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Política

Contraloría debe pronunciarse

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Contraloría debe pronunciarse

Las denuncias contra la Caja Metropolitana de Lima han sido seriamente cuestionadas por los directivos de la entidad, cuyo gerente general, Óscar Vivanco, pide en esta entrevista un pronunciamiento de la Contraloría sobre afirmaciones sin fundamento expuestas en la prensa por algunos auditores.

—La Caja Metropolitana ha estado en el ojo de la tormenta por un informe no oficial filtrado a la prensa, ¿qué ha sucedido realmente?
—Nos llama poderosamente la atención lo que ha sucedido, porque este supuesto informe no nos ha sido remitido por conducto regular. La Contraloría ha dicho que está en un área de revisión, es decir, que es un informe preliminar y no un informe definitivo.

—¿No sabían de los hechos materia de las denuncias periodísticas?
—Sobre ese informe, la Caja Metropolitana no ha tenido la oportunidad de hacer su descargo; sin embargo el programa “Panorama” tenía una información que en realidad es incompleta.

—Han sido varias denuncias.
—Se ha denunciado como operaciones sospechosas la operación de titulación de activos Caja Gas, el crédito a Chulucanas, cuyo accionista mayoritario es el señor André Muñoz Ramírez y las inversiones en la financiera TFC.

—¿Era necesario hacer la operación con Caja Gas?
—Si la Caja Metropolitana no realizaba esa operación, en diciembre del 2012 hubiera podido entrar en insuficiencia financiera. Esta operación permitió manejar un problema grave de calidad de cartera de 40 millones, heredado de la gestión anterior. Canjeamos los créditos de pérdida por 40 millones de dinero al cash. Si no lo hacíamos, esa deuda de 40 millones debía pagarse en diciembre del 2012 y nos hubiéramos visto en serios aprietos.

—¿Por qué se pone en duda esa operación?
—Esa operación pasó por la Superintendencia de Banca y Seguros, por el Consejo Metropolitano de Lima que otorgó una fianza solidaria de los bonos a emitirse, pasó por el directorio de Cofide y por la propia Contraloría que emitió un informe previo sobre la operación. Pasó por varios controles, fue una operación oleada y sacramentada que benefició a la Caja.

—Si fue una operación debidamente controlada, ¿por qué entonces las denuncias?
—Justamente por ello hemos enviado dos comunicaciones al contralor para que se pronuncie sobre el informe, pues no lo rechaza ni lo hace suyo. Hay una indefinición de la Contraloría y además hay una situación irregular por parte del jefe del OCI, Gino Neyra, quien está filtrando información falsa a la prensa.

—¿Qué espera la Caja de la Contraloría?
—Pedimos que la Contraloría se pronuncie sobre el tema, que diga si hace suyo el informe o lo va reformular, que es lo más probable. El informe parte de hipótesis erróneas.

—La otra denuncia tiene que ver con el préstamo a la promotora Chulucanas.
—Sí, es un crédito a dicha promotora que manejaba un proyecto de Techo Propio, de 230 viviendas cuyo costo total es de 37 millones de dólares. Nosotros financiamos 1,1 millones de dólares para la etapa preoperativa que implica licencias, factibilidades, movimiento de tierras, estudios de marketing y publicidad, entre otros. El dinero no era para la construcción de las viviendas, que se financia con otros fondos.

—¿Qué pasó con este crédito?
—El crédito se pago totalmente, fue una operación íntegramente cancelada y no entendemos cuál ha sido la afectación al patrimonio de la Caja Metropolitana, todo fue normal. Se ganó intereses y la deuda se canceló.

—Se dice que hubo desvío de fondos.
—Que quede claro que no se hizo el préstamo para la construcción de las viviendas sino para la etapa previa y no existió desvío de los recursos.

—El dinero pasó a los fondos del señor Muñoz.
—Lo que han hecho los auditores es bastante irresponsable porque han violado el secreto bancario de uno de nuestros clientes. El desembolso de promotora Chulucanas al apoderado Andrés Muñoz Ramírez, probablemente fue para hacer algunos pagos. No tiene nada de malo esa transferencia pues es el apoderado general. Pero hacer públicas las cuentas de Andrés Muñoz es una violación al secreto bancario en la que han incurrido Julio Sifuentes y Gino Neyra.

—Una tercera denuncia tiene que ver con el manejo del dinero excedente.
—En este punto se revela el pobre conocimiento financiero de los auditores. Uno capta dinero del público y si hay un excedente de 100 millones, por citar un ejemplo, si tu capacidad comercial te da para colocar mensualmente 40 millones lo haces, pero los otros 60 tienes que invertirlos en algún lado y por ello se hacen inversiones en el BCR y en diferentes entidades financieras.

—Entre ellas la financiera TFC.
—Efectivamente, una de ellas es la financiera TFC. Estas financieras pagan 5,2% en vez de 2,8 del BCR, entonces lo que estamos haciendo es maximizar la rentabilidad de nuestros excedentes en liquidez. Invertimos en 20 instituciones supervisadas, entre cajas municipales, rurales, financieras y bancos. Es una operación regular.

—¿Estas denuncias tienen algo que ver con el inicio de la campaña electoral?
—Yo creo que sí. Todo lo que ocurra en los tres meses siguientes tendrá un componente político. Pero al margen de eso la Caja Metropolitana es una institución sólida con más de 66 años de funcionamiento y nuestros clientes no pueden verse afectados con información falsa.

—¿Son falsas las denuncias?
—Se deben demostrar y no se puede manchar las honras sin ningún fundamento ni utilizar los órganos de control para hacerle daño a la institución. Ante la primera denuncia que salió el 15 de junio convoqué a una conferencia de prensa para explicar los hechos. Al día siguiente pedí ingresar al Concejo para explicar los hechos y en esa sesión se rechazó la conformación de una comisión investigadora.

Contraloría debe pronunciarse

Contraloría debe pronunciarse

RENUNCIA POR HOSTIGAMIENTO
Auditora aclara caso
El gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco, advirtió que en el equipo de auditores de la Contraloría en la Caja Metropolitana suceden cosas que merecen la atención del Contralor, pues la auditora María del Carmen Chávez negó haber elaborado el informe contra la Caja Metropolitana en lo que se refiere al préstamo a la promotora Chulucanas y tuvo que renunciar al ser hostigada por Gino Neyra, Julio Sifuentes y Jenny Alva, de la OCI, tal como lo dejó en claro en la carta de renuncia que hizo llegar al área de Gestión Humana.

Henry Cotos 
Redacción

Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Junta Nacional de Justicia debe continuar lucha contra la corrupción

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Junta Nacional de Justicia

La aprobación de las bases para la elección de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado expectativa entre la opinión pública y los consultados por Diario UNO, quienes esperan que la nueva institución contribuya a la lucha contra la corrupción que actualmente se viene librando.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo estar a la expectativa de que la JNJ rompa con la corrupción que se estuvo dando en el CNM.

“Como todos los peruanos, estamos a la expectativade que la Junta Nacional de Justicia respete los principios liberales, tenga legitimidad y rompa con la corrupción que se estuvo dando al interior del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo al Diario UNO.

Asimismo, pidió a la nueva institución que guarde autonomía y no concentrar poder como lo hizo el CNM.

“La nueva junta debe tener autonomía si va a ser quien fiscalice a los otro poderes del Estado. Además, no debe cometer el mismo error de concentrar poder como lo hizo el desaparecido consejo”, advirtió.

COLMAR EXPECTATIVAS

El abogado penalista Luis Tudela Varela pidió no antelar juicio antes de conocer el accionar de los integrantes de la junta pero espera que la nueva institución cumpla su cometido y colme las expectativas populares.

“Siempre las innovaciones nos causan expectativas; no podemos antelar juicio mientras no veamos el actuar de la personas. Deseamos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia realmente cumplan su cometido y sobre todo colmen las expectativas populares”, dijo a Diario UNO.

SIN VERICUETOS

Por su parte, el exprocurador Pedro Gamarra dijo esperar que la nueva institución luche contra la corrupción frontalmente y sin vericuetos que hagan volver a lo que se daba con el CNM.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia pueda coadyuvar con la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que la lucha se dé frontalmente y sin ningún vericueto que nos haga volver a lo mismo que se daba en el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó a Diario UNO.

BASES PARA CONCURSO

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó ayer las bases para la elección de los próximos integrantes de la JNJ, organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

PLAZOS

Las bases fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y a partir de mañana miércoles se podrán realizar las postulaciones. La tabla de resultados de los siete titulares de la JNJ, así como los suplentes aparecerá el 18 de julio y juramentación de los integrantes se efectuará el 19 de julio.

CUATRO PRUEBAS

Los candidatos para integrar la JNJ deberán pasar cuatro pruebas:

Evaluación patrimonial: Se revisará la declaración jurada de bienes y renta del postulante, para conocer la existencia o no de un desbalance patrimonial.

Prueba socioeconómica: Será en base a la evaluación de conflictos de interés, para conocer si existe esta situación en los postulantes.

Evaluación psicológica: Se conocerá si el postulante es apto para desempeñar el cargo, considerando el estrés y responsabilidad que implica ser miembro de la JNJ.

Prueba psicométrica: Se evaluará los niveles mínimos de razonamiento verbal y lógico necesarios para el desempeño de los procesos de selección y ratificación.

Las tres primeras evaluaciones estarán a cargo de la Contraloría de la República y la cuarta bajo la secretaría técnica, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para la fase de entrevistas, los miembros de la Comisión Especial tendrán cuatro informes de cada postulante a la Junta Nacional de Justicia.

CLAMOR POPULAR

El referéndum del pasado 9 de diciembre arrojó que casi el 80% de votantes estuvo de acuerdo con la nueva conformación de la JNJ, sintiendo la necesidad de cambiar la imagen que dejó el desactivado CNM, a fin de tener un organismo que haga más eficiente un sistema de administración de justicia que entró en crisis tras la actuación del desaparecido CNM, que designó a magistrados no idóneos y la falta de sanción para quienes no tenían una actuación adecuada, a pesar de las recomendaciones de los organismos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

IMPUNIDAD EN EL CNM

La impunidad se hacía notoria cuando solo el 50.1% de las proposiciones de sanción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron admitidas por el CNM. Las razones por las que no se destituyó a los magistrados implicados en los audios ventilados por IDL- Reporteros solo son de conocimiento de los exconsejeros.

Sobre esto, Tudela Varela señaló: “Todo el mundo sabía que dentro de la administración de justicia había personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado; para muchos su lugar era la cárcel, para otros era la destitución y para otros era no pisar más el Poder Judicial”

SOLO ABOGADOS

Uno de los cambios en la JNJ respecto al CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones menores a los magistrados.

Al respeto, Tudela Varela sostiene: “Me parece excelente; lamentablemente hay mucha discrepancia con la actuación de los abogados pero quien mejor que ellos para responsabilizarse de la justicia”

Por su parte, Pedro Gamarra reconoció que se priorice a los abogados pero que ello no garantiza un buen desempeño en l administración de justicia ya que la mayoría de los magistrados involucrados en actos de corrupción ejercen la Abogacía.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se suspendió interrogatorio a expresidente de OAS

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Rafael Vela Barca y José Domingo Pérez Gómez

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que el interrogatorio a Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, se suspendió por la inasistencia de su abogado peruano Fernando Silva, quien tuvo un retraso en su vuelo.

“Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar. La defensa ha tenido un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasilera que la diligencia se lleve a cabo mañana”, señaló

La sesión se realizará este martes 23 en simultáneo con el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien le consultará sobre los aportes de campaña al Partido Aprista y el caso del Tren Eléctrico.

El fiscal Vela señaló que el retraso de la diligencia que se debió realizar esta mañana no afectará las labores de la Fiscalía.

“Está planificado que las diligencias se puedan llevar a cabo porque, además, nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán”, precisó al ser consultado sobre las diligencias que se realizarán en los próximos días en la ciudad Curitiba, Brasil.

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