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Entrevista

El Apra quiere que esto quede aquí y no se investigue más

Publicado

en

Héctor Béjar

Analista Héctor Béjar advierte que tras la muerte de Alan García, los apristas no solo quieren acabar con el fiscal José Pérez, sino con todo el sistema anticorrupción.

La muerte del expresidente Alan García no solo generó consternación ente sus simpatizantes, sino una ola de ataques contra los fiscales, a quienes sindican como los causantes del fatal desenlace. Diario UNO entrevistó al sociólogo y analista político Héctor Béjar, quien analiza la campaña aprista para desacreditar al Ministerio Público y al Poder Judicial, a fin de parar con las investigaciones sobre actos de corrupción.

—Tras la muerte de García, ¿qué es lo que se le viene al Apra?

—Nada, porque lo que ha caracterizado al Apra es tener liderazgos fuertes. Primero fue Haya de la Torre y después lo reemplazó García. Después de García no hay nadie, solo un conjunto de líderes de segunda o tercera clase. Yo no veo nada.

—La muerte de García ha generado manifestaciones de afirmación y mística partidaria. ¿Ese partido necesitaba un mártir?

—Sí. Eso es típico del Perú, es un doble proceso, el típico proceso peruano popular que hace que el que se inmole siempre es bueno, conforme se inmola se santifica.

El pueblo peruano rinde culto a la muerte, para que te crean bueno tienes que morirte primero y en la medida que pasan los años la figura del muerto va creciendo.

La muerte de García es una tragedia personal y me imagino que para su partido también lo es. El otro proceso es la utilización política de la muerte de García por la jerarquía aprista que va en camino a verlo como un mártir y como una víctima.

—¿Pero esto no va a ser masivo?

—Por supuesto que solo va a abarcar a un pequeño sector de apristas. No nos olvidemos que en las últimas elecciones García tuvo una votación mínima. No creo que se pueda reconstituir nada y esto va a ser un fenómeno muy estable en el caso del aprismo militante, pero no significa nada en el conjunto de la opinión pública peruana.

—Tras la muerte de García, el Ministerio Público ha pasado a ser el victimario y le abrieron investigación al fiscal José Pérez…

—Así es. Eso es parte de la utilización política tras la muerte de García, ya no solo por los apristas para impedir la investigación de los otros líderes y sus cómplices que están algunos en prisión y otros investigados, pero también por el resto de la plataforma de la corrupción.

José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba

—¿El Apra y el fujimorismo tendrán todavía fuerzas en el sistema de justicia como para que prospere una acusación contra el fiscal José Pérez por el allanamiento a la casa de García?

—Con toda seguridad, porque eso va junto con una estrategia. No solo quieren acabar con Pérez, sino con todo el sistema anticorrupción. Lo que el Apra quiere es que esto quede aquí y no se investigue nada más. Ese sería el escenario ideal para ellos y esa es la lucha que se desarrolla dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público.

—Apenas se supo la muerte de García, lo primero que hizo Mauricio Mulder fue culpar al Ministerio Público y a la prensa que llamó fascista…

—La prensa tampoco tiene nada de inocente. La prensa ha participado en esta lucha que es una lucha de corruptos contra corruptos. Por supuesto que lo que se ha querido hacer es la regulación de la prensa que a los corruptos les conviene. Tenemos a un grupo de periodistas y medios de comunicaciónsometidos a control.

Esto es lo que unos quisieran y otros no, pero esto es imposible, sobre todo en un momento como el actual, en el mundo. Es imposible evitar la circulación de determinada información, pero también la censura o autocensura de determinados periodistas. La prensa también participa de esta lucha entre tendencias y mafias.

—Cuando menciona una lucha de corruptos contra corruptos, ¿quiénes representan a esa corrupción dentro de la prensa?

—Los conocemos, es un conjunto de sicarios y sicarias que hemos visto actuar desde hace muchos años, responden a intereses de empresas y de la lucha entre empresarios, ya que se disputan la torta de la administración pública y del poder en su versión económica, en otras palabras: se disputan el Presupuesto General de la República.

Esa es una tensión que existe entre grupos económicos, están presentes en los ministerios, en el Congreso, en los contratos y para todo ello se usa a la prensa de diversos tipos y colores para favorecer a sus propios intereses o a asaltar a los intereses del contrario, es parte de la competencia del libre mercado. Hay una prensa cómplice de la corrupción. Eso hace muy difícil una prensa honesta que en este momento es minoritaria.

—¿Qué le parece el papel de IDL Reporteros e Ideeleradio en la campaña contra la corrupción?

—IDL forma parte de una campaña que se libra en todo el continente contra la corrupción, pero el IDL es un actor más y por tanto es uno de los elementos, actores sociales y comunicativos que juega en la guerra contra la corrupción, en este momento.

No es una casualidad que el informativo radial de IDL haya sido silenciado. Ideeleradio no puede poner su informativo en ninguna radioemisora y solamente va en internet. Eso dice mucho de la capacidad y el peso de los grandes poderes.

—¿Cuál cree que debe ser el accionar de los fiscales del Equipo Lava Jato?

—El país agradecerá que sus investigaciones mantengan su condición, que continúen las investigaciones sobre el clan de García. Su muerte no creo que debería cortar las investigaciones. Los testaferros de García, sus herederos y la propia familia también.

Ahí, el rol de los fiscales va a ser fundamental, en términos de que ellos no disminuyan la intensidad de sus investigaciones porque el país quiere la verdad. Todos sabemos que esta lucha por la verdad y por el ocultamiento de la verdad se da también en el terreno de la Fiscalía y en todo el Poder Judicial.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Entrevista

Por la corrupción el proyecto republicano se encuentra enfermo

Publicado

en

JUAN LUIS ORREGO

El historiador Juan Luis Orrego sostiene que, de cara al bicentenario, la corrupción nos agarra mal parados y que sería muy simplista decir que determinados partidos son los principales promotores de esta.

Los destapes de casos de corrupción han involucrado a tiendas políticas de izquierda y derecha. Diario UNO entrevistó al historiador, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Juan Luis Orrego, quien aseguró que tras el escándalo de Odebrecht la corrupción se reinventará para mantenerse.

—¿Qué lectura puede hacer sobre estos últimos dos años en que la corrupción es el tema del día a día y que ha marcado la agenda política del país?

—En función del bicentenario que se nos viene, la corrupción nos agarra mal parados, a 200 años de celebrar la independencia, porque la corrupción es el resultado de una serie de anomalías que implican la desigual distribución de la riqueza, el deseo de lucro desmedido, lo que significa una sociedad fracturada.

La corrupción es un medio para ascender socialmente y económicamente; nos demuestra que el proyecto republicano se encuentra enfermo. La corrupción es una enfermedad que asoma por toda la vida social del Perú.

—¿La corrupción nos impide avanzar como república?

—No solo eso; es transversal y nos impide avanzar como nación, como sociedad integrada y en realidad la corrupción es un disolvente social y psicológico en el Perú. La corrupción impide que haya acuerdos políticos, planes a largo plazo; frena las inversiones, las obras públicas o si en todo caso las obraspúblicas se realizan, inmediatamente son motivo de sospecha, de enfrentamiento y todo lo que conocemos. Casi nada se puede avanzar por culpa de la corrupción. Luchar contra la corrupción es una tarea de saneamiento, de sanación nacional.

—Hay quienes sostienen que la corrupción en el Perú no viene de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba ya que los corruptos en las altas esferas públicas son simplemente el reflejo de lo que somos.

—Toda enfermedad es reflejo de lo que somos. En el caso de la corrupción, es muy probable que se haya dado en una primera ocasión de arriba hacia abajo pero ahora es multidireccional y también podemos leer que la corrupción que viene de abajo hacia arriba es una especie de revancha de sectores que antes se sentían desplazados o excluidos del sistema.

—¿Nos puede dar un ejemplo de esto?

—Es como el racismo; en un primer momento era una manifestación de arriba hacia abajo y ahora también es multidireccional. El racismo de abajo hacia arriba es un contra racismo que también puede ser leído como la revancha de los grupos antes postergados contra los de arriba.

—¿Y llevados al tema de la corrupción?

—Ahora cada uno quiere su cuota; así como los de arriba querían su cuota y miraban el país como si fuera su chacra o su patrimonio, ahora los otros sectores antes desplazados también quieren su parcela, su porción, su cuota del país, aunque sea cinco soles pero esa es su cuota.

Keiko Fujimori

—¿En la política y en la corrupción se puede hablar, como en las novelas y el cine, de personajes protagónicos y antagónicos? ¿El fujimorismo y el aprismo podrían encasillarse en alguno de estos?

—Sería muy exagerado o muy esquemático decir que la corrupción la generan el fujimorismo o el APRA. En América Latina, los que gobiernan son el dinero y el poder, al margen de la sucesión de partidos que nosotros vemos desfilar por el poder, ya sean de izquierda o derecha. Hemos visto que la corrupción está en todos lados; la corrupción no tiene un color político o una ideología. La corrupción atañe al país, a las personas y no a determinados partidos políticos.

—Pero el fujimorismo y el aprismo son el centro de las críticas.

—Lógicamente, los que parecieran estar más manchados son los que han tenidos mayor cuota de poder; eso es circunstancial, es coyuntural, pero sería muy simplista decir que hay determinados partidos que son los principales promotores de la corrupción.

Alan García Pérez

—¿Qué nos espera para el 2021? La mayoría de partidos tienen a sus principales caras visibles involucradas en la corrupción ¿nos espera un outsider?

—Es posible; en realidad nada está dicho. Es muy difícil pronosticar qué va a pasar en la coyuntura del 2021. El Perú es ahora un país más impredecible que nunca. Sería muy fácil decir que ya la clase política está liquidada y que el suicidio de Alan García es el final de toda una época política.

—Pero es cierto que para quienes han sido manchados por el escándalo de Odebrecht será mucho más difícil postular o reciclarse en el 2021.

—Sí; pero lo que pueda existir como recambio también puede resultar sospechoso. El cambio a veces puede ser peor de lo que habíamos tenido. El problema es que las mafias en el Perú, que son de todo tipo, han capturado la política.

Si hubo un esquema de corrupción que funcionó hasta el 2021, aparecerán otros sistemas de corrupción porque el crimen, como nosotros sabemos, se reinventa; si un esquema que era aplicable como operativo para una época fue puesto en evidencia, ya sea por la opinión pública o por el Poder Judicial, entonces ese esquema desaparece y vuelve a aparecer otro.

—¿Es impredecible saber si habrá cambios para positivo?

—Es muy difícil predecir si esto va a cambiar para mejor; puede cambiar para peor, puede cambiar para igual pero con otro esquema porque las mafias que ya están acostumbradas a sacar provecho del país en lo que se presente, no se van a quedar dormidas o muertas; buscarán otros jueces, otros policías, otros abogados, otros congresistas, otros ministros.

—¿Volvería la corrupción pero con otro rostro?

—Usted sabe que una organización mafiosa y criminal contempla una serie de decisiones y una división del trabajo; ellos, para operar, necesitan jueces, militares, policías, notarios, abogados, ministros. Se buscarán otros.

Se reciclarán, aparecerán otras agrupaciones, otras banderas políticas, partidos con otro nombre. El poder del dinero fácil estará allí presente si es que no hacemos una labor profunda de saneamiento nacional.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Gremios sindicales preparan propuesta por un trabajo digno

Publicado

en

CGTP

Empujado por el MEF y la Confiep, el Ejecutivo promueve legislación que precarizará los pocos derechos laborales existentes.

El Gobierno mediante D.S N.º 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, definió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de manera unilateral y al margen del diálogo tripartito. El OP N.º 5 de esta política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral” propone “revisar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)”, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y precariedad laboral.

Frente a ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han expresado su rechazo y plantean la derogatoria del Objetivo Prioritario 5 y realizarán los días 21 y 22 de mayo la Conferencia Nacional Sindical de los Trabajadores para debatir y enriquecer la propuesta de los trabajadores: “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos”. La Conferencia tendrá lugar en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónicos, en la avenida Uruguay 335, Cercado de Lima.

La entrega de la propuesta al Ministerio de Trabajo será el 23 de mayo previa movilización que se concentrará en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. En ese contexto, Diario UNO entrevistó a los referentes sindicales Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT).

EL MEF USURPA FUNCIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la posición de la CGTP sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad impuesta por el Ejecutivo?

—Nuestra posición es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha definido la Política Nacional de Competitividad y Productividad de manera unilateral y al margen del diálogo social tripartito. El objetivo N.° 5 de esa política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral”, propone esencialmente la revisión del marco regulatorio del mercado laboral, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y profundización de la precariedad laboral.

Esto evidencia que el Ejecutivo ha elegido la ruta del continuismo neoliberal de sus antecesores para convertir a los trabajadores y, especialmente a los jóvenes, en los esclavos del siglo XXI, pues no dice nada sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las trabas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los despidos arbitrarios de trabajadores y dirigentes sindicales; no dice nada sobra la contratación temporal que de excepcional se ha convertido en regla, tampoco se inmuta frente a los bajos salarios y las pensiones diminutas.

No podemos menos que afirmar que de esta manera el Ejecutivo solo aboga por una reforma laboral a la medida de los intereses de un empresariado conservador y antipatriótico.

Dicho sea de paso, en lugar de pretender una reforma laboral proempresarial, debemos recordarle al Ejecutivo que hay un largo listado de obligaciones laborales internacionales incumplidos por el Estado peruano en el marco de los convenios de la OIT, la Unión Europea, el TLC con Canadá y EE.UU. y sobre los cuales debe adoptar medidas concretas orientadas a su cumplimiento. Asimismo, debemos recordarle que viene incumpliendo compromisos asumidos en el marco del diálogo social tripartito nacional como el de elaborar el Plan Nacional de Trabajo Decente.

Inmediatamente de promulgada la Política Nacional de Competitividad y Productividad los trabajadores decidimos enfrentarla decididamente con jornadas de protesta y lucha, pero también de propuestas. Realizamos una gran jornada laboral de lucha con más de 25 mil trabajadores en Lima y 350 mil a nivel nacional, exigiendo la derogatoria del D.S. N.º 345-2018. Igualmente, el 3 de abril, en la jornada de lucha con casi 26 mil trabajadores en las calles demostramos al Gobierno que estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

Estamos también convocando al paro nacional cívico-popular para el 20 de junio, que no solo es por la reforma laboral que se pretende imponer, sino también orientados a exigir la solución de los problemas que enfrentan los diferentes sectores laborales en todo el país y los grandes problemas que aquejan a la población, como los del agro que está totalmente abandonado y piden la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y la reactivación del Banco Agrario.

En esa misma dirección, los trabajadores hemos realizado esfuerzos para dotarnos de una propuesta que nos va a permitir encarar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de claro tinte proempresarial, en ella analizamos el fracaso de las políticas de flexibilización laboral como recurso para formalizar la economía y generar trabajo digno y los aspectos imprescindibles de una reforma laboral y económica que realmente potencie la competitividad, productividad, formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía. Esta propuesta será debatida por los trabajadores en la Conferencia Nacional Sindical que realizaremos el próximo 21 y 22 de mayo del presente año.

—Este plan debió consultarse al Consejo Nacional del Trabajo, por eso sería ilegítimo o inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es un plan impuesto por la Confiep, que en su conferencia nacional anual entregaron a Vizcarra, ahí plantean la reducción de derechos laborales y por eso decían que el Perú tiene las leyes más rígidas en derecho laboral. Su operador Carlos Oliva la ha implementado. El MEF está usurpando funciones que no le corresponde.

Las políticas laborales se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo, entonces también han violado el Convenio 144 de la OIT sobre diálogo social, el mismo que forman parte del derecho nacional y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo reconoce la Constitución Política del Perú.

Por eso los trabajadores planteamos que se derogue y que pase al Consejo Nacional del Trabajo que es el espacio donde se debe discutir. La CGTP ha suspendido su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y esperamos que por el bien del diálogo social el Ejecutivo proceda a derogar el Objetivo Prioritario 5.

—En el capítulo de la Política de Productividad y Competitividad, hay una parte que preocupa porque este tipo de contrato laboral de las agroexportaciones, que es precario, se pueda replicar…

Ahí plantean la nueva contratación de trabajadores, con nuevos regímenes y derechos recortados, y plantean que la Ley de Agroexportaciones N.º 27360 se amplíe para otros sectores, a pesar de que esa ley se dio en el año 2000, faltando tres meses para que renuncie José Chlimper, quien fue el autor intelectual. Ya pasaron más de 20 años y los empresarios han conseguido grandes ganancias a costa de los trabajadores, el Estado les dio terrenos a precio regalado, carreteras y servicios, y ahora quieren ampliar eso hasta el año 2031.

Pagan a EsSalud el 4 por ciento, eso no puede ser posible, pero como hay lobistas en el Congreso, en las bancadas del Ejecutivo y del fujimorismo, vienen trabajando desesperadamente en la Comisión de Trabajo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

Pero además, están los regímenes laborales de las MYPES, el régimen laboral CAS, de los textiles, de las trabajadoras del hogar que establecen menos derechos laborales con respecto al régimen laboral común y que han agudizado la discriminación en el empleo y precarizan los derechos laborales. Los trabajadores exigimos terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, adoptando las medidas legislativas y de política necesarias.

—También se está debatiendo la Ley de Negociación Colectiva, con ‘ppkausas’ y el aprofujimorismo, no quieren ni cambios mínimos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

Esas bancadas que promulgan leyes a favor de transnacionales, sacan leyes que exoneran a casinos de pagar impuestos y, sin embargo, boicotean la aprobación de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que la apruebe. Ahora simplemente no van y no hay el cuórum correspondiente, ¿y quiénes no van?, la bancada del Gobierno y Fuerza Popular.

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

PRETENDE IMPONER UNA POLÍTICA SIN DIÁLOGO SOCIAL

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la opinión de la CUT respecto a la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la manera cómo ha sido impuesta por el MEF?

—Consideramos que es una grave amenaza para los intereses de la gente y en particular para los trabajadores. A todas luces responde a los intereses de grandes negocios del gran capital.

Los nueve objetivos prioritarios que se han señalado en realidad adolecen en la parte de los diagnósticos de una mirada integral, de una mirada que recoja las inquietudes de toda la sociedad. Básicamente recoge los intereses de los grandes empresarios que pretenden implementar negocios en las distintas temáticas que se están planteando.

En infraestructura, capacitación, formación, tecnología, en todas esas áreas hay grandes negocios. En el capítulo laboral también se busca beneficios para empresarios y recortes laborales para trabajadores. En cada capítulo se profundiza un modelo que en los últimos 30 años ha permitido el enriquecimiento de pocos y las grandes mayorías en realidad “la hemos visto pasar”.

—Hay un discurso del empresariado y grupos económicos de que el Perú tiene las leyes laborales más rígidas, cosa que no es cierta o incluso podría ser al revés. ¿Cómo analiza esta parte del capítulo laboral?

—Igual que todos los demás capítulos, en este en particular se parte de una definición del mercado de trabajo y de un diagnóstico equivocado. Porque lo que evalúa es de qué manera las empresas pueden mejorar sus ingresos a costa de los derechos de los trabajadores.

Y señalan claramente que, por ejemplo, el tema del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional que remedia un abuso empresarial contra el despido arbitrario como la causante de la proliferación de contratos temporales, cuando en realidad esto se debe a una clara política empresarial de querer eludir responsabilidades laborales mediante el uso de diversas formas de contratación e incluso desnaturalizándolos, contratando temporalmente en puestos de naturaleza permanente.

Y en otra parte del diagnóstico señalan que habría sobrecostos en la terminación del contrato laboral y en el despido, en realidad eso no lo están usando porque recurren a los contratos de tiempo determinado y que están, por el término de la contratación, sacando a los trabajadores.

De igual manera aducen que la informalidad que hay actualmente se debe a ese tipo de cosas y no toman en cuenta que en la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores, la informalidad se debe a que los emprendimientos no cuentan con facilidades tributarias ni de acceso a servicios financieros básicos para poder desempeñarse a diferencia de las grandes empresas multinacionales.

Entre otros temas, el diagnóstico está aterrizando en una formulación de lineamientos de política que pretenden superar el tema de la formalidad y revisar la normativa laboral con lo cual deja abierta la posibilidad o intencionalidad de que en cada uno de esos puntos se afirman las conclusiones del diagnóstico, es decir, que como hay sobrecostos hay que reducir derechos, facilitar despido a empresas, no hay que fijar sueldos mínimos y hay que eliminar las CTS.

Conclusiones como esas son las que el empresariado tiene elaboradas para pasar al famoso debate del plan nacional que pretenden hacer en el MEF en un consejo de competitividad y productividad transgrediendo el rol rector del Ministerio de Trabajo en temas laborales, por eso es que nosotros exigimos al Gobierno que este capítulo sea excluido de la política general que propone, de modo que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo y se elabore un plan nacional que resuelva los problemas reales de los trabajadores y no solo lo que el empresariado busca para mejorar sus ingresos.

—Retomando las formas en que el Ejecutivo ha impuesto este proyecto, ha sido una decisión del MEF e incluso esta decisión no se ha propuesto en el Ministerio de Trabajo ni discutido en el Consejo Nacional del Trabajo…

—Lo que pretende es imponer una política sin diálogo social, eso contraviene los compromisos internacionales que el Estado tiene en el concierto internacional de las naciones, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que el diálogo consiste en la discusión y el debate de los temas entre Gobierno, empresario y trabajadores; en el país se está vulnerando eso.

También se vulneran los TLC que el Estado se ha comprometido con los derechos laborales fundamentales, como el diálogo social que debe ser tripartito. Lo mismo podemos decir con los estándares que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea para que los países ingresen a ese escenario con estándares laborales de respeto irrestricto a derechos fundamentales, lo mismo podemos decir de las líneas rectoras de las Naciones Unidas que imponen normas de derechos humanos a las empresas.

En suma, esta política agrede de manera casi integral todo lo civilizado que debe haber en el mundo del trabajo y en las relaciones correctas entre países e instituciones que debe haber. En ese sentido, hemos rechazado y estamos exigiendo una pronta reunión con el premier a efectos de que se establezca de manera real el debate y la discusión del capítulo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo en el marco del diálogo social.

Y esta política se contrapone con lo que verbaliza el Presidente de la República, ministros y el propio Congreso, a raíz de los conflictos originados en los últimos tiempos como los agrarios o Las Bambas, todos hablan de diálogo, pero en la práctica se resisten a la institucionalidad del diálogo. Por eso nuestra exigencia de una reunión con el premier.

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Entrevista

Fujimorismo permitiría que el Estado disponga del dinero de trabajadores

Publicado

en

Hernando Cevallos

El congresista Hernando Cevallos denuncia el obstruccionismo de Fuerza Popular en la Comisión de Trabajo para debatir la Ley de Negociación Colectiva y dice que al fujimorismo no le importan los derechos de los trabajadores.

Todo parece indicar que el obstruccionismo no se limita a las reformas políticas ni tiene a los mismos actores. Hernando Cevallos, es coautor del dictamen aprobado en octubre del año pasado, sobre la Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal.

Pero las observaciones del Ejecutivo y el cálculo político del fujimorismo han puesto en suspenso la ley. Diario UNO entrevistó al congresista del Frente Amplio, quien acusa al fujimorismo de oponerse a toda propuesta que beneficie la estabilidad laboral.

Marcha protesta de trabajadores FENTASE

—¿Qué planteaba el Decreto Legislativo 1442?

—Le daba a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía el control en materia de ingresos a los trabajadores estatales. Para la organización de esta actividad, creaba la Planilla Única de Pago del Sector Público, la cual permitía tener una visión total de los ingresos de todos los trabajadores estatales. Pero todo esto bloquea, restringe y suspende la negociación colectiva en el Estado.

—¿La ley propone una negociación colectiva centralizada?

—Así es, los gremios sindicales más representativos presentan un convenio colectivo ante la Presidencia del Consejo de Ministros con el propósito de pactar un aumento salarial. Dicho aumento se programa recién para el presupuesto público del próximo año.

—El presidente Vizcarra dijo que el dictamen de la Ley de Negociaciones Colectivas sería perjudicial para el Estado…

—Así es, se refirió a la iniciativa legislativa como una de las normas que el Congreso no debería aprobar. La posición del oficialismo es que la ley afecta al presupuesto público. Pese a ello, se encuentra a favor de normar este derecho colectivo en el sector público; razón por la cual se encuentran trabajando en un proyecto de ley.

—¿En la última reunión en la Comisión de Trabajo hubo cuórum?

—No, no llegaron los congresistas de Fuerza Popular ni del oficialismo. Al final aparecieron algunos pero no el resto y por eso se suspendió el debate.

—¿Cuál es el interés de no asistir?

—Ellos no tienen mucho interés en que la negociación colectiva se apruebe. De hecho, han realizado varias observaciones al dictamen, poniéndole cerrojos innecesarios a una negociación colectiva que es un derecho. El fujimorismo pretende que se hagan consultas al Ministerio de Economía, luego que se realicen las reuniones de los trabajadores con sus jefes. También pretenden otras limitaciones que desnaturalizaría el carácter de la ley.

—¿Nos está diciendo que hay un interés del fujimorismo por mantener la inestabilidad laboral?

—Sí, esa es parte de su visión de derecha, neoliberal, dejando siempre la puerta abierta para que el Estado pueda disponer del dinero de los trabajadores y que los trabajadores no obtengan ese espacio de poder obtener sus remuneraciones y bonificaciones.

—¿Pero el fujimorismo votará en contra del proyecto de ley?

—No, tampoco quieren votar en contra porque eso tiene un costo político importante.

—Observamos que el apoyo de los trabajadores organizados es casi unánime…

—El apoyo es de todos los representantes de los trabajadores mediante sus gremios. También nos apoyan todas las demás bancadas, menos el fujimorismo y el oficialismo.

—Hay bastante expectativa de que la aprobación sea pronto…

—Por supuesto que sí, pero es muy complicadopara el propio fujimorismo decir que no está de acuerdo con el dictamen de la ley para la negociación colectiva. Ellos saben que es un derecho y que incluso se pronunció el Tribunal Constitucional al pedir su reglamentación para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a negociar sus sueldos. ¿Cómo se les puede impedir a los trabajadores conversar con su empleador, en este caso el Estado, sobre sus condiciones remunerativas y bonificaciones?

—¿Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor no es un desacato por parte del Gobierno?

—Recordemos que el Tribunal Constitucional, en dos sentencias, invoca al Congreso a realizar la legislación para normar la negociación colectiva en el sector público. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Luisa Eyzaguirre nos informó que los gremios sindicales ya presentaron una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que analice el escenario peruano tras la demora en la implementación de la Ley de Negociación Colectiva.

—Por parte del oficialismo, Mercedes Aráoz es quien más se muestra reacia a la implementación de la ley…

—Así es, dice que su aprobación tiene muchos riesgos y que su bancada la va a observar. Textualmente dice que “reiterar la insistencia en ese mecanismo, es malísimo” y que el Congreso debe mantener lo bueno de la ley, que ha sido la estabilidad macroeconómica, teniendo en cuenta los elementos fiscales, el manejo fiscal, el manejo presupuestal. Lo cierto es que ella tiene una posición clara contra cualquier negociación colectiva.

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)  EsSalud sector salud enfermeras médicos

—¿Usted también es autor del proyecto de ley que propone eliminar el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el Estado?

—Así es, esperamos que los trabajadores estatales tengan contratos bajo el Decreto Supremo 728 o régimen laboral privado, que permita a éstos disfrutar de los beneficios de empleados con contrato indeterminado.

—¿Específicamente a quiénes está dirigida esta iniciativa?

—Específicamente a todos los trabajadores CAS del Estado con dos años de antigüedad o tres discontinuos que realicen labores permanentes. El proyecto beneficiaría a más de 400 mil trabajadores a nivel nacional.

—Respecto a la implementación de la norma, ¿qué propone?

—También se propone que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, estos servidores solo podrían ser despedidos por causa justa y debidamente comprobada. Además, el pase del régimen laboral se realizará en forma progresiva. Con respecto a la implementación de la ley, Cevallos indicó que se dará con cargo al presupuesto de cada institución.

—¿Esto ha sido consensuado con los trabajadores CAS de todo el país?

—Así es, ellos reclaman porque tienen un régimen precario que no les dan ninguna estabilidad, pese a que realizan labores permanentes.

—¿Pero esta ya fue aprobada por la Comisión de Trabajo?

—Sí, y está para agendarse en el Pleno del Congreso pero el fujimorismo no quiere pagar el costo político de rechazar un proyecto que esperan todos los trabajadores. Lo que hacen es “congelarlo” y no verlo.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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