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Depredan patrimonio cultural del Perú

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Depredan patrimonio cultural del Perú

El nuevo titular del sector, Rogers Valencia, encuentra un embalse de procesos judiciales marcado por el archivamiento de casos emblemáticos de robo y depredación de tesoros nacionales y serios problemas para enfrentar estos delitos en la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.

El nuevo ministro de Cultura, Rogers Valencia, acaba de asumir su despacho con un acumulado de 2,172 casos de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, mientras los principales repositorios del país carecen de una estrategia eficaz para investigar y sancionar la destrucción y el robo de sus bienes más preciados, de acuerdo a información recogida en el curso de una investigación de OjoPúblico.

Esos casos constituyen buena parte de la carga penal de la Procuraduría del Mincul, que a la segunda semana de diciembre llegaba a los 2,663 procesos. Esto incluye, además, presuntos delitos contra el patrimonio en general, contra la fe pública y contra la administración del Estado, según cifras del ministerio obtenidas a través de un pedido de acceso a la información pública. Un total de 180 casos son por omisión de funciones.

Henmer Alva Neyra y Luisa Vetter Parodi

CRISIS. Tras conocerse el robo del manuscrito de San Martín, la jefa del Archivo de la Nación, Luisa Vetter, anunció una serie de medidas para recuperar la pieza. El AGN tiene un solo abogado adscrito a la Procuraduría del Ministerio de Cultura para hacer seguimiento a estos casos.

EL MANUSCRITO DE SAN MARTÍN

La situación cobra más urgencia tras el reciente robo de un importante manuscrito del Libertador José de San Martín en el Archivo General de la Nación y las denuncias contra ocho funcionarios del Mincul por favorecer la contratación de empresas consultoras para evaluar los posibles daños arqueológicos del rally Dakar, una suma de irregularidades que hizo insostenible la continuidad en el cargo de la anterior ministra de Cultura, Patricia Balbuena.

La Procuraduría del Mincul, encargada de conducir todos los procesos legales relacionados al sector, tiene apenas 13 abogados para llevar 4,878 casos, entre civiles, penales y contenciosos administrativos.

Depredan patrimonio cultural del Perú - Manuscrito de San Martín

PÉRDIDA. El último caso de depredación flagrante ha sido la desaparición del Archivo de la Nación de un manuscrito firmado por San Martín, que era una de las piezas notables a exhibirse con miras al Bicentenario de la Independencia.

Esta realidad ya había sido motivo de un informe emitido en julio pasado por el procurador de ese ministerio, Henmer Alva. El documento, al que OjoPúblico tuvo acceso, advertía de posibles riesgos para la defensa del Estado por la excesiva carga legal en ese sector.

“El número de profesionales con el que cuenta la Procuraduría Pública resulta insuficiente para la atención óptima de los procesos judiciales que asume en representación del Ministerio de Cultura”, señaló el procurador Alva.

El motivo del informe era la decisión de la actual gestión de la Biblioteca Nacional, a cargo de María Emma Mannarelli, de retirar a dos de los tres integrantes del equipo legal hasta entonces adscrito a la Procuraduría del Mincul para llevar sus casos, entre los cuales había varias denuncias por hurto agravado de valiosas piezas del patrimonio bibliográfico nacional. La medida dejaba a la Procuraduría con un solo abogado de apoyo para atender directamente 324 juicios de diversa índole de esa institución.

“[…] en consecuencia, no se cuenta con el [personal] profesional necesario para la atención de los procesos judiciales de la Biblioteca Nacional del Perú en caso se concrete el retiro del apoyo que venía brindando a la Procuraduría Pública” indicaba el documento dirigido a la secretaría general del Mincul y comunicado con carácter de “muy urgente” a la jefa institucional de la BNP.

En ese informe, el procurador Alva alertó expresamente que la medida ponía en riesgo de indefensión los casos de la BNP, y recomendó enviar un oficio a la jefa de esta institución para que reconsiderara su decisión. El pedido no fue atendido y el personal de apoyo no fue repuesto a pesar de que, según informes del propio Mincul revisados por OjoPúblico, la BNP ha perdido por archivamiento varios de los llamados “casos emblemáticos” que había denunciado años antes por el robo de libros y documentos antiguos de las colecciones más importantes del país.

Depredan patrimonio cultural del Perú

ALERTA. La Cancillería realiza continuas gestiones para recuperar patrimonio cultural peruano robado y enviado al extranjero. Su mayor problema es la deficiente información proporcionada por los principales repositorios del país

DEMORAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

En octubre del 2018, la Procuraduría del Ministerio Cultura reportó la situación de 41 investigaciones y procesos penales tramitados ante el Ministerio Público y/o el Poder Judicial en representación de la Biblioteca Nacional. El documento reveló graves demoras en la investigación de varios casos que involucran a trabajadores de esta institución en el presunto delito contra el Patrimonio Cultural en la modalidad de hurto agravado, daño agravado y omisión de funciones.

Según ese reporte, la BNP tiene en curso casos que han permanecido sin sanción e incluso sin avances significativos por más de siete años. El proceso más evidente corresponde al intento de sustracción de manuscritos del archivo presidencial de Andrés A. Cáceres, que fueron recuperados en el 2010 cuando se encontraban en plena azotea de la sede antigua de la Avenida Abancay; a la fecha, ocho años después, se encuentra pendiente de resolver en la Fiscalía Superior Penal de Lima.

Otro episodio grave fue la mutilación del “Derrotero del Mar del Sur”, uno de los documentos más importantes de la historia cartográfica del país, al que le cortaron ocho folios, en un atentado descubierto en el 2011. El proceso se encuentra en investigación preliminar, pese a los siete años transcurridos desde que salió a la luz.

También está en proceso el caso por el robo del libro “El sol en el mediodía…”, de 1790, una descripción en verso de las fiestas que se hicieron en la capital del virreinato por la coronación de Carlos IV y publicado por encargo de un comerciante indígena que reclamaba ser descendiente del Inca Túpac Yupanqui. La pérdida de este ejemplar fue detectada en junio del 2013 y cinco años después el caso se encuentra pendiente de resolver por la Fiscalía Superior Penal de Lima.

En la misma condición se encuentra el caso llamado “11 libros y 12 manuscritos”, la desaparición de una veintena de valiosas piezas coloniales detectada justamente en el curso de la investigación por el caso anterior.

Pero el episodio más grave ha sido el archivamiento definitivo del llamado “Caso 30 libros”, la desaparición de una treintena de ejemplares valiosos de la bóveda de la Biblioteca Nacional, que involucró a varios trabajadores responsables de las áreas que albergan los libros más antiguos y raros del país. Fue la primera evidencia del robo sistemático de ejemplares del patrimonio bibliográfico en la BNP.

Las denuncias por estos casos involucran al mismo grupo de trabajadores, varios de los cuales permanecen en la institución, incluso en cargos directivos refrendados por la gestión de María Emma Mannarelli. OjoPúblico solicitó una entrevista con la jefa institucional de la BNP para esclarecer esta situación, pero la oficina de prensa de la BNP respondió que eso no era posible por motivos de agenda.

Depredan patrimonio cultural del Perú

ADVERTENCIA. Extracto del documento emitido por la Procuraduría del Mincul para alertar las consecuencias del retiro de los abogados de la Biblioteca Nacional.

ARCHIVO DE LA NACIÓN

El panorama no es menos complicado en el Archivo General de la Nación (AGN), bajo la jefatura de la arqueóloga Luisa Vetter, quien antes fue directora técnica de la Biblioteca Nacional hasta que dejó el cargo de manera abrupta en agosto del 2015. OjoPúblico conoció que Vetter fue removida de ese despacho por emitir en su momento un informe sin sustento técnico que puso en peligro varias de las denuncias mencionadas arriba por los robos de libros y documentos antiguos del principal repositorio del país.

De acuerdo a memorándums internos de la época revisados por este medio, Vetter omitió informes previos que estimaban las pérdidas en más de 5 mil piezas y, con base en reportes no definitivos, apenas reconoció 354 piezas perdidas. Funcionarios de esos días, consultados bajo reserva, confirmaron que el documento fue enviado al Ministerio de Cultura pasando por alto el visado de la dirección nacional y en abierta contradicción a las denuncias planteadas por la propia BNP. Por esta razón se le pidió inmediatamente su renuncia, que fue aceptada al día siguiente sin concederle el agradecimiento por servicios prestados.

Ahora, como directora del Archivo General de la Nación, Luisa Vetter afronta el robo de un valioso documento del Libertador José de San Martín, una carta para otorgar la libertad a una esclava, en medio de una carga legal que a diciembre del 2018 llegaba a los 112 procesos pendientes, según cifras oficiales obtenidas por transparencia.

De ese total, al menos 59 son procesos penales y 25 son de índole administrativa, seguidos por casos laborales (8), contenciosos administrativos (6), constitucionales (4) y una decena de conciliaciones judiciales. En 47 de estos casos, el AGN figura como demandante.

El segundo repositorio histórico más importante del país, que en años recientes ha sido afectado por diversos casos de depredación del patrimonio cultural, dispone de solo dos abogados para su Oficina de Asesoría Jurídica, incluyendo al jefe del área. Los otros abogados de la institución están repartidos de la siguiente manera: dos en el área de Archivo Notarial, uno en la Escuela Nacional de Archivística y uno en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Así quedó en evidencia en febrero del 2016, a raíz del hallazgo de un manuscrito del siglo XIX suscrito por el Libertador Simón Bolívar y por su entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, el sabio Hipólito Unanue. El documento fue detectado por funcionarios de la embajada peruana en Estados Unidos cuando estaba a punto de ser subastado en el portal Ebay. Las gestiones ante las autoridades de ese país se vieron obstaculizadas por el deficiente sustento de los casos por parte del Perú.

ALGO MÁS

“[…] lamentablemente los informes técnicos del Ministerio de Cultura y las referencias a nuestra legislación citadas en el informe del AGN […] no han venido siendo suficientes para que se realice una adecuada investigación por parte de las autoridades locales”, indicó un oficio de la Cancillería basado en las referencias de la legación peruana que trataba de resolver el caso.

 

DAVID HIDALGO
GIANELLA TAPULLIMA
OJO PÚBLICO

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Especial

Guardianas de un legado milenario

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Guardianas de un legado milenario, cerámicas Inti Llakta

Conversamos con María Zevallos y con María Ortiz, dos mujeres comprometidas con la preservación del arte milenario peruano. Una auténtica cultura viva que ha sobrevivido desde hace más de 3,500 años en las manos de nuestros artesanos, y que merece la atención y el cuidado de todos.

Esta semana se celebró el Día del Artesano, en homenaje a aquellos peruanos que mantienen vivos los conocimientos milenarios transmitidos de generación en generación y que hoy podemos seguir apreciando a través de telares, joyería, cerámicas y otras líneas artesanales en las cuales se muestra el sentir y la visión propia de quienes habitan las diferentes regiones del país.

Más allá del acto protocolar, existen organizaciones que se han decidido a intervenir para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los artesanos en el país, quienes frecuentemente viven en condiciones de pobreza o extrema pobreza y no cuentan con el mismo acceso a oportunidades.

Una de ellas la Asociación Solidaridad Países Emergentes (Aspem), una organización fundada en Italia y que lleva más de 30 años de actividades en el Perú. Dentro del trabajo realizado, se han centrado principalmente en ser soporte de mujeres, niños y niñas en las zonas andinas rurales, enfocando gran parte de sus esfuerzos en el sector de Canchis, en Cusco. Ahí, han trabajado con mujeres productoras de telares y artesanías.

Guardianas de un legado milenario, cerámicas Inti Llakta

María Ortiz está al frente de la Asociación Inti Llakta (Pueblo de Sol), de Huaycán.

LA ARTESANÍA PERUANA TIENE ROSTRO DE MUJER

María Zevallos es directora de Aspem, y considera necesario visibilizar el trabajo de las mujeres artesanas. Todo lo que ellas producen proviene de un legado, de un conocimiento ancestral transmitido de generación en generación, y es algo que no se aprende en la universidad, sino que se aprende desde su mismo entorno, por lo que debe ser considerado patrimonio cultural inmaterial”, señala.

En la actualidad, el registro nacional de artesanos consigna a 75 mil personas dedicadas a esta actividad, y de ellas, el 74 por ciento son mujeres. Es por ello que en palabras de María Zevallos, “la artesanía en el Perú tiene rostro de mujer”. Aspem trabaja junto a las artesanas, habitualmente para mejorar sus oportunidades de desarrollo y contribuir a la preservación de estos conocimientos ancestrales.

Los cambios que se van logrando en a partir de esta red comunitaria no excluyen la agenda de equidad de género. Aunque tradicionalmente las organizaciones de artesanos han sido lideradas por varones, este año una organización de artesanos de la localidad de Canchis ha elegido a Doris Barrientos como su directiva, siendo la primera mujer en dirigir la organización.

Las intervenciones que Aspem realiza son de diferentes niveles. Trabajan tanto con las artesanas a fin de desarrollar sus capacidades productivas, como también directamente con la sociedad civil, en un importante trabajo de promoción mostrando el proceso de elaboración de las obras. “Hemos hecho alianzas con empresas e instituciones para organizar muestras dirigidas a los empleados y promover un canal de venta directa para nuestras artesanas. También se han organizado talleres en algunos colegios”, cuenta María.

La gestora cultural considera que el Gobierno debe tomar consciencia de la importancia del trabajo de preservación cultural realizado por los artesanos, y que “así como somos conocidos por ser un país gastronómico, también debemos ser conocidos por nuestras expresiones culturales como nuestro arte textil y artesanías”.

Un aspecto importante para el desarrollo de los artesanos peruanos es la debida puesta en valor de estas obras de arte. “Creo que estamos en una época en que la gente se está interesando más por este tipo de artesanía. Estos productos hechos a mano llevan varias horas de trabajo, además de tener el elemento original de la propia cosmovisión de las artesanas, no es algo que se haga fácilmente a partir de un molde. Entonces ese proceso largo de elaboración debe conocerse”, señala.

Guardianas de un legado milenario, cerámicas Inti Llakta

SU MISIÓN ES PRESERVAR LA CULTURA

María Ortiz nació en Lima, fue secretaria y luego estudió enfermeria. Al margen de ello, siempre estuvo cerca del trabajo creativo manual. Tenía una habilidad innata para la decoración, lo que la llevó a pasar años haciendo decoraciones de tortas para matrimonios. Un día por, invitación de jóvenes italianas que fueron a Huaycán, asistió al taller que dio un maestro de Cochas, Huancayo, experto en el arte de burilar.

“Haber recibido las lecciones de este maestro tiene un significado muy importante para mí, porque hemos recibido un conocimiento que viene de miles de años atrás, y hoy podemos enseñar a otros jóvenes que tienen el interés de aprender y conocer también a través de este arte una parte importante de nuestra cultura”, dice.

Han transcurrido ocho años desde entonces, y María hoy está al frente de la Asociación Inti Llakta (Pueblo de Sol), de Huaycán, con la que continúan la cadena de enseñanza a través de talleres comunitarios donde reciben alumnos de toda edad.

“Hemos tenidos alumnas de 9 años y también de 73 años. La edad no importa cuando tienes ganas de aprender”, cuenta María, y explica que en los trabajos que realizan intentan abarcar todos los ejes culturales del Perú, representando a la costa, sierra y selva.

Sobre el proceso de venta, María cuenta que el apoyo de Aspem ha sido importante porque les ha permitido aprender a gestionar mejor la actividad a través del asesoramiento y cursos sobre administración, costos, etc. Una labor complementaria a la formación artística que resulta indispensable para poder sobrevivir comercialmente.

MUCHO POR HACER

A criterio de María Zevallos, se debería organizar una cruzada nacional para censar a todos los artesanos y artesanas. Hoy se habla de 2 millones de artesanos que no estarían inscritos, por lo que una primera y esencial medida sería censarlos y tener claridad sobre las categorías que desarrollan. A partir de eso pensar en políticas a favor de ellos.

Como algo pendiente también queda el promover desde el Estado diversas ferias permanentes, donde los artesanos puedan acceder a un canal de venta sin tener que pagar altos costos por el alquiler, y generar un banco de conocimiento para que no desaparezca este arte ancestral peruano.

Por lo pronto, de la mano de Unesco, han desarrollado algunas iniciativas a fin de declarar la artesanía peruana como patrimonio vivo.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Especial

Jueza niega libertad condicional a integrante del “Grupo Colina”

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Juan Nolberto Rivero Lazo

Este es el proceso de Juan Nolberto Rivero Lazo, exintegrante del “Grupo Colina”, que no cumplió con su objetivo de salir con libertad condicional por no haber pagado el íntegro de la reparación civil, por su falta de arrepentimiento y no haber pedido perdón a los familiares de las víctimas, y menos por su falta de voluntad de informar a la justicia sobre el paradero de los cuerpos de los 9 campesinos de El Santa.

La jueza Liz Mary Huisa Félix, titular de la Corte Superior de Justicia de Lima -Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, tampoco precisó claramente que los crímenes de Juan Nolberto Rivero Lazo tienen la categoría de “lesa humanidad”,que no se especifica en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del año 2001, según se puede leer en el expediente N° 60012-2001-13-1801-JR-PE-04 del 8 de marzo del 2019.

La matanza de Barrios Altos conmocionó al país, aunque era el inicio de los crímenes del grupo de aniquilamiento Colina.

La matanza de Barrios Altos conmocionó al país, aunque era el inicio de los crímenes del grupo de aniquilamiento Colina.

CRÍMENES COMETIDOS

En la audiencia pública del 07 de marzo del 2019, donde se debatió la solicitud de Beneficio Penitenciario de liberación condicional solicitado por el interno Juan Nolberto Rivero Lazo, quien fuera condenado como autor mediato del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -homicidio calificado- y otros, en agravio de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Pérez o Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Díaz Rojas o Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales Alejandro, Nelly María RubinaArquinigo, Odar Mender Sifuentes Núñez y Benedicta Yanche Churo.

Como autor mediato de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Natividad CondorcahuanaChicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvitres o Alfonso Rodas Alvites (caso Barrios Altos).

Como autor mediato de homicidio calificado en agravio de Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More, Jorge Luis Tarazona More, Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Gilmar Ramiro León Velásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez, Dennis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Vásquez y Pedro Pablo López Gonzales (caso El Santa).

Como autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud -homicidio calificado- en agravio de Pedro Herminio Yauri Bustamante (caso Pedro Yauri); y como autor del delito contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir- en agravio del Estado.

Los familiares de los desaparecidos del caso Santa siguen buscando a sus seres queridos.

Los familiares de los desaparecidos del caso Santa siguen buscando a sus seres queridos.

CONDENADO A 25 AÑOS

Por lo mencionado líneas arriba, se le impuso veinticinco años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago solidario de diez mil soles -a cada deudo- por concepto de reparación civil a favor del Estado.

En las consideraciones preliminares se tiene en cuenta que la ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, todo ello a través del sistema progresivo, el mismo que impone las medidas necesarias de tratamiento al sentenciado con la finalidad de conseguir su reconciliación con la sociedad por el delito cometido, tal como está regulado en los artículo II y IV del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado en el fundamento 208 de la sentencia recaída en el expediente Nº 010-2002-AI/TC, que los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado “[…] suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito”.

En cuanto a los tipos de beneficios penitenciarios, el artículo 42° del Código de Ejecución Penal reconoce a los siguientes: 1) Permiso de Salida; 2) Redención de pena por el trabajo y la educación; 3) Semi-Libertad; 4) Libertad Condicional; 5) Visita íntima. De todos estos beneficios, se considera que solo la semi-libertad y la libertad condicional son potestad exclusiva de la autoridad judicial, ya sea para admitir o denegar el pedido, puesto que los demás son competencia del Director del Establecimiento Penitenciario.

PRESUPUESTOS NECESARIOS

Del Informe Evaluativo Acta N° 002-2019-INPE/18-EPVM-CTP, de fecha 16 de enero de 2019 de folios 1823, se desprende que en relación a la suma de carcelería efectiva y tiempo redimido, registra 23 años 06 meses y 11 días; asimismo, en este informe se establece como días estudiados 1417 días, estableciéndose como tiempo redimido 05 años, 09 meses y 10 días; por lo que considera que el sentenciado cumple con los requisitos establecidos en la norma.

Respecto al trabajo a realizar.- Obra el contrato de trabajo que otorga PressSolution S.A.C., representado por doña Norma Roxanna Carcelén Tarrillo, con DNI N° 10803736, a favor de Juan Nolberto Rivero Lazo, contrato en elque se establece que el interno iniciará sus labores, una vez que egrese del establecimiento penitenciario, desempeñándose como Analista de Costos y elaboración de presupuestos, y que como contraprestación recibirá la suma de dos mil soles.

En fin, después de todo lo expuesto, se resuelve declarar improcedente la solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional, formulada por el interno Juan Nolberto Rivero Lazo.

COMENTARIO FINAL

Un dato importante de resaltar -dice el abogado Juan José Quispe de IDL- es que a Juan Rivero Lazo y otros no se les condenó a pagar una reparación civil en favor de los deudos del caso Barrios Altos, pues ese pago fue realizado por el Estado peruano en virtud a la sentencia emitida por la Corte IDH del año 2001.

“La jueza verificó en los documentos que obran en el cuadernillo de Liberación Condicional, que el monto por concepto de reparación civil no ha sido cancelado hasta el momento en su integridad, ya que se aprecia que han sido otros diez condenados quienes han abonado la suma de S/. 81.760.00 soles, quedando aún un monto restante de S/. 918,240.00 soles por pagar en favor de las víctimas; en tal sentido, el sentenciado no ha cumplido con este segundo requisito establecido en el texto expreso de la norma”.

Respecto al “contrato de locación de servicios” que emite la representante legal de la empresa PressSolution SAC a favor del condenado, la jueza sostiene que dicho contrato donde el condenado entraría a laborar como analista de costos una vez excarcelado, no ha sido justificado ni sustentado por la representante legal de la empresa que desea contratar al condenado, sino tan solo se contó con la presencia de Fernando Ernesto Faura Risso, Jefe de Operaciones de la citada empresa.

Al ser examinado en audiencia indicó que él sería el jefe inmediato del interno, no era la persona que había suscrito el contrato de trabajo (documento que es un compromiso laboral); por lo que ello resta seriedad en dicho contrato, incluso se ha evidenciado que existe un vínculo de amistad entre el personal de la citada empresa con el condenado, lo que ello haría suponer que aquellos vínculos amicales estarían primando para justificar aquel contrato, lo que no le genera certeza, concluyó Juan José Quispe.

 

FÉLIX  GRIJALBA SATO

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El acuífero Guaraní en la mira del Banco Mundial

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El acuífero Guaraní en la mira del Banco Mundial

El Banco Mundial le ha puesto el ojo a una de las mayores reservas de agua del mundo. Su propósito es moldear las legislaciones nacionales de los países suramericanos para que faciliten programas de inversión privada.

Se trata del tercer acuífero más grande del mundo, detrás del Areniscas de Nubia en África y la Gran Cuenca Artesiana en Australia. Ocupa 1.200.000 km cuadrados los cuales se reparten en Brasil un 70%, en Argentina un 19%, en Paraguay un 6% y en Uruguay un 5%. Por el norte toma contacto con el Pantanal brasilero que a su vez se conecta con la Amazonia.

El límite oeste en el Paraguay es difuso. En territorio argentino se estima que se prolonga en el norte hacia la cuenca del Bermejo y el límite sur es también difuso por lo que no se descarta que continúe hacia la región pampeana y eventualmente hacia la patagónica también pudiendo llegar a conectarse con la zona de los grandes lagos precordilleranos.

El volumen total de agua del acuífero se estima en unos 30.000 km cúbicos y las reservas explotables son de unos 2000 km cúbicos al año. La recarga del acuífero en los lugares en que aflora es de solo 5 km cúbicos al año.

El área más importante y fundamental de recarga y descarga es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina más conocido como la Triple Frontera.

Como este reservorio de agua se halla ubicado en gran parte debajo de la cuenca fluvial del Río de la Plata, es justamente ella la encargada de retroalimentarlo, así como también recibe aportes desde los Andes a través del acuífero Puelche.

Técnicamente, las disponibilidades de agua potable serían suficientes para abastecer una población del orden de los 360 millones de personas, con una dotación de 300 litros diarios por habitante.

Un botín de la naturaleza codiciado por Washington, la instituciones financieras y ONGs.

Un botín de la naturaleza codiciado por Washington, la instituciones financieras y ONGs.

El país que más lo explota es Brasil abasteciendo aproximadamente 400 ciudades del sur del país, Uruguay tiene en el oeste 135 pozos públicos algunos usados para la explotación termal y abastecimiento público, Paraguay tiene 200 pozos para uso humano en su región oriental y en Argentina se explotan cinco perforaciones termales de agua dulce y una de agua salada en noreste del país.

Ante semejante recurso estratégico, de vital importancia en un mundo con problemas actuales y futuros de abastecimiento de agua dulce, el Banco Mundial ha demostrado su interés en este inmenso reservorio y en el año 2003 organizó una reunión en Montevideo a la que asistieron representantes de países del Mercosur, ocasión en que fue firmado un proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní.

El mismo contaba con aportes del propio ente crediticio y de los gobiernos de Holanda a través del Bank NetherlandsWaterPartnershipProgram, de Alemania a través de la German Geological Survey, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de la Organización de los Estados Americanos y del Fondo Mundial para la Naturaleza.

Según informes proporcionados por el Banco Mundial, se destinaron en total 40 millones de dólares para estudios y exploraciones de toda la cuenca que incluye ríos, arroyos, lagunas y esteros para, de ese modo, elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para el manejo y la preservación de este sistema.

Estas buenas intenciones pasarían desapercibidas si no fuera que el típico modus operandi, en este tipo de proyectos, de la entidad crediticia mencionada. Su interés inicialmente sería reconfigurar el manejo de cuencas y luego propiciar la transferencia de los servicios hídricos al sector privado.

Triple Frontera, Ciudad del Este en Paraguay es un lugar donde bulle el comercio, y no las células del terrorismo islámico como lo propaga de manera sugestiva Washington .

Triple Frontera, Ciudad del Este en Paraguay es un lugar donde bulle el comercio, y no las células del terrorismo islámico como lo propaga de manera sugestiva Washington .

Es decir, por un lado impulsa la concentración en manos de selectos actores y una vez asegurada busca colocar a las multinacionales de los acreedores en el centro de la gestión y usufructo de tan valioso recurso, es decir, en los negocios de servicios hídricos, almacenaje, distribución, potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, entre otros.

De lo que se está hablando, en definitiva, es de moldear las legislaciones nacionales de los países suramericanos en cuestión para que faciliten programas de inversión privada.

Vale recordar que existen tres formas, en líneas generales, de privatizar el agua a nivel mundial y la mayoría de los casos involucra el aval de organismos internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo.

En la primera hay una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte del Estado Nacional. En la segunda se hace una concesión por parte del Estado Nacional para que las multinacionales se hagan cargo del servicio y del cobro por la operación y mantenimiento del sistema en uso.

Y en el tercer caso se trata de un modelo restringido en el que el Estado Nacional contrata a una multinacional para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos.

De las tres alternativas, por desgracia, se opta mayoritariamente por la segunda la cual implica un despojo de tan significativo recurso en donde los únicos ganadores son las corporaciones transnacionales y los perdedores, naturalmente, son los países poseedores de dicha riqueza.

A modo de reflexión final, no está demás decir que operativos colonialistas como el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Plan Dignidad o el Plan Puebla-Panamá o Proyecto Mesoamérica tienen entre sus verdaderos objetivos la expansión militar norteamericana en América Central y del Sur para poder controlar los recursos naturales, en especial los ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas desde México hasta la Patagonia argentina.

En este marco, aparece como una zona muy apetecida la que rodea justamente al Acuífero Guaraní.

Para construir un consenso que ampare la decisión estratégica de Washington, sugestivamente los legisladores republicanos en una maniobra conjunta con el ala conservadora del gobierno israelí, echaron a correr desde hace tiempo la versión de que en la Triple Frontera hay células terroristas islámicas dormidas dedicadas al envío de dinero para financiar la actividad de los grupos armados en Medio Oriente, un argumento a todas luces tan falso como la presencia de armas de destrucción masivas en Irak.

 

HUGO LILLI
ALAINET

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