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Y los apristas cuándo

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No debe pasar desapercibida la publicación de IDL Reporteros, difundida la semana pasada en algunos medios, referente a la recepción ofrecida en Palacio de Gobierno al presidente Evo Morales, en agosto del 2007; durante la cual el entonces premier del gobierno aprista, Jorge del Castillo, y su ministra de Transportes, Verónica Zavala, buscaron entre la gente y abordaron al ex embajador brasileño Luiz Augusto de Araujo.

Según el reportaje, le pidieron interceder ante las cuatro empresas brasileñas que estaban construyendo las carreteras interocéanicas Sur y Norte –Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa y QueirozGalvao – para asegurar su participación en el proceso de licitación en los dos trechos restantes de la Interoceánica Sur, Tramo 1 y Tramo 5.

La insistencia del pedido habría sido de tal magnitud que, ese mismo día, el embajador brasileño envió un cable a Itamaraty comunicando el requerimiento. En la conversación los ex ministros le habrían señalado su disposición a examinar “la posibilidad de introducir las alteraciones que puedan viabilizar su participación en la competencia”. En buen cristiano, esto significa modificar las bases de los procesos de selección para favorecer a esas empresas.

Por eso el embajador se limitó a propiciar lasreuniones, negándose a estar en ellas:“No cabría que yo, como embajador, participara personalmente de un proceso de negociación entre ellas [las empresas] y el Gobierno peruano”, sostuvo. Como es natural, los ex ministros han negado dicha conversación y las reuniones con el embajador y los empresarios del Brasil. Pero allí están registrados los cables de la época en que Luiz Augusto de Araujo habría informado detalladamente del pedido que le hicieron.

No es la primera ocasión en que el ex premier de Alan García se ve comprometido en visitas y reuniones sospechosas con empresarios ligados a la coima y el soborno. También durante su gestión se vio envuelto en más de una reunión,en un hotel de Lima, con Fortunato Canaán, el magante de DiscoverPetroleum Internacional, y Rómulo León, lo cual le costó el cargo al estallar el escándalo de los “Petroaudios”; ya que esa empresa noruega se vio favorecida con la adjudicación de seis lotes petroleros.

El responsable de ese gobierno, Alan García, negó haberse enterado de tales reuniones; pese a que en el juicio efectuado en la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima, y ante el minucioso interrogatorio de la Fiscalía, Victorino Siu, exfuncionario de Petroperú, sostuvo que,en la segunda reunión con Canaán se sacó un mapa y García quiso conocer los lotes disponibles para la empresa de Fortunato Canaán.Esto concuerda con lo afirmado en su momento por Daniel Saba, el expresidente de la petrolera estatal, quien dijo que Siu le informó que el ex presidente había mandado a decir: “dénle los lotes a DPIpara que los trabajen”.

Todo lo anterior nos lleva a la gravísima preocupación de lento avance de las investigaciones actuales, por delito de Lavado de Activos, contra el expresidente García y su entorno, de las cuales no se percibe proactividad de parte de la Fiscalía. En esta columna hemos cerrado filas defendiendo la autonomía del Ministerio público, pero en el específico caso del fiscal José Antonio Castellanos, a cargo de dicha investigación, no se percibe avances significativos. Pese a que, según la propia resolución expedida en su momento por dicho funcionario, el expresidente es investigado “como parte una agrupación criminal cuyo modo de operar, se asemeja al de la Camorra italiana y otras organizaciones criminales”. En ella se sostiene que los“fondos ilícitos para cometer el presunto delito deLavado de Activos provendrían de actos de corrupción cometidos durante el primergobierno (1985) y el segundo gobierno (2006-2011) de García”. Entre esos actos se encuentran los negocios de Odebrecht, que durante este segundo periodo, fue “la principal ejecutora de obras”.

A estas alturas ya sabemos que Jorge Simoes Barata ha declarado que financió la campaña electoral del APRA en el 2006, entregándole $200,000 a Luis Alva Castro, que esa empresa entregó dos millones de dólares a su viceministro de Comunicaciones de Alan García, Jorge Cuba (actualmente preso), para favorecerla en la adjudicación de la obra Línea 1 del Metro de Lima, que , en ese contexto, “obsequió” a su gobierno el Cristo del Morro Solar, valorizado en $833,437.4, y que entregó también $35,000.00 al denominado Instituto de Trabajo y Familia, de Pilar Nores de García.

Pero el Fiscal José Antonio Castellanos, no se ha tomado la molestia, hasta ahora,de viajar a Brasil para recibir la declaración pormenorizada de Barata y otros ejecutivos de Odebrecht. Menos se sabe de alguna inspección, allanamiento, embargo, o incautación, tan demoda en estos días.

Por esta indiferencias empieza a cundir nuevamente la desconfianza en el Ministerio Público y el sistema de justicia, que costó muchísimo remontar en meses anteriores. Esperemos que el Fiscal no esté jugando a que se exceda el plazo de investigación para que García pida el archivamiento, como ya en los 90 pidió la prescripción; aduciendo que: “en política no hay que ser ingenuos”.

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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