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Política

Congreso: Sentenciados por terrorismo no podrán trabajar para el Estado

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Congreso de la República

El Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público no haber sido sentenciado por delito de apología del terrorismo, violación sexual, proxenetismo, entre otros.

Para ello se contó con 76 votos votos a favor, 4 en contra en contra y ninguna abstención.

La norma comprende a sentenciados por delito de terrorismo, apología del terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y corrupción.

En ese sentido, no tener una condena por esos delitos será un requisito indispensable para ingresar o reingresar a laborar en el sector público.

Además, se precisa que la rehabilitación en todos sus derechos, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita al sentenciado para trabajar en el sector público.

Si el trabajador se encuentra comprendido en algunos de esos supuestos y mantiene vínculo laboral con el Estado, bajo cualquier modalidad, deberá ser resuelto.

Durante el debate, los parlamentarios Héctor Becerril, Karla Shaefer y Mauricio Mulder propusieron volver a la propuesta inicial de la norma que planteaba solo incluir en la prohibición a los sentenciados por terrorismo y apología del terrorismo.

Parlamentarios como Gino Costa, Rogelio Tucto y Hernando Cevallos, insistieron en que se mantengan los delitos adicionales incorporados durante el debate previo.

Entrará en vigencia en un plazo de 90 días, tiempo en el cual las entidades públicas deben verificar si sus servidores tuvieron sentencias condenatorias, indicó el congresista Rolando Reátegui, presidente de la Comisión de Fiscalización, dictaminadora de la norma.

Política

Fiscal valiente no retrocede ante amedrentamiento de Chávarry

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José Domingo Pérez Gómez

Ante la pregunta de la prensa sobre si se reafirma sobre su opinión de que la persona que está asumiendo el cargo de Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) no es el más idóneo, el fiscal valiente José Domingo Pérez fue enfático: “Bueno yo no puedo rectificar las ideas u opiniones que pueda tener”.

Pérez, quien es fiscal titular de lavado de activos, es sometido a un proceso disciplinario mediante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por las declaraciones que dio sobre el titular y el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez, respectivamente.

Además, su institución le ha abierto otro proceso por haber realizado un supuesto cobro que no le correspondía. Referente a esto el fiscal aclaró: “Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo”.

Respecto a la denuncia de un personaje afiliado al partido Aprista (Martín Morocho) quien ha pedido un examen psiquiátrico, dijo que no se le ha notificado. “Toda persona está en su derecho de interponer cualquier tipo de acción y el órgano desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público debe hacer la valoración correspondiente. En mi caso se ha abierto las investigaciones, dos de ellas, y tengo que absolver las mismas”, afirmó.

Resaltó que desconoce cómo se han dado a conocer las tres denuncias a la prensa y que eso sí debería llamar la atención. Cuestionó que el órgano desconcentrado de Control Interno haya permitido que se dé a conocer estas tres investigaciones a la prensa.

“Creo que parte del cambio y las reformas vienen por parte de la crítica que tenemos que hacer, instituciones y personas”, afirmó Pérez, respecto a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha pedido que el Ministerio Público haga una autocrítica, y no le dé la espalda a las exigencias de la población de desterrar la corrupción.

¿A QUIÉNES LES INCÓMODA?

El fiscal José Domingo Pérez está en la mira del fujiaprismo porque investiga a la señora K y a su partido por lavado de activos, también a AG por presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre del 2017 el fiscal valiente lideró un allanamiento a dos predios de Fuerza Popular, en los cuales diversos parlamentarios keikista pretendieron obstruir las diligencias e incluso amenazaron al fiscal.

MUY EXTRAÑO

En ese contexto, no es extraño que aparentemente de la nada, haya aparecido un personaje como Martín Morocho, de filiación aprista, quien ha pedido que le realicen un examen psiquiátrico, como de manera coincidente lo había adelantado el parlamentario aprista Jorge del Castillo en una entrevista días atrás.

“Existe la necesidad que jueces, fiscales y determinadas autoridades pasen por un examen psiquiátrico para los efectos de ver el alcance de su personalidad”, indicó Del Castillo en aquella oportunidad.

ESO ES UN ABSURDO

Sobre la investigación que afronta por un supuesto cobro indebido, Pérez Gómez señaló que este es “absurdo” porque sigue siendo fiscal anticorrupción. La denuncia sostiene que el fiscal perdió el derecho a cobrar este bono de S/3000 tras ser designado como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos.

“Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo, qué le puedo decir…”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Que superen las diferencias

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ARMANDO VILLANUEVA

“Espero que los conflictos internos en la Fiscalía sean superados para mostrar al país una institución sólida que representa el interés del Estado en cuanto a política anticorrupción, que creo es la institución bandera y primera responsable en esbozar seriamente una política anticorrupción”.

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Política

Se nota una protección

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HUMBERTO MORALES

“El compromiso de nuestra bancada es entrar a los temas de fondo. Estamos muy preocupados porque los ataques al fiscal Pérez Gómez al final pondrían en riesgo una investigación que deberá brindar frutos. Parece que se quiere blindar a Keiko y Alan. Se nota que hay una protección”.

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