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Política

Comisión de Ética es el brazo armado del fujimorismo

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Comisión de Etica del Congreso de la República del Perú

Ante la arremetida del fujimorismo contra distintos actores en la lucha anticorrupción, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, manifestó que los congresistas de Fuerza Popular “tienen claro que la mejor defensa es el ataque” y que “lamentablemente están acostumbrados a mentir”. “Este es el peor congreso de toda la historia. Si alguna vez dije que el de 1992 era el peor, este lo ha superado en blindajes y desinformaciones”, añadió.

Quispe también se refirió a las afirmaciones lanzadas días atrás por el congresista Luis Galarreta, quien dijo que IDL es parte de una organización criminal. “Galarreta, utilizando un tono beligerante dice cosas que no son ciertas, porque si fuese así ya estaríamos denunciados. Por el contrario, según la Fiscalía, más bien Fuerza Popular sería una organización criminal que habría cometido una serie de delitos, como lavado de activos. A la fecha, el único investigado es Fuerza Popular”, remarcó.

Respecto al pedido planteado por el parlamentario fujimorista Héctor Becerril para obtener los informes de los policías que lo investigan, Quispe señaló que ese hecho “constituye un delito de avocamiento de causas distintas a las que está viendo el Poder Judicial”. Si un caso está judicializado ninguna autoridad es competente para investigar esos hechos, sobre todo cuando el investigado es él, que quiere sacar ventaja de su posición de congresista”, manifestó.

En el mismo sentido, respecto a la citación de los fiscales Vela y Pérez por parte de los fiscales supremos, Quispe advirtió que “el impacto sería gravísimo, porque los fiscales supremos cuestionados e investigados por pertenecer a los ‘Cuellos blancos del puerto’, al igual que los congresistas, quieren ver la información para sacar ventaja de ello”.

A criterio del abogado de IDL, los fiscales supremos se estarían aprovechando del cargo y de la verticalidad del Ministerio Público para pedir un informe detallado sobre temas en los que podrían estar involucrados.

“Vela y Pérez deben dar un informe genérico de modo que cumplan con el mandato sin necesidad de que se interfiera en sus labores. No es cierto que los fiscales supremos puedan exigir absolutamente toda la información”, sugirió. Quispe subrayó que quien debería pedir información sería la Fiscal de la Nación y no los fiscales presuntamente vinculados a una organización criminal.

LA TIENEN DEL COGOTE

Ante la actuación de una Comisión de Ética habitualmente favorable a Fuerza Popular, Quispe recordó que “curiosamente, la presidenta de la Comisión de Ética no es fujimorista”. Sin embargo, añadió, “esa comisión es casi el brazo armado del fujimorismo, a través del cual deciden a quién sancionar”.

Quispe calificó de absurda la acusación contra Gino Costa por decir que hay un blindaje (favorable al fiscal Pedro Chávarry) “que todo el país lo ha comprobado”. “Aunque no sería raro que lo terminen sancionando por esta comisión que deja mucho que desear. Creo que la presidenta está inclinada hacia el fujimorismo, se menciona que el fujimorismo le sabe algo de su hermano y la tendrían del cogote”, afirmó.

Consultado respecto al viaje realizado por el congresista fujimorista JoaquínDipas, Quispe indicó que se configuraría una suerte de encubrimiento que se le dé permiso a una persona condenada en primera instancia. “Se estaría cometiendo un delito de encubrimiento de personas, sustrayendo al condenado de la administración de justicia y de la posibilidad de que sea encarcelado”, apuntó.

IMPORTANTE

Finalmente, Juan José Quispe indicó que IDL siempre se ha mantenido al margen de opiniones políticas pero que la próxima semana habrá novedades respecto a una posición institucional ante declaraciones difamatorias que hayan recibido.

“Vamos a interponer acciones legales contra todas aquellas personas que se atreven alegremente a difamar y atribuirnos la comisión de un delito cuando no lo cometemos, y será el Poder Judicial quien determine. Los congresistas se amparan en su inmunidad, pero nosotros veremos la forma de buscar una sanción para quienes se atrevan a decir una canallada contra la institución”, advirtió.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Se le acaba el poder

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Pedro Gonzalo Chávarry

La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla pidió este viernes al Poder Judicial la suspensión de sus funciones contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien es investigado por el presunto encubrimiento real, delito que habría cometido al remover de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La representante del Ministerio Público presentó el requerimiento ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En el documento se sustenta la obstrucción que habría ejercido Chávarry Vallejos, como titular del Ministerio Público, en contra de los fiscales Vela y Pérez.

Según lo argumentado por Revilla, la Fiscalía consideró como irregular que Pedro Chávarry solicitara información de un acuerdo confidencial al equipo de fiscales que es dirigido por Vela Barba; de igual opinión fue respecto a la decisión contra los fiscales Vela y Pérez de removerlos de sus cargos en el Equipo Especial, con el presunto fin de pretender frustrar las diligencias con la empresa Odebrecht, en Brasil. Finalmente, la fiscal adjunta suprema también consideró un acto irregular el intento de remover al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde de la investigación del caso Los cuellos blancos del puerto.

CHÁVARRY ES UNA AMENAZA

El fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, había anunciado en las horas previas que Pedro Chávarry constituye una amenaza a la labor del equipo de fiscales del caso “Lava Jato”.

“Nosotros estamos a la expectativa de que esto también signifique una medida en contra de nosotros porque se puede instrumentalizar el ejercicio de sus atribuciones como fiscales supremos para obtener lo mismo que en determinado momento realizó el señor Pedro Chávarry”, señaló.

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Política

No tiene sentido proceso a ministros por presunta infracción a neutralidad

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Diego García-Sayán

El jurista Diego García-Sayán consideró que no tiene sentido el proceso abierto por el Jurado Especial Electoral Lima Centro contra el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por una presunta vulneración a la neutralidad electoral.

Sostuvo que cuando ambos ministros dieron su opinión, en el sentido de que los excongresistas del Parlamento disuelto no podían participar en las elecciones del 26 de enero del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había emitido un pronunciamiento al respecto.

“Era una opinión, da la impresión de que no se pone el eje de las cosas donde se tenía que poner. No tiene ningún sentido, es una opinión que se da cuando no había una definición por parte del JNE que se demoró hasta hace tres días para tomar una decisión que debió haberse hecho en su momento”, afirmó.

El Jurado Especial Electoral Lima Centro informó ayer el inicio de un proceso contra ambos ministros, a quienes les concedió tres días de plazo para presentar sus descargos.

García-Sayán sostuvo en Radio Nacional que el JNE debió dilucidar este aspecto mientras los partidos políticos realizan el proceso de selección interna de sus candidatos a las elecciones parlamentarias del 2020.

“Mientras estaban haciendo sus procesos de selección interna de candidatos, la autoridad electoral no había definido quiénes podían postular y quiénes no. No se conocían las reglas para seleccionar (a candidatos) y eso es culpa del jurado”, afirmó.

Precisó que el papel de la autoridad electoral en este proceso debe enfatizarse en dar todas las garantías, señales y evidencias de que es independiente y que su único objetivo es conducir un proceso electoral transparente.

Sostuvo que está de acuerdo en que los excongresistas del Parlamento disuelto puedan participar en las elecciones de enero del 2020, como lo ha dispuesto el JNE.

Indicó, además, que será difícil, en un contexto como el actual, que el próximo Parlamento tenga una mayoría amplia de Fuerza Popular, como ocurrió con el Congreso disuelto, pese a que varios exlegisladores de esa bancada se presentan por otros partidos.

Estimó que aun cuando haya un Congreso sin mayorías, eso llevará a que se impulsen el diálogo y los acuerdos.

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Política

Considera un exceso indagación del JEE pero lo respeta

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró como un exceso la indagación en su contra del Jurado Especial Electoral Lima Centro por presunta infracción a la neutralidad electoral, pero dijo que respeta su decisión.

Sostuvo que está a la espera de que se corra traslado del proceso indagatorio en su contra y de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por señalar que los integrantes del Congreso disuelto no pueden participar en las elecciones, para dar respuesta.

“En lo que respecta a mi persona me parece un exceso, pero nos vamos a allanar para absolverla dentro de los plazos y de acuerdo al procedimiento previsto”, refirió.

Dijo que, con sus declaraciones, ante una consulta de la prensa, no se pronuncia para favorecer o desmerecer a un candidato pues recién el 18 de noviembre vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones del 26 de enero de 2020.

“Nosotros hemos absuelto a una inquietud periodística respecto a una institución que es la reelección, está en fase indagatoria, espero que con la respuesta que demos el tema quede zanjado”, afirmó.

Insistió en que considera un exceso la decisión de este jurado especial, pero respeta su decisión, como se debe respetar a todos a los órganos constitucionales.

COMISIÓN PERMANENTE

El jefe del Gabinete Ministerial, asimismo, reiteró que la única función de la Comisión Permanente, en tanto no se elija al nuevo Congreso, es recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, elaborar un informe y dar cuenta del mismo al próximo Congreso.

Así lo señala la Constitución y también lo ratificó el Tribunal Constitucional cuando admitió la demanda de competencia tras la disolución del Congreso,añadió.

“Si nos requieren información sobre los decretos de urgencia obviamente tendrá que responderse. Una vez instalado el Congreso, debo ir como jefe del Gabinete para dar cuenta de todos los decretos de urgencia que se ha aprobado”, apuntó.

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