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Editorial

El alto costo de la corrupción

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Dos hechos que pueden constituirse en un obstáculo muy grande para nuestra economía vienen registrándose en estas últimas semanas. Uno de ellos es externo y el otro interno. Se trata, por un lado, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la misma que está escalando con la imposición de elevados aranceles a los productos que esas dos naciones exportan e importan mutuamente. ¿Y cuál es el problema?, se preguntarán algunos creyendo que solo se trata de una rivalidad por hegemonía, sin embargo, la guerra comercial se traduce en un menor consumo en el mundo.

El Perú es un país primario exportador; es decir, que principalmente vende al exterior materias primas y básicamente minerales como el oro, cobre, plata, zinc, molibdeno, entre otros. Lo malo de este asunto es que la guerra comercial podría terminar afectando el precio de nuestras exportaciones, principalmente las del cobre. Esperamos que no sea así, pero nadie puede asegurar eso porque hay incertidumbre, y cuando esta se presenta los inversionistas prefieren no arriesgar.

A ello se suma la situación interna que vive el país por el tema de la corrupción rampante que corroe todo como un cáncer y que ha llegado hasta los niveles más altos del Poder Judicial. Precisamente, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita anualmente nuestro país ha señalado en su informe final, publicado el 25 de julio, que actualmente la corrupción se identifica como el mayor problema para hacer negocios en el Perú. También preocupa al FMI la corrupción en los gobiernos locales. Esto último volvería vulnerable la inversión pública, restándole efectividad.

De lo expuesto se desprende la urgente necesidad de llevar a cabo las reformas pendientes, principalmente la reforma política y la del Poder Judicial. Ya no se puede esperar más. El Ejecutivo ha hecho su parte y es menester que el Poder Legislativo tome conciencia del difícil momento que está viviendo el Perú al encontrarse entre la incertidumbre –generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China- y la corrupción de los casos “Lava Jato” (que llegó de Brasil) y después por el tema de los CNMaudios. Por el momento lo que sabemos es que el impacto de la corrupción será muy alto para la competitividad del país y son nuestras autoridades del Gobierno y el Poder Legislativo quienes ahora tienen que pasar de las palabras a los hechos para exterminar esa lacra.

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Editorial

No a la corrupción

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Una buena noticia, entre tantos problemas que afectan al país, es que la calificadora de riesgo soberano Moody’s Investors Service, ha anunciado que mantiene la calificación del gobierno peruano como emisor de deuda a largo plazo en moneda extranjera y local en “A3 con perspectiva estable”. ¿Y qué tiene eso de bueno?, pues mucho, porque la perspectiva estable de la calificación refleja la opinión de Moody’s de que los riesgos al alza y a la baja para el perfil crediticio de Perú permanecen equilibrados; es decir que somos un país al que se le puede otorgar créditos sin correr ningún riesgo y, por ende, las tasas de interés que nos ofrezcan serán manejables.

Para tomar tal decisión, “Moody’s” ha considerado en primer lugar La fortaleza económica moderada de Perú; la muy alta fortaleza fiscal del gobierno; La fortaleza institucional moderada del país, que refleja limitaciones estructurales relacionadas con la calidad institucional y el alto nivel de corrupción. También estima que el desempeño fiscal se mantendrá sólido y los índices de endeudamiento se mantendrán relativamente estables, aun cuando continúen los desafíos de fortaleza institucional que dificultan la asignación eficiente de recursos en la economía.

¿Podríamos estar mejor? La calificadora cree que el Perú sí podría tener una calificación más alta. Sin embargo, y aquí viene el “pero”, Moody’s ha señalado que para cambiar la calificación hacia arriba, el país tendría que mostrar un aumento sustancial en los niveles de ingreso –cosa que en un contexto interno y externo como el que vivimos es muy difícil- o un fortalecimiento significativo de los indicadores de gobernabilidad, particularmente relacionados con las instituciones políticas, la corrupción y la economía informal. Es allí donde está el detalle. El Gobierno debe trabajar mucho en el fortalecimiento institucional y en el combate contra la corrupción y la informalidad.

También podría ayudar la pronta implementación de las reformas políticas para evitar la llegada a las altas esferas del Gobierno de políticos proclives a caer en la corrupción. Lograrlo será una lucha titánica que tiene su costo. Pero, además, hay que frenar la informalidad, tanto en el sector público como en el privado. Recordemos que la economía peruana podría crecer más del 3% estimado con un mayor nivel de formalización, y mucho más aún cortándoles las uñas a los corruptos.

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Editorial

¿Fujimoristas con amnesia?

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“Aunque se juzgue vulgar la comparación, el periodismo guarda semejanza con el alumbrado público: suprimamos el petróleo, el gas o la luz eléctrica, y las ciudades más civilizadas se transformarán en bosques de bandidos; eliminemos los diarios, y en las naciones más libres surgirán los tiranos más inicuos y más abominables”. Aquello fue escrito hace más de un siglo por el ensayista, pensador anarquista y poeta peruano Manuel González Prada, pero se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo, los cambios en la sociedad y los avatares de la política.

Esta cita viene a colación tras conocerse las nuevas conversaciones del denominado chat de La Botica que revelan las críticas de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso contra un sector de la prensa a la que califican de “mermelera” (que cobra por publicar una noticia a favor de alguien). Tal calificativo fue endilgado por el congresista fujimorista Mario Mantilla a un sector de la prensa, en junio del año pasado por cuestionar la llamada “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

Olvidaron entonces los congresistas de Fuerza Popular que la libertad de contratación y el derecho a la información están amparados por la Constitución Política del Perú y por el ordenamiento legal vigente en nuestro país. Pero, también, olvidaron que el gobierno de Alberto Fujimori fue el que amordazó a la prensa libre, cuando no pudo comprar titulares, amén de las campañas de desprestigio a sus opositores valiéndose de los diarios chicha. Esos no son los métodos de las fuerzas democráticas; son los métodos del fujimontesinismo. Esa era la prensa “mermelera”, incubada en el miasma putrefacto de la corrupción.

No obstante, la difusión de los chat de La Botica nos demuestra el enorme interés de evitar que se difunda la información relativa a la corrupción de Odebrecht que incluyó financiamiento a algunos congresistas. Sin embargo, la verdad saldrá a la luz más temprano que tarde. Ojalá que el equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato pueda encontrar información del financiamiento de Odebrecht a congresistas, y se desvele por qué algunos parlamentarios están tan interesados en acallar a la prensa.

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Editorial

¿El dedo en la llaga?

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El legislador de la Bancada Liberal Alberto de Belaunde, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país, y razón no le falta, máxime si se tiene en cuenta que es en el Congreso donde se debe discutir el tema de la reforma política con énfasis en la lucha anticorrupción. A ello se agrega que sería más grave aún que algunos –¿o varios?– parlamentarios financiados por Odebrecht no hayan declarado que tienen un conflicto de intereses.

Las declaraciones del congresista Alberto de Belaunde son una suerte de voz de alerta para que los fiscales del equipo especial que investiga el caso de corrupción Lava Jato demuestren de una vez por todas que los congresistas no son intocables, al igual que ocurrió con expresidentes y líderes de partidos políticos. Ojalá, pues, ha dicho el legislador De Belaunde, que todavía exista la posibilidad de que el equipo especial del Ministerio Público pueda conseguir esa información.

El Parlamentario de la Bancada Liberal ha señalado, también, que en caso los fiscales consigan toda la información pertinente es muy probable que el país se lleve muchas sorpresas, además de tener la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores. Habrá que esperar entonces los resultados del trabajo que realiza el equipo especial del Ministerio Público para que se aclaren muchas interrogantes. Por su parte, los funcionarios de Odebrecht han admitido financiamiento a algunos parlamentarios y eso tendrán que acreditarlo, pues han asumido un compromiso con la justicia de Brasil.

En efecto, en marzo de 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en las campañas de algunos congresistas. Falta pues, ahora, que en el Perú se pueda corroborar esa información para que los congresistas financiados por Odebrecht, que hasta ahora están pasando por lo bajo, queden al descubierto a fin de que no obstaculicen la reforma política que el país tanto espera.

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