientes páginas webs, están en condiciones de llegar a todos los recónditos lugares del país.

También resulta iluso pensar que el Estado tenga la exclusividad en la difusión de temas vinculados a desastres o emergencias, así como a campañas de educación electoral. Objetivamente, los medios del Estado no tienen el alcance ni el impacto de los privados. ¿Qué será de ese 40% de peruanos que no tiene acceso diario a Internet?

Eso no parece importarles al aprismo y Fuerza Popular, partidos con sed de venganza contra la prensa fiscalizadora. Una vez más, los fujimoristas pretenden tomar más poder. El Congreso pretende obtener un poder que la Constitución no le otorga.

Hace bien el Ejecutivo en reaccionar frente a la prepotencia del Legislativo. Por el bien del país, esperamos que hoy, después de la sesión del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Salvador Heresi, brinde amplios detalles acerca de la acción de inconstitucionalidad. Heresi dijo que la reacción del Ejecutivo será novedosa, innovadora y contundente, aunque ello implique un nuevo choque con la mayoría fujimorista, empeñada en poner trabas al desarrollo del país.

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Editorial

Walter Jibaja debe irse

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El parlamentario Carlos Bruce relató anoche, en una entrevista con Mávila Huertas de Canal N, que el actual jefe de seguridad del Congreso, Walter Jibaja, lo amenazó de muerte después que el congresista en épocas del gobierno de Ollanta Humala reveló que era homosexual.

Carlos Bruce dijo que Jibaja se disculpó por la amenaza, mediante las ondas radiales de RPP, pero se sorprendió que Jibaja hasta ahora siga siendo jefe de seguridad del Parlamento. “No puede ser que alguien que haya amenazado de muerte a un congresista sea jefe de seguridad del Legislativo”, dijo totalmente sorprendido.

Jibaja efectivamente sigue siendo jefe de seguridad del Congreso dominado por Fuerza Popular y, según fuentes de Fuerza Popular, no renuncia a su cargo, tal como lo han pedido seis bancadas congresales, por orden de la lideresa Keiko Fujimori.

Hay suficientes motivos por los cuales Jibaja debe dejar el cargo como, por ejemplo, el copamiento de simpatizantes de Fuerza Popular en el área que maneja, la militancia confesa de él en el fujimorismo, denuncias de que el grupo de trabajadores a su mando realiza seguimientos a congresistas de oposición.

El hecho que Jibaja siga al frente de la jefatura de seguridad del Parlamento es una evidencia que Luis Galarreta no escucha el pedido de seis bancadas para que el keikista dé un paso al costado, porque alguien que considera que Fuerza Popular es el Real Madrid de la política peruana es un peligro para los legisladores críticos al fujimorismo.

Hay congresistas que han pedido con su firma y su voz que Jibaja no les infunde la seguridad debida en su centro de labores que es el Parlamento sino todo lo contrario; sin embargo, hasta ahora, pese a las denuncias fundadas, Walter Jibaja sigue al frente de un personal que estaría, además, en una campaña de desprestigio mediante redes sociales de todo aquel que no piensa como los integrantes de Fuerza Popular, es decir, como Keiko Fujimori.

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