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Editorial

El Congreso y La Parada

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El desprestigio del Congreso de la República, agravado en las últimas horas por nuevos audios que evidencian la desvergonzada conducta de uno de los tres parlamentarios protagonistas de escándalos cuya separación hemos planteado como urgente y necesaria, no solo requiere de esta medida para salvar a ese poder del Estado de una total pérdida de credibilidad a la que está llegando según diversas encuestas y según el sentir de la calle.

Insistimos en que solo de ese modo podrá detener el Parlamento el rechazo social de que es objeto por la conducta de sus integrantes. Pero además es indispensable que aplique otros correctivos, que demuestren su voluntad de cambiar para mejor, y entre ellos está el de poner fin a prácticas de politiquería barata de los congresistas, como la de desdeñar y hasta sabotear iniciativas y decisiones de otras instancias del aparato estatal, que benefician a la ciudadanía.

Son muchas las veces que hemos visto como esas acciones de otros poderes del Estado encuentran en el Congreso un severo impedimento, con llamadas a informes, cuestionamientos forzados y otras trabas motivadas solo por hostilizar al contrario político o hacer imposible que alcance un logro, esfuerzo en el que no toman en cuenta el sentir de la población.

Es lamentable, por ejemplo, que, si bien la mayoría de las bancadas parlamentarias han expresado que apoyan la clausura de ese foco de insalubridad, inseguridad e informalidad que es el viejo mercado de La Parada, el Congreso no haya asumido una posición institucional de decidido apoyo, ni siquiera una moción de saludo a la determinación de la autoridad municipal de poner fin a un problema, que agobia desde hace más de 60 años.

De ninguna manera puede permanecer impasible una institución como el Poder Legislativo, mientras quienes, desde la política y los medios de comunicación, conspiran contra una medida por la que claman tres generaciones de limeños, hartos de la informalidad expresada en el lumpen que medra del desorden y la ausencia de la ley.

No puede el Congreso mirar a un costado mientras esos elementos multiplican sus argucias legales para resistir a la autoridad municipal y revertir la medida, alentados por cómplices mediáticos que se lanzan contra la alcaldesa de Lima imputándole absurdas acusaciones, con el evidente afán de debilitar su autoridad u opacar el logro de la clausura.

Urge por tanto que las bancadas dejen de lado sus posiciones y sus intereses políticos y electorales, y respalden con claridad y contundencia la clausura de La Parada y se sumen así a una causa que comparten la gran mayoría de los limeños; que dejen de lado enconos políticos y fobias ideológicas en aras de los intereses de la ciudad.

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Editorial

Violencia en aumento

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Una muy triste noticia trajeron ayer los medios de comunicación. Un total de 3,867 casos de violencia contra niños y adolescentes en todo el país se han reportado solo durante el mes de enero del presente año. Lo más lamentable es que de ese total, casi dos mil son menores de 11 años y los casos se han registrado en Lima, Arequipa y Junín. Lo más indignante de esos hechos es que no solo se trata de maltrato verbal, psicológico o económico, sino también de violencia sexual. Parecería que nada frenará esta ola de reprobables delitos.

Las escalofriantes cifras del mes de enero pasado señalan que 1,187 de los casos se refieren a violencia física; 1,874 casos a maltratos psicológicos, y 13 casos se registran por violencia económica. Esta información está consignada en el portal del Ministerio de la Mujer, cuyos especialistas han alertado que Lima es el departamento con mayor incidencia de maltrato infantil con 795 casos en menores de 11 años y 518 en menores cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años. Le sigue Arequipa con 381 casos (230 de ellos contra menores de 11 años) y el tercer lugar de este triste ranking está reservado para Junín con 169 casos en menores de 11 años y 108 en menores entre 12 y 17 años.

Todo parece indicar que de nada valió tener un ministerio ad hoc para defender a la mujer y a las poblaciones vulnerables, como que de muy poco sirvió tener comisarías especializadas en esta materia. Según la Defensoría del Pueblo, existe una falta de trabajo coordinado entre el Ministerio de la Mujer y los gobiernos regionales y locales. Lo que se ha logrado es registrar casi notarialmente los casos que llegan a esas dependencias; es decir, los que son denunciados porque hay muchos otros que no se denuncian por temor a que el padre o la madre abandonen el hogar y los niños se queden sin el sustento diario.

Lo que ocurre es que en nuestro país falta una política destinada a proteger la salud mental. El Estado no puede sustraerse de sus obligaciones. Está bien velar por la buena marcha económica, pero debe entenderse también que la persona es el fin supremo de la sociedad y tan importante como la salud física es la salud mental de la población. Hasta cuándo no se asignará el presupuesto necesario para atender este problema. ¿Acaso tendremos que esperar el día del juicio final, por la tardecita?

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Editorial

Congreso no debe ser agencia de empleos

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Al parecer, existe una marcada preocupación en el Congreso por la no renovación de los contratos a más de 100 trabajadores, medida tomada por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien al anunciar esta decisión manifestó que el Parlamento no puede ser visto como una agencia de empleos del partido político de turno que maneja la Mesa Directiva. A los reclamos del fujimorista Segundo Tapia se suma ahora un memorando enviado por la auditora general del Oficial Mayor, Gianmarco Paz, pidiendo una explicación sobre la no renovación de los contratos a más de un centenar de trabajadores.

El documento, suscrito por Paula Cecilia Martínez Ramírez, exige información sobre las razones de la decisión de no renovar los contratos y pregunta si había informes de incumplimiento de sus labores y si existe un procedimiento para prescindir de ellos. Además, pide señalar si, a la fecha, las unidades orgánicas han reportado incumplimientos por parte del personal referido. Parece ser que los padrinazgos denunciados por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, efectivamente estarían funcionando, pues el vicepresidente del Congreso Segundo Tapia ha hecho anteriormente los mismos reclamos.

Al respecto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ya ha adelantado la necesidad de renovar los cuadros de trabajadores. Para ello ha propuesto un concurso que tendría por objeto que los trabajadores sean elegidos por meritocracia. Eso permitiría, al mismo tiempo, sincerar las planillas de este poder del Estado que, por lo visto, es considerado como una suerte de “botín” del partido que ha logrado mayoría congresal. Hay que recordar, también, que los sueldos de los trabajadores del Congreso son financiados con dinero de todos los peruanos.

Por todas estas consideraciones, los congresistas no deberían oponerse a mecanismos que cautelen los presupuestos públicos. En cualquier centro laboral los postulantes son evaluados. Todas las dependencias públicas toman personal previo concurso y la excepción no puede ser el Congreso de la República al que algunos legisladores quieren convertirlo en agencia de empleos.

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Editorial

¿Cantos de sirena?

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Los vendedores de sebo de culebra han salido a decir que el presidente Martín Vizcarra debería aprovechar la popularidad que aún le es favorable, para emprender reformas necesarias como la laboral. Y para hacerle pisar el palito afirman que los cinco puntos menos que se reflejan en el último sondeo de opinión de Ipsos se deben a la tibieza con la que avanza el Ejecutivo en ese campo. Y para mayores señas, recuerdan que según el INEI, el empleo informal creció el año pasado a mayor ritmo que el empleo formal.

Ocurre, sin embargo, que nuestro país ha recibido una fuerte migración el año pasado–mayoritariamente de Venezuela– y que muchas de esas personas prácticamente han llegado sin documentos, por lo que han tenido que trabajar informalmente para asumir el costo de los trámites migratorios, además de enviar dinero a sus familias en su país de origen. Todo esto ha distorsionado en alguna medida las cifras porque, de lo contrario, la gran mayoría de los nuevos inmigrantes cuentan con estudios superiores o técnicos y están capacitados para trabajar en cualquier empresa formal, amén de no tener elevadas pretensiones salariales.

El pretexto de que la economía peruana creció a una tasa del 4% y que a pesar de ello el empleo formal solo beneficia a uno de cada tres trabajadores, se cae por sí solo. En efecto, todos los economistas coinciden en que para generar empleo es necesario crecer a tasas de entre 5% y 6%. No obstante, este crecimiento, que fue una de las banderas del actual Gobierno se ha visto postergado por el Niño Costero, y la corrupción de Odebrecht, primero, y ahora por las intensas lluvias, desbordes y huaicos que aíslan a poblaciones interrumpiendo las vías de comunicación, problema que el Gobierno se encuentra atendiendo de manera inmediata.

Puede decirse, pues, que a nuestra economía le ha llovido sobre mojado y que ahora no solo es necesario una reforma laboral, sino una reforma integral que pueda darle mayor dinamismo a nuestra economía, que incluya una mayor presión tributaria como la que tienen otros países de la región. La reforma pasa por fortalecer la demanda interna y consolidando la conquista de mercados internacionales, lo que no se consigue simplemente limitando o recortando derechos laborales. El problema es el cómo y eso es lo que el Gobierno tendrá que definir sin presiones de uno ni de otro lado, sino trabajando cuidadosamente en una reforma económica, sin escuchar los cantos de sirena.

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