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Editorial

¿Con pies de plomo?

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La Contraloría General de la República ha anunciado que viene capacitando a los titulares y funcionarios de entidades públicas de todo el país en la implementación del nuevo enfoque del Sistema de Control Interno (SCI) con la finalidad de prevenir actos de inconducta funcional y que atenten contra el comportamiento ético.

Según el órgano de control, el nuevo enfoque del SCI, tiene como plazo para su implementación hasta junio de 2020, y está orientado a transparentar el buen uso de los bienes y recursos públicos a fin de asegurar el desarrollo de una gestión pública eficiente y el bienestar y la calidad de vida de todos los peruanos.

Para ello, la Contraloría ha conformado equipos especializados que, a través de charlas y talleres de capacitación se encargan de difundir los alcances de la Directiva N° 006-2019-CG/INTE, de obligatorio cumplimiento por parte de las máximas autoridades, así como de los funcionarios y servidores en los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, parece ser que la implementación del nuevo Sistema de Control Interno es demasiado lenta, pues no se puede caminar con pies de plomo mientras la corrupción avanza raudamente por todas las instancias del Gobierno. Nuestras instituciones tienen que ponerse a tono con los tiempos. Es hora de emprender una lucha frontal contra todo tipo de lacras enquistadas en las reparticiones públicas.

La Defensoría del Pueblo, el año pasado, ha estimado que este flagelo le cuesta al Estado Peruano la friolera de 12,000 millones de soles cada año; es decir alrededor de 3,600 millones de dólares. Eso quiere decir que cada día que pasa el Perú pierde 10 millones de dólares, y son todos los ciudadanos los que pagan ese alto costo.

No obstante, estas cifras de hace un año podrían haberse incrementado considerablemente, pues la coima no da factura y nadie sabe a ciencia cierta hasta qué punto la corrupción ha extendido sus tentáculos, pero habría que preguntarse por qué darle largas al combate contra esa lacra si cada día que pasa el país pierde 10 millones de dólares. Ojalá, la Contraloría pise el acelerador a fondo en la lucha anticorrupción porque la ciudadanía está cansada de que no se ponga coto a un asunto tan grave.

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Editorial

Cuidado con pisar el palito

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La economía peruana no está para un escenario de enfrentamientos políticos entre Ejecutivo y Legislativo y, mucho menos, como el que se presenta actualmente. Por un lado, las proyecciones de crecimiento más optimistas se han reducido de 4% a 3.4%. Lo que es peor, para que se cumpla esa proyección la economía debería expandirse a cifras muy por encima del 4%, de aquí a diciembre, lo cual es muy difícil por decir lo menos. Son estas cifras y no las de las encuestas de aprobación a la gestión presidencial lo que debe preocupar más al Ejecutivo.

Es verdad que el Congreso ha devenido en impopular y a decir de algunos analistas se ha convertido en una rémora que no deja avanzar en las reformas que el país necesita. Esta semana veremos lo que ocurre en la Plaza Bolívar, pues el presidente Martín Vizcarra ha dicho que debe comenzar a verse el tema del adelanto de las elecciones, propuesta interesante que busca evitar un cierre del Parlamento como lo están reclamando las calles.

Pero hay otras cifras que los parlamentarios, especialmente de la bancada de Fuerza Popular y del aprismo no están tomando en cuenta. La semana que culmina nos hemos enterado que las ventas y utilidades de 100 empresas top que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima han visto desacelerar sus ventas y, por ende, sus utilidades. Y como si eso fuera poco, la recaudación por concepto del IGV cayó en julio después de tres meses de alzas. A estas cifras se agrega un contexto internacional negativo, como es la baja de los precios de los minerales que el Perú produce y exporta.

La cereza del pastel ha venido a ser el tema de los conflictos sociales que el pasado mes de julio encontró su punto más álgido al registrarse 184 conflictos, y 62 casos latentes involucran a la actividad minera, precisamente. Cifras para nada halagüeñas, según el informe de la Defensoría del Pueblo. La pregunta es entonces por qué los congresistas están buscando más confrontaciones inútiles con el Ejecutivo. Ojalá se equivoquen los analistas que afirman que esos enfrentamientos apuntan contra la continuidad del mandatario. Lo veremos esta semana, pues el adelanto de elecciones sería una alternativa más democrática que el cierre del Congreso, opción que es muy discutible. El presidente Martín Vizcarra no debe pisar el palito.

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Editorial

¡Ay! … mis congresistas maire

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“Ay mis cabellicos maire, uno a uno se los lleva el aire”. Esta frase del conquistador Francisco de Carvajal, conocido como el “Demonio de los Andes” bien podría venirle como anillo al dedo a la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK). La renuncia de Mercedes Aráoz estaba más cantada que cumbia de los Hermanos Yaipén en los conos, pero no vino sola, sino que la secundaron Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, con lo cual el oficialismo habría perdido su representación parlamentaria al quedarse con cuatro legisladores, cuando el mínimo es de cinco. La exfujimorista Yesenia Ponce se sumó al oficialismo.

Por su parte, el vocero de Contigo, Juan Sheput, no perdió el tiempo para hacerles saber a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y a los legisladores Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca que los espera con los brazos abiertos. Señaló que existe predisposición de su agrupación parlamentaria para conversar con sus colegas, ya que todos llegaron al Congreso por la misma bancada. Sin embargo, reconoció que es una decisión que tendrán que tomar los propios exoficialistas.

De esta manera, nuevamente comienzan los acomodos y reacomodos con miras a quedarse atornillados a sus curules. Las movidas en el Legislativo ocurren en medio de una grave crisis política y el pedido del Ejecutivo de que se apruebe el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. Con ello, nuevamente, se estaría anteponiendo apetitos personales al bienestar común de la población. Es por eso que los peruanos ya no se sienten representados por el actual Parlamento y no se cansan de pedirle al presidente Martín Vizcarra que cierre el Congreso.

Así las cosas, todo parece indicar que los parlamentarios han decidido darle las espaldas al país y a los electores que los pusieron en el Parlamento para que trabajen por el país. Ellos, sin embargo, están haciendo todo lo contrario y, peor aún, en un contexto en que la economía ha registrado su peor resultado de los últimos 10 años. En el segundo trimestre del año ha crecido a duras penas 1.08%, lo cual no es muy alentador dado que se requiere cerrar el año con un crecimiento de al menos 4%, si queremos dinamizar la actividad económica.

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Editorial

Paso al diálogo y freno a la violencia

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La Sociedad Nacional de Industrias ha emitido recientemente un comunicado exhortando el diálogo entre el Gobierno, la empresa Southern Perú y las comunidades donde se ubica el proyecto minero Tía María. No se trata de un documento lírico, ni mucho menos. Por el contrario, está acompañado de propuestas concretas que con un poco de voluntad de las partes podría servir de punto de partida para sentarse a dialogar, deponiendo los actos de violencia que no producen otra cosa que pérdidas a los pobladores, a la región y al país. Agricultores, ganaderos, pobladores y el proyecto minero tienen pérdidas millonarias.

Es interesante para la población la propuesta del gremio industrial porque considera que este desarrollo minero debería incluir la instalación de agua potable y desagüe las 24 horas del día para el 100% de las viviendas de las comunidades, en el marco del sistema de Obras por Impuestos en forma adelantada. Plantea, además, asegurar la disposición permanente de agua para las actividades agropecuarias, mediante la construcción de represas y reservorios, como el de Paltuture, también bajo el sistema de Obras por Impuestos, que como sabemos ya viene funcionando en otras regiones.

Señala, también, que no se debe ceder a la violencia venga de donde venga, ni tampoco se debe aceptar la presencia de grupos ajenos al conflicto, “que instigan a la población y promueven el desorden y el caos social”. Sostiene, además, que “el diálogo debe enmarcarse en cuatro pilares fundamentales, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, la preservación de la estabilidad jurídica, la importancia de la inversión privada y el valor compartido del proyecto con las comunidades ubicadas en las áreas de influencia”.

Es necesario, pues, que prime la cordura y se establezca un diálogo directo que permita que la ciudadanía y los agentes económicos recuperen la confianza en las instituciones del Estado. Se trata de un proyecto minero de mil quinientos millones de dólares que generará no solo puestos de trabajo directos, sino también que tendrá un impacto positivo en la economía de la región y en la recaudación tributaria. Está en manos de las autoridades y de las comunidades buscar la solución más conveniente para que las inversiones sigan viniendo al Perú, especialmente ahora que la economía global parece enfriarse.

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