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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Para fujimorismo, el diálogo es un canje de impunidad

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón y Martín Vizcarra Cornejo

El analista Miguel Jugo consideró que la intención real del pretendido diálogo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuesto por el fujimorismo a través del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, es presionar al Ejecutivo para la aceptación de “determinados requerimientos”. “Cuando el fujimorismo habla de diálogo, ellos piensan en negociar cosas concretas. Creo que el primer escenario que manejan es el de tratar de convencer al Presidente de que acepte determinados requerimientos, plantearle un canje donde ellos puedan hallar impunidad”, afirmó.

“Recordemos que el fiscal Pérez ha anunciado que tiene cerca de 50 colaboradores eficaces en la acusación contra Fuerza Popular. Entonces, lo que quieren es que el Presidente le quite respaldo político a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato”, agregó.

Para Jugo, es claro que el otro escenario que maneja Fuerza Popular es el de la vacancia. “Y para eso están organizando a sus filas y tratan la propuesta como si fuese un capricho del Presidente. Este Congreso no representa para nada a la población”, señaló.

SU TÁCTICA ES INSULTARLO

Ante el constante asedio al que pretenden someter al presidente Vizcarra -gestión de Mauricio Mulder por la vacancia, anuncio del Apra de rechazar el adelanto de elecciones, intención de Gilbert Violeta de limitar la cuestión de confianza, confrontación irrespetuosa de Pedro Olaechea- Jugo señaló que el fujimorismo “está implementando su táctica”, en la cual supuestamente se habla de buscar el diálogo, pero con una clara intención de imponer.

“El mismo Presidente lo reconoció en su libro cuando intentaron vacar a PPK: el fujimorismo busca que agache la cabeza como los caballos ante su domador. Entonces, ¿cómo se puede hablar de diálogo con gente que lo ha calificado hasta de ‘mal nacido’? Se busca doblegarlo para someterlo a los dictados de ellos”, advirtió.

Lo peor de todo, agregó Jugo, es que no buscan “someterlo” a un plan de gobierno o defensa del país, “sino a la defensa de sus intereses particulares, a la corrupción”.

SEPTIEMBRE ES EL LÍMITE

Respecto a la decisión del primer mandatario de fijar el mes de setiembre como el límite para aprobar el adelanto de elecciones – lo cual emplaza directamente al Parlamento -, Jugo indicó que el presidente Vizcarra “demostró el 28 de julio estar consciente de que existe una campaña de parte de Fuerza Popular y otros grupos vinculados a temas de corrupción para sacarlo del cargo”.

“Esos grupos consideran que el Presidente maneja la Fiscalía, y se puede notar en el caso del pedido fiscal para revocarle la prisión preventiva a PPK, en que le echan la culpa al Presidente. Se están jugando la posibilidad de impedir muchas investigaciones a varios de esos congresistas”, indicó.

Jugo recordó que el presidente Vizcarra también ha manifestado que si el adelanto de elecciones no es una salida, está abierto a escuchar alternativas. “Un marco constitucional no puede negar la posibilidad de una salida democrática, que es lo que queremos todos los peruanos, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y que tengamos una nueva representación acorde con lo que quiere el país”, añadió.

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Política

La calle se hará escuchar

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En cuanto al necesario respaldo popular que debe encontrar el presidente Vizcarra en la propuesta de adelanto de elecciones, Miguel Jugo advirtió que la ciudadanía en los últimos años “ha aprendido a reaccionar ante escenarios donde se nota claramente la acción de la corrupción”.

En ese sentido, recordó las manifestaciones espontáneas incluso en fechas festivas como 24 y 31 de diciembre, cuando miles marcharon en protesta por el indulto a Fujimori o por la destitución de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“A la población ahora no la sorprenden. Lo que pasa es que, por diversas razones, no se produce todavía el elemento disparador para estas movilizaciones. Pero si bien es cierto no hay todavía una disposición en la gente de salir a la calle, quizás porque se piensa que las cosas se pueden manejar, sí creo que una vez que se gatille la protesta el efecto va a ser muy fuerte y duradero”, sentenció.

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Política

Hasta las puertas de la Confiep

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No a la reforma laboral esclavista

El viernes por la noche miles de manifestantes llegaron hasta la sede de la Confiep en San Isidro, en el marco de la jornada de protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y sus bases sindicales. Los manifestantes protestaron por las políticas laborales impulsadas desde la Confiep y exigieron el adelanto de las elecciones para acabar con la corrupción.

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