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Editorial

Conflictos de interés

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Este diario puso sobre el tapete antes que ningún otro un temprano caso de posible conflicto de intereses del ministro de Energía y Minas. Lo hizo con el ánimo informativo y de consecuencia con la verdad, sin inquinas ni ánimo destructivo contra nadie y solo para hacer de conocimiento público un hecho al menos preocupante.

No nos gusta ser jueces ni verdugos de nadie y solo esperamos que el caso discurra por los canales institucionales de la democracia, como el Congreso de la República, para que se esclarezca a plenitud. Con buena fe, podemos aceptar que el ministro y el gobierno sientan que no hubo en los casos denunciados conflicto de interés, aunque para ello no baste que técnicamente todo esté correcto pues el ministro firmó cuando ya no trabajaba en la consultora privada que defendía los intereses de la empresa beneficiada.

Pero las percepciones son lo más importante en la política y la percepción generalizada indica que el ministro tuvo una reciente relación estrecha con la consultora y que esa relación pudo haber hecho que no se sienta motivado a buscar una decisión mejor para el país que no fuera avenirse a lo que se presentaba casi como un hecho consumado, y beneficiar con ello a la empresa a la que había servido, incluso cuando litigaba contra el Estado.

El caso presente motiva una reflexión más profunda y general, sobre esa especie de casta tecnocrática para la que es perfectamente ético lo que algunos o muchos de sus integrantes hacen desde hace mucho tiempo, según vemos en las hojas de vida que se publican cada vez que uno de ellos es nombrado en un alto cargo: pasar del sector público al privado y viceversa, una y otra vez.

No todos, ciertamente, porque no debe descartarse quienes tienen una ética realmente blindada y cuando están en el aparato estatal no otorgan ninguna ventaja a la empresa privada en la que trabajaron antes de cambiar de empleo, ni piensan en que deben ayudar a potenciales empleadores futuros que sean de utilidad cuando vuelvan al sector privado.

También debe haber quienes cuando están de regreso en empresas privadas de ninguna manera usan las relaciones que hicieron en el ministerio u otro organismo estatal en el que estuvieron, y menos utilizan la información privilegiada a la que tuvieron acceso en el Estado, para cumplir mejor su trabajo como ejecutivos privados.

Pero el conflicto de intereses está justamente allí, en la simple posibilidad de que puedan hacer todo aquello. Y allí está el problema, en el hecho que el modelo económico ( y político) que rige desde hace más de 20 años, considera normal el “carrusel” de tecnócratas entre el sector privado y el sector público, como, con otras palabras y con una dosis de candor, dice el ministro cuestionado en estos días.

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Editorial

¿Por qué tanto nerviosismo?

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El Ministerio Público ha solicitado al Congreso de la República remitir con carácter de urgencia una copia del informe en minoría presentado por la Comisión Lava Jato que recomienda investigar al expresidente Alan García por irregularidades presuntamente cometidas en su segundo gobierno, relacionadas con la empresa Odebrecht. Según el fiscal Marcos Arévalo, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, “la documentación solicitada contribuirá con el esclarecimiento de los hechos materia de investigación”.

La Comisión Lava Jato del Congreso, que fue presidida por la fujimorista Rosa Bartra, aprobó su informe final en noviembre de 2018. En dicho documento se recomienda investigar a los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la ex primera dama Nadine Heredia; y a Susana Villarán y Luis Castañeda, entre otros. Sin embargo, la comisión no encontró responsabilidad en Alan García ni en Keiko Fujimori. No obstante, el informe en minoría, presentado por el legislador del Frente Amplio, Humberto Morales, recomienda investigar a García por la emisión de decretos irregulares en su segundo gobierno, presuntamente para favorecer a Odebrecht.

Mientras esto ocurre en el Ministerio Público, la defensa legal de Alan García, ha presentado una denuncia por supuesta afectación al derecho de defensa de su patrocinado en la investigación fiscal por el caso Odebrecht. La denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez se suma a las acciones de la defensa de Keiko Fujimori que ha logrado recusar al juez Richard Concepción Carhuancho, quien ya fue apartado del caso. No queremos pensar que habría una suerte de operación tenaza contra jueces y fiscales que estén dispuestos a enfrentar a la corrupción.

Sin embargo, todas estas acciones parecen coincidir con el momento en que los exejecutivos de Odebrecht están dispuestos a formular declaraciones. ¿Será que hay nerviosismo por lo que puedan declarar? En caso contrario, no se entiende por qué querrían Alan García y Keiko Fujimori dar largas a las investigaciones. Por el bien del país y de nuestra democracia, la verdad tiene que abrirse paso, ahora que se firmó el acuerdo de colaboración que permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones en los graves casos de corrupción en el Perú.

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Editorial

Cuidado con las heladas y friaje

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El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha dado la voz de alerta.Un total de 219 distritos situados en la Sierra sur del país se encuentran con un riesgo muy alto ante posibles deslizamientos, huaicos y desbordes a causa de las lluvias anunciadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a partir de hoy. La región Ayacucho presenta 66 distritos en situación de riesgo, seguido de Apurímac (40); Cusco (31); Huancavelica (29); Puno (25); Arequipa (24); Tacna (3) y Moquegua (1).

Esta información meteorológica debe haber hecho saltar todas las alarmas en el Ministerio de Salud, el de Defensa, Transportes y Comunicaciones, así como en otras dependencias que tienen que ver con la mitigación de desastres naturales. En efecto, el Senamhi ha pronosticado que desde ayer y hasta el próximo domingo 17 se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 62 provincias situadas en nueve regiones de la Sierra sur, fenómenos que estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con acumulados superiores a 15 milímetros de agua por día.

No obstante, también se prevé granizadas aisladas en localidades sobre los 3000 metros de altura y nevadas en zonas sobre los 3800 metros. Es decir que el gobierno y todas las autoridades competentes deberían ya estar organizando la ayuda para las zonas altoandinas, a donde no se puede llegar con la rapidez que se quisiera. Ojalá no se espere ver niños y ancianos con neumonía para recién dotar de medicinas a las postas médicas. Ojalá no tenga que morir el ganado que crían estos pobladores para que se piense en llevarles pastos o hacerles refugios temporales.

Si las temporadas de lluvias ocurren entre los meses de diciembre y marzo, y entre abril y agosto se producen las heladas y friajes, todos los años, por qué no se prevé de una buena vez por todas mejorar las condiciones de vivienda, de infraestructura hospitalaria, reforzamiento de locales escolares y también de carreteras. Y si la naturaleza no da tregua, nuestras autoridades harían bien en poner a trabajar a tiempo completo a los responsables de cada sector que tenga que ver con la defensa de la población ante estos fenómenos naturales. Las heladas y friajes están a la vuelta de la esquina y, como dice el adagio, más vale prevenir que lamentar. Están avisados.

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Editorial

Reubicación es urgente

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El BAP Pisco arribó ayer al puerto de Ilo, en Moquegua, con más de 500 toneladas de ayuda para los damnificados por los desbordes y fuertes lluvias, que afectan a varias localidades en el sur del país. El presidente Martín Vizcarra se encargó personalmente de supervisar el desembarco, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, también estuvo presente. Con el arribo de este buque de gran capacidad en sus bodegas, la Armada Peruana demostró su alta capacidad y experiencia para atender emergencias a gran escala. El traslado el Callao (Lima), a Ilo (Moquegua) se realizó en alrededor de 48 horas.

En total, viajaron 120 personas integrantes de la Compañía de Intervención Rápida para los Desastres (CIRD), así como equipo médico. Además, el buque llevó 10 vehículos blindados anfibios destinados a la evacuación y rescate de heridos. El apoyo a los damnificados de Moquegua, Arequipa y Tacna llegará a través del Sistema de Defensa Civil, que lo entregará a los gobiernos regionales, después a los municipios respectivos y luego a los damnificados, según explicó el ministro Trujillo.

No obstante, estos eventos de lluvias y desbordes de ríos no solo ocurren en el sur del Perú, sino también en el norte y ahora están llegando a Lima, en Huarochirí, donde según las autoridades competentes hay ocho quebradas a punto de activarse por las intensas lluvias y desbordes de ríos, ocasionando pérdidas económicas muy grandes a los agricultores de la zona. El problema, en parte, es que muchos pobladores no quieren ser reubicados, como ocurre en la zona de Cocachacra, donde hay vecinos que dicen estar con sus familias desde hace 80 años porque allí ordeñan sus vacas.

Por su parte, el Instituto de Defensa Civil alertó ayer que se ha identificado un total de 57 puntos críticos a lo largo del río Rímac. Las autoridades deberían prohibir el asentamiento de poblaciones cerca de esos lugares. No se debe permitir insistir en los mismos errores. Felizmente, 420 familias asentadas en quebradas vulnerables de Mirave ya están aceptando que deben ser reubicadas. Por lo pronto, Ilo lleva varios días sin agua y lamentablemente el BAP Tacna con gran capacidad para producir agua potable se encuentra en mantenimiento, pero hay el ofrecimiento presidencial que en cuanto concluya el mantenimiento se sumará a las labores de ayuda a la población.

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