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Política

Concurso para plazas en el Congreso perjudica al fujiaprismo

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Concurso para plazas en el Congreso perjudica al fujiaprismo

La convocatoria a concurso público para ocupar 209 plazas laborales en el Congreso de la República, hecha por el titular de ese sector, Daniel Salaverry, ha generado la crítica de muchos trabajadores que ingresaron al Legislativo por recomendaciones de congresistas. La respuesta de Salaverry es que “quieren seguir utilizando al Congreso como agencia de empleos”. Consultados por Diario UNO coinciden en que la meritocracia debe primar frente a muchos trabajadores puestos por el fujimorismo y el aprismo.

FUJIAPRISTAS SON LOS MÁS PERJUDICADOS

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla se mostró de acuerdo con la convocatoria a concurso público para plazas en el Congreso, a fin de evitar el “clientelaje político laboral”.

“Estoy completamente de acuerdo con la convocatoria a concurso, a fin de que no haya clientelaje político laboral”, sostuvo el legislador a Diario UNO.

Tras afirmar que los críticos al concurso pueden acudir a las instancias correspondientes, Quintanilla señaló al APRA y a Fuerza Popular como los más perjudicados con la medida.

“Los más perjudicados por el concurso serían el APRA y Fuerza Popular ya que se trata de los dos partidos que han manejado el Congreso y han metido a su gente; eso hay que cortarlo”, acotó.

TRABAJADORES FANTASMAS

Por su parte, el congresista del Frente Amplio Wilbert Rozas, afirmó que los apristas y fujimoristas son los más perjudicados con el concurso público ya que muchos de sus trabajadores están en el Congreso sin ningún mérito.

“Los más perjudicados con el concurso público son los apristas y fujimoristas porque hay muchos de ellos que están en el Congreso sin ningún mérito”, sostuvo tras señalar a sus colegas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, “algunos de sus trabajadores nunca fueron al Congreso. Había ‘trabajadores fantasmas’ que ni siquiera iban a firmar”, afirmó.

Asimismo, recordó que César Sandoval, asesor de Del Castillo, también trabajaba como asesor del polémico ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

CONTRA EL CLIENTELISMO POLÍTICO

“Desde que asumí el Congreso se tomó la decisión de acabar con el clientelismo político que tanto daño ha hecho a esta institución. Es por ese motivo que redujimos desde 700 a menos de la mitad el número de contrato temporales”, afirmó el presidente del Congreso Daniel Salaverry en un video subido a través de su cuenta de Facebook.

Salaverry anunció la convocatoria para un concurso público de 209 plazas laborales en este poder del Estado. Indicó que con esto se busca tener un Parlamento “más eficiente y transparente”.

“Con el objetivo de tener un Congreso más eficiente y transparente, hoy se publicó la convocatoria para realizar un concurso público para acceder a 209 plazas laborales, el cual será llevado a cabo por la UNI y Servir. La meritocracia debe primar en la función pública”, afirmó en su cuenta de Twitter. Posteriormente, el titular del Parlamento recordó que decidió reducir el número de trabajadores de la institución para acabar con el “clientelismo político”.

MERITOCRACIA

Wilbert Rozas se mostró de acuerdo con la decisión tomada por Salaverry, advirtiendo además que en la gestión pública debe primar la meritocracia.

“Me parece que lo que hace Salaverry, está bien. Los trabajadores que ingresan a la gestión pública tienen que entrar por méritos y de ahí que la meritocracia es la que prima. A la gente se le tiene que calificar de acuerdo a las capacidades que tiene”, sostuvo.

PLAZAS

Las plazas que deberán cubrirse en concurso son 78 para profesionales y 31 para técnicos, en las siguientes áreas: Oficialía Mayor (40), Auditoría Interna (5), Dirección General Parlamentaria (115) y Dirección General de Administración (49).

RECURSO DE AMPARO

Entre los críticos al concurso público está el congresista de Concertación Parlamentaria, Gilbert Violeta, quien sostiene: “Señor Salaverry, anule este concurso. El Congreso no requiere más personal ni sobrecostos. Es un contrasentido frente a la reforma y la reestructuración pendiente. ¿O acaso se quiere pagar favores políticos? Exigimos una evaluación de los recursos de todo el Parlamento”.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, Flanklin Falla, anunció que presentará un recurso de amparo para anular el concurso público.

Sobre esto, Wilbert Rozas recordó que existe más de un sindicato en el Congreso: “En el Congreso no hay un solo sindicato; hay dos o tres. Cada uno tiene un acercamiento con quienes están en la Junta Directiva y ha ido colocando gente”.

Asimismo sostuvo: “Yo soy gremialista pero también hay trabajadores que tienen puestos en el Congreso que no tienen mucha cosa qué hacer; entraron por cuestiones políticas y no saben en qué puestos colocarlos”.

De otro lado, Alberto Quintanilla advirtió que “la alianza aprofujimorista está apoyando las críticas a la decisión tomada por Salaverry” y recomendó a los críticos que evalúen el sobredimensionamiento laboral del Congreso.

CONTRA EL “TARJETAZO”

En febrero pasado, Salaverry afirmó que estaba “limpiando la casa” y confirmó que no renovaría las contrataciones de más de 130 trabajadores del Congreso, de los cuales 100 pertenecían a la militancia de la agrupación Fuerza Popular.

“Se acabó el tarjetazo, el padrinazgo en el Congreso”, manifestó en ese entonces Salaverry, quien también es acusado de contratar a hermanas y novias de sus asesores, así como a extrabajadores de su constructora y hasta exbarristas del club de fútbol Carlos A. Mannucci, del que fue presidente.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se le acaba el poder

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Pedro Gonzalo Chávarry

La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla pidió este viernes al Poder Judicial la suspensión de sus funciones contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien es investigado por el presunto encubrimiento real, delito que habría cometido al remover de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La representante del Ministerio Público presentó el requerimiento ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En el documento se sustenta la obstrucción que habría ejercido Chávarry Vallejos, como titular del Ministerio Público, en contra de los fiscales Vela y Pérez.

Según lo argumentado por Revilla, la Fiscalía consideró como irregular que Pedro Chávarry solicitara información de un acuerdo confidencial al equipo de fiscales que es dirigido por Vela Barba; de igual opinión fue respecto a la decisión contra los fiscales Vela y Pérez de removerlos de sus cargos en el Equipo Especial, con el presunto fin de pretender frustrar las diligencias con la empresa Odebrecht, en Brasil. Finalmente, la fiscal adjunta suprema también consideró un acto irregular el intento de remover al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde de la investigación del caso Los cuellos blancos del puerto.

CHÁVARRY ES UNA AMENAZA

El fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, había anunciado en las horas previas que Pedro Chávarry constituye una amenaza a la labor del equipo de fiscales del caso “Lava Jato”.

“Nosotros estamos a la expectativa de que esto también signifique una medida en contra de nosotros porque se puede instrumentalizar el ejercicio de sus atribuciones como fiscales supremos para obtener lo mismo que en determinado momento realizó el señor Pedro Chávarry”, señaló.

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Política

No tiene sentido proceso a ministros por presunta infracción a neutralidad

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Diego García-Sayán

El jurista Diego García-Sayán consideró que no tiene sentido el proceso abierto por el Jurado Especial Electoral Lima Centro contra el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por una presunta vulneración a la neutralidad electoral.

Sostuvo que cuando ambos ministros dieron su opinión, en el sentido de que los excongresistas del Parlamento disuelto no podían participar en las elecciones del 26 de enero del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había emitido un pronunciamiento al respecto.

“Era una opinión, da la impresión de que no se pone el eje de las cosas donde se tenía que poner. No tiene ningún sentido, es una opinión que se da cuando no había una definición por parte del JNE que se demoró hasta hace tres días para tomar una decisión que debió haberse hecho en su momento”, afirmó.

El Jurado Especial Electoral Lima Centro informó ayer el inicio de un proceso contra ambos ministros, a quienes les concedió tres días de plazo para presentar sus descargos.

García-Sayán sostuvo en Radio Nacional que el JNE debió dilucidar este aspecto mientras los partidos políticos realizan el proceso de selección interna de sus candidatos a las elecciones parlamentarias del 2020.

“Mientras estaban haciendo sus procesos de selección interna de candidatos, la autoridad electoral no había definido quiénes podían postular y quiénes no. No se conocían las reglas para seleccionar (a candidatos) y eso es culpa del jurado”, afirmó.

Precisó que el papel de la autoridad electoral en este proceso debe enfatizarse en dar todas las garantías, señales y evidencias de que es independiente y que su único objetivo es conducir un proceso electoral transparente.

Sostuvo que está de acuerdo en que los excongresistas del Parlamento disuelto puedan participar en las elecciones de enero del 2020, como lo ha dispuesto el JNE.

Indicó, además, que será difícil, en un contexto como el actual, que el próximo Parlamento tenga una mayoría amplia de Fuerza Popular, como ocurrió con el Congreso disuelto, pese a que varios exlegisladores de esa bancada se presentan por otros partidos.

Estimó que aun cuando haya un Congreso sin mayorías, eso llevará a que se impulsen el diálogo y los acuerdos.

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Política

Considera un exceso indagación del JEE pero lo respeta

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró como un exceso la indagación en su contra del Jurado Especial Electoral Lima Centro por presunta infracción a la neutralidad electoral, pero dijo que respeta su decisión.

Sostuvo que está a la espera de que se corra traslado del proceso indagatorio en su contra y de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por señalar que los integrantes del Congreso disuelto no pueden participar en las elecciones, para dar respuesta.

“En lo que respecta a mi persona me parece un exceso, pero nos vamos a allanar para absolverla dentro de los plazos y de acuerdo al procedimiento previsto”, refirió.

Dijo que, con sus declaraciones, ante una consulta de la prensa, no se pronuncia para favorecer o desmerecer a un candidato pues recién el 18 de noviembre vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones del 26 de enero de 2020.

“Nosotros hemos absuelto a una inquietud periodística respecto a una institución que es la reelección, está en fase indagatoria, espero que con la respuesta que demos el tema quede zanjado”, afirmó.

Insistió en que considera un exceso la decisión de este jurado especial, pero respeta su decisión, como se debe respetar a todos a los órganos constitucionales.

COMISIÓN PERMANENTE

El jefe del Gabinete Ministerial, asimismo, reiteró que la única función de la Comisión Permanente, en tanto no se elija al nuevo Congreso, es recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, elaborar un informe y dar cuenta del mismo al próximo Congreso.

Así lo señala la Constitución y también lo ratificó el Tribunal Constitucional cuando admitió la demanda de competencia tras la disolución del Congreso,añadió.

“Si nos requieren información sobre los decretos de urgencia obviamente tendrá que responderse. Una vez instalado el Congreso, debo ir como jefe del Gabinete para dar cuenta de todos los decretos de urgencia que se ha aprobado”, apuntó.

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