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Editorial

Congreso, blindajes y mamarrachos

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Debido a la falta de interés mostrada por los parlamentarios de Fuerza Popular, del Apra y otras tiendas políticas, la bancada de Nuevo Perú ha presentado una moción de orden del día para solicitar que la Comisión de Constitución del Congreso, que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra, priorice el debate de los proyectos de ley de reforma política presentados por el Ejecutivo el 10 de abril del presente año. La iniciativa ha sido presentada con el respaldo de las bancadas parlamentarias del Frente Amplio (FA), Acción Popular (AP), Bancada Liberal (BL) y Peruanos por el Kambio (PPK), además de Nuevo Perú.

Allí, los congresistas que sus criben el mencionado documento le expresan a Bartra su preocupación porque la Comisión de Constitución no ha adoptado hasta la fecha los mecanismos que garanticen el avance del debate de los proyectos, algunos de los cuales deben ser aprobados en dos legislaturas. Sin embargo, parece que algunos parlamentarios no tienen interés alguno en aprobar con carácter de urgencia las reformas que el país está reclamando y evitar así que se repitan los actos de corrupción tal como ocurre actualmente por falta de los filtros necesarios.

El Poder Ejecutivo entregó al Congreso de la República el pasado 10 de abril los doce proyectos de ley para la reforma política. La reforma electoral para ser aprobada requiere de las (2) legislatura ordinarias del año 2019, sin embargo el actual cronograma presentado por la Comisión de Constitución y Reglamento tiene previsto discutir el Código Electoral y la Ley Electoral (Proyecto de Ley 1751/2017-CR) hasta el mes de julio. No obstante, existe un gran desinterés por parte de los legisladores, especialmente los de Fuerza Popular y del APRA.

Pruebas al canto. No hace mucho que el parlamentario aprista Mauricio Mulder ha calificado de “mamarracho” los proyectos de ley remitidos hace casi un mes por el Ejecutivo al Congreso para su revisión. Como es de conocimiento público, la propuesta sobre la inmunidad parlamentaria plantea que su levantamiento deje de ser competencia del Legislativo y pase a manos de la Corte Suprema con la finalidad de evitar el blindaje político y se garantice la investigación y sanción, sin dilaciones, de los congresistas que cometan algún delito.

Hablando en buen romance, pareciera que los intereses privados priman sobre el interés público, y tener un Congreso que solo sirva para blindar parlamentarios corruptos sí es un verdadero mamarracho.

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Editorial

¿Y las ocho horas?

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Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre febrero y abril de este año, 112,500 limeños trabajaron más de 80 horas a la semana, es decir, más de 13 horas en un día. De hecho que eso no tiene nada de raro, lo que ocurre es que ya todo nos parece normal en este país de la informalidad, llamado Perú. El empleo formal prácticamente está desapareciendo para dar paso a trabajos informales. Basta preguntarles cuántas horas al día trabajan los ambulantes, los taxistas, bodegueros, los vendedores del mercado, los empleados de restaurantes, etc., etc.

Y es que por décadas el empleo en nuestro país sigue entre la informalidad y la precariedad, lo cual es aprovechado para situaciones que francamente rayan con la explotación. Ha transcurrido varios años del boom de los precios de los minerales y del auge económico, lo cual generó un incremento del empleo, pero no de un empleo de calidad, sino de magras remuneraciones, extensos horarios y todo ello sin ningún tipo de beneficios sociales.

El problema se agravó últimamente porque el Perú fue uno de los países latinoamericanos que más migrantes venezolanos ha recibido. A mediados de 2008 se estimaba en más de 500,000 el número de ciudadanos venezolanos en nuestro país, actualmente se habla de 800,000 y la cosa va para más, pues la crisis política y económica en su país se ha agravado. Lo malo es que el ingreso de venezolanos al Perú ha sido desordenado y desregulado, lo que ha contribuido a agudizar la precarización y la informalidad del empleo deprimiendo aún más las deplorables condiciones laborales y distorsionando más el mercado laboral.

En ese contexto, no resulta nada raro que por un lado, los trabajadores que cuentan con un empleo formal, con un número de horas regulado por la autoridad de trabajo y beneficios sociales, busquen mantener su puesto laborando más allá de lo que se le pide; de otra parte, quienes no tienen la suerte de tener empleo formal tengan que trabajar 13 o más horas diarias para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Esta situación se solucionará no con leyes controlistas, sino con verdaderas reformas destinadas a alentar nuevas inversiones en el país y a fortalecer el mercado interno, lo que podría coadyuvar a generar el trabajo decente que requiere.

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Editorial

Coimeros y coimeados

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La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es investigada por presunta recepción de dinero de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, ha pasado su primera noche en la cárcel, luego de que el Poder Judicial le dictara 18 meses de prisión preventiva. Igual suerte ha corrido su exgerente municipal, José Miguel Castro, quien es investigado por la Fiscalía por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber solicitado dinero a las empresas OAS y Odebrecht para la campaña por el No a la revocatoria y la reelección de Villarán.

Pero no son los únicos casos de acusados por delitos de corrupción. Hay políticos, candidatos y otras autoridades que ya están en manos del Poder Judicial para responder por la receptación de dineros de origen ilícito; la mayoría de ellos ligados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Pero, sabido es, que para que haya funcionarios coimeados es requisito sine qua non que haya un coimero; es decir un corruptor. Ambos –coimeros y coimeados– han tenido participación para que exista delito y, por lo tanto, deben ser igualmente sancionados por la justicia.

Para eso se requiere de un sistema de justicia fuerte y sólido que no sea fácilmente infiltrado por la corrupción, pues de lo contrario todo esfuerzo por acabar con ese flagelo será poco menos que inútil, y la reforma política que está tratando de implementar el Ejecutivo se irá por el desagüe. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que todas las bancadas están de acuerdo en que la reforma política es una prioridad para el país; no soluciona todos problemas, pero es un gran paso para fortalecer la democracia y tener una mejor representación.

De hecho, lo que requiere el país es una reforma integral y, si no sería mucho pedir, un cambio de Constitución, pues la actual fue hecha a la medida del entonces dictador Alberto Fujimori. Hay que recordar que la actual Carta Magna data de 1993; es decir, nació poco después del autogolpe de 1992. Por eso es que la corrupción puede entrar y salir fácilmente en todas las instancias del Gobierno y los resultados son los que estamos viviendo en la actualidad, con un sistema político y electoral que permiten actos de corrupción, un Poder Judicial que no mide con la misma vara y como resultado de ello una democracia débil que subsiste con una economía liberal. Ha llegado la hora de que se unan voluntades para sacar al país del hoyo de la corrupción.

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Editorial

Una luz al final del túnel

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La reunión que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con los voceros parlamentarios para discutir acerca de la reforma política, al parecer tuvo resultados positivos. Tras la cita en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, informó en conferencia de prensa que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, presentó un cronograma alternativo para analizar la reforma política y electoral planteada por el Poder Ejecutivo.

Según ha dicho el jefe del Gabinete ministerial, el nuevo cronograma permitiría que se pueda cumplir con la aprobación de las propuestas legislativas en una primera legislatura, para luego ratificarlas en una segunda, pues así se lo ha asegurado el congresista Carlos Tubino al Presidente de la República. No obstante, la legisladora Luz Salgado ha sido menos diplomática al señalar que Fuerza Popular está de acuerdo con las “reformas estructurales” que requiere el país, pero no necesariamente con las planteadas por el Poder Ejecutivo.

Por supuesto que en toda bancada parlamentaria puede haber voces discordantes o apreciaciones particulares sin que eso signifique que no respaldarán la posición mayoritaria al interior de su agrupación política. Además, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, le ha asegurado que al 19 de junio todos los proyectos de la reforma política serán debatidos y tendrán un dictamen. El titular del Legislativo, también, ha destacado la predisposición del Parlamento de darle prioridad a las iniciativas del Poder Ejecutivo sobre esta materia, por lo que no tendría que haber ninguna duda al respecto.

En todo caso, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró el cronograma alternativo como una muestra de “rectificación y flexibilidad” para atender aquello que resulta prioritario como lo concerniente a las modificaciones constitucionales de carácter electoral. El país entero estará pendiente de que la bancada de Fuerza Popular cumpla con sus obligaciones porque el proyecto de reforma política requiere de su aprobación en dos legislaturas ordinarias para su aplicación. Ojalá, pues, que veamos la luz al final del túnel.

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