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Especial

Ejemplar condena a dos militares torturadores

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DENIS MERINO

A diferencia de otras ocasiones, el colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, marcó distancia de otros magistrados y condenó la madrugada del pasado viernes a dos militares que, según se comprobó, cometieron delitos de lesa humanidad en el excuartel ayacuchano Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos.

Cuando muchos dudaban de la imparcialidad o de las presiones que supuestamente reciben los magistrados del Poder Judicial sucedió lo inesperado. Aunque con algunas diferencias los tres jueces coincidieron que en el excuartel Los Cabitos sucedieron detenciones arbitrarias, torturas, muertes y desapariciones.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos-Aprodeh, consideró que la sentencia tiene algunas inconsistencias como no condenar a Roberto Saldaña, otro de los uniformados que secuestraron, torturaron y asesinaron a estudiantes, campesinos y otros en la zona de Ayacucho y que fue absuelto por lo que apeló la sentencia.

Aunque el final de la sentencia de 545 páginas se leyó a las tres de la mañana, madres, hermanas, esposas, hijas de los fallecidos como consecuencia de torturas y que llegaron desde dicha región, esperaron ansiosas la condena. Acompañándolas se encontraban las congresistas de Nuevo Perú Tania Pariona, Indira Huilca y Marisa Glave, así como activistas de organizaciones de Derechos Humanos.

En las afueras de la Sala se expusieron carteles con exigencia de justicia y fotos de algunos de los desaparecidos con velas encendidas.

Adelina, esposa de Zoísmo Tenorio y expresidenta de la Asociación Nacional de Familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú-Anfasep, dijo que le parecía justa la condena a dos de los militares pero que faltaba castigar a otros que también cometieron delitos similares.

Se refería mayormente al caso del exjefe del Estado Mayor Administrativo coronel Roberto Saldaña Vásquez, a quien se consideró absuelto porque a juicio del jurado no se tenían pruebas acusatorias suficientes en su contra.

En la introducción de la sentencia que se empezó a leer a las 8 de la noche, se mencionó en varios pasajes que se había comprobado que los acusados cometieron abuso de autoridad al secuestrar a diversas personas y detenerlas arbitrariamente sin dar razón a fiscales y menos aún a sus familiares.

“Está comprobado que los detenidos eran sacados de sus casas violentamente por patrullas militares, a veces con la participación de policías, y llevados al cuartel Los Cabitos donde sufrieron vejámenes y crueles torturas que en muchos de los casos terminaron en muertes”, se escuchó a lo largo de la lectura.

También se mencionó que esos hechos se iniciaron luego que el gobierno democrático (Belaunde) decidiera entregar el poder a un comando político militar que jefaturara el exgeneral ya fallecido Clemente Noel y Moral como una forma de enfrentar al partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso que desarrollaba acciones armadas.

CON SU CRUZ
En este juicio que se inició hace doce años se evaluaron los casos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas, entre los que se encontraba Arquímedes Ascarza hijo de “mamá Angélica”, principal promotora de la organización que agrupa a familiares de las víctimas que desde entonces carga una cruz como símbolo de su lucha..

Ella fue testigo de cómo sacaron una madrugada de su casa a su hijo y según expresó le dijeron que lo reclame en el cuartel Los Cabitos, lo que hizo en varias oportunidades, sin encontrar respuesta. “Siempre negaban tenerlo ahí”, dijo en varias entrevistas. Hoy, cercana a los 90 años y con la salud deteriorada, no pierde las esperanzas de conocer el lugar donde enterraron los restos de Arquímedes “para darle cristiana sepultura”.

Precisamente, el exmilitar Pedro Edgar Paz Avendaño, entonces jefe de inteligencia del Ejército en Ayacucho, fue condenado a 23 años de cárcel al ser encontrado responsable de la desaparición de Arquímedes y del crimen contra Luis Barrientos Taco y otros.

El exjefe del referido cuartel, Humberto Bari Orbegoso, a quien se le consideró reo contumaz por no presentarse a la audiencia, se le condenó a treinta años. Se expresó que según determinados documentos es el responsable de actos violatorios a los Derechos Humanos.

Se cita en la sentencia como tercero civilmente responsable al Estado por considerar que los militares actuaron en esa representación y cumpliendo órdenes superiores.

En cuanto a las reparaciones civiles el Tribunal ordenó pagos de entre doscientos mil y doscientos cincuenta mil a favor de los deudos y ciento cincuenta mil para los detenidos y torturados que sobrevivieron a esas acciones en 1983. También se dispuso la inhabilitación para funciones públicas de los condenados.

Se informó que se reservaban las condenas tanto del exjefe del Estado Mayor Operativo Carlos Millones D`estafano y del ex comandante de las Fuerzas Armadas Carlos Briceño, el primero por encontrarse con problemas de salud mental y el segundo por enfermedad física. El colegiado ordenó que sean evaluados cada nueve meses.

La fiscal Luz Ibáñez también presentó un recurso de nulidad contra la absolución de Saldaña Vásquez “porque consagra la impunidad en este caso de violaciones de Derechos Humanos y crímenes contra la humanidad”. Asimismo, el Ministerio Público ordenó la inmediata captura de los condenados.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció en su informe final que “miembros del Ejército acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y efectivos de la Unidad de inteligencia conocida como ‘La Casa Rosada’ (ambos establecidos en Huamanga) ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984. Efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, concedieron libertades selectivas, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente, por lo menos, a 136 ciudadanos”.

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Especial

Dos años en el espacio – SAT 1

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Satélite PeruSAT1

A dos años del lanzamiento del Perú SAT-1, los primeros cuestionamientos —aquellos motivados por fines políticos— han desaparecido y el primer satélite submétrico de observación terrestre del Estado comienza a expandir sus usos entre las instituciones públicas.

Carlos Caballero, Agencia Espacial del Perú

Conversamos con el general de la Fuerza Aérea Carlos Caballero, director de la Agencia Espacial del Perú, sobre los alcances de esta tecnología que orbita 694 kilómetros por encima de nuestras cabezas.

— ¿Qué significa para el país tener un satélite en el espacio?

—Hemos entrado a una nueva era. El Perú tiene presencia en el espacio y así adquiere nuevas dimensiones, y una nueva frontera virtual.

Con el satélite podemos observar todos los territorios sobre la tierra. Es información valiosísima que ponemos a disposición de todos los peruanos para trabajar en los problemas y retos de nuestro territorio.

Por otro lado, mientras más se conoce el sistema, más usuarios se acercan, más usos aparecen, y van apareciendo nuevas oportunidades. En Conida tenemos el ánimo de responder a todas las nuevas demandas que se presentan para así hacer que el satélite sea más rentable y más provechoso para el pueblo peruano.

Imágenes del Satélite PeruSAT1

Conida tiene registradas a 323 entidades usuarias del satélite.

—¿Existen datos duros que demuestren esa utilidad?

— Sí, de acuerdo a las estadísticas recogidas desde el sistema de contrataciones del Estado. Las entidades del Estado compraban un promedio de 38 imágenes al año en el mercado internacional. Hoy entregamos, en promedio, 6 mil 400 imágenes por año.

 

—¿Estas imágenes son todas utilizables, o existe un margen?

— Lo son. Tenemos un catálogo disponible para las entidades públicas (al que se puede acceder por internet) donde los usuarios pueden elegir las que les sean de utilidad y pedirlas al Conida.

—¿Cuánto se gastaba en esas 38 imágenes?

—En promedio, significaban un gasto de 1 millón 860 mil soles al año. Ahora entregamos nuestras imágenes de forma gratuita para las entidades públicas, pero si las valorizamos estaríamos hablando de 148 millones de soles, es un ahorro potencial muy importante. Desde ese punto de vista, hay un salto explosivo entre la situación anterior y la actual.

—¿Cuántas instituciones son hoy usuarias del satélite?

— Antes de tener el satélite, la cantidad de instituciones que compraban imágenes fluctuaba entre 10 y 20. Hoy Conida tiene registradas a 323 entidades usuarias. Nuestro objetivo es llegar a 2 mil instituciones registradas al final del 2019.

—¿Con qué medidas planean llegar a esa cifra?

— Es necesario un esfuerzo grande. Muchos sectores no habían trabajado antes con imágenes de este tipo, y muchos otros ni siquiera sabían que existía el Perú SAT-1.

Es trascendental la difusión. Una vez que una institución conoce que puede trabajar con nosotros, nos contactamos y, si hay interés en el tema, les ofrecemos cursos gratuitos. Desde los muy básicos, hasta los que permiten un aprovechamiento óptimo de nuestra plataforma.

A las instituciones que ya usaban imágenes satelitales les ofrecemos cursos gratuitos para potenciar sus capacidades, y siempre enfocados al área de su trabajo, ya sea agricultura, ordenamiento territorial, gestión de riesgo de desastres, etcétera.

La idea es captar más usuarios a nivel nacional y capacitarlos para que, en sus decisiones del día a día, empleen este tipo de recursos para resolver problemas mejor y más rápido.

—¿Este proceso les ha dejado algún aprendizaje?

— Estamos empezando a crear redes de instituciones que cooperan entre ellas para sacar adelante temas complejos de forma más rápida. Se está formando un círculo virtuoso de generación de conocimiento, donde cada día hay más usuarios, más involucrados, más capacitados, que ofrecen mejores resultados para sus instituciones.

— De alguna forma, es todo el aparato público el que ingresa en la era espacial.

— Sí. Y por otro lado, si bien la compra del satélite estuvo orientada al servicio del Estado, el público se ha abierto: también es para estudiantes de universidades públicas y privadas, para sus profesores, etcétera, siempre y cuando tenga fines sociales, que busquen el bien común.

Además, también trabajamos con privados en el Perú y el extranjero que compran imágenes.

Imágenes del Satélite PeruSAT1

— Mencionó que es útil para la prevención de desastres, para la agricultura, para vigilar de cerca la minería y la tala ilegal. ¿Qué otros usos tiene el satélite?

— En base a los testimonios de gente nueva que comienza a usar el Perú SAT-1, pareciera que el abanico de aplicaciones del satélite no tiene fin. Cada persona que toma contacto con nosotros, y sabe cuál es el problema que puede resolver esta tecnología en su institución, le encuentra algún uso nuevo.

Por ejemplo, la Fiscalía usó imágenes del satélite para comprobar qué obras públicas de infraestructura se realizaron antes del concurso respectivo, probando así un evidente ilícito.

Imágenes del Satélite PeruSAT1

— Una de las metas al corto plazo era tener un mosaico de todo el territorio peruano, ¿cómo va el trabajo del Conida en relación a esta?

— Un caso de éxito ha sido la realización de este mosaico. Tenemos una imagen del Perú compuesta por alrededor de 680 fotografías. Tenemos, entre comillas, al Perú en una computadora.

Tres instituciones (Ministerio del Ambiente, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y Conida) unieron sus esfuerzos. Cada una ha aportó sus capacidades y recursos para hacer un mucho mejor trabajo del que hubiéramos logrado por separado.

Es una característica de esta nueva era: obliga a que funcionarios e instituciones públicas cambien su cultura, su enfoque, para aprender a trabajar juntos y mejor.

Satélite PeruSAT1

— ¿Cuál es el horizonte de la agencia espacial?

— Estamos terminando dos proyectos muy relevantes que van a operar en paralelo a este satélite, de manera independiente. Muy pronto pondremos en funcionamiento un telescopio que estará ubicado en Cambrune, en Moquegua.

Asimismo, estamos a punto de retomar nuestras actividades de desarrollo y lanzamiento de cohetes experimentales para hacer estudios y pruebas con fines científicos y académicos.

No diría que hay satisfacción por lo ya realizado, porque queda mucho por hacer; pero sí podemos decir que hay mucho optimismo de cara al futuro.

 

EDUARDO SANTANA

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Especial

“Claro” y el acaparamiento de la telefonía móvil

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Celular smartphone telefonía movil internet

En un informe anterior vimos cómo en el año 2016 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el pedido de la empresa TC Siglo XXI para transferir sus concesiones en el espectro radioeléctrico en la banda 2.6 a favor de la empresa TVS. Ambas empresas tenían una serie de deficiencias advertidas por Osiptel que imposibilitaban la transferencia, además de poner en riesgo la libre competencia. Sin embargo, el MTC decidió autorizar la transferencia.

En esta nueva entrega de la investigación de Otra Mirada y Spacio Libre, con la colaboración de la Asociación Elegir, mostraremos otro capítulo similar ocurrido el año 2017 y con varias empresas protagonistas del traspaso anterior y que fueron respaldados por un MTC que usó sus propios informes para aprobarlos y no aceptar las recomendaciones del organismo supervisor.

OSIPTEL SE PRONUNCIA

Un año y tres meses después de lo ocurrido en nuestro primer informe, el 6 de setiembre de 2017 específicamente, Osiptel respondió a una consulta de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del MTC (bajo la batuta del hoy cuestionado exministro Bruno Giufra) en la cual estima –sin perjuicio de esperar mayor documentación- que no existen condiciones para que el ente rector apruebe una nueva transferencia de concesiones en la banda 2.6 Ghz para internet y telefonía móvil.

En dicha carta, Osiptel se pronuncia respecto al pedido de la empresa Velatel Perú SAC a favor de OLO Perú y de Cablevisión a favor de TVS Wireless para transferir concesiones y asignaciones de espectro, pedidos hechos al MTC.

Adjuntando el informe preliminar 161-GPRC-2017 que pueden ver aquí, Osiptel señala entre otros puntos que ya se había advertido en una situación anterior que existe “inacción por parte del MTC para regular la banda 2.6 Ghz”, haciendo referencia a lo que señalamos en nuestro primer informe.

Como vemos en la imagen, Osiptel critica que las transferencias se hayan realizado por iniciativa privada sin que exista un interés del sector por realizar un reordenamiento adecuado de las concesiones (refarming).

Otro aspecto del informe preliminar tiene que ver con la fuerte presencia que estaba teniendo Claro mediante la adquisición de transferencias, sobre todo de aquellas pequeñas que se estuvieron realizando en los últimos años. Señala, claramente el informe que la consecuencia de estas transferencias es “un acaparamiento del recurso correspondiente a las asignaciones vinculadas a un mismo grupo económico (América Móvil o Claro)…”

Advertencias que ya le habían hecho al MTC en informes anteriores y que fueron señalados en nuestra primera entrega. Es más, en este mismo documento, recuerdan que ya Cablevisión y TVS que iban a transferirse sus concesiones, ya pertenecían al mismo grupo empresarial: Olo.

Como hemos visto en la entrega anterior los informe 255 y 420 recomendaban la reversión del espectro de TC Siglo 21 de vuelta al Estado. Y aquí hay un dato importante en la historia de la telefonía que sirve para ver el afán de Claro para obtener mayor espacio.

Mientras las empresas TVS Wireless y TC Siglo 21 buscaban aprobar la transferencia de sus concesiones, la matriz mexicana de Claro, anunciaba el 9 de mayo de 2016, que su filial peruana se hacía con el 100% de las acciones de Olo y TVS Wireless.

Claro pasó así de no tener una fuerte presencia en la banda de 2.6 Ghz a ocupar un gran porcentaje de la misma, la cual se incrementaría más adelante. Además Osiptel hace énfasis en que estos aumentos favorables a Claro, se hacían con “acuerdos no muy claros”.

EL JALÓN DE OREJAS AL MTC

Veinte días después Osiptel respondió con un informe final al MTC, advirtiéndole –nuevamente- que al margen de la iniciativa privada, la subasta del espectro es un método válido para garantizar su uso adecuado, más aún cuando se trata de un bien escaso.

Así se desprende del informe 166-GPRC-2017 que pueden ver aquí.

Además de reiterar varias cosas del informe final, Osiptel reitera –ya con gráficos- el riesgo del acaparamiento de América Móvil (Claro) de la banda 2.6 GHz.

“CLARO” QUE TIENES MÁS

En el punto 49 del informe, Osiptel reitera el riesgo de la aprobación de las transferencias y señala textualmente que de darse “se configura un escenario donde en la práctica el grupo Claro posee un control más directo sobre el espectro en la banda de 2.6 GHz”. Además, que señala la poca inversión que el operador deberá realizar para expandir sus servicios.

Más adelante, reitera en el punto 96:

“… el grupo Claro, por un lado, incrementa su posición de dominio debido a que posee menores costos para garantizar cierta velocidad a sus usuarios…”

Punto 97: “(…) el grupo Claro no tendría incentivos a realizar mayor inversión por su alta concentración del espectro. Al no existir operadores que alcancen sus niveles de eficiencia podría (…) diferenciarse ofreciendo velocidades ligeramente mayores o (…) ofrecer las mismas velocidades a precios ligeramente menores”.

En términos simples… Claro “se la lleva fácil”.

En las conclusiones del informe, Osiptel llama la atención al MTC de las recomendaciones que ha formulado y le critica el hecho de no haber aplicado una política integral de reordenamiento y reorganización del espectro en la banda de 2.6 GHz.

Además que este caos, ha generado ineficiencias en la configuración y disposición de las asignaciones en dicha banda que impide la competencia por parte de otros operadores y nuevamente advierte:

Finalmente, Osiptel le recomienda al MTC no aprobar la transferencia.

EL REORDENAMIENTO DE LA BANDA O “REFARMING”

Precisamente, esa situación de reordenamiento es la que reclama la Asociación de Consumidores “Elegir”, su presidente Carlos Zúñiga señala “el MTC es el ente encargado del ordenamiento de la banda, el Osiptel ya le ha dicho que debe revertir las concesiones que no hayan cumplido con la norma y ordenarla”.

El jueves 23 de agosto, la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, sostuvo un encuentro con diversos medios de comunicación a propósito de estos informes. Spacio Libre y Otra Mirada estuvieron presentes en este encuentro y formularon preguntas respecto a esta situación.

Al respecto Nakagawa señaló que a la fecha, las empresas no han desarrollado servicios en algunas bandas asignadas, lo que ocasiona que no haya usuarios o que estos sean muy pocos, considerando el potencial que podría estar disfrutando de servicios de calidad.

Además, “las bandas se encuentran fragmentadas y dispersas, de modo que no se permite la prestación de servicios de manera eficiente”, señaló Nakagawa a la vez que manifestó que se está promoviendo el pronto reordenamiento.

Mientras tanto, Claro sigue disfrutando de la banda y es que en el año 2017, otras empresas siguieron transfiriendo sus concesiones y en medio de ello, la filial peruana de la empresa mexicana seguía comprando. Y el MTC de Giuffra seguía aprobando estas transferencias a pesar de que Osiptel le decía que no.

 

Francisco Pérez García
Investigación conjunta de Otra Mirada y Spacio Libre

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Especial

Bolivia: Doce años de logros y afán desestabilizador

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Evo Morales Ayma

El pasado 14 de agosto, el presidente Evo Morales ha cumplido, legal y legítimamente, el récord de permanencia sucesiva en la conducción del aparato estatal boliviano (12 años o 4.578 días como presidente), lo que lo convierte en el fenómeno político más sobresaliente de la historia de su país, mientras se suceden intentos desesperados de la derecha para desestabilizar el país.

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, denunció intentos “irresponsables” de sectores de la oposición para convulsionar el país con el objetivo de desprestigiar la gestión de gobierno y posesionar un discurso que asegura que el presidente Evo Morales no es garantía de estabilidad económica y política, frente a una realidad que demuestra los grandes logros en doce años de gestión.

Entre los desestabilizadores, incapaces de elaborar propuestas para el país, incluye al expresidente Carlos Mesa, Jorge Quiroga y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, que aseguran que el país se convulsionará si no se respetan los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en una “convocatoria disfrazada a la violencia”, muy parecida a la que se maneja en Venezuela y Nicaragua.

Hugo Moldiz

El periodista y exministro boliviano del Interior, Hugo Moldiz, rechaza acusaciones de falta de democracia en su país.

“PLENA DEMOCRACIA”

“El mundo está viendo que en Bolivia hay plena democracia, donde la gente puede decir libremente sus opiniones y tomar también acciones en función de sus propias convicciones”. Está claro que en Bolivia “no pasa absolutamente nada que restrinja la democracia y los contenidos de la democracia como tal”, indicó.

De acuerdo a todos los sondeos de opinión, el promedio de aprobación de la gestión en doce años de gobierno supera el 55%: la población valora las obras que hace, la intensidad del trabajo que despliega y la honestidad que demuestra el presidente.

“Estas convocatorias medias disfrazadas a la violencia o a negar más bien la vigencia de un orden democrático le hace mucho daño a la oposición, que debería sentarse primero para ver cómo se pone de acuerdo a tener un solo candidato; segundo, para presentarle un proyecto al país”, subrayó.

EVO CONDUCTOR

Morales es, en su condición de líder histórico, el eje o nodo articulador de otros dos factores que hacen posible la revolución boliviana: la fuerza organizada del pueblo y el proyecto alternativo.

Entre 2006 y 2009 Evo presidió el viejo Estado y ahora el Estado Plurinacional superando al conductor de la revolución de 1952, Víctor Paz Estenssoro, quien acumuló 12 años al frente del país de manera discontinua (1952-56, 1960-64 y 1985-89).

A ese triángulo se incorporó el proyecto alternativo, que articula el cuestionamiento a la colonialidad del poder y al sistema capitalista en el Plan Nacional de Desarrollo –que significó la nacionalización del petróleo, la Asamblea Constituyente, la anulación del neoliberalismo, entre otras medidas)- y ahora se enrumba hacia la materialización de la Agenda 2025.

BLOQUE POPULAR

Los analistas señalan que esta no es una revolución para instalar en el poder a una protoburguesía, como ocurrió en 1952, sino para constituir un bloque en el poder bajo liderazgo indígena campesino, obrero y popular para dar vida al proceso de cambio en la revolución más profunda de la historia boliviana.

Evo fue capaz de articular la resistencia al neoliberalismo desde la crisis de abril de 2000, cuando se desarrolló la “Guerra del Agua”. Hubo otros referentes en la sublevación popular, como Felipe Quispe, pero Morales condensaba los sueños y las esperanzas de la más amplia gama de las clases subalternas.

Y tras la derrota del neoliberalismo en octubre de 2003 y del intento de la embajada estadounidense de imponer su presidente en junio de 2005, la poderosa insurgencia indígena campesina, obrera y popular obtuvo una histórica victoria político-electoral en diciembre de 2005.

FUERTE LIDERAZGO

Para Moldiz, no es posible divorciar a Evo líder, del Evo presidente, y si bien hay momentos en que entra en crisis esa relación, cada vez que lo ha hecho ha salido fortalecida. Evo está decidido a ser candidato, una vez más, en las elecciones de 2019.

La fuerza de su liderazgo, fundada en el protagonismo de los movimientos sociales, se está encargando de romper con varios mitos de la historia de Bolivia, como el que señalaba que la diversidad clasista y nacional-cultural impedía que cualquier candidato obtuviera más del 50% de los votos en la primera vuelta.

Conquistó el 54% en 2005 y cuatro años después tuvo el 64% de respaldo, además del 67% que alcanzó en el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008. En 2014 obtuvo el 62% de votación.

ÉXITO SIN EL FMI

Morales está demostrando que el Estado en manos de una dirección revolucionaria es un instrumento capaz de administrar eficientemente los bienes comunes para la búsqueda del bien común, al no quedar subsumido a las fuerzas ciegas de la economía de mercado (a empresas transnacionales en un modelo neoliberal), sino que con la titularidad de un nuevo bloque en el poder (indígena, campesino, obrero y popular) queda en función de los intereses de la inmensa mayoría de la población.

Al distanciarse de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Morales ha logrado el comportamiento más exitoso de la historia económica boliviana: el PIB casi se ha quintuplicado (de seis mil a más de 35 mil millones de dólares), y las exportaciones estancadas en mil millones de dólares al año durante dos décadas se multiplicaron por 10.

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Bolivia se erigió en la primera economía de la región en los últimos cuatro años, producto de la política de nacionalizaciones y la aplicación de un modelo que genera excedentes y los redistribuye con distintos mecanismos a la población, provocando un énfasis en la demanda interna.

Y destruyó el mito de que Bolivia necesita de los Estados Unidos y los países del capitalismo central, con una política exterior soberana y diversificada. Ya lo había señalado el desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz: “no somos dependientes por ser pobres, sino pobres por ser dependientes”.

Moldiz recalca que se ha roto, también, el mito de que “los indios no saben gobernar”, abriendo un proceso de descolonización de las estructuras políticas, materiales y simbólicas que le otorgaban a la “blanquitud” una superioridad sobre la “indianitud”.

EL DESAFÍO

Y demostró que un gobierno de izquierda puede ser eficiente, dejando atrás el prejuicio sobre la participación y el liderazgo estatal: se puede redistribuir la riqueza y hacer obras de envergadura sin poner en riesgo la estabilidad económica y la soberanía.

Ahora le resta demostrar que un proyecto anticapitalista –el socialismo comunitario para el Vivir Bien- es lo que Bolivia necesita para continuar por el rumbo de la soberanía política y la independencia económica.

Como es obvio, dice Moldiz, la revolución boliviana enfrenta –como ahora- también momentos de contrarrevolución, donde la derecha, envalentonada por la teoría del fin del ciclo progresista y de restauración conservadora apunta a destruir todo lo que se hizo en doce años, apoyándose en el discurso de pedir respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, que cerró la posibilidad de la modificación del artículo 168 de la Constitución y la reelección presidencial.

La respuesta a esta amenaza está en manos de Evo y del pueblo organizado.

 

Sullkata M. Quilla
Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

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