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Y abrieron fuego

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Los fujiapristas alzaron la voz porque puede venirse la ruptura de la bancada de Fuerza Popular.

Al conocerse, extraoficialmente, el fallo del Tribunal Constitucional(TC) que declara inconstitucionales algunos incisos del reglamento del Congreso que impedía constituir nuevos grupos a quienes se retiren del grupo parlamentario por el que fueron elegidos, la descarga de fogonazos acusatorios contra los magistrados de dicho Tribunal no se hizo esperar.

Iracundo, Mauricio Mulder dijo: los magistrados que “hayan decidido intervenir en la vida interna del Parlamento, no tienen otro camino que la acusación constitucional”. La fujimorista Karina Beteta, por su parte, los acusó de actuar “de manera golpista y antidemocrática”. Haciéndose eco de ellos, un conocido periodista, aludiendo a la persona que facilitó la publicidad del fallo, barboteó en su respectiva columna, que se debe averiguar “quién fue el magistrado infidente para destituirle ya”.

Mulder es el vicepresidente del Congreso y Beteta, nada menos, que la presidenta del grupo de trabajo de la Sub Comisión de Acusaciones encargado de elaborar el informe de calificación en la denuncia constitucional, ya en trámite, presentada por el vicealmirante Giampietri y 33 marinos, contra el TC, por haber permitido la continuación judicial del caso El Frontón.

De modo que estamos ante congresistas de peso parlamentario que expresan el afán de venganza de las bancadas aprista y fujimorista en este tema. No estamos ante la señera proclama: “Yo debo acusar, yo acuso”, del clérigo liberal Francisco de Paula Gonzales Vigil defendiendo la Constitución, en 1832, contra el gobierno autoritario de Agustín Gamarra. Tampoco ante el noble y valiente grito de: “Yo acuso”, enarbolado por el escritor Emilio Zola, en la historia judicial de Francia, proferido en defensa de la inocencia del capitán Alfred Dreyfus, en 1894.

Estamos ante un exaltado llamado al desacato y amedrentamiento contra el mismísimo órgano de control de la Constitución; pretendiendo con ello evitar una pérdida de poder numérico, mediante la nueva correlación de fuerzas que se producirá en el Congreso, como consecuencia de dicho fallo. La más proclive a la desarticulación es la bancada de Fuerza Popular, donde Kenji lidera a más de 20 congresistas de provincias, que se han sentido postergados en la última distribución de comisiones y esperan el mejor momento para conformar una nueva agrupación.

Por otra parte, las amenazas proferidas, se realizan en un contexto de desesperación ante el inicio de investigaciones preliminares a Alan García y Keiko, por el caso Odebrecht. Una variable de defensa que suele emplearse para bloquear las investigaciones es las acciones de amparo y hábeas corpus, que se resuelven en última instancia en el TC. No olvidemos que García logró bloquear a la Mega Comisión Investigadora con acciones de amparo, y Keiko insiste en lograr la excarcelación de su padre mediante un hábeas corpus.

Ambos necesitan un Tribunal que les deba el nombramiento a sus bancadas parlamentarias. Así se explica también la escalada contra los actuales magistrados, pretendiendo acusarlos y luego destituirlos.

Tampoco olvidemos que el fujimorismo siempre ha considerado que el magistrado Eloy Espinoza Saldaña le es adverso, por haber laborado antes con el vocal César San Martín, expresidente de la Sala Penal que condenó a Alberto Fujimori. Similar inquina le inspira el doctor Carlos Ramos, por haber sido el ponente de la sentencia que, en el 2016, desestimó un anterior hábeas corpus del padre de Keiko. Esta sentencia contó también con los votos de Marianella Ledesma y Manuel Miranda Canales.

El desacato al fallo del Tribunal, en el caso de la Ley Anti transfuguismo, carece de fundamento y expresa la vocación autoritaria y antidemocrática de quienes lo promueven, ya que, por mandato del artículo 204 de la Constitución Política del Estado, al día siguiente de publicado el fallo, quedan sin efecto las normas declaradas inconstitucionales, es decir, son, expulsadas del ordenamiento jurídico de pleno derecho. No necesitan la confirmación de ningún otro poder del Estado, menos del Congreso que ha sido parte demandada en el proceso de inconstitucionalidad.

Tan fuera de lugar es el llamado al desacato y a la acusación, que el propio abogado del Congreso en ese proceso ante el Tribunal, doctor Aníbal Quiroga, ha dicho públicamente que el fallo debe ser acatado.

De lo que deben ocuparse los acusadores, es de promover una auténtica reforma política y electoral en el Congreso, que incluya los temas de eliminación del voto preferencial, eliminación de la inmunidad parlamentaria, renovación por tercios, así como la figura del transfuguismo (cuidando que no colisione con el principio de prohibición del mandato imperativo), dejando a salvo la situación de los disidentes, quienes se apartan de su agrupación política por motivos ideológicos o programáticos.

La reforma constitucional es el nivel donde debe discutirse el tema del transfuguismo, y no el del reglamento del Congreso. Lo que pasa es que la bancada de Fuerza Popular actuó apresuradamente para blindarse de la posibilidad de renuncia o disidencia de muchos de sus integrantes, que se sienten excluidos del privilegiado grupo keikista llamado “La Mototaxi”.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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