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Política

Corte Suprema declara ilegal decreto supremo del MINEM

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Campesinos agricultores

La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en última instancia, ha resuelto declarar fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 001-2015-EM por violar el derecho constitucional de las comunidades campesinas de disponer de su territorio comunal, y por violar su derecho a la consulta previa.

La acción popular se presentó en el 2015 por representantes de las organizaciones indígenas: Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) con el acompañamiento legal de la institución FEDEPAZ y el grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de DDHH, del cual forma parte Red Muqui.

Recordemos que en el 2015 durante el periodo de delegación de facultades que el Ejecutivo solicitó al Congreso durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Energía y Minas emitió una serie de normas bajo el argumento de “promover la inversión privada”.

Una de estas normas fue el Decreto Supremo 001-2015-EM que desarrolla los requisitos para la concesión de beneficio en un terreno superficial que pertenezca a una comunidad: en su artículo 3.1.1.c.iii establece como uno de los requisitos para este procedimiento la “copia legalizada del acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina que otorga la autorización de uso del terreno superficial a favor del solicitante”.

Esta norma busca simplificar los procedimientos por los cuales los titulares de concesiones mineras acceden al territorio comunal violando los derechos constitucionales de comunidades campesinas y nativas cuya autonomía es reconocida por el artículo 89° de la Constitución Política; y como lo señala el artículo 7° de la Ley N° 24656 –Ley General de Comunidades Campesinas-, las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables; solo por excepción pueden ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad, lo que es refrendado por la Ley N° 26505, la denominada “Ley de tierras”, en su artículo 11°.

SIMPLIFICACIÓN ES INCONSTITUCIONAL

La defensa del Ministerio de Energía y Minas argumentó que el artículo 3.1.1.c.iii c, supuestamente no vulnera los derechos de las comunidades campesinas, ya que lo señalado en el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas haría referencia a la expropiación o venta del territorio comunal; lo que implica la pérdida de los derechos de propiedad y no a la concesión de beneficios mineros.

Por otro lado, la Sala Superior (segunda instancia) había señalado en su argumentación que de la “interpretación sistémica” de la norma impugnada no se desprendía que la exigencia del requisito de copia certificada de la Junta Directiva afectara la autonomía de la comunidades, puesto que una norma reglamentaria no se puede oponer a una norma constitucional; y se sobreentendía que el requisito de los dos tercios de comuneros calificados se tenía que aplicar.

Por esta razón declaró infundada la demanda; sin embargo la Sala de la Corte Suprema en apelación y última instancia concluyó que la norma impugnada no respeta la Constitución y el artículo 7° de la Ley de Comunidades Campesinas, señalando lo siguiente: “… el artículo 3° del Decreto Supremo 001-2015-EM tiene como objetivo la simplificación en el trámite para el procedimiento de concesión de beneficio minero -véase el encabezado de la norma- y, por consiguiente propugna evitar un procedimiento complejo y lato.

En esa línea, con el fin de alcanzar la referida simplificación administrativa, la norma hace expresa alusión al órgano comunitario que considera es el que puede autorizar directamente el mencionado derecho del solicitante -Junta Directiva- sin que guarde sentido con esta finalidad de la norma que exija como requisito un acta a un órgano comunitario que no contase con la potestad de otorgar la autorización del uso del terreno superficial comunitario”.

Como lo señala David Velazco, abogado de FEDEPAZ: “El artículo 3 del Decreto Supremo 0001-2015-EM, es una norma aparentemente legal, pero la Constitución exige mayoría calificada en una asamblea para poder disponer del territorio comunal y no un acta de junta directiva de la asamblea. Lo que ha hecho la Corte Suprema es expulsar esta norma inconstitucional del sistema jurídico, por lo cual el Ministerio de Energía y Minas no podrá aplicarla en sus procedimientos.”

POLÍTICAS DE DESPOJO DE TERRITORIOS COMUNALES

Como lo venimos señalando desde la Red Muqui, el Estado peruano durante los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, por presión de las empresas mineras y otros intereses, viene aplicando políticas de despojo de territorios a través de simplificaciones administrativas. Lo que hace el Ejecutivo es solicitar delegación de facultades legislativas al Congreso para emitir normas administrativas que violan derechos constitucionales de comunidades campesinas, por lo que se actúa bajo un supuesto manto de legalidad.

Otras normas que siguen vigentes y vulneran derechos de comunidades campesinas son la Ley 30230 -“Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización para inversión del país”-, sobre la cual se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad aún pendiente de fallo.

Desde la Red Muqui venimos realizando análisis e informando sobre la ilegalidad de estas normas desde nuestras publicaciones: “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú” y “Normas y políticas públicas que afectan derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016-2018”.

 

RED MUQUI

Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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