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Construmaq, la puerta del dinero negro de Odebrecht

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Construmaq, la puerta del dinero negro de Odebrecht

En la reciente entrega de pruebas de Marcelo Odebrecht para corroborar sus dichos sobre la gigantesca cadena de sobornos y aportes electorales, el anexo 4.2.5 incluye órdenes de depósitos que afirma sirvieron para aportar US$ 3 millones a la campaña de 2011 de Ollanta Humala y para sobornar a funcionarios de otros gobiernos.

En toda su delación hay, sin embargo, un dato que resalta: la participación de la empresa peruana Construmaq, como presunta intermediaria en la ruta del dinero desde la “Caja 2” de Odebrecht, hasta las manos de sus destinatarios finales.

¿POR QUÉ LO INVESTIGAN?

Construmaq es de propiedad del empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, quien según la web site del equipo especial de la Fiscalía del caso Lava Jato – Perú, es protagonista del “Caso Monteverde Busalleu”.

Es sospechoso de dirigir una red de empresas que habría facilitado a Odebrecht ingresar y retirar ‘dinero negro’ del Perú, para pagar sobornos, campañas electorales y evadir impuestos.

Es una investigación preliminar declarada compleja dentro de la ley de la organización criminal, por los presuntos delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios), lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Comprende a seis personas naturales y 21 jurídicas, con embargo preventivo de sus bienes.

La pesquisa, que no registró un avance significativo en la etapa del equipo especial a cargo del fiscal Hamilton Castro, tiene dos propósitos, según la Fiscalía. El primero es determinar por qué y para qué en el año 2008, la empresa constructora Área SAC, de Gonzalo Monteverde Bussalleu recibió en sus cuentas bancarias US$ 11 millones de las offshore de Odebrecht dedicadas al pago de sobornos; desde las cuentas de Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services LTD, registradas en el Antigua Overseas Bank.

Y DENUNCIA MEDIOS

También se investiga por qué y para qué varias de las firmas vinculadas a Monteverde Bussalleu transfirieron elevadas sumas a la empresa offshore Balmer Holding Asstes LTD, del grupo Odebrecht.

El segundo propósito es averiguar un intenso trasiego de depósitos procedentes del Grupo Odebrecht hacia las empresas de Monteverde Busalleu, entre los años 2008 y 2015. Para esto, la Fiscalía ha solicitado información financiera a Suiza, Estados Unidos, Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Varios medios de prensa han investigado y publicado aproximaciones a la historia reciente de los negocios de las empresas de Monteverde Busalleu con las integrantes del Grupo Odebrecht. El aludido reaccionó querellándolos por atentar contra su honor e incluyendo en su demanda a numerosos periodistas.

Hoy, según los archivos de Marcelo Odebrecht, la “Caja 2” del grupo transfirió a Construmaq SAC, de Monteverde con el código “Campaña Nac 3”, presunta referencia al Partido Nacionalista Peruano, que este niega, las siguientes sumas: US$ 310,880.83 (18 de julio), US$ 310,880.83 (15 de agosto- 2011), US$ 207, 253,89 (19 y 23 se setiembre – 2011); US$ 310, 880.83 (6 de octubre 2011), US$ US$ 310, 880.83 (10 de octubre -2011), desde el Credicorp Bank de Panamá, lo que totaliza US$ 1’450,777.21

Además, el 30 de julio hubo tres depósitos para la “Campaña Nac 3”, cada uno por US$ 233,334.00, lo que da un total de US$ 700 mil, destinado a un desconocido Sururú, con lo cual la supuesta suma para el PNP, asciende a US$ 2’150,777.21.

Las fechas de estos desembolsos, se contradicen con dichos de Jorge Barata y del propio Marcelo Odebrecht, acerca de que el apoyo al PNP a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil fue entregado de agosto del 2010 a mayo del 2011. O sea, habría terminado con la victoria de Ollanta Humala frente a Keiko Fujimori.

Marcelo Odebrecht ha incluido en su reporte a la fiscalía brasileña órdenes de pago vinculadas al Tren Eléctrico. Sin embargo, también ha entregado transferencias para otras siete coimas no confesadas aún, correspondientes a la Hidroeléctrica de Chaglla, la Irrigación Olmos, Alcantarillado de Iquitos, IIRSA Norte, Interceptor Norte Lima, Agua potable Chimbote y la carretera Chacas-San Luis. Estas obras se realizaron durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García; aunque la empresa ha aclarado luego que podrían no ser coimas.

La Fiscalía debe determinar a quiénes se hizo esos pagos y si en el trasiego de dinero para el soborno participó Construmaq SAC.

Orden de pago Odebrecht - Construmaq

LA FALLIDA DENUNCIA DE MOROTE

En 2008, el abogado Pedro Morote Cornejo denunció ante el Ministerio Público a sus exempleadores Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, de quienes era abogado en la Constructora Área SAC.

Cuando le cambiaron su ordenador laboral, le dieron uno usado al que no habían borrado el disco duro. Allí, Morote halló un contrato entre Constructora Área SAC y el Consorcio IIRSA Norte, por el valor de US$ 8’330 mil, por remoción de tierras y transporte de materiales de un tramo de la carretera.

También encontró un subcontrato vinculado, entre Área SAC y el empresario Jorge Salinas Coaguila, quien iba a facturar los servicios solicitados por Odebrecht por el valor de US$ 7.9 millones. Pero, ocurría que Coaguila no tenía vehículos ni maquinaria para el tipo de trabajo requerido. Era un probable contrato por servicios inexistentes.

Morote denunció sin suerte su descubrimiento ante la Sunat, el Ministerio Público y la División de Lavado de Activos de la Policía Fiscal. Monteverde lo querelló por difamación y calumnia, mientras que la Fiscalía archivaba sus hallazgos.

El 1 de enero de 2017, los periodistas César Romero y Patricia Hoyos publicaron en La República, de Lima que, según la Unidad de Investigación Financiera – UIF, de 2007 a 2015, la red de empresas de Monteverde recibió de Odebrecht US$ 29.5 millones como pago por trabajos inexistentes.

US$ 8.6 millones fueron remitidos, vía bancos de Estados Unidos, a la offshore de Panamá Balmer Holding Assets Ltd, a través de una cuenta del Trend Bank de Brasil, en el First Caribbean International.

Los restantes US$ 20.8 millones quedaron en efectivo en el país por lo que la Fiscalía sospecha que fue utilizado para el pago contante y sonante de sobornos. No obstante que Morote denunció el caso ante la primera Comisión Lava Jato, que presidía el congresista Pari y que el equipo especial Lava Jato Perú ha acumulado mucha información, la investigación contra Monteverde es incipiente y no ha mostrado mayores avances.

Orden de pago Odebrecht - Construmaq

OFFSHORES O DOLEIROS

Para entender mejor el presunto rol de Monteverde en la cadena de pagos ilegales que el Grupo Odebrecht ha reconocido públicamente en Brasil, Estados Unidos, Suiza, Perú y en otros países de América Latina y África, hay que anotar que el uso del soborno como herramienta de gestión empresarial fue realizado por todas las firmas integrantes del llamado “cartel de la construcción” del Brasil.

De esas empresas, las cinco principales que penetraron el mercado peruano lo hicieron con ese método, lideradas por Odebrecht. Otras firmas que están comprendidas en casos consistentes de presuntas coimas u otros tipos de delitos de corrupción son OAS (Casos Susana Villarán, Luis Castañeda, Jorge Acurio Tito) y Camargo Correa (Caso Planta de Agua Potable de Huachipa y Tramo 4 de la interoceánica del Sur).

Las empresas brasileras usaron dos métodos o una combinación de ambos para obtener “dinero negro” y pagar los sobornos presuntamente en el mayor de los secretos.

OFFSHORES

Odebrecht, como producto de su larga experiencia como corruptora organizó un sofisticado procedimiento basado en empresas offshore para extraer dinero de la contabilidad de sus empresas o recibirlo de otras, a fin de ponerlo a disposición de su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, o “Departamento de Coimas”, o “Caja 2”.

Desde allí, siempre a través de offshores, con una contabilidad encubierta con su programa encriptado “My web day”, afincado en Suiza, distribuía los sobornos pagándolos en cuentas de offshore abiertas por los corruptos en paraísos fiscales.

Esos son los casos de las presuntas coimas al expresidente Alejandro Toledo y su red, al exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y su red, y al gobernador del Callao Félix Moreno y a su asociado Shavit y a los investigados Miguel Atala Herrera y Jorge Peñaranda, de Alpha Consult, a los que hay que agregar ocho sobornos más revelados en la última entrega de información delatora hecha por Marcelo Odebrecht.

Sin embargo, es notorio que para el pago de donaciones para campañas electorales, por lo menos en Lima, da la impresión que la corrompida empresa brasilera optó por el uso de offshores hasta la empresa receptora, la que finalmente ponía efectivo en la oficina de Barata quien, según él mismo dice, lo entregaba en contante y sonante, como en los casos del Partido Nacionalista, Fuerza Popular, Perú Posible, Peruanos por el Kambio y Partido Aprista.

LOS DOLEIROS

El otro método usado, sobre todo por OAS, es el de los “doleiros”, o “mulas”, que transportan fajos de billetes adheridos a sus cuerpos, hasta por US$ 300 mil. En el caso Lava Jato Brasil, Alberto Youssef, fue jefe de los “doleiros”, entre ellos Adarico Negromonte Fhilo, hermano de un ministro del Brasil, y Rafael Angulo López. Angulo López declaró ante la justicia de Brasil que en Lima, entregó remesas a Alexandre Mendoza, gerente de contratos de OAS, presumiblemente para el pago de sobornos.

Otro administrador de “doleiros”, Leonardo Meirelles, declaró ante el fiscal Hamilton Castro que a pedido de OAS, de 2012 a 2013 hizo 18 entregas a Perú, por un total de US$ 900 mil, mediante envíos directos y trasferencias bancarias.

El “doleiro” Carlos de Souza Rocha, confesó que, entre 2013 y 2014, hizo cuatro entregas de US$ 300 mil cada una, en efectivo, a los representantes de OAS en Lima.

OTRO “DOLEIRO”

Con base en la delación premiada del contador de OAS en Brasil, Roberto Trombeta, descrito como el “operador de transferencias de sobornos”, se sabe que esta empresa extrajo del proyecto Vía Línea Amarilla US$ 6.2 millones mediante contratos por servicios inexistentes de offshores del exterior, hasta llevar el dinero a Brasil, desde donde una parte enviaron a Lima con los “doleiros”.

“NO SEAMOS IDIOTAS”

Todos queremos saber si Ollanta Humala es el “capitán Carlos” o no. Todos queremos saber si el Partido Nacionalista recibió dinero de Odebrecht o no; y también queremos saber si eso es un delito o no y también queremos saber si lo mismo hicieron todos o casi todos los demás partidos. Pero no seamos idiotas. Para saber eso no tenemos por qué dejar de hablar acerca de las otras. Todavía esperamos el juicio a los hermanos Fujimori, a Alan García, a Kuczynski, a Toledo. El truco de poner a toda la prensa a “informar” sobre los Humala y olvidarse de todos los demás ha funcionado ya por demasiado tiempo y lo han puesto en marcha nuevamente. Si volvemos a caer en la misma estupidez ya no será culpa de quienes orquestan estas cosas, sino culpa de nosotros. (Gustavo Faverón/FB).

 

ELMER OLÓRTEGUI
Colaborador

Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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en

casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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