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Editorial

¿Complot contra Vizcarra?

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Una serie de hechos vienen ocurriendo en los últimos días, que parecen confirmar que se estaría urdiendo un complot para vacar al Presidente de la República o, por lo menos, desatar una persecución en su contra para impedirle llevar adelante las reformas que el país necesita con urgencia. En cualquiera de los dos casos la situación es inadmisible porque al parecer existiría una coincidencia de acciones en determinados temas.

Por una parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está buscando liquidar la investigación que le sigue el Ministerio Público por presunto lavado de activos, por el caso de los cocteles de recaudación de aportes de campaña. Para ello, ha presentado un recurso de casación que la Sala Suprema debe resolver el próximo 14 de este mes, pero además ha interpuesto un recurso de amparo contra el fiscal José Pérez y el Ministerio Público para frenar la ampliación y adecuación de las investigaciones a la Ley contra el crimen organizado.

De otro lado, están las investigaciones a jueces y fiscales vinculados a la banda de “Los cuellos blancos del puerto”, quienes se oponen a cualquier reforma en nuestro sistema de justicia. El país entero es testigo de cómo venían operando algunos malos magistrados que manejaban la administración de justicia como si fuera su chacra. En este contexto, muchos fiscales van tomando distancia del cuestionado Pedro Chávarry, lo cual se vio claramente el pasado lunes, cuando rechazaron firmar un comunicado de respaldo al Fiscal de la Nación.

No es coincidencia, pues, que en estos momentos el fujimorismo haya desatado una campaña demoledora contra exministros como Bruno Giuffra (Transportes y Comunicaciones) y Alfredo Thorne (Economía), por lo que con razón el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha señalado que al parecer se estaría mal utilizando el Ministerio Público para buscar una persecución política.

No hay que perder de vista que todas estas acciones parecerían apuntar más bien al presidente Martín Vizcarra, al parecer ante su decisión de encabezar la lucha contra la corrupción que tanto daño hace a nuestro país. Por eso, habría que recordarles a los señores congresistas de la mayoría que fueron elegidos para defender los intereses del país y no para anteponer los suyos.

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Editorial

García pone en peligro relaciones Perú-Uruguay

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La actitud del presidente Alan García de acudir a la embajada del Uruguay para solicitar asilo político desnaturaliza esta protección que brindan los estados a las personas extranjeras que sufren persecución política en supaís. Nadie en su sano juicio podría decir que el Perú es gobernado por una dictadura, como tampoco se podría afirmar que el exmandatario aprista es víctima de persecución en razón de sus ideas. Esto ha quedado claro.

Ocurre que Alan García ha usado la figura del asilo político para impedir la acción de la justicia que lo viene investigando por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada en su segundo Gobierno. Además, el exmandatario dijo en reiteradas oportunidades que se allanaba a la solicitud de impedimento de salida del país formulado por la Fiscalía porque no era un castigo quedarse 18 meses en su patria. Pocas horas después estaba dentro de la residencia del embajador del Uruguay.

Sin embargo, todo lo que dijo fue una mentira. En el Perú no gobierna una dictadura, existe separación de poderes, argumentar lo contrario es fabular, es pecar de subjetivo. Y Alan García le ha mentido al país como también le ha mentido al embajador del Uruguay, sin medir las consecuencias de sus actos. Y eso es no tener dignidad, porque por escapar de la acción de la justicia ha urdido lo del golpe de Estado y la persecución política en su contra. Pero lo peor de todo es que pone en riesgo las relaciones bilaterales entre dos países amigos que vienen trabajando cada día por reforzar sus lazos diplomáticos.

Debe saber la comunidad internacional que en el Perú las investigaciones están a cargo del Ministerio Público y que Alan García no es el único investigado, hay otros porque el país se encuentra en una lucha frontal contra la corrupción, una lucha que no tiene fronteras tal como se ha dicho en la Cumbre de las Américas que se celebró en Lima. El Perú entero le ha dicho basta a la corrupción.

El presidente Tabaré Vásquez haría bien en no conceder asilo político a un expresidente que no es víctima de persecución, sino que pretende escapar de una investigación fiscal a la que toda persona está obligada a someterse, como en todo país democrático.

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Editorial

Puso los pies en polvorosa

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La conversación que sostuvo ayer por la tarde el presidente Martín Vizcarra con su homólogo uruguayo, Tabaré Vásquez, fue para anunciarle que el Perú enviará en las próximas horas la información relacionada al pedido de asilo del expresidente Alan García. El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dijo que la conversación fue cordial. Pero al margen de los formulismos, lo hecho por el exmandatario aprista no deja de sorprender a tirios y troyanos. Tiene características de una confesión tácita.

En efecto, después de haber dicho que se allanaba a la solicitud del fiscal que pidió 18 meses de impedimento de salida del país para Alan García, el expresidente pidió asilo en la residencia del embajador de Uruguay, alegando persecución política. Y la verdad es que ya ni debería sorprendernos, pues hizo lo mismo en la embajada de Colombia en la época de Fujimori. Es cierto que eran otros tiempos, pero la táctica es la misma: refugiarse al amparo de un gobierno vecino hasta esperar que prescriban los delitos de los que se le acusa. El tiempo hará el resto.

Con su actitud, el expresidente Alan García no ha hecho más que confirmar las versiones de los testigos y, al mismo tiempo, validar la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, quien ha venido alertando sobre el peligro de que Alan García pretenda obstaculizar la acción de la justicia. No obstante, las autoridades de la República Oriental del Uruguay han prometido analizar la documentación que les remita el Perú antes de tomar una decisión. Si rechazan el pedido de asilo le comunicarán al expresidente García que debe de abandonar la residencia del embajador. Pero si, en cambio, deciden aceptarlo el Gobierno peruano deberá extenderle un salvoconducto para que pueda llegar al aeropuerto y partir hacia Uruguay.

De volver a escapar del largo brazo de la justicia, el expresidente Alan García estaría dando una señal muy negativa, pues debilitaría aún más la institucionalidad en nuestro país. Esperemos que el Gobierno uruguayo realice un buen análisis de toda la documentación que le entregará el Perú. La corrupción es un delito que está dañando a más países y es menester que la lucha contra ese flagelo sea enfrentada con la colaboración recíproca de todas las naciones del Continente.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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