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Construmaq, la puerta del dinero negro de Odebrecht

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Construmaq, la puerta del dinero negro de Odebrecht

En la reciente entrega de pruebas de Marcelo Odebrecht para corroborar sus dichos sobre la gigantesca cadena de sobornos y aportes electorales, el anexo 4.2.5 incluye órdenes de depósitos que afirma sirvieron para aportar US$ 3 millones a la campaña de 2011 de Ollanta Humala y para sobornar a funcionarios de otros gobiernos.

En toda su delación hay, sin embargo, un dato que resalta: la participación de la empresa peruana Construmaq, como presunta intermediaria en la ruta del dinero desde la “Caja 2” de Odebrecht, hasta las manos de sus destinatarios finales.

¿POR QUÉ LO INVESTIGAN?

Construmaq es de propiedad del empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, quien según la web site del equipo especial de la Fiscalía del caso Lava Jato – Perú, es protagonista del “Caso Monteverde Busalleu”.

Es sospechoso de dirigir una red de empresas que habría facilitado a Odebrecht ingresar y retirar ‘dinero negro’ del Perú, para pagar sobornos, campañas electorales y evadir impuestos.

Es una investigación preliminar declarada compleja dentro de la ley de la organización criminal, por los presuntos delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios), lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Comprende a seis personas naturales y 21 jurídicas, con embargo preventivo de sus bienes.

La pesquisa, que no registró un avance significativo en la etapa del equipo especial a cargo del fiscal Hamilton Castro, tiene dos propósitos, según la Fiscalía. El primero es determinar por qué y para qué en el año 2008, la empresa constructora Área SAC, de Gonzalo Monteverde Bussalleu recibió en sus cuentas bancarias US$ 11 millones de las offshore de Odebrecht dedicadas al pago de sobornos; desde las cuentas de Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services LTD, registradas en el Antigua Overseas Bank.

Y DENUNCIA MEDIOS

También se investiga por qué y para qué varias de las firmas vinculadas a Monteverde Bussalleu transfirieron elevadas sumas a la empresa offshore Balmer Holding Asstes LTD, del grupo Odebrecht.

El segundo propósito es averiguar un intenso trasiego de depósitos procedentes del Grupo Odebrecht hacia las empresas de Monteverde Busalleu, entre los años 2008 y 2015. Para esto, la Fiscalía ha solicitado información financiera a Suiza, Estados Unidos, Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Varios medios de prensa han investigado y publicado aproximaciones a la historia reciente de los negocios de las empresas de Monteverde Busalleu con las integrantes del Grupo Odebrecht. El aludido reaccionó querellándolos por atentar contra su honor e incluyendo en su demanda a numerosos periodistas.

Hoy, según los archivos de Marcelo Odebrecht, la “Caja 2” del grupo transfirió a Construmaq SAC, de Monteverde con el código “Campaña Nac 3”, presunta referencia al Partido Nacionalista Peruano, que este niega, las siguientes sumas: US$ 310,880.83 (18 de julio), US$ 310,880.83 (15 de agosto- 2011), US$ 207, 253,89 (19 y 23 se setiembre – 2011); US$ 310, 880.83 (6 de octubre 2011), US$ US$ 310, 880.83 (10 de octubre -2011), desde el Credicorp Bank de Panamá, lo que totaliza US$ 1’450,777.21

Además, el 30 de julio hubo tres depósitos para la “Campaña Nac 3”, cada uno por US$ 233,334.00, lo que da un total de US$ 700 mil, destinado a un desconocido Sururú, con lo cual la supuesta suma para el PNP, asciende a US$ 2’150,777.21.

Las fechas de estos desembolsos, se contradicen con dichos de Jorge Barata y del propio Marcelo Odebrecht, acerca de que el apoyo al PNP a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil fue entregado de agosto del 2010 a mayo del 2011. O sea, habría terminado con la victoria de Ollanta Humala frente a Keiko Fujimori.

Marcelo Odebrecht ha incluido en su reporte a la fiscalía brasileña órdenes de pago vinculadas al Tren Eléctrico. Sin embargo, también ha entregado transferencias para otras siete coimas no confesadas aún, correspondientes a la Hidroeléctrica de Chaglla, la Irrigación Olmos, Alcantarillado de Iquitos, IIRSA Norte, Interceptor Norte Lima, Agua potable Chimbote y la carretera Chacas-San Luis. Estas obras se realizaron durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García; aunque la empresa ha aclarado luego que podrían no ser coimas.

La Fiscalía debe determinar a quiénes se hizo esos pagos y si en el trasiego de dinero para el soborno participó Construmaq SAC.

Orden de pago Odebrecht - Construmaq

LA FALLIDA DENUNCIA DE MOROTE

En 2008, el abogado Pedro Morote Cornejo denunció ante el Ministerio Público a sus exempleadores Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, de quienes era abogado en la Constructora Área SAC.

Cuando le cambiaron su ordenador laboral, le dieron uno usado al que no habían borrado el disco duro. Allí, Morote halló un contrato entre Constructora Área SAC y el Consorcio IIRSA Norte, por el valor de US$ 8’330 mil, por remoción de tierras y transporte de materiales de un tramo de la carretera.

También encontró un subcontrato vinculado, entre Área SAC y el empresario Jorge Salinas Coaguila, quien iba a facturar los servicios solicitados por Odebrecht por el valor de US$ 7.9 millones. Pero, ocurría que Coaguila no tenía vehículos ni maquinaria para el tipo de trabajo requerido. Era un probable contrato por servicios inexistentes.

Morote denunció sin suerte su descubrimiento ante la Sunat, el Ministerio Público y la División de Lavado de Activos de la Policía Fiscal. Monteverde lo querelló por difamación y calumnia, mientras que la Fiscalía archivaba sus hallazgos.

El 1 de enero de 2017, los periodistas César Romero y Patricia Hoyos publicaron en La República, de Lima que, según la Unidad de Investigación Financiera – UIF, de 2007 a 2015, la red de empresas de Monteverde recibió de Odebrecht US$ 29.5 millones como pago por trabajos inexistentes.

US$ 8.6 millones fueron remitidos, vía bancos de Estados Unidos, a la offshore de Panamá Balmer Holding Assets Ltd, a través de una cuenta del Trend Bank de Brasil, en el First Caribbean International.

Los restantes US$ 20.8 millones quedaron en efectivo en el país por lo que la Fiscalía sospecha que fue utilizado para el pago contante y sonante de sobornos. No obstante que Morote denunció el caso ante la primera Comisión Lava Jato, que presidía el congresista Pari y que el equipo especial Lava Jato Perú ha acumulado mucha información, la investigación contra Monteverde es incipiente y no ha mostrado mayores avances.

Orden de pago Odebrecht - Construmaq

OFFSHORES O DOLEIROS

Para entender mejor el presunto rol de Monteverde en la cadena de pagos ilegales que el Grupo Odebrecht ha reconocido públicamente en Brasil, Estados Unidos, Suiza, Perú y en otros países de América Latina y África, hay que anotar que el uso del soborno como herramienta de gestión empresarial fue realizado por todas las firmas integrantes del llamado “cartel de la construcción” del Brasil.

De esas empresas, las cinco principales que penetraron el mercado peruano lo hicieron con ese método, lideradas por Odebrecht. Otras firmas que están comprendidas en casos consistentes de presuntas coimas u otros tipos de delitos de corrupción son OAS (Casos Susana Villarán, Luis Castañeda, Jorge Acurio Tito) y Camargo Correa (Caso Planta de Agua Potable de Huachipa y Tramo 4 de la interoceánica del Sur).

Las empresas brasileras usaron dos métodos o una combinación de ambos para obtener “dinero negro” y pagar los sobornos presuntamente en el mayor de los secretos.

OFFSHORES

Odebrecht, como producto de su larga experiencia como corruptora organizó un sofisticado procedimiento basado en empresas offshore para extraer dinero de la contabilidad de sus empresas o recibirlo de otras, a fin de ponerlo a disposición de su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, o “Departamento de Coimas”, o “Caja 2”.

Desde allí, siempre a través de offshores, con una contabilidad encubierta con su programa encriptado “My web day”, afincado en Suiza, distribuía los sobornos pagándolos en cuentas de offshore abiertas por los corruptos en paraísos fiscales.

Esos son los casos de las presuntas coimas al expresidente Alejandro Toledo y su red, al exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y su red, y al gobernador del Callao Félix Moreno y a su asociado Shavit y a los investigados Miguel Atala Herrera y Jorge Peñaranda, de Alpha Consult, a los que hay que agregar ocho sobornos más revelados en la última entrega de información delatora hecha por Marcelo Odebrecht.

Sin embargo, es notorio que para el pago de donaciones para campañas electorales, por lo menos en Lima, da la impresión que la corrompida empresa brasilera optó por el uso de offshores hasta la empresa receptora, la que finalmente ponía efectivo en la oficina de Barata quien, según él mismo dice, lo entregaba en contante y sonante, como en los casos del Partido Nacionalista, Fuerza Popular, Perú Posible, Peruanos por el Kambio y Partido Aprista.

LOS DOLEIROS

El otro método usado, sobre todo por OAS, es el de los “doleiros”, o “mulas”, que transportan fajos de billetes adheridos a sus cuerpos, hasta por US$ 300 mil. En el caso Lava Jato Brasil, Alberto Youssef, fue jefe de los “doleiros”, entre ellos Adarico Negromonte Fhilo, hermano de un ministro del Brasil, y Rafael Angulo López. Angulo López declaró ante la justicia de Brasil que en Lima, entregó remesas a Alexandre Mendoza, gerente de contratos de OAS, presumiblemente para el pago de sobornos.

Otro administrador de “doleiros”, Leonardo Meirelles, declaró ante el fiscal Hamilton Castro que a pedido de OAS, de 2012 a 2013 hizo 18 entregas a Perú, por un total de US$ 900 mil, mediante envíos directos y trasferencias bancarias.

El “doleiro” Carlos de Souza Rocha, confesó que, entre 2013 y 2014, hizo cuatro entregas de US$ 300 mil cada una, en efectivo, a los representantes de OAS en Lima.

OTRO “DOLEIRO”

Con base en la delación premiada del contador de OAS en Brasil, Roberto Trombeta, descrito como el “operador de transferencias de sobornos”, se sabe que esta empresa extrajo del proyecto Vía Línea Amarilla US$ 6.2 millones mediante contratos por servicios inexistentes de offshores del exterior, hasta llevar el dinero a Brasil, desde donde una parte enviaron a Lima con los “doleiros”.

“NO SEAMOS IDIOTAS”

Todos queremos saber si Ollanta Humala es el “capitán Carlos” o no. Todos queremos saber si el Partido Nacionalista recibió dinero de Odebrecht o no; y también queremos saber si eso es un delito o no y también queremos saber si lo mismo hicieron todos o casi todos los demás partidos. Pero no seamos idiotas. Para saber eso no tenemos por qué dejar de hablar acerca de las otras. Todavía esperamos el juicio a los hermanos Fujimori, a Alan García, a Kuczynski, a Toledo. El truco de poner a toda la prensa a “informar” sobre los Humala y olvidarse de todos los demás ha funcionado ya por demasiado tiempo y lo han puesto en marcha nuevamente. Si volvemos a caer en la misma estupidez ya no será culpa de quienes orquestan estas cosas, sino culpa de nosotros. (Gustavo Faverón/FB).

 

ELMER OLÓRTEGUI
Colaborador

Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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