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Política

El agravio a los muertos en Bolivia

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Muertos en Bolivia por conflictos

“Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence…..”

-W. Benjamin

 

Un multitudinario cortejo fúnebre recorre las calles de El Alto y La Paz. Por delante van dos féretros y detrás miles y miles de dolientes. Son gente humilde; pobladores de El Alto, artesanos, campesinos, vecinos, madres, indígenas de las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Han caminado con su dolor cerca de diez kilómetros, y a su paso salen trabajadores, comerciantes y estudiantes llorosos que se persignan, aplauden y entregan agua y pan a los que marchan. La ciudad está paralizada, y la gente de los barrios populares está de luto. Ayer, en la zona de Senkata ocho pobladores fueron asesinados con armas de fuego militar, más de un centenar fueron heridos de bala, llegando a treina y cuatro los muertos en los últimos nueve días del golpe de Estado en Bolivia.

Han bajado desde El Alto para reclamar justicia por sus muertos; han caminado tanto para que las personas vean lo que está pasando, ya que los medios de comunicación amordazados no hablan de la tragedia sufrida; marchan horas y horas para decirle al mundo que no son terroristas ni vándalos; que ellos son el pueblo.

Y es que desde el día del golpe de Estado todas las movilizaciones de sectores populares y campesinos que salieron a defender la democracia y el respeto al voto ciudadano fueron objeto de una feroz campaña de desprestigio que desbordó las redes y los medios de comunicación. No se hablaba de obreros, ni de vecinos, ni de indígenas.

Se trataba de “peligrosas hordas”, de “vándalos” que amenazan la paz social. Y cuando los habitantes de la valiente ciudad de El Alto y los indígenas y campesinos bloquearon carreteras, un rabioso lenguaje se apoderó de los golpistas y medios de comunicación: “terroristas”, “narcotraficantes”, “salvajes”, “criminales”, “turbas borrachas” “saqueadores” y otros adjetivos fueron utilizados para descalificar y criminalizar la protesta de las clases menesterosas.

Desde entonces, mujeres de pollera con hijos en la espalda, niñas escolares que acompañan a sus padres, jóvenes universitarios, obreros soldadores, campesinos de poncho y vendedores de helados son el nuevo rostro de los “peligrosos sediciosos” que quieren incendiar el país. Esta estigmatización de la plebe sublevada, especialmente si son indios, no es nueva.

Durante la Colonia, en el siglo XVI, Fray Ginés de Sepúlveda comparó a los indígenas con los monos; el cura Tomás Ortiz los calificó de “bestias”; en el siglo XIX se hablaba de “razas degeneradas”; y las dictaduras del siglo XX mutaron hacia la delincuentización del indio insurrecto, calificándolo de “subversivo“, “sedicioso”, que quiere poner en riesgo la propiedad, el orden y la religión.

Ahora, las clases medias tradicionales realizan una vergonzosa fusión verbal entre el lenguaje colonial con el de contrainsurgencia. Ni sus intelectuales orgánicos educados en universidades extranjeras pueden escapar a este llamado de la sangre y el prejuicio racial. Para ellos las marchas de vecinos son reuniones de “delincuentes borrachos”, los bloqueos de caminos de campesinos son actos de “terrorismo” y los asesinados por la bala militar son ajustes de cuentas entre “maleantes”. La forzada mesura con la que todos estos años los escribas conservadores habían calificado a los indios empoderados, hoy se desbocan como un torbellino de prejuicios, insultos y descalificaciones racializadas.

Habían aguardado toda una década mordiéndose los dientes para no escupir sobre los indios y mostrarles su desprecio; y ahora, amparados en las bayonetas, no dudan en descargar todo su odio de casta. Es el tiempo de la venganza y lo hacen enfurecidos. Es como si quisieran borrar no sólo la presencia del indio que los derrotó, y por eso son capaces de matar con tal de que Evo no sea candidato; además desean arrancar su huella de la memoria de las clases humildes asesinando, encarcelando, torturando, amenazando a quienes pronuncien su nombre.

Por eso queman la Wiphala que Evo introdujo en las instituciones del Estado; por eso queman las escuelas que él hizo construir en los barrios populares; por eso aplauden y brindan por la militarización de las ciudades. Ya no hay espacio para la dignidad ni el decoro de una clase que se revuelca frenéticamente en el lodo del autoritarismo, la intolerancia y el racismo.

Y es contra ello que marchan las clases humildes de El Alto y las provincias. Bajan por miles, doscientos mil, trescientos mil. El número ya no importa. El poder que ellas defienden no es el de una persona ni el que Weber teorizó como capacidad de influir en el comportamiento de otro. Para las clases populares la experiencia de poder de estos últimos catorce años es el de ser reconocidas como iguales, el de tener derecho al agua, a la educación, al trabajo, a la salud en similares condiciones que el resto de los ciudadanos.

El ejercicio del poder para el pueblo ganado en las urnas, más que la de una capacidad de mando ha sido la de una experiencia corporal diaria de poder mirar de frente a los demás sin tener que avergonzarse del color de piel o la pollera de madre; es haber sido tomados en cuenta como seres humanos; es el poder vender en el mercado, labrar la tierra o ser autoridad sin ninguna barrera de apellido.

De ahí que, si bien la experiencia del poder estatal para las clases subalternas -como lo vio Gramsci- es, en primer lugar, la construcción práctica de su unidad como bloque social, la manera de verbalizar y comprender moralmente ese poder ha sido la conquista de la dignidad, es decir, su experiencia de pueblo como cuerpo colectivo autodignificado.

Por eso la mujer de pollera y el obrero lloran cuando el fascismo quema la Wiphala, lloran cuando Evo es expulsado, lloran cuando son impedidos de entrar a las ciudades. Lloran porque están despedazando el cuerpo simbólico y real de su unidad y de su poder social. Y cuando llevan sus muertos por delante en medio de miles de crespones negros y boleros de caballería fúnebres, lo hacen para pedir a las clases pudientes el respeto a sus muertos, a esos muertos que son el umbral último donde los vivos, sea de la clase o condición social que sean, deben detener su orgía de sangre y odio, para venerar la virtud de la vida.

Muertos en Bolivia por conflictos

Pero la respuesta de los golpistas es atroz, inmoral, dantesca. Disparan gases lacrimógenos, disparan balas, desplazan sus tanquetas y los féretros quedan en el piso, envueltos en una nube de gases escoltados por gente que se arrodilla y se arriesga a la asfixia antes que abandonarlos.

”No respetan ni a los muertos” grita la gente. No es una frase de protesta, es una sentencia histórica. La misma que pronunciaron los padres de los agredidos de hoy, cuando otro golpe militar en el fatídico noviembre de 1979 ametralló desde unos aviones norteamericanos Mustang a los dolientes que rezaban y hacían ofrendas a los familiares difuntos en el día de los muertos o “todos santos”. Los aventureros del golpe militar de entonces, después de su efímera borrachera de victoria, quedaron aparcados en la cloaca de la historia, lugar en el que con toda seguridad estarán pronto los golpistas de hoy. No se puede agraviar impunemente a los muertos, porque en la cultura del pueblo ellos forman parte de los principios básicos reguladores del destino de los vivos.

La brutalidad de los golpistas hoy obtiene el miedo de la gente, pero ha abierto las puertas de un resentimiento generalizado. Las suturas con las que las seculares grietas clasistas, regionales y raciales habían sido cerradas han estallado por los aires dejando unas heridas sociales sangrantes. Hoy hay odio por todos lados, de unos contra otros.

Las clases medias tradicionales quisieran ver el cadáver de Evo arrastrado por las calles, como el del expresidente Villarroel en 1946. Las clases plebeyas quisieran ver a los ricos cercados en sus barrios padeciendo de hambre por la falta de alimento. Una nueva guerra de razas anida en el espíritu de un país desgarrado por la felonía de una clase que halló en el prejuicio colonial de superioridad la defensa de sus privilegios.

Ya lo dijimos, la fascistización de la clase media tradicional es la respuesta conservadora a su decadencia social fruto de la devaluación de sus aptitudes, capitales, oportunidades y saberes legítimos frente a la “invasión” de una nueva clase media de origen popular e indígena con repertorios de ascenso social más eficaces en el Estado indianizado de la última década.

No es que han tenido una depreciación de su patrimonio -que de hecho aumentó pasivamente debido a la expansión económica generalizada del país- sino de sus oportunidades y apuestas sociales de mayor ascenso social aprovechando el crecimiento exponencial de la riqueza nacional.

Pero esto no ha limitado un hecho relevante de las estructuras de clases sociales y de los procesos de hegemonía política: la irradiación estatal de las clases medias. En sentido estricto el Estado es, en su regularidad, el monopolio del sentido común de una sociedad. En tanto que el poder político es, con mucho, la creencia y convicción de unos del poder de otros, es en cierto modo también un tipo de sensación intersubjetiva. Se trata del espeso mundo de las narraciones profundas con efecto estatal.

La “opinión pública”, esto es, las narrativas, símbolos y sentidos de comprensión de la legitimidad que pugna por realinear el sentido común político, en gran parte es concentrada por las clases medias tradicionales por disposición de tiempo, recursos y especialización laboral.

En Bolivia, el ascenso social de nuevas clases medias indígena-populares ha venido acompañado por nuevas narrativas y sentidos de realidad pero no con la suficiente solidez como para irradiarse o contraponer la racialización del discurso de las clases conservadoras y ser soporte de una nueva “opinión pública” predominante.

Las clases medias tradicionales poseen la experiencia en las formaciones discursivas y en los sedimentos históricos del sentido común dominante, lo que les ha permitido expandir retazos de su modo de ver el mundo más allá de la frontera de clase, incluso en partes de las nuevas clases medias y sectores populares. De hecho, la nueva clase media más que una clase social con existencia pública movilizada es una clase estadística, es decir, aún no es una clase con irradiación estatal.

De ahí las dramáticas formas con las que las fuerzas indígena-populares intentan escenificar y narrar sus resistencias. Se trata de otras maneras de construcción de opinión pública y de articulación del sentido común que se irradia a otros sectores sociales, pero a raíz del hecho de fuerza del golpe de Estado, ahora subalternizadas, fragmentadas.

Mientras tanto, el fascismo cabalga como un jinete enloquecido al interior de las murallas de los clásicos barrios de clase media. Ahí, la cultura y las razones han sido erradicadas sin disimulo por el prejuicio y la revancha. Y parece ser que sólo el estupor fruto de un nuevo estallido social o de la debacle económica que asoman en el horizonte, producto de tanto odio y destrucción, podrá agrietar tanta irracionalidad escupida como discurso.

 

ÁLVARO GARCÍA LINERA 
Página 12

Política

Patrones del mal

Publicado

en

Jorge del Castillo y Alan García Pérez

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que el segundo gobierno de Alan García trabajó como una organización criminal al servicio del narcotráfico. El Ministerio Público podría reabrir el caso Narcoindultos y ahora sí llegar a la verdad

Tras revelarse los audios que vincularían al excongresista Jorge del Castillo con el cambio de testimonio de un testigo en el caso Narcoindultos, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, advirtió en entrevista con Canal N que el segundo gobierno de Alan García trabajó al servicio del narcotráfico, en referencia a los indultos y conmutaciones de penas a miles de sentenciados por esta actividad delictiva.

Cateriano consideró que el caso Narcoindultos es de una gravedad que debería indignar a la ciudadanía, y que resulta “inaceptable” que el gobierno de García haya beneficiado a narcotraficantes.

“Estamos ante una organización criminal que benefició al narcotráfico. Esa es la magnitud del escándalo del caso Narcoindultos. Mientras estuvieron en el poder tenían fiscales y jueces supremos a sus servicios, con un Tribunal Constitucional genuflexo”, cuestionó.

En esa línea, señaló que Del Castillo fue el “abogado ciego y fanático defensor de Alan García”. “Así como ocurrió en la primera investigación realizada en la cámara de diputados, también en el segundo gobierno aprista Del Castillo se dedicó a obstruir las investigaciones. Se intentó ridiculizar la labor de Sergio Tejada (presidente de Megacomisión del Congreso), luego vino una confrontación más agresiva, y finalmente una pelea total política de García contra Humala”, recordó.

En otro momento el expresidente del Consejo de Ministros calificó de “escándalo” el hecho de que los fiscales supremos cercanos al fujiaprismo todavía se mantengan en sus cargos, y afirmó que el país no pudo conocer la verdad de lo acontecido con los Narcoindultos porque el Apra y el fujimorismo tenían en la Fiscalía y en la Corte Suprema “dignatarios que los protegían y evitaban la labor de la justicia”.

Cateriano señaló que el narcotráfico representa uno de los flagelos del país y por tanto, que el gobierno de Alan García haya beneficiado a esta actividad criminal merece una amplia y exhaustiva investigación. “Por razones políticas e intereses económicos se ha impedido que el país conozca la verdad, pero esa puede ser una tarea del próximo Congreso: formar una comisión investigadora que no bloquee como hicieron apristas y fujimoristas”, indicó.

llos (el Apra) a lo largo de su historia política han empleado la guerra sucia para confundir y tergiversar los hechos, y como lo decía Alan García, ‘si no puedes convencer, confunde’. En eso el líder aprista fue insuperable, apuntó. Sin embargo, agregó que ya sin inmunidad parlamentaria, Del Castillo tendrá que someterse a la acción de la justicia como cualquier ciudadano.

DEBE REABRIRSE EL CASO

Por su parte, el investigador y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, coincidió en señalar que el Ministerio Público debe reabrir las investigaciones por el caso Narcoindultos. “No es posible que solo haya una persona en la cárcel por este caso, así que esta es una buena oportunidad para sacar la verdad a la luz”, indicó. Además, advirtió que la atención hacia Jorge del Castillo se está desviando a un tema escandaloso pero más inocuo, dado que el caso del pago irregular una trabajadora en el Congreso no tiene la envergadura de un caso donde se benefició a narcotraficantes.

Antezana señaló que, desde una perspectiva sociológica y al margen de la opinión de la Fiscalía, el Apra ha actuado como una organización criminal. En este sentido, recordó que además del vínculo ahora conocido con el caso Narcoindultos, están las investigaciones por presunta corrupción y vinculación a redes criminales a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Luciana León.

“Se dice que los partidos no son organizaciones criminales, pero eso es en la literatura; en la realidad muchos terminan siendo controlados por estructuras criminales con varias actividades delictivas sistemáticas”, denunció.

Para el investigador, que el exnarcotraficante apodado “Brasil” haya expresado temor por las presuntas amenazas de integrantes del grupo paramilitar Rodrigo Franco, son un indicador de que sabía con quién se estaba involucrando cuando cambió de versión: “El Apra siempre ha tenido aparato de choque, al margen de cómo se llame. Entonces, si cambias de versión, es por plata o es por amenaza. En este caso es evidente que fue por miedo”.

ALGO MÁS

Finalmente, Antezana incidió en la importancia de que el Ministerio Público profundice en las investigaciones del caso, y advirtió que ante la ausencia del suicida presidente Alan García, el condenado Facundo Chinguel ya no tiene a quien ser leal y, al igual que Luis Nava, podría tener mucho para declarar ante los fiscales.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Hay una campaña para forzar la vacancia de Vizcarra

Publicado

en

Martín Vizcarra Cornejo

Hay una campaña orquestada para forzar la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

Fue al comentar la denuncia sobre el supuesto pago irregular a un consorcio vinculado al Club de la Construcción por parte del gobierno regional de Moquegua cuando estaba bajo su administración en el 2014.

“No [considero] que no se tenga que investigar al Presidente, pero la Constitución es clara cuando se dice que se le investiga y acusa al final de su mandato, y lo que creo es que hay detrás una campaña orquestada para nuevamente forzar una vacancia o una renuncia. Creo que detrás hay eso, y esta campaña por momentos sube en intensidad y baja”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo estoy en contra de eso [de plantear la vacancia], porque viola lo dispuesto por la Constitución y tenemos que aprender a que el Presidente de la República cumpla con su mandato, pero lo que hay acá es una distorsión burda del sistema constitucional con fines políticos para intentar obstruir la acción de la justicia. Así lo veo claramente”, manifestó.

CAMPAÑA NO HA CESADO

El expremier dijo, en ese aspecto, que si el Jefe del Estado ha cometido un acto ilícito se le tiene que sancionar. Refirió, sin embargo, que el intento por sacarlo del cargo, no ha cesado.

“Si el señor Vizcarra ha cometido algún acto administrativo ilícito de acuerdo a la Constitución se le tiene que sancionar al finalizar su mandato. En lo que yo estoy completamente en desacuerdo es que se plantee permanentemente como mecanismo de solución a los problemas del Perú la vacancia del Presidente, que es el lema de campaña de fujimoristas y apristas”, refirió.

“Esta campaña por intentar vacar al presidente Vizcarra no ha cesado, tiene por momentos una intensidad, luego baja, pero hay una constante de que hay que vacar al presidente Vizcarra y es que dentro de este contexto que estoy en contra de estas campañas periodísticas” manifestó

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Política

Rechazó ampliar por 12 meses prisión preventiva contra Belaunde Lossio

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en

Martín Belaunde Lossio

Martín Belaunde Lossio, quien estuvo vinculado al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, podría recuperar su libertad en las próximas horas, porque el último lunes se venció el mandato de prisión preventiva de 24 meses que se dictó en su contra.

Después que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazara el pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses más el mandato de prisión preventiva que se le impuso por el caso Antalsis, el tribunal superior resolvió por mayoría confirmar la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción que rechazó en primera instancia el requerimiento fiscal.

El pasado lunes, se cumplió el plazo de 24 meses de prisión preventiva dictado contra Belaunde Lossio por el caso Antalsis. El empresario no tiene ningún otro mandato de este tipo por los casos ‘La Centralita’ y Odebrecht, en los que también se encuentra involucrado.

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