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Editorial

El Congreso y La Parada

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El desprestigio del Congreso de la República, agravado en las últimas horas por nuevos audios que evidencian la desvergonzada conducta de uno de los tres parlamentarios protagonistas de escándalos cuya separación hemos planteado como urgente y necesaria, no solo requiere de esta medida para salvar a ese poder del Estado de una total pérdida de credibilidad a la que está llegando según diversas encuestas y según el sentir de la calle.

Insistimos en que solo de ese modo podrá detener el Parlamento el rechazo social de que es objeto por la conducta de sus integrantes. Pero además es indispensable que aplique otros correctivos, que demuestren su voluntad de cambiar para mejor, y entre ellos está el de poner fin a prácticas de politiquería barata de los congresistas, como la de desdeñar y hasta sabotear iniciativas y decisiones de otras instancias del aparato estatal, que benefician a la ciudadanía.

Son muchas las veces que hemos visto como esas acciones de otros poderes del Estado encuentran en el Congreso un severo impedimento, con llamadas a informes, cuestionamientos forzados y otras trabas motivadas solo por hostilizar al contrario político o hacer imposible que alcance un logro, esfuerzo en el que no toman en cuenta el sentir de la población.

Es lamentable, por ejemplo, que, si bien la mayoría de las bancadas parlamentarias han expresado que apoyan la clausura de ese foco de insalubridad, inseguridad e informalidad que es el viejo mercado de La Parada, el Congreso no haya asumido una posición institucional de decidido apoyo, ni siquiera una moción de saludo a la determinación de la autoridad municipal de poner fin a un problema, que agobia desde hace más de 60 años.

De ninguna manera puede permanecer impasible una institución como el Poder Legislativo, mientras quienes, desde la política y los medios de comunicación, conspiran contra una medida por la que claman tres generaciones de limeños, hartos de la informalidad expresada en el lumpen que medra del desorden y la ausencia de la ley.

No puede el Congreso mirar a un costado mientras esos elementos multiplican sus argucias legales para resistir a la autoridad municipal y revertir la medida, alentados por cómplices mediáticos que se lanzan contra la alcaldesa de Lima imputándole absurdas acusaciones, con el evidente afán de debilitar su autoridad u opacar el logro de la clausura.

Urge por tanto que las bancadas dejen de lado sus posiciones y sus intereses políticos y electorales, y respalden con claridad y contundencia la clausura de La Parada y se sumen así a una causa que comparten la gran mayoría de los limeños; que dejen de lado enconos políticos y fobias ideológicas en aras de los intereses de la ciudad.

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Editorial

Respaldo a fiscales

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Una solicitud de medida cautelar para proteger el acucioso trabajo del equipo especial Lava Jato, así como el de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, viene procesando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante esta medida, en primer lugar, porque permitirá garantizar el trabajo del fiscal José Domingo Pérez, a quien pretenderían presionar el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus sub subalternos, lo cual sería inaceptable y menos en estos momentos en que se requiere de la conjunción de esfuerzos para luchar contra la corrupción.

De igual manera, el referido recurso servirá para cautelar el trabajo que vienen realizando el fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

Es importante, pues, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apruebe esta solicitud para evitar así que continúe la interferencia, interna o externa, en la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo. Igualmente, para impedir que los fiscales mencionados sean apartados de las investigaciones que vienen realizando con los escasos recursos con que se cuentan, pero con muy buenos resultados, además de resguardar su integridad y la de sus familias.

Lógicamente que esta demanda ha sido interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ha recibido el expediente para que lo conteste ante la Comisión IDH. Luego vendrá la decisión del organismo interamericano, que ojalá pueda ser en el más corto tiempo posible. En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas, pero con carácter de obligatorio cumplimiento.

Hay un gran interés de la ciudadanía en que se elimine, de una vez por todas, la corrupción que causa enormes pérdidas a nuestro país. El presidente Martín Vizcarra ha sintonizado muy bien con el clamor de la población y lo ha resumido en una frase muy corta. “Basta de hermanitos”. Ojalá, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda apoyar al Perú aprobando la solicitud del Instituto de Defensa Legal”.

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Editorial

Congresistas deben ponerse a trabajar

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La rápida reacción que ha tenido el presidente Martín Vizcarra al sacar adelante el referéndum para hacer las reformas del sistema político y judicial no es suficiente. Se requiere ahora que el Congreso recoja el clamor expresado por la población en las urnas, el domingo último, y se ponga a trabajar para materializar lo más pronto posible el mandato de la ciudadanía. Es menester actuar con urgencia para acabar con la corrupción rampante que extiende sus tentáculos por todas las instituciones del país y les roba a los más pobres la esperanza de salir adelante.

No por gusto más del 85% de la población ha respaldado la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que estaba infestado por la corrupción. Ahora, la nueva institución será la que revise las evaluaciones de jueces y fiscales porque hay denuncias y hasta audios de cómo se realizaban los nombramientos de algunos magistrados; usando prácticas nada transparentes. No más “Cuellos Blancos”, no más “hermanitos”.

El Parlamento ha ampliado la legislatura para debatir la ley de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay legisladores que aún no son conscientes de la urgencia con que se debe actuar para poner la justicia al alcance de todos. Es verdad que hasta el nombramiento del Fiscal de la Nación tendrá que ser evaluado. La cabeza del Ministerio Público debe ser una persona proba, sobre quien no recaiga ningún atisbo de dudas porque en sus manos está la acción contra la criminalidad y la defensa de la sociedad.

Si la designación del titular del Ministerio Público no se ajusta estrictamente a las normas, pues tendrá que dejar el cargo. Pero para ello se requiere que los “padres de la patria” se dejen de críticas y discusiones. El Parlamento acaba de ampliar la legislatura hasta el próximo 30 de enero para debatir sobre la reforma del sistema de justicia. Es urgente que la Junta Nacional de Justicia inicie sus funciones lo más pronto posible. Se trata de un organismo fundamental para la administración de la justicia y ahora la responsabilidad es del Congreso que actualmente está bajo escrutinio del ojo público.

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Editorial

A consolidar las reformas

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Después de los resultados del referéndum, la oposición, así como ciertos sectores empresariales y hasta analistas “todólogos”, han salido a decir que el único que ha ganado y ha salido fortalecido es el presidente Martín Vizcarra por el carácter plebiscitario de la consulta realizada el domingo último. Sin embargo, lo que ha hecho el mandatario no es otra cosa que canalizar la indignación de toda la ciudadanía por la inacción de los congresistas que han llegado al Parlamento para ver sus intereses particulares, olvidándose del bienestar común de la población.

No hay que olvidar que las calles ya habían dado su veredicto, sentenciando “que se vayan todos”; es decir, estaban dispuestos a dar su anuencia para un eventual cierre del Parlamento. El Jefe del Estado, por el contrario, planteó el referéndum que ha funcionado como válvula de escape ante la presión popular a punto de estallar. Y claro, como los congresistas de la mayoría de Fuerza Popular, que después del referéndum ya no constituyen una fuerza ni tienen nada de populares, han sido duramente golpeados por las urnas pretenden hacerle pisar el palito al jefe del Ejecutivo para después presentarlo como una suerte de “dictador”, de lo cual no tiene nada.

El referéndum expresa, en principio, la decisión ciudadana de decirle basta a la corrupción. En segundo lugar es un castigo para los congresistas al prohibir la reelección. Razones de sobra hubo para ese resultado. Más del 85% respalda la prohibición de la reelección y casi el 86% aprueba la reforma que regula el financiamiento a las organizaciones políticas. Asimismo, algo más del 86% votó por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. En otras palabras se trata de reformas del sistema político y del sistema de justicia. No obstante, ya se oyen voces de la oposición con reclamos diversos.

Lo que es más, han salido los todólogos a decirle al presidente Vizcarra que ya puede usar el capital político obtenido para apuntalar otras reformas y le aconsejan que extienda la agenda para tener un segundo aire en su gobierno a partir del éxito político. Y la receta que le dan es que aproveche, entre otras cosas, para realizar la reforma laboral, que a su entender no es otra cosa que eliminar lo que ellos denominan sobrecostos laborales.

Claro, más de uno de sus críticos de la derecha radical quisiera verlo enfrentado a los gremios sindicales. No señor Vizcarra, no escuche consejos que solo le traerán más problemas a su gobierno. Ahora lo que toca es ir hacia adelante en la lucha contra la corrupción y consolidar las reformas que se ha propuesto.

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