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Editorial

Delicado conflicto

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El conflicto desatado por organizaciones de mineros informales causa preocupación generalizada, no solo por los bloqueos de carretera y entre estos el de la estratégica Panamericana Sur, sino también porque pone en cuestión la política nacional de erradicación de la minería ilegal, objetivo planteado debido a que esta actividad depreda el medio ambiente, lo que no puede ser permitido.

Ciertamente, toda protesta tiene un contenido social, que en este caso está dado no solo por la repercusión de la actividad en las regiones en las que se desarrolla, sino porque la minería ilegal, una actividad de características delincuenciales, que destruye el medio ambiente, explota medievalmente a quienes emplea y propicia crímenes como la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y la esclavitud de niños y adolescentes, ha arrastrado tras de sí a los mineros informales, que estarían así al servicio de quienes, además, obtienen cuantiosas ganancias sin pagar impuestos al fisco.

Tal influencia del minoritario sector ilegal pareciera comprobarse en el hecho que el movimiento de protesta –en medio de la cual ha fallecido una anciana de 71 años, pasajera de uno de los ómnibus bloqueados en la región Arequipa- se enfoque sobre todo en la exigencia, inaceptable para el gobierno, de que se derogue el decreto que dispone operaciones de interdicción con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía, contra la minería ilegal.

Sería lamentable que, como afirma el Ejecutivo, los ilegales se escondan tras los informales y deben analizarse las causas de tamaña confusión y aplicarse correctivos si fueran factores como la posible desidia o falta de eficiencia de las instancias a cargo del tema. Pero sea cual fuera el origen de la situación, hacen bien las autoridades concernidas en marcar la diferencia entre la minería ilegal y la informal y en subrayar que para la primera tiene represión y para la segunda oportunidades de legalización, aunque tal vez ésta requiera mayores facilidades.

Es también preocupante que el conflicto haya escalado hasta situaciones de violencia, como los disturbios que la semana pasada dejaron un saldo de 11 heridos en operaciones de despeje de la Panamericana Sur, y es necesario que se impongan la cordura, la tolerancia y el diálogo, el cual ha sido suspendido por el gobierno bajo la exigencia de que se levanten los cierres del tránsito, lo que parece sensato en aras de buscar una salida al problema en términos de paz y entendimiento.

Si bien el uso moderado de la fuerza del Estado y las treguas de los bloqueos alivian tensiones, es urgente que se restablezcan las conversaciones y que de esa manera se eviten situaciones de enfrentamiento que no le hacen ningún bien al país.

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Editorial

Cuidemos la calidad del Congreso

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A solo tres semanas para la realización del referendo del próximo 9 de diciembre, la bancada de Fuerza Popular sigue demostrando la pobre preparación y la baja calidad moral que tienen algunos de sus integrantes para representar a la población en el Parlamento Nacional. La cereza del pastel –esperamos que haya sido eso– la puso el congresista del fujimorismo Moisés Mamani, quien el miércoles último fue desembarcado de un vuelo de Latam Airlines por presuntamente realizar tocamientos a una ciudadana brasileña, tripulante de la aeronave.

No es la primera vez que Mamani protagoniza un hecho escandaloso. Estuvo involucrado en la grabación de audios y vídeos para comprometer a los avengers de Kenji Fujimori en acciones dolosas, después de haberles tendido una trampa. Anteriormente, fue denunciado por su exasesora Lisseth Valenzuela por haberla despedido arbitrariamente horas después de enterarse que estaba embarazada. La justificación que dio entonces el parlamentario es que no sabía que no se podía despedir a una trabajadora gestante.

Pero el caso de Mamani no es el único. Recordemos a la congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce, a quien se le acusa por presuntamente pagar S/ 10 mil al director del colegio donde según ella terminó de estudiar la secundaria. Asimismo, por haber consignado compañeros y profesores “fantasmas” que había declarado como existentes. Otras perlas se suman al rosario que forman varios integrantes de la llamada “bancada naranja”, que encargaron compras de televisores y frigobares, a cuenta del Congreso, poco antes del Mundial Rusia 2018.

Así las cosas, la legisladora Yesenia Ponce fue suspendida por 120 días. El congresista Mamani será investigado por la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, pero mientras tanto no se está haciendo ninguna campaña para sensibilizar a la población sobre la necesidad de participar en el referendo del próximo 9 de diciembre.

Los empresarios han alertado que la incertidumbre generada por el ruido político hace subir el dólar y las tasas de interés, además de contraer las inversiones. Es necesario, pues, pensar en un mecanismo que garantice que los incapaces y los coimeros no regresen al Parlamento Nacional porque las leyes malas no garantizan la estabilidad jurídica del país, sino todo lo contrario.

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Editorial

La verdad se abre paso

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El expresidente Alan García ha dicho ayer que se allana al pedido de impedimento de salida del país formulado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Tal respuesta ante la pregunta de los periodistas que lo aguardaban a la salida de la Fiscalía, sería al parecer producto de su nerviosismo.

Viniendo de quien viene, lo dicho por García no se puede entender de otra manera, pues él es abogado de profesión y debe saber que no es posible allanarse al pedido de un fiscal, sino acatar lo que disponga el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha programado la audiencia para el próximo sábado 17 a las 3 de la tarde.

La medida restrictiva fue solicitada luego que la Fiscalía decidiera ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima después de que se conocieran nuevos indicios de que García habría recibido dinero de la caja 2 de Odebrecht. El exmandatario aprista argumenta que la declaración de un testigo en Brasil no vale nada porque primero tiene que ser probada, sin embargo, parecería que eso no le va a resultar muy difícil a la Fiscalía.

Ocurre que en Brasil hay implicados que están tratando de negociar con las autoridades de su país para convertirse en “delator premiado” a fin de evitar que les caiga todo el peso de la ley. Pero, a cambio, el colaborador eficaz tiene que dar pruebas que demuestren la certeza de sus declaraciones. Es decir, que esto recién comienza y el expresidente Alan García debería dedicarse a coordinar mejor los argumentos de su defensa en vez de estar diciendo que todo se trata de una persecución política en su contra o que hay un golpe de Estado en el Perú.

La culpa tampoco la tienen los medios de comunicación, pero Alan García se rehusó ayer a responder preguntas a Canal N, al parecer porque le hacen preguntas que no son de su completo agrado. Sin embargo, también le esperan preguntas incómodas cuando tenga que responder ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez, pues el pedido de impedimento de salida del país es por 18 meses y aún hay mucho pan por rebanar. La verdad comienza a abrirse paso, señor García.

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Editorial

A empujar el coche en el mismo sentido

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó su vocación democrática y reiteró que no cerrará el Congreso porque no considera que sea una medida necesaria en el actual escenario político. Sin embargo, también ha expresado su compromiso de liderar la lucha contra la corrupción que se ha diseminado como un cáncer por gran parte del aparato estatal.

Tras ratificar que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que luego de culminar su mandato entregará la posta al presidente que sea elegido por el pueblo peruano, el Jefe del Estado ha reconocido que el conflicto político, en los últimos dos años, ha influido en la economía.

En efecto, las inversiones son las primeras en contraerse cuando no encuentran la garantía de una estabilidad jurídica, por eso era necesario que el Gobierno ponga elpie en el acelerador para sacar adelante cuanto antes la reforma del Poder Judicial y la reforma política. Está de por medio el referendo del próximo 9 de diciembre en el que la población deberá responder cuatro preguntas.

La situación no es para tomarla muy a la ligera, pues los principales indicadores macroeconómicos nos están poniendo sobre aviso de lo que podría ocurrir en caso que la institucionalidad no sea fortalecida en el país. Lo peor de todo es que esta vez el contexto internacional parece no jugar a nuestro favor.

Los precios de los minerales ya no son los de antes y los anuncios de la Fed sobre una eventual elevación de sus tasas de referencia pueden volver más volátil el tipo de cambio en nuestro mercado local. Ocurre, además, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China parece agravarse, lo que desincentiva el comercio entre los países.

Debido a todas estas consideraciones, el gobierno del presidente Martín Vizcarra está tratando de buscar el diálogo con las demás fuerzas políticas en busca de una agenda común. Al respecto ha recibido la respuesta positiva del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Lamentablemente los partidos políticos de oposición están atravesando una crisis y hay demasiado ruido político y eso está haciendo perder competitividad al país. Ojalá la oposición pueda demostrar la suficiente madurez y ayude a empujar el coche en el mismo sentido para que el Perú pueda salir de este entrampamiento.

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