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Edad laboral máxima en docentes universitarios

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Edad laboral máxima en docentes universitarios

He aquí algunos ejemplos:

Alemania: entre 67 y 70 años, según los lander.
España: 70 años.
Francia: 65 años, prorrogables a 68, de los cuales en los tres últimos el docente solo percibe su pensión de jubilación.
Italia: 70 años.
Argentina:: 70 años.
Brasil: 70 años.
Uruguay: 70 años.

Las causas del establecimiento de una edad máxima, que es por lo general 70 años como se ve, son:

a) cierta decadencia en la exposición de las clases y en la investigación a partir de esa edad;

b) permitir el acceso de los docentes de edad menor a la máxima a los niveles más elevados ocupados por docentes que cumplen la edad máxima;

c) promover una renovación en la enseñanza y la investigación, partiendo de la consideración de que es más probable que sea aportada por docentes más jóvenes.

Estas causas no tienen un carácter absoluto. Surgen como resultado de comprobaciones estadísticas, y de la necesidad de mantener la formación universitaria con el mayor dinamismo que, en promedio, brindan los docentes de edades inferiores a la máxima.

La nueva Ley Universitaria peruana, Nº 30220, del 8/7/2014, se alinea, en este aspecto, con la práctica general de la enseñanza universitaria en los demás países, tanto de Europa como de América Latina. Ha fijado la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria en las universidades públicas en 70 años, salvo para los docentes eméritos y honorarios que pueden ser mayores. La edad máxima de los docentes de las universidades privadas es 70 años, salvo pacto en contrario, según el Decreto Legislativo 728, art. 21º.

Edad laboral máxima en docentes universitarios

Esta disposición no les ha agradado a los docentes ordinarios de las universidades públicas de más de 70 años que, por el efecto inmediato de la ley, cesan como tales.

La nueva Ley Universitaria no introduce, en realidad, un cambio en este aspecto. La edad máxima de los docentes universitarios desde la promulgación del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil del Estado, Ley 11377 de 1951 (art. 35º-b), ha sido 70 años, disposición continuada por el Decreto Legislativo 276, de 1984 (art. 35º-a), leyes que comprendían a los docentes de las universidades públicas como empleados del Estado. La Ley del Servicio Civil, Nº 30057, de julio de 2013, dispone que los docentes de las universidades públicas se rigen por la Ley Universitaria, Nº 23733, cuyo art. 52º-g dispone que los profesores ordinarios tienen derecho a “los derechos y beneficios del servidor público”.

Hasta fines de la década del noventa el cese obligatorio de los docentes de las universidades públicas al llegar a los 70 años se cumplía regularmente. Esta situación comenzó a cambiar cuando un docente se negó a ser retirado e interpuso una acción de amparo para continuar enseñando. El Tribunal Constitucional, con la composición que tenía en ese momento por decisión de la mayoría fujimorista del Congreso de la República, le dio la razón sin fundamentarla en ninguna disposición constitucional y valiéndose de una falacia. De los cuatro magistrados que resolvieron, dos eran docentes de universidades públicas y habían pasado los 70 años. Luego vinieron otras sentencias en el mismo sentido. El resultado fue que en adelante, basándose en ellas, ningún docente fue cesado al cumplir 70 años, creándose un problema que contribuyó a postrar en la decadencia a las universidades públicas y a bloquear el ascenso de los docentes menores de esa edad. Hay ahora numerosos profesores con más de 80 años y muchos con visibles incapacidades mentales y físicas.

La sentencia a la que me refiero (Expte. 594-99-AA/TC, El Peruano, 16-6-2000, 0pág. 3122) dice en su parte considerativa: “Que si bien es cierto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35º inciso a) del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con lo señalado con el inciso a) del artículo 186º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la citada Ley, una causa justificada para cesar definitivamente a un servidor público es cumplir los setenta años de edad, sin embargo se debe tener presente que dicha disposición no es aplicable a los docentes universitarios, ya que de acuerdo con lo establecido en el inciso g) del artículo 52º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, solo le es aplicable a los docentes universitarios los derechos y beneficios de los servidores públicos sujetos al Decreto Legislativo Nº 276, por lo que no corresponde unilateralmente a la demandada cesar de su condición de docente al demandante por el solo hecho de haber alcanzado la edad de 70 años …”.

Ninguna cita ni alusión a algún artículo de la Constitución.

Edad laboral máxima en docentes universitarios

Esta sentencia se centra en la frase: “solo le es aplicable a los docentes universitarios los derechos y beneficios de los servidores públicos sujetos al Decreto Legislativo Nº 276”. De la lectura del inc. g) del artículo 52º de la Ley Universitaria 23733 no se puede concluir, sin embargo, que los docentes de universidades públicas no hubieran podido ser cesados al cumplir 70 años. Al contrario, sí podían serlo, aplicándoles el artículo 27º de la Constitución que dispone: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.” Esta protección la asumía la Ley Universitaria al acordarles a los docentes de las universidades públicas la garantía (derecho y beneficio) de la estabilidad hasta los 70 años, y no después de alcanzar esta edad, como sucedía con los demás empleados públicos. Por lo tanto, la acción de amparo hubiera procedido si el docente de una universidad pública hubiera sido cesado sin causa justificada antes de cumplir los 70 años.

Tan anómala situación, de la cual se han prevalido los docentes que iban cumpliendo 70 años para quedarse enseñando, pertenece ahora al pasado. El embalse provocado con su actitud ha sido desatascado con la nueva Ley Universitaria Nº 30220.

En efecto, según el art. 84º de esta, los docentes universitarios ordinarios cesan al cumplir 70 años, disposición que se aplica a quienes lleguen a esa edad en el futuro y a quienes ya la hayan alcanzado. Esta norma se ajusta al artículo 41º de la Constitución que dispone: “La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de inhabilitación para la función pública.” Los docentes de las universidades públicas ejercen una función pública y son empleados públicos, y una ley pertinente a ellos ha fijado en 70 años la edad a partir de la cual quedan inhabilitados legalmente para continuar en tal calidad, otra forma de decir, en concordancia con el art. 27º de la Constitución, que antes de llegar a los 70 años el despido de un docente universitario sin causa justificada es arbitrario, puesto que está habilitado para continuar en su función docente. Después, ya no.

En algunas universidades públicas se observa cierta resistencia a acatar la norma sobre la edad máxima en la docencia universitaria. Cierto número de docentes de más de 70 años no quieren irse, y las autoridades universitarias docentes, de más de 70 años igualmente, lo admiten. Algunos jueces han hecho lugar en primera instancia a las acciones de amparo presentadas por esos docentes, otra manifestación de la crisis del Poder Judicial. Supongo que la Oficina de Control del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura tendrán que abrirles proceso administrativo por prevaricato.

Un docente de derecho de más de 80 años (cesado como magistrado judicial a los 70) habría dicho que la nueva Ley Universitaria no lo comprendería, porque él ingresó a la carrera docente universitaria con la ley anterior. Se debería entender, por lo tanto, según su singular punto de vista, que él seguiría rigiéndose por la Ley 23733, no solo en el aspecto que le conviene (que no lo ampara precisamente, como se ha visto), sino también en los demás.

Esto equivale a decir que la nueva Ley Universitaria no entraría en vigencia para él ni para sus colegas mayores de 70 años (¿?). El docente en cuestión enseña Derecho Civil y es probable que en alguna de sus clases haya explicado “el efecto inmediato de la ley”, previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, cuya fórmula es la siguiente: “La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.”

El artículo 103º de la Constitución fue modificado, en noviembre de 2004, para darle un texto similar, pero más preciso: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, modificación que fue parte de la reforma constitucional de ese año para terminar con la nivelación automática de las pensiones del D. Ley 20530, dispuesta por esa reforma, y que, en virtud del “efecto inmediato de la ley”, se aplicó en seguida a “los regímenes pensionarios a cargo del Estado”.

Jorge Rendón Vásquez
Colaborador 

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La crisis del guano: gobiernos y gabinetes efímeros en el Perú del siglo XIX

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La crisis del guano: gobiernos y gabinetes efímeros en el Perú del siglo XIX

A mediados del siglo XIX, la economía de la naciente República del Perú dependía directamente de la recaudación de impuestos, aranceles y contribuciones producto de la exportación del guano. El mercado mundial exigía guano. Las grandes potencias capitalistas europeas exigían guano para poder mantener sus revoluciones industriales. Por ende, los precios del guano alcanzaron cifras astronómicas para la economía de aquel momento.

Pero, el ingreso de un producto de mayor calidad como el salitre, desmoronó como un débil castillo de naipes nuestras exportaciones de guano. Su preció cayó y nuestra economía se desplomó. Las consecuencias políticas se verán reflejadas en la existencia de una serie de gobiernos efímeros, otros de mayor duración, pero con gabinetes que cambiaban constantemente.

La crisis económica producto de la caída del precio mundial del guano, produjo un estancamiento económico-político que nos llevó directamente a la derrota en la Guerra contra Chile.

El 24 de octubre de 1862, el mariscal Miguel de San Román y Meza es elegido Presidente de la República. Tres días después, juramentó el gabinete presidido por el Dr. José Gregorio Paz Soldán. Un gabinete que duró 5 meses debido a la muerte del presidente el 3 de abril de 1863.

La crisis del guano: gobiernos y gabinetes efímeros en el Perú del siglo XIX

Ese mismo 3 de abril de 1863, se autoproclamó como presidente el mariscal Ramón Castilla y Marquesado, generando una crisis que duró hasta el 9 de abril cuando el general Pedro Diez-Canseco Corbacho es proclamado Presidente. Ese mismo día, juramentó el gabinete encabezado por el Dr. Juan Antonio Ribeyro. Este gabinete funcionó por cuatro meses, ya que el 2 de agosto de 1863 el presidente Diez-Canseco cesó en sus funciones.

Ese 2 de agosto de 1863 juramentó como Presidente el general Juan Antonio Pezet Rodríguez, quien no aceptó la renuncia de la mayoría de los ministros del Gabinete Ribeyro y, con pocos cambios, renovó su confianza en ellos. Pese a las renuncias y algunos recambios de ministros, el Dr. Juan Antonio Ribeyro presidió el gabinete hasta el 10 de agosto de 1864 cuando fue reemplazado por el señor Manuel Costas.

El gabinete Costas solo duró dos meses porque el 14 de octubre de 1864 juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros el general José Allende. El gabinete Allende llegó a su final el 3 de abril de 1865 cuando el general Manuel Ignacio de Vivanco asume la Presidencia del Consejo de Ministros. Tres meses después, el 14 de julio de 1865, el señor Pedro José Calderón será nombrado como nuevo Presidente del Consejo de Ministros.

El 6 de noviembre de 1865, el general Pedro Diez-Canseco Corbacho entró a Lima y se proclamó Presidente de la República. Su objetivo era terminar con la crisis que atravesaba el país producto de las denuncias contra Pezet y sus ministros. En medio de ese caos, el coronel Juan Antonio Ugarteche se había autoproclamado Presidente del Consejo de Ministros (26 de setiembre de 1865) en la ciudad de Pisco.

La crisis no menguó y, el 26 de noviembre de 1865, el coronel Mariano Ignacio Prado Ochoa fue proclamado Jefe Supremo Provisorio de la República, quien prácticamente no tuvo gabinete, pero sí varias secretarías (que reemplazaban a los ministerios), siendo el voronel José Gálvez Egúsquiza una suerte de presidente de gabinete. La valiente muerte de Gálvez durante el combate del 2 de mayo de 1866, significó que ese cargo lo ocupe el general Prado Bustamante.

La crisis del guano: gobiernos y gabinetes efímeros en el Perú del siglo XIX

Mariano Ignacio Prado Ochoa, fue reconocido como Presidente Provisorio el 15 de febrero de 1867. El Dr. Pedro Paz Soldán será nombrado Presidente del Consejo de Ministros el 3 de junio de 1867. La crisis política parecía quedar atrás. Más aun cuando el 31 de agosto de 1867, Mariano Ignacio Prado Ochoa juramentó como Presidente Constitucional del Perú. El gabinete Paz Soldán llegó a su fin el 10 de octubre de 1867 ya que, el general Luis la Puerta de Mendoza fue nombrado nuevo Presidente del Consejo de Ministros.

Pero, estos cambios lo único que generaron fue una mayor crisis política. Las acusaciones de corrupción se daban en todas las direcciones. El Congreso de la República era un lugar de enfrentamientos diarios. Entonces, el general Luis la Puerta de Mendoza asume la Presidencia de la República en octubre de 1867. El nuevo gabinete presidido por el Dr. Pedro Paz Soldán trata de buscar una salida dialogada a la crisis. Pero, el caos se acrecentó.

El general Pedro Diez Canseco Corbacho se proclamó Presidente en Arequipa desde setiembre de 1867; entre el 7 y 8 de enero de 1868, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente fue reconocido como Presidente Provisorio en Lima. Tras su renuncia, el coronel Francisco Diez Canseco se encargó del gobierno entre el 8 y 22 de enero de 1868.

Entre el 22 de enero y el 2 de agosto de 1868, el general Pedro Diez Canseco Corbacho fue reconocido como Presidente Provisorio. El Dr. José Luis Gómez Sánchez fue su primer presidente de gabinete. Luego fue el mariscal Luis Gutiérrez de la Fuente.

Esta crisis política de gobiernos breves y gabinetes mucho más breves fue producto de la caída del precio del guano en el mercado mundial. Nuestros ingresos por exportación de guano se desplomaron a niveles insospechados. El déficit presupuestal no se logró superar con estos cambios.

El Perú tenía una economía detenida o estacionada. Los cambios fueron solo parte de la práctica política de nuestro país. Presidentes que gozaban del aprecio de los congresistas quienes en todo momento imponían ministros amigos.

Cuando la economía entra en crisis, la política también lo hace. Esto último genera una crisis social. Es mejor la renuncia al cargo público que enfrentar una ola de crítica cada vez mayor. En las elecciones se verán los resultados de una política obstruccionista y de comprensión con las justas aspiraciones de las grandes mayorías. El Perú no es la excepción.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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Arduo “camino hacia la libertad” en el Sáhara Occidental

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Arduo “camino hacia la libertad” en el Sáhara Occidental

La historia del Sáhara Occidental, la última colonia en África, es la historia de la violación flagrante del derecho internacional y de la persistencia de la ocupación militar durante cuatro décadas por parte de un país africano sobre otra nación africana.

Pero también es la historia de la violación sistemática de los derechos humanos, de miles de historias de familias separadas por la fuerza, de vidas y sueños robados, pero con un sabor de resistencia y la negativa del pueblo de este territorio a abdicar.

Desde los primeros días de la invasión del territorio por Marruecos en octubre de 1975, miles de saharauis huyeron de los bombardeos y asesinatos masivos, buscando refugio en la vecina Argelia bajo la protección y organización del movimiento de liberación saharaui, Frente Polisario.

Y todavía siguen allí, viviendo en el segundo campo de refugiados políticos más antiguo del mundo después de los palestinos. Para empeorar aún más la situación, el ejército marroquí construyó un muro militar de 2.700 km de largo sembrado de millones de minas terrestres y miles de soldados, intensificando así la separación de las familias.

La mujer saharaui siempre ha sido un fuerte pilar de la cultura nómada y beduina saharaui, no solo a nivel social, sino también en la participación política en la vida colectiva. Incluso fue consultada en situaciones de guerra, porque en la cultura tradicional saharaui, todos deben participar en la toma de decisiones, incluidos los niños, a los que se motiva desde una edad muy temprana a forjarse una personalidad fuerte, necesaria para enfrentarse a las dificultades del desierto.

Desde que comenzó la invasión, las mujeres y los jóvenes saharauis fueron los principales objetivos de la opresión marroquí, pero también fueron los primeros en levantarse y resistir con el rigor de la juventud, el apego a la identidad y el rechazo de la dominación y la agresión extranjeras.

MUJERES SAHARAUIS: EL MISMO SUFRIMIENTO, EL MISMO DESTINO

Elghalia Djimi y Mbarka Mehdi, dos mujeres de mediana edad reflejan la historia de este conflicto mal cubierto en los principales medios de comunicación. Mbarka huyó de la invasión con su familia cuando era niña, para vivir en los campos de refugiados. Es periodista en la televisión saharaui. Perdió de vista a muchos miembros de su familia que se quedaron en la ciudad ocupada de Smara desde 1975, y desde entonces no ha podido ver su tierra natal.

Al otro lado del muro militar, Elghalia vive en la capital ocupada del Sáhara Occidental, El Aaiún. Todavía era joven cuando se convirtió en víctima de desaparición forzada en una cárcel secreta marroquí durante 4 años, de 1987 a 1991. Después de su liberación, comenzó una larga y valiente lucha contra las violaciones de los derechos humanos en su país, convirtiéndose en vicepresidenta de una Asociación saharaui de derechos humanos que trabaja bajo la dominación colonial marroquí.

“Cuando vi las vergonzosas fotos de prisioneros iraquíes en Abou Ghraib en 2004, no me sorprendió realmente, porque viví humillaciones similares con muchos de mis compatriotas saharauis, hombres y mujeres, en un campo de detención secreto en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, en 1987”, dice El Ghalia Djimi, condenando lo que describe como uso sistemático de la tortura y la opresión por parte de las autoridades marroquíes en su territorio, desde su ocupación hasta la fecha.

“Nada ha cambiado”, dice Elghalia. “La misma rancia actitud de negación de todos los derechos, la misma rancia arrogancia y crueldad se sigue ejerciendo hoy contra cualquier saharaui que se atreva a protestar contra la ocupación marroquí. Y esto sucede todos los días, pero nadie habla de ello, excepto las pocas organizaciones, observadores internacionales o periodistas que logran visitar el territorio en ese momento. ¡Aun así, rara vez se les escucha, si es que se les escucha alguna vez!”, añade.

De hecho, todas las organizaciones internacionales relevantes de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Fundación Robert F. Kennedy, Front Line Defenders y muchas otras, han informado sobre estas violaciones en los últimos 20 años, frecuentemente con evidencias y pruebas muy contundentes de los abusos cometidos por funcionarios marroquíes. Sin embargo, las Naciones Unidas no protegen al pueblo del Sáhara Occidental, que todavía está en la lista de la Cuarta Comisión de Descolonización de la Asamblea General.

“Conozco a muchos compatriotas que fueron asesinados bajo tortura o debido a unas condiciones de detención inhumanas solo porque eran saharauis”, agrega Elghalia. “Mi propia abuela, de 60 años, falleció en un campo de detención secreto marroquí a mediados de la década de 1980, y todavía no sé cómo murió. ¿Quién es responsable de eso? ¿Y, ante todo, por qué fue detenida? Lo único que sé es que el Consejo Consultivo Marroquí para los Derechos Humanos, después de años de negar la relación del Estado con su desaparición, de repente, en 2010, puso su nombre en una lista de más de 350 saharauis que murieron en cárceles secretas entre 1975 y 1993. Pero, no se produjo ninguna reacción internacional tras ese reconocimiento de responsabilidad. A nadie parece importarle”, dijo con lágrimas resbaladizas en su mejilla, que limpió inmediatamente para no dar aspecto de debilidad.

OTRA CARA DE LA MONEDA

La historia de Mbarka Mehdi, es diferente. Contaba solo 6 años cuando tuvo que huir, en 1975, con algunos miembros de su familia, de los ataques militares marroquíes contra la ciudad ahora ocupada de Smara, para vivir desde entonces en los campos de refugiados en el suroeste de Argelia.

Los saharauis construyeron los únicos campos de refugiados del mundo completamente organizados y administrados por los propios refugiados. Constituyeron su Gobierno en el exilio, la República Saharaui, en 1976, para autoorganizarse en pequeñas ciudades o campamentos de refugiados que llevan el nombre de sus ciudades ocupadas que hubieron de abandonar.

Construyeron escuelas, hospitales, ministerios y administraciones para proporcionar lo básico a unos 200.000 refugiados. Y así dieron un ejemplo único de determinación y voluntad de resistir la ocupación extranjera, no solo a nivel político, sino a todos los niveles que preservan su identidad y cultura como una auténtica nación africana que lucha por la libertad, rechazando la dominación cultural y política o la rendición a un Marruecos fuertemente apoyado por Occidente.

“Yo era joven, pero podía ver y sentir un terror que aún vive en lo profundo de mí. En particular, tenía recuerdos borrosos de la atmósfera de pánico, gritos y largas noches de miedo que no podía entender, y principalmente recuerdo cómo tuvimos que huir de nuestra casa, dejando todo atrás, llevando solo la ropa que teníamos puesta y algunos otras cosas esenciales. Y, sobre todo, todavía recuerdo a mis primos, a quienes perdí de vista desde entonces, y a mis amigos y vecinos de la infancia, que murieron durante la invasión o años después en las cárceles”, dice Mbarka con una voz suave pero firme.

Describe los primeros días en los campos de refugiados con un brillo de nostalgia en los ojos, admitiendo que fueron días muy difíciles, porque hubo muchos sufrimientos que acompañaron el éxodo forzado de los refugiados, pero también días de un alto espíritu de resistencia, confraternización y humanidad.

“Era noviembre y diciembre de 1975. El desierto era cruel y frío, y realmente no teníamos nada para comer, beber o vestir. Sin embargo, recuerdo principalmente a aquellos orgullosos y generosos hombres y mujeres jóvenes que se ofrecieron como voluntarios para organizar nuestro pobre campamento, distribuyendo la escasa comida entre las familias, dando prioridad a los ancianos y niños y, al mismo tiempo, protegiéndonos de los ataques militares marroquíes. Eran los héroes y heroínas del movimiento de liberación saharaui POLISARIO, se convirtieron en mi inspiración. Y creo que su actitud explica el hecho de que mi generación deviniese ejemplar en todo, en estudios, en productividad y voluntariado, y en la determinación de continuar la lucha, porque lo hemos visto todo: la injusticia, la crueldad del invasor, la muerte y la negación de nuestros derechos más básicos, pero también la voluntad de levantarnos y luchar”, enfatiza Mbarka.

El Ghalia tiene otro enfoque de la historia que contar sobre la vida bajo ocupación. No podía olvidar cómo fue torturada y “tratada como un animal” en la cárcel secreta marroquí de PC-CM [Kalaat M´Gouna] en la capital del Sáhara Occidental.

“¿Te imaginas a hombres y mujeres jóvenes, viviendo durante 4 largos años con la misma ropa y la muda interior, con los ojos vendados y esposados en celdas pequeñas y sucias que habían sido utilizadas durante la época colonial española como pocilga para criar cerdos, sin ningún tipo de alimentación adecuada, medicinas o espacio para las necesidades higiénicas? Fuimos casi despojados de nuestra humanidad, si no fuera por la rabia de vivir y sobrevivir, y la voluntad de resistir su intento de quebrantar nuestra dignidad”.

Arduo “camino hacia la libertad” en el Sáhara Occidental

UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL SORDA, MUDA Y CIEGA

Lo peor es que la comunidad internacional es indolente ante estas cuatro décadas de sufrimiento humano. En abril de 2013, Francia y España unieron sus fuerzas en el Consejo de Seguridad de la ONU para oponerse a un proyecto de resolución propuesto por los EE UU, en el que Washington, por primera vez, apoyaba la demanda internacionalmente exigida de incluir la supervisión permanente, independiente y exhaustiva de los derechos humanos en el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental.

Francia, que juega el papel de defensor de la democracia y los derechos humanos en muchos otros conflictos y crisis, como en Libia o Malí, siempre ha sido manifiesta y ferozmente hostil a estos mismos principios en lo que respecta a los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

El Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, embajador Christopher Ross, estaba alarmado por el estancamiento persistente de la situación e intentó, en sus dos últimos informes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llamar la atención de los Estados miembros sobre el peligro de “mantener el statu quo” en esta última colonia en África, especialmente después de la explosión de conflictos, disturbios y terrorismo en países del Sahel, como Malí, pero también en Libia, y la posible influencia que esta situación puede tener en el Sáhara Occidental.

Con razón, dijo que fue un error pensar que el estancamiento beneficiaría a alguien. Terminó renunciando a su cargo en 2015, después de haber sido boicoteado por Marruecos y no respaldado realmente por la ONU o por los principales miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró al expresidente alemán, Hans Köhler, como su enviado personal. Este político europeo logró organizar dos rondas de conversaciones directas entre las dos partes en conflicto, el Reino de Marruecos y la República Saharaui (RASD), con la participación de los dos países vecinos, Argelia y Mauritania. Pero nuevamente, solo pasó un año en su puesto antes de llegar a la conclusión de que el verdadero problema radica en la renuencia de la llamada comunidad internacional para implementar el derecho internacional. Guterres dijo claramente en su último informe al Consejo de Seguridad, en abril de 2019, que: “Una solución al conflicto es posible. Sin embargo, encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental requerirá una fuerte voluntad política no solo de los partidos y los Estados vecinos, sino también de la comunidad internacional” (S/2019/282. Párr.: 73).

Aparentemente, tanto Guterres como Köhler intentaron hacer algo con respecto a la grave situación de los derechos humanos, al menos presionando al Consejo para que incluyera la supervisión y la protección de los derechos humanos en el mandato de la Misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), vigente desde 1991, y ampliamente criticada por las organizaciones internacionales de derechos humanos porque hasta ahora no ha logrado cumplir su mandato inicial. Finalmente, Köhler dimitió el 22 de mayo pasado. Las razones concretas dadas por Guterres para explicar esa renuncia carecen de relevancia, pues la situación misma lo dice todo.

“¡NO NOS VEN PORQUE NO PONEMOS BOMBAS!”

“Es peligroso jugar con el destino, los sentimientos y la paciencia de la gente”, afirma Mbarka. Y cree que los jóvenes saharauis “muy bien pueden perder la paciencia y optar por la violencia para liberar a su país”. No ven esperanzas de futuro; no ven una verdadera reacción por parte de la llamada comunidad internacional, solo conversaciones y palabras vacías y resoluciones que no resuelven nada”.

En las zonas ocupadas, en el lado occidental del muro militar marroquí, Elghalia comparte la misma opinión y cree que la opresión y la inaudita violencia marroquí contra manifestantes pacíficos saharauis tienen como objetivo empujar a la generación joven a la violencia. “Así es como lo entiendo, de lo contrario resulta incomprensible”, señala.

Esta posibilidad es especialmente peligrosa porque toda la región del norte de África está en ebullición. “Túnez y Egipto son ejemplos que los jóvenes miran”, dijo Hamdi Toubali -un saharaui de 27 años que marchó a los campos de refugiados en 2005 huyendo de la persecución policial en El Aaiún-, cuando se le pidió que comentara la falta de atención que la comunidad internacional parece prestar a la lucha y las actividades pacíficas de él y sus amigos.

“Simplemente, no nos ven; sencillamente, no les importa. Tal vez sea porque protestamos pacíficamente contra el muro marroquí y la ocupación marroquí en lugar de hacer estallar bombas o derramar sangre en las calles marroquíes. Y esto es realmente lamentable”, se queja Hamdi, subrayando que la mayoría de los jóvenes saharauis creen que reanudar la lucha armada legítima puede ser la única opción que la comunidad internacional deja a los saharauis, aunque siguen manteniendo el espíritu de disciplina y el compromiso con la estrategia pacífica general de la dirección saharaui.

NO HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

La actitud y la posición marroquí permanecen inalteradas: una negativa total a aceptar cualquier tipo de solución que pueda dar al pueblo saharaui la posibilidad de independencia. El rey marroquí nunca deja de subrayarlo, en todos sus discursos, especialmente el del 9 de octubre de 2009, en el que enfatizó la determinación de su país de mantener la ocupación, afirmando que “se es patriota o se es traidor. No hay otra posibilidad. No se puede disfrutar de los derechos y privilegios de la ciudadanía solo para abusar de ellos y conspirar con los enemigos de la patria”.

Por supuesto, las declaraciones de su majestad son recogidas de inmediato por las diferentes autoridades marroquíes y traducidas en actos de violencia, discriminación y opresión contra cualquiera que se atreva a oponerse a la voluntad del rey, los saharauis en primer lugar.

La historia del Sáhara Occidental y las historias individuales de miles de saharauis como Elghalia, Mbarka o Hamdi quedarán como una deshonrosa vergüenza en los anales de la ONU y la comunidad internacional. Constituye un desafío al derecho internacional, por supuesto, pero también es un desafío para todos aquellos que piensan que el Estado de derecho, la democracia, la justicia social y los principios humanos deben prevalecer sobre la ley de la jungla que las grandes potencias siempre intentan imponer a la humanidad.

Mas el “camino hacia la libertad” nunca ha sido fácil de recorrer. “Requiere luchas y sacrificios amargos, especialmente de las naciones africanas que siempre han sido despreciadas y subestimadas por sus opresores”, ratifica Elghalia; y añade que su generación no tiene otra opción que “mantener la lucha para que nuestros hijos puedan recuperar su tierra y su dignidad en el futuro, porque nosotros podremos morir antes de disfrutar de la libertad, pero si es así, moriremos de pie”.

Original en inglés: Arduous “walk to freedom” in Western Sahara. Publicado en Pravda y Tlaxcala. Traducción: Luis Portillo Pasqual del Riquelme.

 

MALAININ LAKHAL
ALAINET.ORG

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Sobre la reforma universitaria de 1919

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Sobre la reforma universitaria de 1919

La llegada del siglo XX y el ingreso del capitalismo imperialista en nuestra economía, significaron grandes cambios, en el aspecto social, para la universidad peruana –reducida a San Marcos y algunas en provincias- .Según Mariátegui:

“En el Perú, por varias razones, el espíritu de la Colonia ha tenido su hogar en la Universidad. La primera razón es la prolongación o supervivencia, bajo la República, del dominio de la vieja aristocracia colonial”.

La vieja aristocracia colonial, alimentada por las familias consignatarias y consolidadas de la era del guano, junto a la joven burguesía industrial compuesta por extranjeros inmigrados y sus descendientes de primera generación, ocuparon los mayores porcentajes de las vacantes para alumnos en la universidad. Pero, San Marcos empezó a recibir jóvenes de origen provinciano, pertenecientes a las viejas aristocracias locales venidas a menos o a las nuevas clases medias –comerciantes y funcionarios con cierta holgura económica- que buscaban ser incorporados en la vida profesional de la capital.

En 1908 el censo general realizado en Lima determinó que la ciudad contaba con 140884 habitantes, mientras San Marcos tenía 700 alumnos matriculados pero, para 1918 es decir, una década después, la universidad incrementó su alumnado alcanzando los 1400 matriculados, duplicando su población estudiantil. Pero, más allá de estudiar en San Marcos, los jóvenes universitarios también vivieron sus sueños y pesadillas.

Luis Alberto Sánchez, en sus memorias, narra que desde niño sintió la tentación de ser universitario de San Marcos, indica que:

“Cuando vivíamos en Chorrillos se encendió más ese viejo deseo mío al ver ondeando por el Malecón, al majestuoso paso de sus jóvenes usuarios, las flotantes capas de estudiante, con forro rojos los de Letras, azul los de Ciencias Políticas y Administrativas, verde los de Derecho, morado los de medicina…El galán de una de mis primas se había matriculado en Letras solo para usar la famosa “capa del estudiante”.

La aristocracia siempre utilizó artefactos de distinción social, que marcaran sus claras diferencias con los sectores dominados. No bastó con copar la universidad sino, era necesario remarcar esa situación, por ello las capas del estudiante marcaban espacios sociales entre sus usuarios y los jóvenes de las clases populares.

Pero, San Marcos también presentó pesadillas y discriminaciones a su interior. José León Barandiaran recuerda que:

“Un profesor, que no disimulaba sus inclinaciones en el sentido de que creía que la educación universitaria debía estar basada en un criterio aristocrático social de selección personal, nos dio un tema para desarrollar. En una clase devolvió a los autores los trabajos escritos, poniendo en algunos de ellos ciertas anotaciones, unas laudatorias y otras de crítica; y ocurrió que se equivocó en cuanto a un trabajo que era el mío, atribuyéndolo a otra persona, a quien se lo entregó; ese alumno le manifestó que tal trabajo no era suyo y se lo devolvió; entonces se percató el profesor que había sido elaborado por mí; me llamó para entregármelo, pero testó la anotación laudatoria que había puesto, y puso simplemente esto: “aprobado”.

José León B. Nació en Lambayeque en 1899 y estudió en el Colegio Nacional de San José de Chiclayo, viajó a Lima e ingresó a San Marcos. La experiencia narrada representa no una actitud aislada de un profesor en la universidad, era prácticamente un acto cotidiano en Lima. Además, los representantes de la cultura aristocrática limeña y peruana también presentaron ese rechazo y desprecio casi militante contra lo no-criollo. Riva Agüero, Belaunde, Deustua y García Calderón son claros ejemplos de intelectuales con ideas segregacionistas.

Sobre la reforma universitaria de 1919

En 1919 Enrique Cornejo Koster, Luis Alberto Sánchez y Jorge Basadre Grohmann eran estudiantes en San Marcos, participando activamente de la Reforma Universitaria de ese año. A pesar de ser contemporáneos cada uno de ellos relata los acontecimientos bajo su propia visión, es decir, bajo su propia perspectiva de cómo se iniciaron, desarrollaron, finalizaron y qué logros alcanzaron.

Enrique Cornejo Koster recuerda que:

“Era junio del año 1919. De pronto la revuelta estalló. Un suceso banal, cuestión de régimen interno en la Facultad de Letras, fue la chispa inicial. Fue un conflicto entre los alumnos de un curso de historia y el profesor. Intervino el decano. El conflicto se agravó. Estalló intempestivamente la huelga en la citada facultad. Formóse un comité de reforma que tomó la dirección del movimiento. Se solicitó el apoyo de los estudiantes de otras facultades, los que paulatinamente fueronse plegando a la agitación. La revuelta llegó a la facultad de Medicina; tras numerosas y abigarradas asambleas, los estudiantes de dicha Facultad resolvieron plegarse al movimiento y la huelga fue general en toda la universidad”.

Es decir, sostiene que el inicio de la protesta fue espontáneo, una simple discrepancia en una cátedra determinó un conflicto que rápidamente se expandió a otras facultades donde los alumnos se unen en forma solidaria. Cornejo continúa sus recuerdos anotando que:

“El 4 de setiembre se realizó el mitin monstruo. Los estudiantes, arengados por sus líderes, se dirigieron al Palacio de Gobierno y pusieron en manos del Presidente de la República un extenso memorial donde solicitaban el apoyo gubernativo y pedían se hiciera defensa de los legítimos anhelos y derechos estudiantiles… Leguía tenía interés de continuar apareciendo a los ojos de la juventud como líder de la democracia y tenía, además, interés de arrojar de la universidad a sus enemigos políticos que estaban encaramados en las cátedras”.

Esta visión relaciona la reforma universitaria y las aspiraciones de los estudiantes con los deseos políticos de Leguía de eliminar a sus enemigos de San Marcos, para mantenerse por muchos años en el poder. Pero, eran los estudiantes quienes tenían que eliminar a los adversarios de Leguía que por coincidencia eran reconocidos como “malos docentes” por los propios estudiantes. El derecho a la tacha que buscó mejorar las cátedras, es utilizado con fines políticos por Leguía desde el poder.

Para Luis Alberto Sánchez:

“La universidad, salvo raras excepciones, obedecía a las órdenes de un clan, el civilista, y más aún, de dos o tres familias. Pongamos ejemplo. De las familias Pardo, Prado y Miró Quesada, pertenecientes a una misma tendencia, profesaban en San Marcos: Antonio Miró Quesada (1 cátedra), Luis Miró Quesada (2), Oscar Miró Quesada (2), Manuel Prado (1), Mariano Prado (2), Javier Prado (2), Mario Sosa, cuñado de Prado (1), Belisario Sosa, hermano del anterior (1), Felipe Barreda y Laos, primo de Pardo (1), Constantino Salazar, asociado de aquel (2), Horacio H. Urteaga, secretario de Javier Prado (3), Juan Bautista de Lavalle, pariente de los Pardo (2), Manuel B. Pérez, gonfalonero de los Pardo (2), Ezequiel Muñoz, ministro de Pardo (2). No es una lista completa ni mucho menos. La universidad no contaba con más de 4 Facultades (excluyendo Teología) y unas cien cátedras. Aquellas 25 cátedras en manos de 14 personas de un mismo grupo da idea de los vínculos académicos en auge”.

Para Luis Alberto Sánchez, la situación en la cual se encontraba la universidad determinó el inicio de la reforma. San Marcos era controlada por los integrantes de tres familias y, por coincidencia, pertenecían al mismo partido político. La universidad se convirtió en un espacio cerrado para las actividades docentes por ello, para laborar en ella se tenía que ser civilista o familiar-amigo de un civilista reconocido. Este sectarismo generó mediocridad en la enseñanza y animó al movimiento estudiantil.

Sánchez añade:

“Nosotros resolvimos, a raíz del grito de Córdova (Argentina), lanzando el 15 de junio de 1918, liquidar el estado feudal de la Universidad. De arranque, necesitábamos exonerar de sus cargos a los catedráticos anticuados; dar participación a los estudiantes en ciertas decisiones universitarias; volver dinámicas la enseñanza y el aprendizaje; crear seminarios; dar oportunidad para que los alumnos que trabajasen para sostener sus estudios tuvieran mejores oportunidades. El asunto parece hoy fácil y claro. En ese tiempo era oscuro y difícil”.

Sánchez denominó universidad feudal a la universidad que le tocó enfrentar: ocupada por un partido político, vínculos amicales y familiares determinaban el ingreso a una cátedra. Los estudiantes rechazaron en la acción, luchando por la reforma de su universidad. La universidad era una institución caduca y sin horizonte, fracasó en su afán de mantener un espacio para el pensamiento libre y creador, entonces el motor social que se activó para cambiarla fue la acción estudiantil.

La idea y el anhelo de Sánchez y los estudiantes de la Reforma Universitaria era la construcción de una universidad democrática, participativa y creadora, frente al partidarismo sectario, fanático, inmoral y antihistórica que habían impuesto los miembros del partido civil.

La reforma cambió las estructuras de la universidad peruana. Ya no debía regir el favor político, el buscar trabajo para el hermano del congresista o el primo, someter al servilismo a ciertos profesores para contratarlos o mantenerlos en sus cátedras; por el contrario se izó la bandera de la libertad de cátedra y el derecho a la tacha, acciones que los conservadores no comprendieron.

Jorge Basadre Grohmann es otro de los grandes intelectuales del Perú que participó activamente durante la reforma de 1919 siendo aún alumno del primer año. En sus memorias indica que:

“Fue un gesto de audacia de unos cuantos y de inercia de muchos. Pudo haber sido detenido y cortado. Sin embargo, la asamblea se llevó a cabo; nadie se opuso a las mociones reformistas; y el comité quedó elegido para dirigir el movimiento estudiantil, bajo la presidencia de Jorge Guillermo Leguía, alumno del tercer año de Letras, con personeros en los distintos años. Fueron ellos Leguía y Luis Alberto Sánchez por el tercer año; José León y Bueno, Ricardo Vegas García y Manuel Seoane por el segundo año; Alberto Fuentes Llaguno, Jacobo Hurwitz y yo por el primer año. Para la secretaría de este improvisado organismo fueron nombrados Manuel Seoane y Ricardo Vegas García”.

Desde un principio el movimiento estudiantil de la reforma de 1919 contó con un comité directivo lo que demuestra que el espontaneismo no fue absoluto sino, relativo, es decir los alumnos se habían organizado precariamente pero el objetivo sí era muy claro: cambiar las estructuras de la universidad. Luego de varios acontecimientos y maniobras, la mayoría de los primeros dirigentes renunciaron y el movimiento cambió de dirigentes pero, el objetivo se mantuvo. No eran líderes sino dirigentes. Basadre continúa:

“Un desfile juvenil reunido el 4 de setiembre terminó en la Plaza de Armas, con la finalidad de entregar al presidente Leguía un documento que solicitaba su intervención en el conflicto. Leguía, elegido “Maestro de la juventud”, en 1918, había tenido palabras de simpatía hacia la reforma al asistir el 1ro. de agosto a la ceremonia de inauguración de la nueva directiva de la Federación de Estudiantes”.

Los estudiantes en todo momento mantuvieron relaciones muy cercanas con el presidente Leguía, quien intervino directamente para solucionar el conflicto de la universidad. La reforma tomó un matiz político. La reforma fue un movimiento democrático-institucional pero, el mismo fue utilizado políticamente por Leguía para continuar su persecución a sus opositores al interior de San Marcos.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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