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Y abrieron fuego

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Los fujiapristas alzaron la voz porque puede venirse la ruptura de la bancada de Fuerza Popular.

Al conocerse, extraoficialmente, el fallo del Tribunal Constitucional(TC) que declara inconstitucionales algunos incisos del reglamento del Congreso que impedía constituir nuevos grupos a quienes se retiren del grupo parlamentario por el que fueron elegidos, la descarga de fogonazos acusatorios contra los magistrados de dicho Tribunal no se hizo esperar.

Iracundo, Mauricio Mulder dijo: los magistrados que “hayan decidido intervenir en la vida interna del Parlamento, no tienen otro camino que la acusación constitucional”. La fujimorista Karina Beteta, por su parte, los acusó de actuar “de manera golpista y antidemocrática”. Haciéndose eco de ellos, un conocido periodista, aludiendo a la persona que facilitó la publicidad del fallo, barboteó en su respectiva columna, que se debe averiguar “quién fue el magistrado infidente para destituirle ya”.

Mulder es el vicepresidente del Congreso y Beteta, nada menos, que la presidenta del grupo de trabajo de la Sub Comisión de Acusaciones encargado de elaborar el informe de calificación en la denuncia constitucional, ya en trámite, presentada por el vicealmirante Giampietri y 33 marinos, contra el TC, por haber permitido la continuación judicial del caso El Frontón.

De modo que estamos ante congresistas de peso parlamentario que expresan el afán de venganza de las bancadas aprista y fujimorista en este tema. No estamos ante la señera proclama: “Yo debo acusar, yo acuso”, del clérigo liberal Francisco de Paula Gonzales Vigil defendiendo la Constitución, en 1832, contra el gobierno autoritario de Agustín Gamarra. Tampoco ante el noble y valiente grito de: “Yo acuso”, enarbolado por el escritor Emilio Zola, en la historia judicial de Francia, proferido en defensa de la inocencia del capitán Alfred Dreyfus, en 1894.

Estamos ante un exaltado llamado al desacato y amedrentamiento contra el mismísimo órgano de control de la Constitución; pretendiendo con ello evitar una pérdida de poder numérico, mediante la nueva correlación de fuerzas que se producirá en el Congreso, como consecuencia de dicho fallo. La más proclive a la desarticulación es la bancada de Fuerza Popular, donde Kenji lidera a más de 20 congresistas de provincias, que se han sentido postergados en la última distribución de comisiones y esperan el mejor momento para conformar una nueva agrupación.

Por otra parte, las amenazas proferidas, se realizan en un contexto de desesperación ante el inicio de investigaciones preliminares a Alan García y Keiko, por el caso Odebrecht. Una variable de defensa que suele emplearse para bloquear las investigaciones es las acciones de amparo y hábeas corpus, que se resuelven en última instancia en el TC. No olvidemos que García logró bloquear a la Mega Comisión Investigadora con acciones de amparo, y Keiko insiste en lograr la excarcelación de su padre mediante un hábeas corpus.

Ambos necesitan un Tribunal que les deba el nombramiento a sus bancadas parlamentarias. Así se explica también la escalada contra los actuales magistrados, pretendiendo acusarlos y luego destituirlos.

Tampoco olvidemos que el fujimorismo siempre ha considerado que el magistrado Eloy Espinoza Saldaña le es adverso, por haber laborado antes con el vocal César San Martín, expresidente de la Sala Penal que condenó a Alberto Fujimori. Similar inquina le inspira el doctor Carlos Ramos, por haber sido el ponente de la sentencia que, en el 2016, desestimó un anterior hábeas corpus del padre de Keiko. Esta sentencia contó también con los votos de Marianella Ledesma y Manuel Miranda Canales.

El desacato al fallo del Tribunal, en el caso de la Ley Anti transfuguismo, carece de fundamento y expresa la vocación autoritaria y antidemocrática de quienes lo promueven, ya que, por mandato del artículo 204 de la Constitución Política del Estado, al día siguiente de publicado el fallo, quedan sin efecto las normas declaradas inconstitucionales, es decir, son, expulsadas del ordenamiento jurídico de pleno derecho. No necesitan la confirmación de ningún otro poder del Estado, menos del Congreso que ha sido parte demandada en el proceso de inconstitucionalidad.

Tan fuera de lugar es el llamado al desacato y a la acusación, que el propio abogado del Congreso en ese proceso ante el Tribunal, doctor Aníbal Quiroga, ha dicho públicamente que el fallo debe ser acatado.

De lo que deben ocuparse los acusadores, es de promover una auténtica reforma política y electoral en el Congreso, que incluya los temas de eliminación del voto preferencial, eliminación de la inmunidad parlamentaria, renovación por tercios, así como la figura del transfuguismo (cuidando que no colisione con el principio de prohibición del mandato imperativo), dejando a salvo la situación de los disidentes, quienes se apartan de su agrupación política por motivos ideológicos o programáticos.

La reforma constitucional es el nivel donde debe discutirse el tema del transfuguismo, y no el del reglamento del Congreso. Lo que pasa es que la bancada de Fuerza Popular actuó apresuradamente para blindarse de la posibilidad de renuncia o disidencia de muchos de sus integrantes, que se sienten excluidos del privilegiado grupo keikista llamado “La Mototaxi”.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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