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Política

Constitucionalistas a favor del Congreso bicameral

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Alberto de Belaunde

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga se mostró a favor del restablecimiento de la bicameralidad en el Congreso de la República, debido a la actual calidad de parlamentarios y la facilidad con que se aprueban las leyes.

“Un grupo de expertos en Derecho Constitucional ha promovido insistentemente en la conformación de Cámaras de senadores y diputados dentro del Parlamento, debido a la relativa calidad del Congreso y la aprobación de leyes con tanta rapidez”, sostuvo el constitucionalista en entrevista al Diario UNO y en referencia al proyecto de ley presentado por el congresista no agrupado Alberto de Belaunde, quien pretende el retorno de la bicameralidad en el Parlamento.

Asimismo reconoció que los sectores populares piensan que “si el Congreso va a ser más grande va a ser peor” y el objetivo es luchar contra esa idea.

En otro momento recordó que el congresista Kenji Fujimori sostuvo que “la bicameralidad es una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano”, debido al peso de culpa, ya que su padre el dictador Alberto Fujimori, disolvió el Parlamento, el 5 de abril de 1992 y estableció la unicameralidad en la Constitución Política de 1993.

Constitucionalista AnÍbal Quiroga.

Constitucionalista AnÍbal Quiroga.

PROPUESTA DE NO AGRUPADO
A través de la iniciativa legislativa 2631, el congresista no agrupado Alberto de Belaunde pretende el retorno de la bicameralidad en el Parlamento y plantea la modificación de un conjunto de artículos constitucionales relacionados con las funciones que tendrían las cámaras de diputados y senadores.

“Necesitamos un mejor Congreso. Sin leyes sorpresa, sin abuso de poder, con mayor representación”, sostuvo el parlamentario en Twitter. El proyecto del legislador fue respaldado por sus colegas no agrupados Gino Costa y Vicente Zeballos.

Congresista Gino Costa.

Congresista Gino Costa.

SENADORES
Según la propuesta de De Belaúnde, los senadores tendrían a su cargo la aprobación de los tratados antes de su ratificación por el Ejecutivo, siempre que sean respecto a derechos humanos, soberanía, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. El número de senadores sería de 50, elegidos por distrito único nacional.

El Senado presentaría proyectos de reforma constitucional y revisaría los proyectos sobre los que se ha pronunciado la Cámara de Diputados; también nombraría al defensor del Pueblo, contralor, magistrados del Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva (BCR).

El Senado podrá legislar sobre materias como Derechos Humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado y supresión de tributos.

Para ser elegido senador, los requisitos pasarían por ser peruano de nacimiento, tener 35 años, gozar de derecho de sufragio y contar con 10 años de experiencia profesional o haber sido elegido diputado por dos periodos.

Congresista Vicente Zevallos.

Congresista Vicente Zevallos.

DIPUTADOS
Los diputados alcanzarían los 170, elegidos por distrito electoral múltiple. Cuatro escaños serían reservados para los pueblos indígenas y originarios. Los diputados podrían levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en sus comisiones investigadoras, además de delegar facultades legislativas al Ejecutivo. Respecto a los requisitos para postular a diputado, estos serían ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio.

UNI, BI Y TRICAMERA LIDAD EN LA HISTORIA
La Constitución de 1823 consagraba un sistema de Unicameralismo, formado por representantes o diputados. La Carta Magna de 1826 planteaba un sistema Tricameral: La Cámara de los tribunos, equivalente a lo que hoy es una Cámara de diputados; Cámara de Senadores y Cámara de Censores, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes así como la declaración de suspensión del vicepresidente y los secretarios de Estado, encargados de la administración pública. El texto de 1828 consagra por vez primera el bicameralismo, un congreso con Cámaras de Senadores (elegidos por la juntas departamentales) y Diputados (elegidos por las provincias en proporción a la población electoral de las mismas) Esto se mantuvo en las Cartas Magnas de 1834, 1838, 1856 y 1860. La Constitución de 1867 consagró el unicameralismo pero perdió vigencia y se retomó a la Carta Magna de 1860.

La Constitución de 1920 definió claramente un sistema bicameral, estableciendo que la renovación del Poder Legislativo sería total y coincidiría, necesariamente con la renovación del Poder Ejecutivo, siendo la duración de ambos Poderes de cinco años. El Poder Legislativo constaría de un Senado compuesto de 35 miembros y de una Cámara compuesta de ciento diez Diputados.

La Constitución de 1933 planteaba un Bicameralismo con Cámaras corporativas, un planteamiento bastante desacreditado por el vínculo con regímenes totalitarios (fascismo y nazismo). En el Régimen Político ambas Cámaras legislaban, censuraban, negaban confianza, interpelaban. Durante su vigencia el Parlamento no se comportaba como un Congreso unificado de dos Cámaras, dos Congresos con funciones de control exactamente iguales para ambas Cámaras.

La Constitución de 1979 implementó el sistema Bicameral. El Senado tenía facultades más administrativas y ratificaban los nombramientos de ciertos funcionarios públicos como embajadores, vocales de la Corte Suprema y altos mandos de las Fuerzas Armadas. También designaban a tres de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y al Contralor General de la República. Los Diputados interpelaban, censuraban, negaban confianza, otorgaba al presidente de la república la facultad de disolver solo a la Cámara de diputados. Durante su vigencia se evidenció la existencia de una Cámara baja (Diputados) y la Cámara Alta (Senadores).

Fujimori anunciando por TV el 5 de abril de 1992 la disolución o cierre del congreso que acabaría con la bicameralidad.

Fujimori anunciando por TV el 5 de abril de 1992 la disolución o cierre del congreso que acabaría con la bicameralidad.

“DISOLVER, DISOLVER”
Con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 se cerró una etapa en la vida constitucional. De acuerdo al artículo 90º de la Constitución de 1993, el Congreso es Unicameral, distinguiendo sin embargo un Bicameralismo imperfecto, ya que existe un órgano denominado Comisión Permanente que funciona como una Institución de acusación Constitucional igual a lo que era la Cámara de Diputados. Y sus funciones son las de ratificación de nombramiento de ciertos funcionarios públicos (prerrogativa anterior del Senado: Contralor General de la República, Superintendencia de Banca y Seguros, Presidente del BCR. Además ejerce facultades legislativas delegadas con limitaciones derivadas de la naturaleza de las normas y al igual que el Senado, de la anterior Constitución, no puede ser disuelta. Se encuentra muy fortalecida sus atribuciones, la razón se encuentra en la existencia de Una sola Cámara legislativa.

KENJI Y LA “DEUDA DEL FUJIMORISMO”
El año pasado, el entonces congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori, presentó un proyecto de ley para restituir la cámara de senadores, que dejó de existir luego del autogolpe que su padre, en 1992.

Kenji consideró que la bicameralidad era “una deuda” que tiene su agrupación con el Perú.

“La bicameralidad es una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano”, escribió en su cuenta de Twitter el hijo menor del ex presidente.

También indicó que la confrontación política “que tanto daño le hace al país” quedará encapsulada en las cámaras de diputados y senadores.

PRO Y CONTRA
El principal argumento esbozado en contra de la bicameralidad apunta a que una nueva cámara solo contribuiría a aumentar la burocracia –y sus costos asociados– sin aportar ninguna mejora. Se cita como argumento la abrumadora desaprobación del Congreso actual.

Los partidarios de la bicameralidad señalan que lejos de generar un mayor gasto al Estado, significaría más eficiencia en la labor congresal. El sistema bicameral permitiría un mejor control y mayor visión de la problemática nacional.

La Cámara de Diputados se encargaría del control político y de aprobar proyectos de ley en primera instancia, los mismos que luego serían ratificados o desestimados por el Senado, convertido así en una “cámara reflexiva”.

Política

Mano blanda para Pedro Chávarry

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Pedro Gonzalo Chávarry

Hugo Núñez Julca, juez supremo, dispuso abrir proceso penal sumario con comparecencia simple al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry por los delitos de encubrimiento real en agravio del Estado.

Según el abogado Carlos Caro, este proceso comprende toma de declaraciones, presencia de testigos dentro de un plazo de ley que una vez culminando, la Fiscalía decidirá si acusa y lleva a un juicio de fondo para que sea sentenciado.

“Eso no va a ser en un período muy largo porque conforme a las reglas del viejo Código los plazos son más cortos y más estricto. Podría exisitir una acusación fiscal contra Chávarry de acá a unos cuatro o seis meses”, indicó.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez Hugo Núñez Julca, inició la audiencia de presentación de cargos contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos por la presunta comisión del delito de encubrimiento real.

CHÁVARRY TIENE CARTA BLANCA

Sin embargo, para el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), Chávarry tiene carta blanca, porque seguirá haciendo lo que sea o lo que estaba realizando hace poco, por no tener restricciones.

“Lo importante es que Chávarry ya tiene un proceso abierto pero no se le ha impuesto una medida cautelar para los efectos de que la investigación se lleve de la mejor manera”, observó.

“Chávarry, al tener una medida de comparecencia simple, tiene carta libre para hacer lo que quiera porque no tiene ninguna restricción, tiene mandato de comparecencia”, remarcó.

“Puede hablar con quien quiera, como no tiene ninguna restricción puede, de alguna manera, intimidar o coaccionar a algunos otros miembros de la Fiscalía, para que declaren a su favor”, comentó.

“Eso es lo grave de no poner las restricciones, que significaría que no podría comunicarse con testigos, no tener mayor contacto con los fiscales y otros detalles al respecto”, señaló.

¿CUÁL ES EL RIESGO?

“Al ponérsele las restricciones, él no podría acercarse y hablar con Vela Barba y Pérez Gómez. Ahora sí podrá hablar o tener contacto con los dos porque él los va a citar junto con Tomás Gálvez y Rodríguez Monteza de la junta de fiscales”, alertó.

“Se da cuenta de la importancia de las restricciones que la Fiscalía no ha pedido. Si hubiese pedido esa restricción ya no podía participar en la reunión de junta de fiscales”, precisó.

“Y como no tiene esa restricción, como no la pidió el fiscal provincial, pues va a participar activamente en esa reunión que de oficio debería inhibirse porque él está llevando un caso contra él en agravio de Vela Barba y Pérez Gómez en una instancia judicial”, anotó.

“Como no tiene las restricciones debería inhibirse por decencia y por decoro asistir a esa reunión, que ahora está pidiendo Tomás Aladino Gálvez. Y lo otro, siendo miembro de la junta de fiscales supremos en lo penal, él tiene un poder que, al no tener ninguna restricción, podría intimidar”, reveló.

HABRÁ NUEVA AUDIENCIA

“Lo que el fiscal no ha presentado es el pedido de una comparecencia con restricciones. Cuando el fiscal presenta los cargos, inmediatamente pide detención preventiva o comparecencia con restricciones o comparecencia simple”, explicó.

“Eso significará que se hará inmediatamente una nueva audiencia o de prisión preventiva o de comparecencia simple. El juez qué ha hecho, como el fiscal no se lo pidió, le puso la menos gravosa, que es la comparecencia simple”, expresó.

ALGO MÁS

“El juez ha dicho ‘a mí el fiscal no me ha pedido nada, yo no puedo suplir al fiscal’ y por tanto le puso comparecencia simple, que significa que Chávarry deberá acudir cada vez que el juez lo cite”, puntualizó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Odebrecht es la única organización criminal

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Odebrecht

Pedro Chávarry estuvo acompañado de su abogado Julio Rodríguez. Por el Ministerio Público, asistieron el fiscal adjunto supremo titular Alcides Chinchay Castillo y la fiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas.

“Hoy en día estamos viendo los resultados del famoso acuerdo de colaboración eficaz con la empresa criminal Odebrecht, que ha venido trabajado de forma indebida”, dijo Chávarry en su intervención.

El ex fiscal de la Nación dijo que los que “son verdaderamente organizaciones criminales”, como lo significa Odebrecht, “están siendo investigados sin ser comprendidos como organización criminal”, sin ser investigados por lavado de activos ni corrupción de funcionarios.

“Y si hago mención a ello es por qué tomé la decisión y porque ahora se corrobora la actuación que yo tuve en ese momento. No me arrepiento de lo que hice”, sostuvo.

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Política

El plan de la derecha es crear zozobra en el país

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Marcha protestas contra el Congreso convocatoria a elecciones generales

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, reiteró la posición del gremio de trabajadores a favor del adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo al Congreso de la República, y advirtió que “esta es la única salida a la crisis política que atraviesa el país”.

“Frente al escenario de crisis que atravesamos, es necesario y urgente exigir que se vayan todos y se convoque a elecciones generales. Ha llegado la hora de los trabajadores y del pueblo”, afirmó.

López advirtió que los ataques del fujimorismo y aliados al Ejecutivo obedecen a “un plan que tiene como objetivo vacar al presidente Martín Vizcarra y con ello mantener el sistema que permite blindajes e impunidad para actores vinculados a temas de corrupción”.

UN PLAN PARA LA IMPUNIDAD

“Parte del plan del fujimorismo y la derecha para vacar a Vizcarra es crear este clima de zozobra utilizando a mensajeros del sector económico para generar pánico. La Confiep siempre ha estado detrás del poder político viendo sus intereses, por eso vemos que los diferentes gobiernos han continuado gobernando sobre el modelo económico neoliberal de Fujimori, por eso tenemos este Congreso desacreditado totalmente, por eso tenemos un Ministerio de Economía que impulsa proyectos que recortan los derechos laborales y sin diálogo, como el Plan de Competitividad”, señaló.

El representante sindicalista manifestó que “este Congreso ha sido tomado en la práctica por el poder económico, que está representado por el señor Pedro Olaechea y su defensa permanente de los intereses de las transnacionales”. “Entonces tenemos a la Confiep en la presidencia del Congreso, y al fujimorismo como bancada mayoritaria blindando a personajes comprometidos en actos de corrupción. Todo un marco de impunidad en la que también se encuentran los empresarios del Club de la Construcción. Ello son un poder nefasto en las sombras que se resiste a ser investigado”, agregó.

Gerónimo López

UN SECUESTRO DE 30 AÑOS

Gerónimo López también incidió en la beligerancia con que los representantes del empresariado aliado al fujimorismo mantienen su presencia en grandes medios de comunicación, en una constante “batalla por la opinión pública”.

“Ellos tienen secuestrado al país hace 30 años y no quieren perder este poder. Sin embargo, tenemos que ser claros: el pueblo no ha elegido a la Confiep para que gobierne. Ya han hecho mucho daño al país y no nos queda otra alternativa que hacer el mayor esfuerzo en lograr la gran unidad de todos los sectores políticos y sociales en contra de esta casta de mafiosos que han copado diferentes estamentos del Estado”, sentenció.

El dirigente agregó que “este capitalismo parasitario y sus voceros políticos han demostrado incapacidad de gobernar en función del desarrollo independiente y soberano del país. Ellos administran la corrupción y la explotación”.

Finalmente, López señaló la urgencia de que el presidente Vizcarra plantee la cuestión de confianza y cierre el Congreso por la vía constitucional, antes de que se concrete el plan para su vacancia.

“Hay que liberar al Perú de la mafia que lo tiene secuestrado. Exigimos al Ejecutivo que tome las acciones necesarias para cumplir con la propuesta de adelanto de elecciones, que plantee la cuestión de confianza y cierre el Congreso para evitar que el fujimorismo y la Confiep terminen vacándolo y se salgan con la suya. Tenemos que evitar que la corrupción nos gane este partido. Que se vayan todos es la única salida a la crisis que vivimos”, finalizó.

ALGO MÁS

En la jornada convocada por la CGTP y otros gremios laborales, se ha definido como punto de concentración el Parque Kennedy de Miraflores a las 4 de la tarde. La movilización se realizará por las principales arterias de este distrito.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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