Contáctanos

Especial

Conversatorio sobre cambio climático

Publicado

en

Conversatorio sobre cambio climático

Una nueva actividad preparatoria de los debates en torno a la COP20 se realizará este martes 30 en Lima, denominada “Comunidades Resilientes: Alianzas Globales y Locales frente al Cambio Climático”.

El conversatorio congregará a actores claves para enfrentar dicha problemática, líderes comunitarias que compartirán un diálogo sobre la agenda local y nacional frente al cambio climático, con expertos de la ONU, representantes del sector empresarial, del movimiento municipal, especialistas de municipalidades y ONG’s y de la plataforma indígena.

El objetivo del evento es difundir también las buenas prácticas comunitarias que organizaciones y redes de mujeres están desarrollando en el Perú y en el mundo, frente a los efectos del cambio climático y los desastres naturales.

El conversatorio es organizado por Groots Perú y la FEMUM ALC (ambas representantes de las redes Groots Internacional y Comisión Huairou) y contará con la participación de Tarcila Rivera, miembro del grupo asesor internacional de ONU-MUJER.

También participarán Michael G. Russell, vicepresidente Cámara de Comercio Peru-Irlanda, Relinda Sosa, Coordinadora regional de Groots Internacional para América Latina, representantes de las Naciones Unidas, SEA Perú, Cáritas, la Municipalidad de Lima-Serpar y el Programa Ciudades Sostenibles-Indeci. Estará también Olenka Ochoa,de la Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina y Caribe, y Carmen Robles, directora de SEA Perú, como moderadoras.

El evento se realizará el martes 30 de setiembre en el Museo Andrés del Castillo (Jirón de la Unión 1030, Cercado de Lima) de 4 de la tarde a 8 de la noche gracias al auspicio del empresario Guido del Castillo y SEA Perú.

Seguir leyendo
Anuncio

Especial

Despierten periodistas, el imperio destruye a Julian Assange y a WikiLeaks

Publicado

en

Despierten periodistas, el imperio destruye a Julian Assange y a WikiLeaks

¿Por cuánto tiempo más van a matar a nuestros profetas, mientras nosotros nos hacemos a un lado y miramos?

(Bob Marley, 1945-1981)

 

Ya es de conocimiento mundial que cuando un ser humano entra en la mira de los servicios de inteligencia en cualquier país del mundo por considerarlo un “peligro para la seguridad nacional” todo el sistema represivo se lanza contra este hombre o mujer hasta destruirle o desprestigiarle.

Así está pasando con Julian Assange, uno de los tres pilares de WikiLeaks, quien abrió los ojos al mundo entero sobre los crímenes y las atrocidades que estaban cometiendo EEUU y sus obedientes sirvientes de la OTAN en el Oriente Medio al lanzar su ‘guerra permanente’ para apoderarse de los recursos nacionales de Irak, Afganistán, Libia, Somalia, Siria. Ahora, este valiente comunicador social está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, conocida como el ‘Guantánamo británico’ y con la salud seriamente decaída.

Lo trágico de este caso consiste en que todo el proceso contra Assange está basado en la decisión de Washington de considerarlo culpable hasta que se demuestre su inocencia en los 18 cargos sobre el rol de Julian Assange en la revelación de crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán publicados entre 2011-2012 por WikiLeaks y conspiración diplomática global.

Sin embargo, la arremetida de Washington contra WikiLeaks arrancó ya en 2009 después de la divulgación de un video del tiroteo a periodistas en Bagdad el 13 de julio de 2007 por un helicóptero militar norteamericano. La publicación por WikiLeaks del ‘Diario de Guerra en Afganistán’ el 25 de julio de 2010 hizo intensificar aún más la irritación de la Casa Blanca.

En 2017, el entonces director de la CIA y hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró una guerra abierta contra los tres pilares de WikiLeaks: JulianAssange, el abogado y activista Jacob Appelbaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon.

Por una simple decisión política del ‘establishment’ norteamericano, el Departamento de Justicia de EEUU se convirtió en un ‘inquisidor’ global del siglo XXI que concentró su mirada primero en Julian Assange, lanzando, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Penas Crueles, NilsMelzer, “una campaña implacable y desenfrenada de acoso público, difamación e intimidación de Julian Assange no solo en EEUU sino en Reino Unido, Suecia y Ecuador”.

Melzer señaló también que “en 20 años de trabajo con las víctimas de la guerra, la violencia y la persecución política, nunca vi a un grupo de estados democráticos asociarse deliberadamente para aislar, satanizar y abusar de un solo individuo por tanto tiempo, con tan poco respeto por la dignidad humana y el imperio de la ley”.

El ‘modus operandi’ del sistema de represión globalizada dirigida por Washington ha tenido de preferencia desde hace bastante tiempo el uso de la táctica de rumores, denuncias y acusaciones relacionadas con el sexo como acoso sexual, ataque sexual, violación, homosexualismo para dañar la reputación pública del personaje que atenta a desafiar el sistema político y social existente.

El acusado por muy inocente que sea se convierte en una víctima señalada y manchada como un “violador en serie”. El sistema sabe que esta táctica produce un efecto inmediato negativo sobre la capacidad de producción de esta persona y afecta seriamente su estado de ánimo y mental. Así hicieron con Julian Assange cuando dos mujeres, la periodista y feminista sueca Anna Ardin de 30 años y su amiga SofiaWilden de 26 años denunciaron al fundador de WikiLeaks por abuso sexual y reconociendo al mismo tiempo que el sexo en ambos casos fue consensuado.

Fue una operación bien montada contra Assange, aceptando el Scotland Yard la acusación de supuestas ‘víctimas’ de coerción ilegal y abuso sexual sin presentar las afectadas alguna prueba concreta contra su victimario. El preservativo que presentó Anna Ardin no reveló ADN ni de ella ni de Assange. Sin embargo, el fundador de WikiLeaks fue arrestado bajo sospechas y sin cargos de violación y después fue liberado bajo fianza mientras se estudiaba su posible extradición a Suecia que a su vez podía entregarlo a EEUU donde sería juzgado por espionaje.

Después que la Corte británica determinara extraditarlo a Suecia, Assange pidió en 2012 asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se quedó durante siete años sin asistencia médica. El 11 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tras recibir promesas de Washington de nuevos créditos financieros para su país, suspendió el asilo de Assange y lo entregó a Scotland Yard, que lo sacó a rastras de la Embajada ecuatoriana y lo trasladó a la prisión de Belmarsh, donde estuvo durante un tiempo en el hospital de la cárcel debido al serio deterioro de su salud, llegando al extremo de no poder sostener una simple conversación con sus abogados.

El sistema represivo globalizado tampoco dejó en paz a otros dos pilares de WikiLeaks: el activista y abogado Jacob Appelbaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon. La periodista Suzie Dawson describió en su ensayo ‘Freeing Julian Assange’ como la prensa globalizada se empeñó en destruir sus carreras, sus finanzas y hasta el matrimonio de Jacob creando imagen de ‘violadores en serie’ sin presentar ninguna prueba concreta. Bastaron rumores, mentiras, insinuaciones, alegaciones para convertirlos en unos depredadores sexuales. Tan fuerte fue la guerra informativa contra Trevor que 70 organizaciones progresistas lo repudiaron.

En 2018 el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, nombrado editor jefe de WikiLeaks, fue acusado por los medios de comunicación globalizados de ser violento con las mujeres sin presentar ninguna prueba. El otro colaborador de WikiLeaks, Matt De Hart, exanalista de inteligencia de EEUU y miembro del grupo de piratas informativos, fue tildado de perverso y se le inventó la tenencia de pornografía infantil que indignó a la opinión pública a tal extremo que inclusive Edward Snowden atacó a Matt. Resultó que esta táctica usada con fines políticos funcionó a la perfección para hacer debilitar a WikiLeaks.

Mientras todo esto estaba sucediendo, los agentes del FBI estaban extremadamente activos interrogando a su informante islandés Sigurdur Thordarson, quien se convirtió en el principal acusador de Assange. En mayo pasado, la agente especial del FBI Megan Brown, quien está a cargo de investigación contra Assange, viajó a Islandia junto con el fiscal Kellen Dwyer del Distrito Oriental de Virginia para interrogar a Thordarson. Este informante no tiene mucha credibilidad por tener un historial criminal.

Este personaje había sido un colaborador de WikiLeaks en Islandia desde 2010 hasta 2011 cuando se contactó con la embajada norteamericana en Reikiavik ofreciendo ayuda a EEUU en investigación criminal relacionada con Julian Assange. Entre 2011 y 2012 Thordarson entregó a las autoridades norteamericanas ocho discos duros de información perteneciente a WikiLeaks por los cuales recibió miles de dólares en recompensa.

Despierten periodistas, el imperio destruye a Julian Assange y a WikiLeaks

El arresto y el traslado de Assange al ‘Guantánamo británico’ está demostrando el poder de largo brazo de Washington que ya estaba seguro que el fundador de WikiLeaks sería extraditado a EEUU tarde o temprano y donde sería acusado de contactar con la analista del Departamento de Defensa, Chelsea Manning, para “obtener ilegalmente documentos clasificados relacionados con los secretos de defensa nacional y su posterior publicación”.

El Departamento de Justicia de EEUU ya presentó 18 cargos contra este comunicador social y el secretario de Interior de Reino Unido, Sajid Javid, no se dejó esperar y firmó una solicitud formal para extraditar a Assange a EEUU donde el Gran Jurado le podría condenar hasta 175 años de prisión. El Tratado de Extradición entre Washington y Londres fue firmado y ratificado en 2007 sin necesidad de presentar evidencias sustanciales para proceder con extradición.

Ahora todo depende de la decisión de la justicia británica. El pasado 14 de mayo durante la sesión de procedimiento la jueza de la Corte de Magistrados de Westminster, Emma Arbuthnot, ordenó para el 25 de febrero 2020 una audiencia con una duración prevista de cinco días para revisar la extradición de Julian Assange a EEUU.

Se prevé también vistas preliminares en julio y octubre próximos. Si tomamos en cuenta que el esposo de la magistrada, James Arbuthnot, es exdirector de Security Intelligence Consultancy SC Strategy Ltd., la empresa privada británica de inteligencia cuya ‘labor’ fue divulgada en más de 500 informes de WikiLeaks, ya podemos darnos cuenta del veredicto que espera al periodista y activista Julian Assange.

Lo nuevo de este caso es la aparición inmediata de lo que se llama ‘Efecto Assange’, que consiste en el inicio de una nueva ola de ‘cacería de brujas’ contra el periodismo de investigación y el pensamiento alternativo en Australia, Francia y EEUU.

La Policía de Australia realizó ya una redada en la AustralianBroadcastingCorporation con la orden de apropiarse, eliminar o cambiar la información periodística relacionada con la seguridad nacional del país. En San Francisco, California, el 14 de junio pasado una docena de policías fuertemente armados abrió a martillazos la puerta de la casa del periodista Bryan Carmody, lo esposaron y requisaron todo su material de trabajo. Esto ocurrió al negarse el periodista revelar su fuente de información tras publicar un informe sobre un turbio suceso local.

Frente a estos ataques contra los medios de comunicación, el periodismo globalizado que hasta poco estaba proyectando a la opinión pública una imagen distorsionada y vilificada del creador de WikiLeaks y posteriormente mantuvo silencio sobre la tragedia de Assange dando luz verde a su persecución por el Gobierno estadounidense, por primera vez en los últimos 10 años los informadores globalizados se sintieron inseguros.

Surgieron dudas en los medios de comunicación más alineados con Washington respecto a su futuro en el caso de publicar algunos documentos clasificados. Recién han comprendido que la criminalización de la práctica periodística no tendría límites y podría inclusive afectar al mismo The New York Times o The Guardian británico que supuestamente son partidarios y luchadores por la democracia y la libertad.

Una posible extradición de Julian Assange a EEUU junto con una arremetida por el sistema represivo globalizado neoliberal contra los medios de comunicación abriría la puerta a una dictadura con todas sus consecuencias. El fundador de WikiLeaks ya nos advirtió sobre este peligro al exponer a EEUU, a sus aliados de la OTAN más importantes y a sus líderes divulgando sus secretos, sus crímenes más cruentos y sus planes para domesticar a la opinión pública mundial silenciando a la prensa alternativa y tratando inclusive controlar internet.

La libertad es lo más importante en la vida y precisamente esta libertad está en peligro actualmente. Ya es hora para los medios de comunicación darse cuenta de lo que les espera a ellos y al mundo entero si es que siguen siendo promotores y portavoces del sistema represivo globalizado.

 

VICKY PELÁEZ
SPUTNIKNEWS

Seguir leyendo

Especial

El nuevo museo nacional (MUNA): crónica de irregularidades

Publicado

en

El nuevo museo nacional (MUNA): crónica de irregularidades

La obra de construcción del Museo Nacional del Perú (MUNA) en el distrito de Lurín (Lima), fue presupuestada, al inicio, en S/ 516,952,273. En el 2017 esta cifra se incrementó a S/ 591,579,559.60, debido a obras adicionales que no estuvieron contempladas en el proyecto original. Dicho monto constituía un gran estímulo para cualquier constructora; tal es así que la buena pro fue otorgada al Consorcio Constructor MUNA, conformado por las empresas: Obrascon, Huarte y Lain (OHL) y Aldesa Construcciones, y supervisada por Graña y Montero. Estas empresas están, ahora, comprometidas en serias denuncias de corrupción e irregularidades en procesos de licitación y ejecución de obras en el Perú y el extranjero.

El Ministerio de Cultura empezó con “el pie izquierdo”, requiriendo la contratación de un profesional especialista en arqueología para la elaboración del sustento arqueológico que permita identificar la mejor ubicación del proyecto “Museo Nacional del Perú”, quien tuvo como único encargo entregar el “sustento arqueológico que posibilite la ubicación idónea del Proyecto del Museo Nacional en el Complejo Arqueológico de Pachacámac, distrito de Lurín”. En este documento solo contempló un estudio de alternativas para un proyecto que ya tenía ubicación desde su formulación. Llamó la atención que en los Términos de Referencia de la consultoría de mayo del 2014 se requirió, en sus objetivos, que la ubicación del MUNA sea en el Santuario de Pachacámac.

El estudio realizado por el arqueólogo Fujita, arrojó tres alternativas: 1. Complejo Maranga, 2. Club LawnTennis de la Exposición y el 3. Santuario de Pachacámac, concluyendo que la mejor opción (como estaba previsto) sería en el Santuario de Pachacámac (Lurín). Pero el informe de Fujita, a pesar de dejar claro que la alternativa del MUNA en Pachacámac era la más adecuada, da inicio a los cuestionamientos que en un futuro sonarían cada vez más fuerte entre los opositores de este megaproyecto. Tal es así que, en el mismo documento, se consigna lo siguiente: (…) se ha identificado estructuras de probable origen prehispánico, así como extensos conchales del mismo periodo (…) considerar en el proyecto la posibilidad de contar con un tsunami e inundaciones (…) es también un espacio polémico por estar inscrito a su vez en un espacio religioso que aún se sigue usando (…) proceso de inscripción de la totalidad del área intangible en los Registros Públicos.

Era evidente que la alternativa sugerida constituía un alto riesgo, entonces, ¿por qué no se consideró otras áreas para la ejecución del proyecto?; incluso, desde febrero del 2014 ya se contemplaba la ampliación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP). Sin embargo, no se tomó en cuenta la posibilidad de emplear dicho espacio como una alternativa, que contaba con más de 20 mil metros cuadrados en contraste con los 15 mil metros cuadrados del edificio destinado al MUNA en Lurín. Surge el cuestionamiento: ¿por qué se eligió la alternativa más riesgosa y costosa?

El MUNA en el Santuario de Pachacámac, una obra que se construye frente a otro (Museo de Sitio, galardonado internacionalmente), se ha convertido, a todas luces, en un doble símbolo:

• Para un sector de la población de Lurín y de los funcionarios públicos que lideran o lideraron el sector Cultura y los allegados a este, el proyecto significaría desarrollo y beneficio para la población, mejoras en las condiciones museológicas y gestión de colecciones, que mucha falta hace en nuestro país.

• Para otro sector, de patrimonialistas, Contraloría General de la República, entre otros, la obra sería un símbolo más de la corrupción enquistada en el sector público, que se alimenta de las grandes constructoras; ya que se ha evidenciado serios cuestionamientos, vacíos e irregularidades durante la formulación de los estudios y la ejecución del proyecto que hasta la fecha no ha podido ser esclarecido de manera transparente.

A fines del 2016, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, conformó el “Grupo de Trabajo encargado de evaluar y fiscalizar las presuntas irregularidades en la construcción del Museo Nacional de Arqueología del Perú en el Santuario de Pachacámac (MUNA)”. Se formaron mesas de trabajo, donde se expusieron y sustentaron las irregularidades durante la formulación del proyecto.

Ante este panorama, el exministro Salvador del Solar informó de una modificación para el proyecto: reducir de 75 mil m2 a 63 mil m2; lo cual generaría un ahorro de entre 60 a 80 millones de soles[1]. Es por ello que, a través de una solicitud de acceso a la información pública, se requirió al Ministerio de Cultura una copia del expediente técnico de dicha modificación. Ante este requerimiento, la abogada de la Oficina de Proyectos Especiales Marlene Vizcarra Gallardo, respondió que su unidad ejecutora no cuenta con la información solicitada (…), denegando, de esta manera, el pedido de la documentación.

Sin embargo, Luis Jaime Castillo Butters, exviceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, habría tenido acceso a la documentación antes referida. En una declaración al diario La República[2], indicó que (…) el recorte, empero, encareció la obra y significó la anulación de una sala que iba a servir como “museo para niños (…).

A la fecha no se ha esclarecido de donde provendrán las colecciones que irán a exhibirse en el MUNA, pues, el Sistema Nacional de Museos (a cargo del Ministerio de Cultura) abarca 48 museos[3]. Sin embargo, se pretende desmantelar las colecciones prehispánicas del Museo Nacional de Historia Arqueología y Antropología del Perú, ubicado en Pueblo Libre, tal como lo ha señalado el exviceministro Luis Jaime Castillo:

“(…) las piezas arqueológicas estarán ubicadas en el Museo Nacional en Pachacámac, todas las piezas que datan desde la llegada de los españoles en 1532 hasta la República deben estar expuestas en la ampliación de este museo [MNAAHP] (…)”.[4]

Intervención de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República (CGR) también participó en las mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Mediante el Oficio N° 240-2015-CG/VC, alertó al Ministerio de Cultura sobre los riesgos en los que se incurriría al construir el Museo Nacional de Arqueología (MUNA) en el Santuario Arqueológico de Pachacámac.

En el 2016, mediante un informe de auditoría, la CGR refiere que el proyecto no cuenta con la aprobación de los órganos competentes del Ministerio de Cultura. Asimismo, advierte sobre la falta de documentación y aprobaciones de acuerdo con la tipología del proyecto, y sobre los resultados de las intervenciones arqueológicas que fueron ejecutadas posteriormente al otorgamiento de viabilidad del PIP por parte de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Cultura. Acá resalta, nuevamente, que se pondría en riesgo la sostenibilidad del proyecto en sus fases de inversión y post-inversión [5].

El nuevo museo nacional (MUNA): crónica de irregularidades

El contralor recomendó al Ministro de Cultura que se valore los nuevos riesgos identificados (Oficio N° 274-2017-CG/DC):

1. No cuenta con opinión de los órganos competentes

2. El Proyecto Arquitectónico del Expediente Técnico del Museo Nacional del Perú – MUNA, no contempló el número total de estacionamientos acorde a la normativa.

3. En el esquema de diseño de conexión de agua y desagüe del expediente Técnico no se ha considerado ninguna de las alternativas señaladas por SEDAPAL para la aprobación respectiva, generando el riesgo de que no se cuente con el abastecimiento de agua potable requerido para las operaciones del Museo;

4. El Expediente Técnico considera solo el montaje de algunos equipos que forman parte del sistema de utilización en media tensión, sin embargo en el expediente de dicho sistema, aprobado por Luz del Sur y en el pago a realizar por derecho de conexión de media tensión, se podrían incluir partidas por duplicado o excluir otras[6]

Durante el 2018, la CGR ha emitido cinco Informes de Control Concurrente[7], desde el 12 de julio al 19 de diciembre del 2018, donde se muestran aspectos relevantes y situaciones adversas que generan los siguientes riesgos:

a. Abonar un pago injustificado al contratista, por partidas y metrados no ejecutados, de hasta S/ 14 millones.

b. Controversias y mayores costos de supervisión para el 60% de obra pendiente de ejecutar.

c. Incumplimiento de plazo contractual.

d. No cumplir oportunamente con los objetivos del proyecto.

e. Daños estructurales y afectación de la calidad del proyecto.

f. Inadecuada supervisión y no sancionar el incumplimiento contractual.

g. Falta de liquidez para la culminación del proyecto.

h. Afectación de la integridad física del personal de obra y terceros.

i. Afectación del control y transparencia del proyecto de inversión pública.

j. Incumplimiento en la finalidad del proyecto.

Cabe resaltar que, mediante el último Informe de Control Concurrente (Hito de Control N° 5), cuyo objetivo fue el “(…) determinar si el avance del proceso constructivo de la obra principal y las obras complementarias (sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y sistema de utilización de media tensión) (…)”, se solicitó al Ministerio de Cultura que brinde el diseño de ingeniería optimizado debidamente aprobado. Sin embargo, no fue otorgado.

Finalmente, en su último Informe[8] da cuenta que no se ha cumplido con subsanar en su totalidad los riesgos advertidos en los Hitos de Control N° 1, 2 y 3; además, se verificó que no se ha tomado las acciones correctivas para las observaciones del Hito de Control N° 4, correspondientes a la presencia de fisuras y humedad en el techo de los ambientes del Sector 3 del MUNA, las mismas que generarían no solo un daño estructural en el edificio, sino también el deterioro al que se expondrán las colecciones prehispánicas debido al traslado hacia los sótanos del MUNA.

Anecdóticamente, el 11 de noviembre de 2018, la exjefa del Archivo General de la Nación, Luisa Vetter, declaraba sobre el riesgo constante de perder valiosos documentos en dicha entidad, ante posibles incendios, señalando: “Rezamos para que el incendio jamás ocurra”[9]. No nos sorprendería que, en breve plazo, la titular del sector Cultura siga implorando al “Señor de los Temblores”, para que no haya adversidades[10], en lugar de atender debidamente las observaciones estructurales, administrativas y financieras señaladas por la Contraloría General de la Republica.

Entonces, ¿se tomarán acciones inmediatas para las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables de las irregularidades sobre la construcción de esta “carcasa de concreto”? ¿Acaso se permitirá el desmantelamiento desmedido del MNAAHP para trasladar sus colecciones prehispánicas a los sótanos sumergidos del MUNA, expandiéndolas al riesgo que representa la humedad proveniente de la napa freática, que aflora constantemente a través de las grietas que se extienden en las paredes del edificio?

Mientras el Santuario de Pachacámac se ve vulnerado, pues ni su propio Plan de Manejo es respetado, el espíritu de quienes lo habitaron y participaron en sus ceremonias y rituales sigue presente, quizás para que en un futuro cobre revancha telúricamente; por lo pronto ¿qué hacemos nosotros para defenderlo?

NOTAS:

[1] El 12 de abril del 2017. “Todo se Sabe”. Entrevista por Milagros Leiva.

[2] 26 de marzo del 2018. “El MUNA será la única obra para celebrar el Bicentenario”. Tomado de URL: https://larepublica.pe/cultural/1217167-el-muna-sera-la-unica-obra-para-celebrar-el-bicentenario

[3] Museos según Departamento, hasta Abril 2019. (http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/).

[4] Informe N° 003-2014-VMPCIC/MC, de fecha 19 de febrero del 2014.

[5] Nota de Prensa N° 68-2016-CG/COM, de fecha 7-setiembre-2016

[6] El subrayado es nuestro.

[7] CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Informe de Control Concurrente N° 676-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 12 de julio del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 895-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 24 de setiembre del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 1065-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 25 de octubre del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 1179-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 26 de noviembre del 2018.

Informe de Control Concurrente N° 1330-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 19 de diciembre del 2018.

[8] Informe de Control Concurrente N° 1330-2018-CG/MPROY-CC; de fecha 19 de diciembre del 2018.

[9] https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/luisa-vetter-rezamos-incendio-jamas-ocurra-noticia-576465 (11-11-2018).

[10] Tal como refiere en la entrevista del 30 de abril de 2019 ante el Diario El Comercio. (https://elcomercio.pe/luces/ulla-holmquist-nuestro-compromiso-recuperar-confianza-ministerio-noticia-ecpm-631111).

 

CELESTE ASURZA MATOS
IDEELE REVISTA Nº 285

Seguir leyendo

Especial

Cómo el golpe de Estado en Venezuela y la crisis de la vivienda en los EE. UU. están íntimamente relacionados

Publicado

en

Cómo el golpe de Estado en Venezuela y la crisis de la vivienda en los EE. UU. están íntimamente relacionados

La guerra de Trump contra Venezuela ha provocado una reflexión sobre las prioridades de EEUU. Si bien Trump exige más misiles, los residentes de DC y Baltimore preguntan por qué hay dinero para la guerra pero no para viviendas dignas.

La economía de los Estados Unidos está organizada de tal manera que todos los productos básicos, incluidas las armas y la vivienda, hacen que la mayor parte de las ganancias vayan a los bolsillos de una clase de élite adinerada, a expensas de las masas de trabajadores que generan esas ganancias a través de su trabajo.

El funcionamiento de este sistema en beneficio de unos pocos a expensas de muchos se hace igualmente evidente por la organización de la guerra contra Venezuela por parte de la clase dominante de los Estados Unidos y la organización de una crisis masiva de viviendas dentro de las fronteras de los Estados Unidos por parte de desarrolladores adinerados.

La minoría más pequeña de los Estados Unidos, los súper ricos, están librando una guerra contra Venezuela con la ayuda de la propia clase elitista de Venezuela. La prensa de propiedad corporativa ha tratado de vender esta guerra a las personas en los Estados Unidos mediante el giro de una elaborada red de mentiras.

El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos traerá prosperidad, democracia y libertad a Venezuela. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es un golpe de Estado respaldado por la CIA contra un gobierno socialista elegido democráticamente, para cuyo gobierno existe un amplio apoyo entre el pueblo venezolano.

De hecho, al actuar en contra de las estructuras democráticas y los procesos de votación en Venezuela, Trump y la clase dominante de los Estados Unidos están exponiendo el verdadero motivo de su campaña por la guerra: el robo de petróleo con fines de lucro.

Mientras tanto, en las ciudades de Washington y Baltimore, una pequeña minoría de promotores adinerados son la fuerza que controla la política de vivienda, una función que se lleva a cabo con la asistencia de bancos y administradores políticos como el alcalde Muriel Bowser de Washington, cuya oficina de prensa publicó la declaración a principios de este año titulada: “Bowser hace una inversión histórica de $ 138 millones en viviendas asequibles”.

Sin embargo, la realidad en el terreno es que miles de familias y niños sin hogar, con el 19 por ciento de la población total de DC que vive en la pobreza, mientras la ciudad se jacta de un presupuesto de $ 14.5 mil millones, con $ 2.4 mil millones en reserva. Mientras tanto, en Baltimore, aproximadamente 7,000 familias son desalojadas anualmente por falta de pago de la renta.

Claramente, los problemas como la crisis de la vivienda asequible o la falta de financiación de escuelas y hospitales podrían solucionarse si nuestro país (EEUU) priorizara las necesidades de las masas de trabajadores antes que las de los fabricantes de armas y los barones del petróleo.

Para aclarar la contradicción entre los valores y las acciones declaradas de los Estados Unidos, consideremos la función de la economía de los EE. UU. Y la política exterior de los EE. UU., a quiénes pretenden beneficiar estas políticas y a quiénes dejan de lado estas políticas.

¿QUÉ TIENE QUE VER LA ECONOMÍA DE GUERRA CON LA CRISIS DE LA VIVIENDA?

La economía de guerra es la última etapa de un imperio capitalista. Es cuando los ricos recurren al uso de la guerra para forzar violentamente la apertura de nuevos mercados para que puedan invertir la plusvalía (ganancia) que han acumulado para seguir obteniendo nuevas ganancias.

El ejército de los Estados Unidos sirve como un ariete para las corporaciones estadounidenses que buscan explotar un país extranjero como Venezuela o Irán. Las industrias no militares como la industria petrolera, la banca, la comida rápida, la fabricación de refrescos, la fabricación de automóviles o la tecnología de los EE. UU. Históricamente se han apoyado mucho en la capacidad del ejército de los EE. UU. para derrocar gobiernos e instalar líderes títeres que crean un entorno favorable para la inversión y la obtención de beneficios.

Cuando los gobiernos, como el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, promulgan políticas para proteger su riqueza de recursos naturales de la explotación extranjera, el ejército de los EE. UU., así como instrumentos de poder blando como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID), se involucran en el espionaje y la guerra a fin de derribar al gobierno existente y reemplazarlo con un gobierno compatible que permita a las corporaciones estadounidenses explotar los recursos del país.

A lo largo de este proceso, el complejo militar-industrial obtiene ganancias masivas vendiendo aviones y misiles, y construyendo bases militares para el gobierno de los Estados Unidos y sus socios menores en la OTAN. Estados Unidos es el mayor fabricante y distribuidor de armas del mundo.

Si bien es posible que nunca sepamos todos los intereses monetarios que impulsaron a los EE. UU. a intervenir en Cuba, Corea, Colombia, Haití o actualmente Venezuela, sabemos que estos intereses pueden abarcar desde cultivos de banano hasta minerales de tierras raras.

La guerra es un día de pago no solo para el complejo militar-industrial sino también para varios sectores de la economía de los Estados Unidos, que acumulan la riqueza robada que se deriva de las operaciones de cambio de régimen de los Estados Unidos. A nivel nacional, las masas de trabajadores tienen poco que decir sobre lo que debería financiarse con los ingresos fiscales.

Entonces, ¿hasta qué punto ha afectado la economía de guerra a la clase obrera de los Estados Unidos? La última propuesta de presupuesto de Trump exige que se agreguen $ 33 mil millones adicionales al presupuesto de guerra del próximo año, mientras se recortan 1,5 billones de dólares de los programas de salud, asistencia social, vivienda, educación y medio ambiente en los próximos 10 años. El presupuesto refleja cuán fuera de contacto con la realidad estánTrump y su gabinete aristocrático.

Si bien Trump afirma que la economía está mejor que nunca, hoy en día, los tres estadounidenses más ricos poseen más riqueza que los 160 millones de estadounidenses más bajos. Si bien la tasa de desempleo es baja, los empleos que pagan adecuadamente son tan escasos que el 78 por ciento de las personas en los EE.UU. se encuentran trabajando con sueldo en cheque y el 70 por ciento está endeudado.

Alrededor del 57 por ciento de los estadounidenses no pueden ahorrar $ 100 al mes. A pesar de que la productividad de los trabajadores alcanzó niveles históricos, los salarios permanecen estancados. Coincidiendo con aumentos masivos en los costos de vida, particularmente en el costo del alquiler, la economía de guerra ha desplazado a más de 20,000 personas, principalmente los nativos de Washington DC.

Ninguna cantidad de tweets convencerá a la clase trabajadora de que la economía de guerra, bajo Obama yTrump, no les ha fallado. La gran ironía de la guerra de Trump en Venezuela es que, mientras Donald Trump está tratando de desalojar al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, está gastando miles de millones de dólares de los contribuyentes para atacar a Venezuela, un país que en realidad tiene un sólido programa de vivienda pública.

La Gran Misión de Vivienda de Venezuela ha construido más de 2.5 millones de viviendas asequibles para los venezolanos de clase trabajadora, a pesar del agobiante régimen de sanciones de Estados Unidos. Los venezolanos que perdieron sus casas a causa de las tormentas, que vivían en comunidades violentas o que simplemente no podían pagar una vivienda en el mercado capitalista, se les ha dado viviendas dignas que se han hecho asequibles a través de los subsidios del gobierno .

Las Naciones Unidas reconocieron recientemente los logros de la Gran Misión de la Vivienda Venezolana y afirmaron que Venezuela era uno de los países más importantes del mundo en cuanto a vivienda garantizada. Donald Trump está tratando de derrocar a un gobierno que podría servir como un modelo brillante para la vivienda pública en los Estados Unidos.

En pocas palabras, los Estados Unidos no pueden invertir el dinero necesario para satisfacer las necesidades de vivienda asequible de su propia gente, porque su economía de guerra con fines de lucro requiere la mercantilización de la vivienda y la máxima explotación de los recursos y la fuerza laboral de los trabajadores en el país y en el extranjero.

Cómo el golpe de Estado en Venezuela y la crisis de la vivienda en los EE. UU. están íntimamente relacionados

CLASE OBRERA ATACADA EN DC Y BALTIMORE

Los residentes de la clase trabajadora, tanto en Washington como en Baltimore, han sido atrapados en medio de la carnicería causada por desarrolladores adinerados, incluidos los barrios pobres que operan con poca responsabilidad.

En ambas ciudades, los inquilinos y los organizadores han estado luchando a través de campañas de organización de base que han expuesto las prácticas de los funcionarios electos y los promotores que trabajan en estrecha colaboración para supervisar el desplazamiento de la gente de clase trabajadora y la rápida gentrificación de ambas ciudades.

BrooklandManor, un complejo de viviendas asequibles de 535 unidades en el distrito 5 del noreste de Washington, tiene algunos de los pocos apartamentos familiares que quedan en la ciudad, incluyendo unidades de tres, cuatro y cinco habitaciones. También es el sitio de un proyecto de reurbanización de lujo propuesto por $ 600 millones impulsado por el desarrollador MidCityFinancial.

El proyecto reducirá la asequibilidad general en el vecindario de clase trabajadora históricamente negro y eliminará casi todas las unidades de tamaño de varias habitaciones. ¿El plan? Para reemplazar 535 unidades de vivienda asequible con más de 1,750 apartamentos de lujo; Densidad triplicada en 20 acres de tierra.

A pesar de un informe de investigación de Washington Post que expone una campaña de desalojo masivo en BrooklandManor dirigido por MidCity, ya pesar de una crisis de la vivienda asequible existente en la capital del país, la Comisión del Distrito de Zonificación, el Alcalde Bowser, y todo el Ayuntamiento han respaldado el aburguesamiento de los desarrolladores Plan de dinero público.

El Consejo de Distrito, incluido el Concejal del Distrito 5 KenyanMcDuffie, votó unánimemente para aprobar hasta $ 47 millones en Financiamiento de Incremento de Impuestos para subsidiar el plan de desplazamiento de MidCity.

La Asociación de Residentes de BrooklandManor / BrentwoodVillage ha seguido luchando por el desarrollo sin desplazamiento en la comunidad. Mientras tanto, al otro lado de la carretera de circunvalación, la ciudad de Baltimore está a punto de ser masivamente gentrificada. Baltimore, al igual que Washington, ha dado rienda suelta a los desarrolladores privados, en detrimento de la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Baltimore.

Los inquilinos de Bolton House en West Baltimore participan en una campaña de organización pública recientemente lanzada, que desafía a UrbanAtlantic, un desarrollador de bienes raíces multimillonario, sobre lo que solo se puede describir como condiciones de tugurios en las que viven actualmente los inquilinos. Durante años, los inquilinos de Bolton House se han ocupado de infestación de insectos, fugas de agua, copia de seguridad de aguas residuales, apilamientos de basura, ascensores rotos, y el moho negro, que es potencialmente letal si se inhala.

La recién formada Coalición de Inquilinos de Bolton House está trabajando con la organización comunitaria LinkUp y la organización política Partido por el Socialismo y la Liberación para exigir la responsabilidad de UrbanAtlantic y Edgewood Management para supervisar el deterioro del edificio.

Pero la lista de riesgos de salud y seguridad no resueltos en el edificio continúa creciendo, mientras que UrbanAtlantic continúa cobrando rentas mensuales de los inquilinos y subsidios del gobierno. Con planes para una renovación de $ 1.5 mil millones del cercano Centro Estatal , un edificio del gobierno estatal donde trabajan miles, UrbanAtlantic se incentiva para obtener ganancias mientras descuida las reparaciones de edificios, mientras espera la entrada de capital de inversión en el vecindario, donde Punto que puede vender o volver a desarrollar para obtener ganancias aún mayores.

Esto no es Venezuela, son los Estados Unidos de América. Las prácticas de los desarrolladores sobre las ganancias sobre las personas y la crisis de vivienda asequible resultante afectan a las personas que trabajan en todo el país, con 11 millones de estadounidenses que gastan más del 50 por ciento de sus ingresos en alquiler. La lucha contra la gentrificación requiere un solo movimiento masivo de viviendas porque todos estamos en el mismo barco, el barco de alquileres crecientes, y se está hundiendo. Con la riqueza de Estados Unidos fluyendo hacia la maquinaria de guerra y las corporaciones, los estadounidenses no tienen ninguna razón para apoyar otra guerra, esta vez contra Venezuela, cuando nuestras propias necesidades domésticas, incluida la vivienda, la más básica de todas, están lejos de ser satisfechas.

*KeiPritsker es un periodista y activista ubicado en Washington DC. Kei se centra en la política internacional y la economía. Anteriormente trabajó como productor en RT America.

 

AJOKE WILLIAMS | KEI PRITSKER
MINTPRESS NEWS

Seguir leyendo
Publicidad

Lo más reciente

Junta Nacional de Justicia (JNJ) Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Políticahace 4 horas

Se dilata elección de integrantes de Junta Nacional de Justicia (JNJ)

Ayer se llevó la fase de las entrevistas personales a David Dumet Delfín, Víctor Cuba Villanueva y Pedro Patrón Bedoya,...

Alberto Fujimori Alberto Fujimori
Políticahace 4 horas

Fujimori sale de la Diroes para coordinar recomposición de Fuerza Popular

El dictador Alberto Fujimori fue internado nuevamente en la clínica Centenario en Pueblo Libre. El exmandatario fue trasladado de emergencia...

José Huerta José Huerta
Políticahace 4 horas

Ministro de Defensa José Huerta falleció a los 71 años

El ministro de Defensa, José Huerta Torres, falleció a los 71 años de edad durante una visita en la selva,...

Delegaciones técnicas abordaron ejes temáticos Delegaciones técnicas abordaron ejes temáticos
Políticahace 4 horas

Delegaciones técnicas abordaron ejes temáticos

Las delegaciones técnicas de Perú y Bolivia iniciaron sus reuniones de trabajo en base a cuatro ejes temáticos, los cuales...

Votaciones elecciones ONPE ánfora Votaciones elecciones ONPE ánfora
Políticahace 4 horas

81% respalda elecciones primarias abiertas

La iniciativa del Poder Ejecutivo para que los partidos políticos realicen elecciones primarias abiertas, es decir, con la participación de...

Diálogo sobre agenda de empresas y derechos humanos Diálogo sobre agenda de empresas y derechos humanos
Políticahace 4 horas

Diálogo sobre agenda de empresas y derechos humanos

La Plataforma de la sociedad civil de empresas y Derechos Humanos se reunió con Birgit Gerstensberg, representante regional para América...

CGTP CGTP
Políticahace 4 horas

CGTP continuará luchando contra reforma laboral neoesclavista

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en nota de prensa hace de conocimiento público su reconocimiento y gratitud...

Botes lanchas balsas Botes lanchas balsas
Políticahace 4 horas

MTC promueve la formalización del transporte turístico marítimo

Especialistas del sector exhortaron a operadores turísticos de Canoas de Punta Sal y de Puerto Pizarro a realizar un trabajo...

Alberto Fujimori Alberto Fujimori
Políticahace 4 horas

Mejor es reírse

Porqué desconfían de mí como si fuese mentiroso.

Julio Arbizu Julio Arbizu
Políticahace 4 horas

La voz clara

”Hace días que no escribo nada, pero acabo de ver que una manada de orates que se hace llamar La...

Anuncio
Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.