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Editorial

Delicado conflicto

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El conflicto desatado por organizaciones de mineros informales causa preocupación generalizada, no solo por los bloqueos de carretera y entre estos el de la estratégica Panamericana Sur, sino también porque pone en cuestión la política nacional de erradicación de la minería ilegal, objetivo planteado debido a que esta actividad depreda el medio ambiente, lo que no puede ser permitido.

Ciertamente, toda protesta tiene un contenido social, que en este caso está dado no solo por la repercusión de la actividad en las regiones en las que se desarrolla, sino porque la minería ilegal, una actividad de características delincuenciales, que destruye el medio ambiente, explota medievalmente a quienes emplea y propicia crímenes como la trata de personas, la explotación sexual de mujeres y la esclavitud de niños y adolescentes, ha arrastrado tras de sí a los mineros informales, que estarían así al servicio de quienes, además, obtienen cuantiosas ganancias sin pagar impuestos al fisco.

Tal influencia del minoritario sector ilegal pareciera comprobarse en el hecho que el movimiento de protesta –en medio de la cual ha fallecido una anciana de 71 años, pasajera de uno de los ómnibus bloqueados en la región Arequipa- se enfoque sobre todo en la exigencia, inaceptable para el gobierno, de que se derogue el decreto que dispone operaciones de interdicción con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía, contra la minería ilegal.

Sería lamentable que, como afirma el Ejecutivo, los ilegales se escondan tras los informales y deben analizarse las causas de tamaña confusión y aplicarse correctivos si fueran factores como la posible desidia o falta de eficiencia de las instancias a cargo del tema. Pero sea cual fuera el origen de la situación, hacen bien las autoridades concernidas en marcar la diferencia entre la minería ilegal y la informal y en subrayar que para la primera tiene represión y para la segunda oportunidades de legalización, aunque tal vez ésta requiera mayores facilidades.

Es también preocupante que el conflicto haya escalado hasta situaciones de violencia, como los disturbios que la semana pasada dejaron un saldo de 11 heridos en operaciones de despeje de la Panamericana Sur, y es necesario que se impongan la cordura, la tolerancia y el diálogo, el cual ha sido suspendido por el gobierno bajo la exigencia de que se levanten los cierres del tránsito, lo que parece sensato en aras de buscar una salida al problema en términos de paz y entendimiento.

Si bien el uso moderado de la fuerza del Estado y las treguas de los bloqueos alivian tensiones, es urgente que se restablezcan las conversaciones y que de esa manera se eviten situaciones de enfrentamiento que no le hacen ningún bien al país.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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Editorial

Combate a corrupción tiene que continuar

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El cardenal Pedro Barreto ha pedido no politizar la labor de la Fiscalía, institución que está cumpliendo su labor de investigar hechos de presunta corrupción y luchar contra ese flagelo que se ha enquistado en todos los ámbitos y niveles del país. Ha recordado, además, que cuando el papa Francisco visitó el Perú dialogó con los obispos expresándoles su preocupación por la situación en nuestro país, donde expresidentes están en la cárcel. Se refería a Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Es verdad que el deceso de Alan García, en circunstancias muy tristes, ha enrarecido aún más el clima político. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que las investigaciones que realizan los fiscales del Ministerio Público no sigan adelante. Por el contrario, hay muchos interesados en que el proceso se paralice y para ello echarían mano de cualquier estratagema o argucia jurídica. No obstante, la Fiscalía de la Nación está en la obligación de garantizar la continuidad de las investigaciones, máxime, cuando en el extranjero la prensa destaca las acciones realizadas hasta el momento.

Lo peor que podría ocurrir es que se venga abajo todo lo investigado, que los casos vuelvan a fojas cero o que muchos traten de descargar culpas en el extinto expresidente Alan García. Es en ese sentido que el arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia católica, ha exhortado a todos los peruanos a cerrar filas en contra de la corrupción, para que nunca más suceda lo que ha ocurrido en las últimas décadas.

Al igual que el cardenal Barreto, nuestras autoridades del Gobierno y del Poder Judicial harían bien en respaldar la labor de procuradores y fiscales del grupo especial que investiga el caso Lava Jato, especialmente ahora que la familia ha hecho pública una carta de Alan García a sus hijos en la que les decía que deja su cadáver “como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”. Hablando en buen romance, fue una muerte anunciada que ojalá sirva para que el Partido Aprista pueda recomponerse. Y por el bien del país, que continúen las investigaciones.

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