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Política

Comisión de Ética es el brazo armado del fujimorismo

Publicado

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Comisión de Etica del Congreso de la República del Perú

Ante la arremetida del fujimorismo contra distintos actores en la lucha anticorrupción, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, manifestó que los congresistas de Fuerza Popular “tienen claro que la mejor defensa es el ataque” y que “lamentablemente están acostumbrados a mentir”. “Este es el peor congreso de toda la historia. Si alguna vez dije que el de 1992 era el peor, este lo ha superado en blindajes y desinformaciones”, añadió.

Quispe también se refirió a las afirmaciones lanzadas días atrás por el congresista Luis Galarreta, quien dijo que IDL es parte de una organización criminal. “Galarreta, utilizando un tono beligerante dice cosas que no son ciertas, porque si fuese así ya estaríamos denunciados. Por el contrario, según la Fiscalía, más bien Fuerza Popular sería una organización criminal que habría cometido una serie de delitos, como lavado de activos. A la fecha, el único investigado es Fuerza Popular”, remarcó.

Respecto al pedido planteado por el parlamentario fujimorista Héctor Becerril para obtener los informes de los policías que lo investigan, Quispe señaló que ese hecho “constituye un delito de avocamiento de causas distintas a las que está viendo el Poder Judicial”. Si un caso está judicializado ninguna autoridad es competente para investigar esos hechos, sobre todo cuando el investigado es él, que quiere sacar ventaja de su posición de congresista”, manifestó.

En el mismo sentido, respecto a la citación de los fiscales Vela y Pérez por parte de los fiscales supremos, Quispe advirtió que “el impacto sería gravísimo, porque los fiscales supremos cuestionados e investigados por pertenecer a los ‘Cuellos blancos del puerto’, al igual que los congresistas, quieren ver la información para sacar ventaja de ello”.

A criterio del abogado de IDL, los fiscales supremos se estarían aprovechando del cargo y de la verticalidad del Ministerio Público para pedir un informe detallado sobre temas en los que podrían estar involucrados.

“Vela y Pérez deben dar un informe genérico de modo que cumplan con el mandato sin necesidad de que se interfiera en sus labores. No es cierto que los fiscales supremos puedan exigir absolutamente toda la información”, sugirió. Quispe subrayó que quien debería pedir información sería la Fiscal de la Nación y no los fiscales presuntamente vinculados a una organización criminal.

LA TIENEN DEL COGOTE

Ante la actuación de una Comisión de Ética habitualmente favorable a Fuerza Popular, Quispe recordó que “curiosamente, la presidenta de la Comisión de Ética no es fujimorista”. Sin embargo, añadió, “esa comisión es casi el brazo armado del fujimorismo, a través del cual deciden a quién sancionar”.

Quispe calificó de absurda la acusación contra Gino Costa por decir que hay un blindaje (favorable al fiscal Pedro Chávarry) “que todo el país lo ha comprobado”. “Aunque no sería raro que lo terminen sancionando por esta comisión que deja mucho que desear. Creo que la presidenta está inclinada hacia el fujimorismo, se menciona que el fujimorismo le sabe algo de su hermano y la tendrían del cogote”, afirmó.

Consultado respecto al viaje realizado por el congresista fujimorista JoaquínDipas, Quispe indicó que se configuraría una suerte de encubrimiento que se le dé permiso a una persona condenada en primera instancia. “Se estaría cometiendo un delito de encubrimiento de personas, sustrayendo al condenado de la administración de justicia y de la posibilidad de que sea encarcelado”, apuntó.

IMPORTANTE

Finalmente, Juan José Quispe indicó que IDL siempre se ha mantenido al margen de opiniones políticas pero que la próxima semana habrá novedades respecto a una posición institucional ante declaraciones difamatorias que hayan recibido.

“Vamos a interponer acciones legales contra todas aquellas personas que se atreven alegremente a difamar y atribuirnos la comisión de un delito cuando no lo cometemos, y será el Poder Judicial quien determine. Los congresistas se amparan en su inmunidad, pero nosotros veremos la forma de buscar una sanción para quienes se atrevan a decir una canallada contra la institución”, advirtió.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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