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Política

Cuellos Blancos en aprietos

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Pedro Gonzalo Chávarry - César Hinostroza Pariachi

El exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, fue capturado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) la noche del lunes en Cieneguilla. Moreno, quien se hallaba prófugo de la justicia desde el 17 de enero, se encontraba al momento de su captura en compañía de una mujer identificada como Sheyla Villarreyes Vásquez, y tenía en su poder S/ 10 mil en efectivo.

Como se recuerda, según la tesis de la Fiscalía, Moreno habría recibido un soborno de S/ 4 millones de la empresa Odebrecht, por lo que se solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra en diciembre del 2018. Sin embargo, la jueza Elizabeth Arias rechazó el pedido del Ministerio Público. Poco después, el 17 de enero del 2019, el Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao lo sentenció por la venta subvaluada de un terreno de 70 mil metros cuadrados de propiedad del Estado, pero Moreno ya tenía paradero desconocido.

A Moreno, además de imputársele diferentes delitos, se le hallaron dos agendas con anotaciones sobre diferentes reuniones entre enero del 2010 y diciembre del 2011 con el exjuez y presunto cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, César Hinostroza. Una relación que se evidenciaría además con la contratación de Edith Rosalinda Hinostroza Pariachi, hermana del exjuez, como abogada del Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Moreno.

PRÓXIMO COLABORADOR EFICAZ

Respecto a los inminentes interrogatorios a los que será sometido Félix Moreno, el abogado Juan José Quispe consideró que lo que más le conviene hoy al exgobernador regional del Callao es acogerse a la figura de la colaboración eficaz. “Él ya está condenado por lo que hizo en su gestión, pero también está investigado por otros casos, entre ellos el de los ‘Cuellos Blancos’. Siendo así, lo único que le convendría sería aspirar a la colaboración eficaz para buscar una reducción de pena. Su testimonio será importante para revelar los nexos de la Corte Suprema con la Corte Superior de Justicia del Callao. Y esto implica no solo a Hinostroza sino a toda la sala, porque Hinostroza tenía que haber convencido por lo menos a cuatro magistrados más para lograr emitir resoluciones”, indicó.

Quispe recordó la magnitud de la presunta red criminal en el sistema de justicia del Callao. “Recordemos que había desde un juez de paz que arreglaba temas de familia de jugadores de fútbol, hasta jueces para hábeas corpus, para amparos, para prisiones preventivas, etc. Y esta red estaba relacionada a la Corte Suprema, mediante el señor Hinostroza, expresidente de la Corte del Callao. Si no salen los audios de la vergüenza en julio del año pasado, Hinostroza podría haber emitido una resolución de archivamiento en el caso de Keiko Fujimori y jamás se le podría haber investigado por lavado de activos”, apuntó.

NEXOS ENTRE KEIKO Y CHÁVARRY

Quispe también advirtió que los próximos testimonios que brindarán los excongresistas Juan Sheput y Daniel Salaverry ante la Fiscalía, serán “demoledores”. Ello, debido que tendrían “la fuerza de convicción en el sentido que corroboran versiones de un testigo protegido y cierra el círculo de lo que todos hemos visto que se dio en la práctica en el Congreso”.

“¿Por qué tanto blindaje a Chávarry? Porque él iba a ser el nexo con los fiscales supremos, y él no iba a acusarlos y podía controlar la Junta de Fiscales Supremos como lo está haciendo ahora. En esa medida se cierra el círculo de que la operación tripartita: Fuerza Popular blinda a Chávarry e Hinostroza para que uno no acuse o de una acusación débil, y el exjuezHinostroza cumpla la misión de archivar el caso más grave de Keiko Fujimori, que es el de lavado de activos y organización criminal”, señaló.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN CAMINO

Acerca de lo que podría derivarse de estos interrogatorios, el jurista indicó que si bien para sancionar a los fiscales supremos se requiere el levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso – hoy disuelto -, o la decisión de la Junta Nacional de Justicia – aún por conformarse -, sí es posible investigar de manera preliminar tanto a los fiscales supremos como a los vocales de la Corte Suprema y a otros altos funcionarios.

En ese sentido, Quispe consideró que “con todo el derecho, con toda la autoridad y toda la legalidad de las atribuciones conferidas por la ley orgánica del Ministerio Público y la ley de la carrera magistral”, la Fiscal de la Nación está en la facultad de iniciar una investigación preliminar a los fiscales supremos vinculados a la presunta organización criminal de los “Cuellos Blancos”.

“Ya lo estableció el Tribunal Constitucional que para investigaciones preliminares no se requiere el levantamiento de la inmunidad, y el mejor ejemplo es el caso Hinostroza. Y esta investigación preliminar incluye impedimento de salida del país, levantamiento del secreto bursátil y bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, las interrogaciones a ellos mismos. La Fiscal puede avanzar una investigación hasta que se conforme el Congreso, y ahí plantear una acusación constitucional. Una vez que se levante la inmunidad, la Fiscalía podrá solicitar una prisión preventiva o las medidas que considere necesarias”, afirmó.

Finalmente, destacó que el próximo Congreso tendrá una labor importante en el sentido que será clave por los casos de denuncias constitucionales que se quedaron en el camino contra Hinostroza, Chávarry, Walter Ríos y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. “Estas podrán ser reabiertas y de ser el caso establecer que forman parte de una red criminal. Y con ellos podrían ser incluidos todos los que aparecen en los audios pero que no fueron tocados debido al blindaje del Congreso disuelto”, expresó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

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Amado Enco

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.

El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.

Walter Albán

PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.

Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.

AGENDA POLÍTICA EN EL TC

Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.

Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE

Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.

Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:

No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.

Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.

Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.

ALGO MÁS

La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.

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Política

26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.

Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.

Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.

El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.

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