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Entrevista

Construir un poder cívico y popular para cambiar la Constitución

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Manuel Lajo

Economista y excongresista Manuel Lajo afirma que la Fiscalía debería extender su investigación a los posibles fondos del narcotráfico que favorecieron al fujimorismo.

Tumbarse la ley 30737 referida al acuerdo ente la Fiscalía y la constructora brasileña Odebrecht parece ser el principal trabajo del fujimorismo y aprismo en el Congreso. Al respecto, Diario UNO entrevistó al economista, excongresista y actual director del Centro de Estudios Nueva Economía y Sociedad (CENES), Manuel Lajo, quien cuestiona la debilidad del Ministerio Público.

—¿Qué opinión le merece la reacción violenta del fujimorismo y los ataques de su bancada a los fiscales que ven el caso Odebrecht?

—Se trata de una respuesta al retroceso que están teniendo. Han perdido una batalla pero no creo que desaparezcan. Tenían 73 congresistas como resultado de un fraude jurídico y electrónico. Ese control, total del Congreso trató de ser manejado mediante leyes increíblemente manipuladas e inconstitucionales que obligaban a muchos de esa bancada a permanecer en ella.

El que ahora estén atacando a los fiscales es muestra de esa estrategia de violencia y ataque que busca revertir el arrinconamiento del trabajo serio de un sector del Ministerio Público. Ahí han tenido a Chávarry deteniendo el avance de la lucha contra la megacorrupción porque implica una Constitución que favorece a la corrupción.

—Usted no es muy entusiasta de la reforma en el sistema de justicia…

—Es que el actual sistema judicial hace que sus instituciones sean difíciles de corregir por sí solas. Ya estamos viendo que el actual poder que tiene el fujimorismo y el aprismo dentro del Congreso logra que la Junta Nacional de Justicia no tenga la contundencia que todos los peruanos esperamos para seleccionar a los mejores magistrados y se pueda crear una reforma judicial rigurosa.

Keiko Fujimori

—En anteriores intervenciones suyas se refería al narcokeikismo…

—El narcokeikismo tiene que ver con el narcoestado consolidado cuando Vladimiro Montesinos asumió la conducción del Estado y las Fuerzas Armadas, siendo un agente del narcotráfico. Ya en el siglo XXI los narcotraficantes convertidos en dirigentes políticos se dieron con Joaquín Ramírez y su red, quienes empiezan a hacer política al lado de Keiko Fujimori, convirtiéndose además en su financista.

—Pero Keiko está con prisión preventiva por un delito de lavado de activos por el caso de los “cocteles”. ¿Cree que se debería profundizar las investigaciones sobre algún vínculo con el narcotráfico?

—Hay un tema judicial, ella está presa por recibir aportes de Odebrecht vía secretarios generales: Yoshiyama, Joaquín Ramírez y José Chlimper. Ya el equipo de fiscales está trabajando en ese tema y debe extender la investigación de la recepción de fondos de Odebrecht, y si no de otras fuentes.

—¿Qué indicios encuentra?

—En estos días se hizo conocido el aporte de 700 mil dólares de Hiro Fujimori a la empresa Limasa, la misma en cuyos almacenes encontraron droga. Ahí hay una convivencia entre fondos provenientes de los manejos delictivos del Estado con fondos del narcotráfico.

También debemos tener en cuenta que la presencia del narcotráfico era tan grande en regiones del país y en el caso del Callao no es extraño que haya un control del Poder Judicial y que a través de la punta de lanza, que era el juez Hinostroza, se haya violado ya a la Corte Suprema y a la Fiscalía.

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación

—Objetivamente, ¿esta descomposición tendrá solo que ver con una pésima legislación sobre el sistema Judicial?

—No, la reforma política cuya comisión dirigida por Fernando Tuesta, por más que tenga buenas intenciones y realice reformas, es muy difícil que haga reformas con parches y con modificaciones como reponer la bicameralidad. Aquí nada se arregla con parches.

—¿Qué propone?

—Construir un poder cívico y popular suficientemente fuerte que cambie la Constitución mediante un proceso democrático que no asuste a nadie ni excluya a nadie.

—La derecha argumenta que una nueva Constitución crearía inestabilidad y ahuyentaría las inversiones…

—Pero eso es mentira, esa es una operación de tipo sicosocial. Los grandes inversionistas y corporaciones extractivistas van a estar a favor de que en el Perú se establezca el estado de derecho de verdad y no siga este narcoestado en crisis, en donde todos los exgobernantes deberían estar en la cárcel. ¿A quién le va a gustar invertir en un país cuyo estado es corrupto y corruptor?

—Todo tiene su final. ¿Vizcarra debería ya cortar el problema de raíz?

—La mayoría de los peruanos está harta de esta situación y está buscando una salida. Le gritan al presidente Vizcarra que cierre el Congreso pero no le dicen cómo, dentro de la legalidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar esa legalidad.

—¿Usted propone alguna salida?

—Sí, pero esto requiere que el Ministerio Público sea de verdad. Que no se repita el fracaso de la lucha contra la corrupción que ha habido en el Perú, a partir del año 2000. El fracaso se dio con el rebrote de los grupos mafiosos y que estuvieron a muy pocos votos de hacerse del poder.

—¿Se refiere al fujimorismo en las dos últimas elecciones generales?

—Así es. Keiko estuvo a punto de ganar en dos elecciones, eso demuestra el fracaso de una lucha contra la corrupción, ese es el triunfo de la impunidad, donde los corruptos siguen libres o en cárcel, pero nadie ha pagado una reparación civil.

Eso demuestra un sistema de justicia débil. En diciembre del 2016 se debió aplicar la ley cuando se conoció en boca del propio Odebrecht que había una millonaria perversión en el Perú, donde se dieron enormes coimas.

—Durante el gobierno de Kuczynski…

—Sí, pero PPK era hombre de Odebrecht y en menos de una semana dio un Decreto de Urgencia 003 que ordenaba la participación del Ministerio Público en la lucha contra las empresas corruptas; sin embargo, esto sirvió para que no se ordenara la legislación peruana en el Código Civil y el Código de ProcedimientosCiviles y Penales, y se interviniera a las empresas que habrían cometido actos graves de corrupción. Ese DU 003 sirvió para preservar los grandes negocios y flujos financieros de estos megaproyectos.

—¿Pero ese problema se pudo haber resuelto con la ley 30737 del acuerdo con Odebrecht?

—El acuerdo es de marzo del año pasado, esa ley no la hizo PPK, sino la mayoría keikista en el Congreso, y esa ley es la que cuestiona ahora el propio fujimorismo con el Apra.

—¿Pero la ley 30737 tiene perjuicios?

—Es una ley que aparentemente radicaliza el control de los flujos financieros de las empresas “megacorruptas” para que se asegure el pago de reparación civil; sin embargo, no hay claridad respecto a cómo se calcula la reparación civil que tiene una parte de daño moral y otra de daño económico. Creo que no se está calculando con el rigor necesario el daño causado por cada megaproyecto.

—¿Usted está en contra del acuerdo? ¿Los fujimoristas y apristas sí lo están?

—Yo no estoy en contra pero lo que hay detrás es una tremenda debilidad del Ministerio Público, pero era lógico porque el Ministerio Público estaba dividido por Chávarry que quería sacar de lado a los fiscales del equipo Lava Jato.

¿Qué capacidad tiene ese Ministerio Público para negociar con Odebrecht? ¿Qué capacidad puede tener para defender los intereses peruanos y no limitarse a cuatro proyectos ni a un monto que da la impresión que es mayor que el pedido inicialmente por Hamilton Castro pero tiene una serie de limitaciones?

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Entrevista

CGTP plantea a la Confiep debatir propuestas en el marco del diálogo social

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Gerónimo López Sevillano

Gerónimo López Sevillano, arequipeño de nacimiento, es secretario general de la CGTP. En entrevista con Diario UNO, el dirigente afirma que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no quiere escuchar a los trabajadores y anuncia que el gremio de gremios al que representa estará permanentemente en las calles para defender los derechos laborales. A continuación sus picantes declaraciones:

— ¿Señor Gerónimo López, qué evaluación tiene la CGTP del paro realizado el pasado jueves 20 de junio?

— El paro cívico popular del jueves 20 de junio convocado por la CGTP tuvo el éxito que todos esperábamos. Participaron todas nuestras bases de las distintas regiones del país para exigir al Gobierno la inmediata derogación del objetivo prioritario número 5 de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por Decreto Supremo Nº 345-2018-EF.

— ¿A qué se refiere ese objetivo?

— La política contiene nueve objetivos, de los cuales el quinto es lesivo para los intereses de los trabajadores.

— ¿Por qué?

— Porque allí se establecen los lineamientos que coinciden con las propuestas de los empresarios, en primer lugar, para pretender justificar de manera errónea la eliminación de la reposición a la que tenemos derecho los trabajadores cuando somos despedidos en forma arbitraria. Actualmente, cuando el despido es injusto el trabajador puede demandar su reposición en el Poder Judicial porque, además, es un mandato constitucional.

— Sí, pero desde inicios de los 90 se han incrementado los contratos a plazo fijo lo que permite despedir trabajadores sin derecho a reposición ¿verdad?

— Claro, cuando son trabajadores a plazo fijo el empleador justifica alegando que al término del contrato no vuelven a contratar al trabajador porque ya no lo necesitan, pero hay trabajadores que vienen haciendo trabajos permanentes y por lo tanto allí no corresponde aplicar los contratos sujetos a modalidad. Ese es el primer punto.

— ¿Y cuál sería el otro punto?

— El segundo punto es que los empleadores proponen contratar a los nuevos trabajadores con derechos reducidos; es decir que los nuevos que sean contratados no tendrán derecho a gratificaciones en Fiestas Patrias ni en Navidad, ni CTS y tampoco tendrán derecho a vacaciones, solo acceso a la salud y a la capacitación.

— ¿Ah, pero habrá capacitación?

— Sí, pero será en el Senati, que es administrado por los empresarios, y no lo van a hacer gratis, pasarán la factura al Estado peruano. Es obvio que van a cobrar. Los trabajadores promovemos la capacitación y la formación para el trabajo, que consideramos fundamental para la productividad, pero estamos en desacuerdo que sustituyan los derechos de los trabajadores

— Hablemos del tercer punto en discordia

— El tercer punto es que la propuesta del empresariado pretende eliminar el derecho al arbitraje potestativo. Cuando los trabajadores no somos escuchados por el empresario en la solución a la negociación colectiva que presentamos cada año y no hay solución en trato directo, podemos recurrir al Ministerio de Trabajo para buscar allíla solución a nuestro pliego de reclamos con el incremento salarial. Una vez agotada en esa instancia tenemos dos alternativas: la huelga o el arbitraje, y muchos sindicatos optan por esta segunda vía apelando al arbitraje potestativo que obliga a la parte empresarial a que el conflicto se solucione en la vía arbitral. .

— ¿Y cómo funciona un arbitraje?

— Es un terceroquien bajo criterios jurídicos y estudio económico sobre la situación de la empresaresuelve el conflicto mediante el laudo arbitral.Eso tiene que ser cumplido por la empresa porque tiene equivale a una sentencia. Entonces los empresarios quieren eliminar el arbitraje potestativo.

— ¿Es en el caso de las empresas chicas donde los trabajadores no están en capacidad de organizarse, verdad?

Así es, pero además pretenden eliminar o reducir las gratificaciones de 30 a 22 días como inicialmente salió a declarar el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, cuando se estaba implementando en el mes de noviembre la política de competitividad y productividaden las oficinas del MEF. Eso motivó a la denuncia pública de la CGTPque obligóal entonces jefe del Gabinete, César Villanueva, a salir a los medios de comunicación para decir que no se iba a recortar ni eliminar ningún derecho de los trabajadores.

— ¿Y qué pasó, entonces?

— Eso fue de la boca para afuera para no generar ningún descontento en los trabajadores, pero en el fondo sí se venía trabajando esa propuesta que finalmente fue aprobada el 31 de diciembre en la noche, cuando los trabajadores estábamos esperando el Año Nuevo y nos dieron ese “regalo”.

— ¿A espaldas de los trabajadores?

— Todo eso en coordinación con la Confiep; es decir que empresarios y Gobierno se reunieron en las oficinas del MEF, teniendo como vocero y operador al señor Carlos Oliva para que aplique reformas antilaborales,en beneficio de las grandes transnacionales y en desmedro de todos los peruanos y peruanas.

— Bueno, pero ustedes han renunciado al Consejo Nacional del Trabajo, donde se discuten todas esas cosas entre Gobierno, empresarios y trabajadores…

— No, no hemos renunciado, hemos suspendido nuestra participación debido a que el Gobierno aprobó su política al margen del diálogo social contraviniendo Convenios de la OIT en materia de diálogo social.

— ¿Por qué?

— Porque le dijimos al Gobierno que el escenario para debatir aspectos y temas laborales es el Consejo Nacional del Trabajo, donde están representados trabajadores, empresarios y el Gobierno, a través de la ministra. Le hemos exigido que derogue el objetivo 5 con un decreto supremo y ordene que ese objetivo pase al CNT para allí sentarnos a discutir, pero el Gobierno no quiere escuchar a los trabajadores y está yendo contra el diálogo social.

— Usted ha mencionado que el Ministerio de Trabajo pretende imponer la reforma laboral de la Confiep que busca precarizar más el empleo, ¿por qué cree eso?

— Bueno, el empleo juvenil está dentro de los que significa la contratación de trabajadores nuevos. Los empresarios dicen que los trabajadores que tienen más de 40 años ya no les rinden como un joven y por lo tanto hay que botar a los viejos. Los jóvenes no reclaman y además no pueden organizarse en sindicatos. Los empresarios solo ven ganancia y producción.

— Pero, entonces…

— Mire, nosotros no estamos en contra del desarrollo del país, no estamos en contra de un país competitivo, tampoco estamos en contra de que seamos un país productivo, pero eso no puede darse a costa del recorte de derechos laborales que tiene protección constitucional y convencional. Si hay que ver el tema de la productividad y la competitividad, eso tiene que ir acompañado de mejores condiciones laborales y mejores condiciones económicas para que mejore la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

— Pero no le parece válido el argumento de la Confiep de que en otros países los trabajadores no tienen 30 días de vacaciones, por ejemplo…

— No nos podemos comparar con otros países donde pagan cerca de 15 dólares por hora trabajada y en algunos otros pueden llegar a 20 dólares por hora trabajada. Además, laboran sólo seis horas.

—¿Qué propone entonces la CGTP, señor López?

— Nosotros le decimos al Gobierno que si pretende recortar derechos laborales nosotros planteamos también la reducción de la jornada laboral de las ocho horas a seis horas para dar oportunidad a otros jóvenes a que ingresen al mundo laboral. Y eso es precisamente lo que nos llevó al paro cívico popular del 20 de junio.

— ¿Por qué lo califican de exitoso?

— El martes 25 se ha reunido el secretariado de la CGTP y después de un amplio análisis y debate se llegó a la conclusión de que el paro fue exitoso. Sehan volcado a las calles cerca de 850,000 trabajadores en todo el país y en Lima más de 40,000. Esta vez los medios de comunicación que responden a los intereses del capital no han podido pasar por desapercibido el paro, y esperamos que el Gobierno escuche a los trabajadores. Hay un compromiso del Presidente del Consejo de Ministros de recibir a la CGTP el próximo 8 de julio. Esperamos que no haya ningún cambiohacia esa política antilaboral antes de la reunión con el premier Salvador del Solar.

CGTP

SI GOBIERNO INSISTE EN ELIMINAR DERECHOS LABORALES

Bases alistan gran marcha a Lima

— ¿De no ser escuchados, volverán a las calles?

— Exactamente, también hemos acordado que el 12 de julio se reúne el Consejo Nacional de la CGTP, que son 45 dirigentes nacionales, y al día siguiente estamos convocando a una gran asamblea nacional acá en Lima y analizaremos allí la situación política, económica, social y laboral que atravesamos los trabajadores y el pueblo peruano para acordar la próxima medida de lucha a nivel nacional.

— ¿La medida será en todo el país?

— Será una gran jornada nacional de lucha de todas las regiones para defender los derechos laborales de los trabajadores, si es que el Gobiernono dan marcha atrás y si la Confiep persiste en arrinconar y abrazar al presidente Martín Vizcarrapara que esté al servicio del capital transnacional.

— Bien, pero el tema de los ceses colectivos vendría a ser la cereza del pastel ¿cierto?

Sí, y ademásel empresariado plantea los ceses colectivos automáticos y sin límites; es decir que a simple presentación del empresario por mesa de partes comunicando que va a haber un cese colectivo de trabajadores, podrá hacerlo sin ninguna restricción. Actualmente tiene que demostrar la razón de un cese colectivo y existe un límite al número de trabajadores que podría cesar por esta vía.

— ¿No le parece contraproducente que el Gobierno promueva la informalidad cuando los organismos internacionales están recomendando al Perú reforzar la institucionalidad y combatir la informalidad?

— Mire, hay compromisos internacionales, como por ejemplo las firmas de los tratados de libre comercio con diferentes países de respetar estrictamente los derechos laborales de los trabajadores y de respetar irrestrictamente el derecho a la sindicalización, pero cuando el Gobierno pretende esta reforma laboral también está violando esos compromisos.Entonces creo que el Gobierno no solamente está faltando a los convenios que se firmaron por los TLC, sino que también está yendo contra los acuerdos internacionales de la OIT. El trasfondo de esta pretendida reforma laboral es debilitar y eliminar los sindicatos, públicos y privados.

— ¿Por qué?

Porque según los empresarios el sindicato es el obstáculo para obtener mayores ganancias.Si estopretendida reforma laboral se aprueba, inmediatamente serían despedidos primero los dirigentes sindicales, después los trabajadores sindicalizados y luego cualquier trabajador que le reclame al empresario porque ya no habría sindicato. En el fondo es eliminar el sindicato.

 

“CARLOS OLIVA REPRESENTA A LAS TRANSNACIONALES”

Nos gobierna el MEF y no Vizcarra

— ¿Se está haciendo harakiri el presidente Martín Vizcarra?

Lo que pasa es que da la impresión de que el señor Vizcarra no está gobernando el país. Creo que quien está gobernando es el MEF, es el señor Carlos Oliva que responde a los intereses del capital y de las transnacionales, y justamente estos que están agrupados en la Confiep porque hace poco los empresarios ya han presentado su plan de propuestas al Ministerio de Trabajo y toda la política antilaboral que se está implementando son las propuestas que ellos están planteando.

— ¿Y frente a eso qué va a hacer la CGTP?

— La CGTP va a salir a las calles para defender los derechos de los trabajadores. Hay un Gobierno que está gobernando para los intereses de las transnacionales y la oligarquía empresarial agrupada en la Confiep y no obedece realmente a un clamor del pueblo peruano. Se habló de reconstrucción con cambios en el norte y no hay nada de eso. Además cerca de 850,000 familias que se han posesionado en terrenos del Estadoreclaman formalización y titulación y servicios de agua y desagüepero no se ve nada de eso. Vamos a decirle a la Confiep y al Gobierno que la CGTP no se va a mantener pasiva sino que va a salir a las calles permanentemente a defender los derechos de los trabajadores. Emplazamos al gobierno a abrir las puertas y atender a la CGTP. Que no solamente escuche a los empresarios.El diálogo social tripartito implica la participación de todos los actores incluyendo a los trabajadores.

— Pero los empresarios han dicho que también quieren escuchar las propuestas de la CGTP.

— la CGTP llama presidenta de la Confiep, la señora María Isabel León Klenke, adebatir sobre los derechos laborales de los trabajadoresfrente a las propuestas de la Confiep que plantea eliminar esos derechos., porque ella ha declarado que no tenemos propuestas la CGTP le responde que los trabajadores tenemos nuestra propuesta de una reforma productiva que impulse el desarrollo, hacia la reconstrucción, modernización, diversificación y competitividad del aparato productivo con empleo digno y trabajo decente para todos y todas.

— ¿Y las tienen?

— Sí, la tenemos elaboradas y debatidas por los trabajadores con la participación de distinguidos profesionales, como laboralistas, exministro y economistas de prestigiosas universidades, así como funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CGTP hace un llamado a los trabajadores y trabajadoras a participar en la asamblea nacional de delegado que se llevara este 13 de julio unidos en defensa de nuestros derechos laborales.

 

LUIS MIGUEL REVOREDO I.

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Entrevista

47% de pobreza extrema es una barbaridad

Publicado

en

Clímaco Cárdenas

Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano(Conveagro), saluda los avances logrados en el Pleno Agrario del Legislativopero apunta que los temas de fondo deben ser abordados: reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri), titulación de tierras y protección de la producción nacional, entre otros.

—El viernes se realizó el Pleno Agrario. ¿Cuál es el estado de los avances en el tema agrario?

—Después del paro realizado en mayo, se instalaron las mesas de negociaciones por un plazo de 60 días, y este viernes se ha llevado a cabo el primer Pleno Agrario en el Congreso, lo que consideramos algo histórico porque no se había logrado antes en toda nuestra historia republicana.

—De los 13 pre dictámenes vistos en el Congreso, 6 fueron de carácter declarativo. ¿Qué opinión tiene respecto a esto?

—Han habido dos grupos de leyes; el primer grupo era lo trabajado en la Comisión Agraria, que recoge los trabajos de congresistas en los últimos 7 años, y luego otro paquete de proyectos de ley, de los cuales nuestros gremios han apoyado 11 y se aprobaron 10. De todos ellos, solo dos eran de carácter declarativo, el referente a la protección de las cuencas de agua de Puno y el de la reconstrucción de la represa Gallito Ciego.

—Dentro de los proyectos aprobados, está la ley de inclusión de productores agrarios a través de cooperativas, y la ley general de comunidades campesinas…

—En la primera, en realidad a los que se está incluyendo en esta ley es a los ganaderos, que estaban exceptuados y son un importante sector porque representan el 47 por ciento en la actividad agropecuaria en el Perú. La ley general de comunidades campesinas permite la participación de las mujeres en las organizaciones de las comunidades, es una ley de género.

—¿Qué es lo más importante que se ha logrado en el Pleno?

—Los proyectos más importantes son tres: el que retira el impuesto a las ventas del arroz pilado, la Ley del IVAP. Esto obligaba a pagar el 4% a la exportación, cuando ningún país en el mundo exporta tributos. Obviamente eso nos hacía menos competitivos y ahora se ha regulado. Es logro importante de la lucha en las mesas de trabajo con el Ejecutivo.

Otro logro importante es el poder etiquetar el origen de los productos. Un claro ejemplo es el arroz uruguayo, que se empaca y etiqueta acá, se le pone una paisana en el empaque y le ponen ‘producto peruano’ cuando el insumo es importado. Parar con esa distorsión del mercado va a beneficiar a los consumidores y a los productores locales, porque ahora todos los productos importados deberán incluir en el empaque la especificación de donde proceden.

Y el tercer proyecto en importancia es referido a la renovación del proyecto Agroideas, que de un modo compensatorio permite que los agricultores accedan a recursos en organización. En líneas generales ha sido un pleno fructífero para los pequeños agricultores, además de histórico.

EL DEBATE NECESARIO

—Hay algunos temas excluidos del debate en el Pleno. Uno de ellos es el de las agroexportadoras y sus beneficios.

—Las empresas agroexportadoras tienen beneficios del Estado, desde diferentes ministerios, para colocar sus productos. Ahora, el Pleno Agrario lo hemos trabajo los pequeños productores después del paro agrario. y se han discutido leyes para los pequeños productores, leyes que no tienen espacio en el debate nacional, y estas leyes que hemos podido desarrollar se han levantado en consenso con el Legislativo y el Ejecutivo.

Sería magnífico que los agroexportadores puedan consensuar también con los hombres del campo, los invocamos a que puedan desarrollar mesas de trabajo con los pequeños agricultores y de ese modo todos nos veamos favorecidos.

—Otro tema es el de la crisis de las empresas azucareras

—No hemos visto un proyecto de ley al respecto, pero sí hay una discusión de aranceles que se está llevando en las mesas técnicas. Fernando Cilloniz, por ejemplo, declara que se tiene que mantener aranceles compensatorios, y nosotros hablamos más bien de aranceles ad valorem y franjas de precio. Lo que tiene que haber es una protección a la producción nacional, porque EE.UU. por ejemplo tiene US$ 16 mil millones en subvención a su agricultura desde hace año y medio para pelear en la guerra comercial con China, y acá no hay subvención de nada, y además ingresan productos importados subsidiados en sus países de origen.

—A propósito de importaciones, ¿qué opina de la posible importación de quinua española?

—Es inconcebible que por interés de un grupo importador, en colusión con malos funcionarios de Senasa, puedan generar en tiempo récord una autorización para esa importación; además, de un producto oriundo del Perú y que es fuente de trabajo de seis regiones que dependen de granos andinos.

El interés económico y la corrupción se imponen, no reparan en que son productos transgénicos y que llegan con una producción superior gracias a agroquímicos y áreas de producción mecanizadas. ¿Cómo vamos a contrarrestar el impacto en el germoplasma peruano?

Campesinos agricultores

—¿Qué medidas han planteado contra esa iniciativa?

—Nuestra posición de rechazo ha sido clara desde un primer momento, y también hay asociaciones y autoridades que se han manifestado al respecto. Por ahora, esa resolución está suspendida, pero nosotros exigimos que se derogue, porque el vicio está demostrado, la persona que ha suscrito el documento no es la calificada. Depende del ejecutivo derogar esa resolución y zanjar ese tema.

—Días atrás sostuvo que era una burla que no se debata sobre reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri)…

—En este momento existe una gran presión de los cuellos verdes del Minagri de no querer salir de su zona de confort. Hemos demostrado que este Minagri es ocioso, anquilosado, burócrata, por eso pedimos que se elimine esa estructura viciada. Pedimos también la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar y Viceministerio de Servicios Agrarios, porque lo que necesitan los agricultores son servicios, que los trabajadores del Minagri estén en el campo.

Sin embargo, hay presiones de grupos de poder que tienen en el Minagri unidades para servir a intereses de grupos económicos en perjuicio del 98% de la población; ellos son el 2% pero el sistema neoliberal está a su servicio y se resisten a perder esa cuota de poder.

Por otro lado, debemos mencionar que tenemos el acta suscrita con el Ejecutivo para la reestructuración del Minagri y es algo que se tiene que respetar, porque no vamos a dar marcha atrás con esta exigencia. Invocamos al Congreso a que en la nueva legislatura se discuta la reestructuración del Minagri.

—Respecto a esas relaciones de poder, un tema fundamental es el tema territorial de las comunidades campesinas…

—En el caso de las comunidades que habitan en el macizo andino hay intereses de empresarios por el subsuelo, minerales y agua, por eso se entrampan los procesos de titulación.

En ese sentido, será importante el Viceministerio de Agricultura Familiar pues debe ser empoderado para poder trabajar dentro de sus funciones lo relacionado a titulación de tierras de comunidades y familias campesinas. El Minagri debe reestructurarse para que el campo salga adelante.

—¿En esta reestructuración, cuál será la participación de los gobiernos regionales?

—En realidad desde hace buen tiempo los gobiernos regionales ya tienen participación, ya que por ley administran las direcciones regionales de agricultura, así que en el papel están.

Lo que habría que hacer es más bien una crítica sobre su trabajo, porque el año pasado invirtieron solo el 1.8% del presupuesto, y el 85% de ese gasto se va a en planillas.

Entonces no funciona el proceso de descentralización, no están realizando su trabajo y eso nos genera atraso y abandono de los jóvenes del mundo rural. Somos más de 9 millones de personas, y 47% de pobreza extrema es una barbaridad.

—Es evidente que el problema del agro no se soluciona solo con un Pleno Agrario…

—Los avances logrados en el Pleno, en síntesis, representan un pequeño paso para el hombre rural campesino. Pero el problema no termina y los temas de fondo siguen en discusión, la clase política debe entender cómo daña la economía neoliberal, y cómo se beneficia a grupos económicos en perjuicio de las mayorías. Es necesario debatir y ver cuáles son las políticas que el agro necesita.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Entrevista

“Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos”

Publicado

en

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

El secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú conversa con Diario UNO sobre el Foro Construcción 2019 realizado ayer y el Congreso de su Federación que se inicia hoy en Lima.

—¿Qué importancia tiene el Foro Construcción 2019?

—El Foro permite que los trabajadores, empresarios, profesionales y Gobierno realicen una exposición de su particular punto de vista sobre los problemas de la construcción y las alternativas de solución. En base a ello, se busca consensos para impulsar en conjunto este sector que dinamiza la economía del país.

Este es el segundo Foro Construcción y es producto de la organización y fortaleza de los trabajadores y su capacidad para hacer propuestas para el desarrollo del sector construcción y el país.

—La violencia en construcción es un problema mayor.

—La violencia se incrementó cuando Alan García, en su segundo gobierno, creó el registro sindical automático, mediante el cual cualquiera, hasta los delincuentes, obtenían su registro sindical del Ministerio de Trabajo en 24 horas y a sola firma. Esos registros se convirtieron en el amparo legal de muchas mafias. Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos. Hay una proliferación de seudosindicatos sin vida sindical.

Por ejemplo, en Lima, nuestra federación tiene dos sindicatos, pero existen más de 90 registrados en el Ministerio de Trabajo. Desde 2014, ya ningún seudosindicato saca su registro automático en 24 horas, pero aún cientos de ellos lo mantienen y operan en el Perú.

—¿Qué cree que debe hacerse para eliminar la violencia en construcción civil?

—Un primer paso es eliminar los registros sindicales de los seudosindicatos con vínculos delincuenciales. Ningún sentenciado por extorsión puede ser dirigente en nuestros sindicatos, pero eso no se cumple en los seudosindicatos. Se necesita, además, mucha inversión en inteligencia policial y el Poder Judicial, porque la mayoría de los capturados por la policía sale libre y nadie explica bien por qué.

—¿Es cierto que se está reactivando la construcción como dice el Gobierno?

—A paso lento y con proyectos pequeños y medianos. De acuerdo al Ministerio del Trabajo, hay 550,000 trabajadores que formalmente tienen su carné del RETCC (carné de trabajador formal del sector), pero de ellos solo 90,000 están en planilla. Eso significa que el 85% está desempleado o en la informalidad. Pero de acuerdo al INEI hay alrededor de un millón de trabajadores en el sector, por lo que el desempleo es mucho mayor. Hay que reactivar la construcción con urgencia y para eso necesitamos grandes obras.

27° CONGRESO FTCCP

La FTCCP realizará del 12 al 15 su 27° Congreso Nacional Ordinario, en la que estarán presentes alrededor de quinientos dirigentes de construcción civil.

—¿Qué importancia tiene el Congreso?

—El Congreso realizará un análisis de la gestión realizada y la realidad laboral y política del país, y cómo eso afecta a los trabajadores del sector. De acuerdo a ello, trazará la línea general que orienta el rumbo político y sindical de la Federación para el logro de sus fines y objetivos, facultando a elegir al Consejo Directivo Nacional para el periodo 2019-2023 y establecer normas organizativas, de cabal cumplimiento de toda la estructura sindical nacional.

—¿Qué tan reconocido es construcción civil en el mundo?

—Nuestro reconocimiento se refleja en la cantidad y calidad de dirigentes sindicales del mundo que vendrán a este Congreso. Habrá representantes de la Federación Sindical Mundial (FSM), la Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (UITBB), la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Edificación, Madera y Materiales de la Construcción (FLEMACON), y sindicatos como el SUNCA de Uruguay y SUNTRACS de Panamá, entre otros.

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