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Vizcarra, la crisis del régimen y la Constituyente

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Martín Vizcarra Cornejo

Inaugurando su gobierno, en su primer discurso, el presidente Vizcarra tomó la iniciativa política nacional. Planteó la convocatoria a un referendo ciudadano para hacer frente a la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Están las pruebas en los audios de interceptación telefónica en el Callao, orientados inicialmente a tráfico de drogas (cocaína). Pero han revelado mucho más: han mostrado el control de las mafias sobre el sistema político (partidos, congresistas, Poder Ejecutivo, prensa, etc.), y en los órganos claves de la justicia peruana (Corte Suprema, Fiscalías, Consejo de la Magistratura). Pero el presidente Vizcarra lo redujo a una consulta sobre temas específicos y evadió ir al fondo de las crisis del neoliberalismo mafioso, solución que obliga a recuperar la Patria y su estado democrático, movilizando el poder ciudadano del pueblo.

La actual inmensa corrupción del poder económico (casos Lava Jato, y otros), se ha comprobado asociada a poderes de un estado capturado por la plutocracia lobbista y distintas mafias. La salida de PPK de la Presidencia de la República, evidenció la actual crisis del régimen en su conjunto. Esta crisis compromete al poder político estatal, capturado por los diversos sectores económicos plutocráticos, afianzados en el poder lobbista desnacionalizador.

Pero el presidente Vizcarra, que reemplazó a PPK tras su vacancia-renuncia por delitos como lobbista, ha esquivado este desafío crucial. Debió haber tomado el problema de la Nación en su conjunto, adoptar drásticas medidas anticorrupción en cada caso y convocar a una Asamblea Constituyente, a ser elegida por la ciudadanía, para desmontar el imperio de la corrupción, y recuperar el Estado y la economía nacional.

La Bicameralidad del Congreso, está bien, pero no es asunto de número de representantes, sino de proporción adecuada entre ciudadanos y representantes. Para hacer frente a la corrupción política, plantea exclusivamente la no reelección de congresistas, cuando junto con sancionar drásticamente la corrupción imperante, se deben modificar las formas oligárquicas y lobbistas de relación entre los representados y sus representantes, y enfrentar a los financiadores, que el sistema político electoral consagra con su actual corruptela generalizada.

Al esquivar los temas y ejes estratégicos del desafío bicentenario, continental y global, económica, social, política y cultural, de la Nación y su república capturada por la plutocracia lobbista, las propuestas no resuelven la corrupción nacional, convertida en forma de dominio político y medio de acumulación de riqueza. Es un continuismo básico de la política neoliberal que saquea la Nación.

El referendo planteado es limitado y se acompaña de una política neoliberal que agudiza los problemas de la Nación. No recupera ni potencia nuestras rentas y recursos estratégicos. No sustenta la afirmación de la soberanía nacional en un régimen de Estado descentralizado, promotor de la unidad latinoamericana. No asume la diversidad pluricultural andino-amazónica, que debe ser uno de los rasgos de la base territorial y de unidad democrática del Estado-Nación. Entrega al saqueo las rentas estratégicas del Perú en gas y petróleo. Regalan lotes a petro-terratenientes que atropellan la soberanía, destruyen el medio ambiente y afectan a los pueblos. En el norte privatizan Petroperú, y afectan la pesca y la amazonia, y en el sur andino anulan el gasoducto sur andino y a la petroquímica para dar energía eléctrica subsidiada a las empresas mineras en Perú y Chile. Se niegan a renegociar a favor del Perú el traidor y fraudulento contrato de exportación del gas de Camisea.

Pero la política de Gobierno anunciada va en sentido contrapuesto. Reduce las rentas del país, ampliando y reforzando el extractivismo exportador con minería rentista, como eje central del desarrollo. Nos llevará a un colosal endeudamiento nacional entregando la soberanía de nuestros recursos sobre manos extranjeras y destruyendo las bases productivas nacionales.

Afecta las fuentes de agua, de agricultura, de otros recursos y de la industria, bloqueando el desarrollo diversificado nacional. Impone y amplía un régimen de agroexportación basado en trabajo precario, así como la pesca depredadora y la deforestación de la amazonia. Abandona a la juventud y a la adultez, a la pobreza, el desempleo y la precarización de la vida. Condena al recorte de derechos y a la precarización a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a las comunidades campesinas y agricultores nacionales que son la mayoría productiva de la Nación, hoy condenada a la crisis, al hambre y a la pobreza.

Los sistemas de transporte que oferta (ferrocarriles y carreteras), además de un inmenso y costoso endeudamiento del país, son para facilitar la imposición de este neoextractivismo depredador, abaratando los traslados de la extracción y de su exportación, a costa de afectar los ingresos, actividades y vida de las poblaciones, y reducir terrenos y mercados a la agricultura y ganadería nacional, especialmente a las comunidades campesinas y nativas.

Es el momento de abrir democráticamente paso a la institucionalización ciudadana de nuestra República, afirmada honesta, soberana, nacional y popular, con una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía, lo cual permitirá recuperar las rentas estratégicas del país, en especies nativas de vida, en gas, petróleo, agricultura alimentaria, bosques, recursos marinos, oro, litio, para un desarrollo integral descentralizado. Juntemos las fuerzas de la patria hermosa para hacerlo posible.

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Política

Vizcarra defiende las reformas, Apra y fujimorismo lo tildan de golpista

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Martín Vizcarra Cornejo

Luego de que el presidente Martín Vizcarra llegara al Parlamento, acompañando al premier Salvador del Solar y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para protestar por el archivamiento de la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria, la reacción del fujimorismo, el aprismo y del propio presidente del Legislativo no se hizo esperar, acusando al mandatario de querer perpetrar un golpe de Estado. Esto respondería al interés de los “padres de la patria” por defender los intereses laborales.

DEFENDIENDO SUS INGRESOS

El director del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, aseguró que el archivamiento de la propuesta del Ejecutivo referida a la inmunidad parlamentaria es una manera de defender los ingresos y sustentos personales de la mayoría de los congresistas.

“La mayoría del Congreso rechaza el proyecto de inmunidad parlamentaria presentado por el Ejecutivo como una manera de defender sus ingresos y sustentos personales”, señaló el abogado a Diario UNO.

Tras afirmar que hay un intento de defender un modelo político que ha estado sustentado en el desconocimiento al estado de derecho, Rivera denunció que “una mayoría parlamentaria ha venido atropellando el estado de derecho de manera sistemática y la posibilidad de existencia de un equilibrio de poderes en el sistema político”.

Del mismo modo, Rivera aseguró que los congresistas fujimoristas y apristas pretenden justificar su actitud denunciando al mandatario “como si fuese un golpista”.

EJECUTIVO PROTESTA

El primer ministro Salvador del Solar y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer por la mañana a la cita que tenían en la Comisión de Constitución; sin embargo, llegaron acompañados del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien entregó un oficio en el que se indicó que el Ejecutivo no participaría en el debate “como expresión de protesta” por el archivamiento de la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria.

“Estoy aquí, en el Congreso, acompañando al Primer Ministro y al Ministro de Justicia quienes han venido a entregar un documento donde justifican su no participación en la reunión a la que fueron invitados a la comisión de Constitución porque no están dadas las condiciones para tratar este tema de reforma política”, indicó el mandatario mientras que el premier Del Solar señaló a través de Twitter, que el archivamiento del proyecto del Ejecutivo es ir en dirección contraria y que las cosas no pueden dejarse como están.

FUJIMORISMO REACCIONA

“Convocamos a las ciudadanía, la colectividad organizada y a las entidades internacionales a que se encuentren vigilantes ante cualquier intento de quiebre democrático”, señaló el vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino.

Esto se reflejó en la comisión de Constitución del Congreso, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, quien no admitió una solicitud para reconsiderar la votación que archivó el proyecto.

“PECHANDO”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que el jefe de Estado fue a “pechar” al Parlamento.

“Es una decisión innecesaria del Presidente, el haber ido a confrontar una vez más al Congreso (…) necesitamos un líder, un presidente que convenza, una y motive a los peruanos a sacar adelante a nuestro país, no un presidente que amenace, que vaya a pechar a otra institución pública cuando las cosas no se dan”.

Asimismo, señaló que sea claro si es que quiere cerrar el Congreso: “Si lo que el Presidente está haciendo es preparar el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga, no tenemos miedo, no le tenemos miedo, lo que hay que seguir haciendo es debatir a profundidad estos proyectos”.

Por su parte, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge del Castillo, aseguró que la actitud del presidente Vizcarra es “pregolpista”.

“Esta es una actitud pregolpista, igual a los días previos al 5 de abril. No la vamos a aceptar. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de los que asumen actitudes de dictador, dónde terminan y cómo terminan”, finalizó.

“LEÑA AL FUEGO”

Sobre esto, Carlos Rivera afirmó que Salaverry “está echando más leña al fuego” y recordó que sus declaraciones no le hacen bien a un debate político.

“Salaverry está echando más leña al fuego; eso no le hace bien a un debate político”. Sobre las declaraciones de Del Castillo, el analista político recordó que Vizcarra no es el expresidente Alberto Fujimori, en alusión a las actitudes autoritarias de su régimen.

“Hay que remarcar que Vizcarra ha dado las muestras posibles de que no es Fujimori, que no es un dictador y que no es un autócrata y hasta el momento viene actuando dentro de lo constitucional”, acotó.

Finalmente, aseguró que “el Congreso no pretende siquiera llevar la más mínima reforma política y esta es la mejor prueba del absoluto cuestionamiento y repudio al sistema político”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Supuesto golpe de Estado es una victimización fujiaprista

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Fujimoristas Fuerza Popular

Ni bien pisaron el Congreso de la República Martín Vizcarra, jefe del Estado; Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Zeballos, ministro de Justicia, los congresistas fujiapristas dijeron que se olía un tufillo golpista y el propio Daniel Salaverry dijo que “no le tenía miedo” desde Trujillo.

Fue un coro que daba risa, porque los que son rechazados mayoritariamente por la ciudadanía decían defender la democracia; porque los que no legislan para el pueblo, decían defender la institucionalidad; los que provocan acusaban de golpista al jefe del Ejecutivo.

El rechazo de la población hacia Fuerza Popular va en aumento y eso se ve reflejado en la reciente encuesta nacional-urbana publicada por Ipsos en donde se muestra que el 80% de la ciudadanía no está de acuerdo con que los fujimoristas presidan la Mesa Directiva.

El sondeo fue realizado del 15 al 17 de mayo y uno de los resultados arroja que el 80% quiere que la Mesa Directiva del Congreso sea dirigido por una bancada distinta a la de Fuerza Popular, como ya ha ocurrido hasta el momento con Luz Salgado, Luis Galarreta y Daniel Salaverry.

TUVO QUE PECHAR

“Al margen de cómo ha ido el Presidente hoy, creo que ha ido a pechar al Congreso, a mí me parece cansado de las largas, cansado de la inoperancia del Congreso, sobre todo de archivar cada iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo, pues hoy le ha dicho al Congreso ‘no voy a debatir cuando me estás llamando para hacer un circo con mi Premier y mi ministro de Justicia”, opinó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“El Presidente no quiso exponer a sus ministros a un circo romano, sabiendo la calidad de los integrantes del Congreso aprofujimorista y las demás bancadas. Hemos visto la reacción de Gilbert Violeta; ahora se juntan apristas, fujimoristas, ex PPKs, casi casi su propio partido”, remarcó.

“El señor Violeta muy absurdamente dice que es un intento golpista cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Hay un Presidente para decirles ponme en agenda y debatan lo que corresponda. La ciudadanía debe darse cuenta que este Congreso buscó llegar al poder del Congreso no para legislar para las grandes mayorías, no para legislar y sacar a la población de la pobreza extrema, sino por intereses personales, partidarios, que no tienen que ver nada con una función congresal”, puntualizó.

LA INMUNIDAD ES CLAVE

“El peruano de a pie se está dando cuenta que los congresistas se están llenando de dinero, cuando los 32 millones de peruanos estamos esperando que se vayan a su casa y que la Fiscalía de la Nación denuncie a quien tenga que denunciar”, hizo hincapié.

“Si seguimos en el mismo lodo congresal, que no se avanza, siguen ellos en sus trece. El tema de la inmunidad es clave porque siguen protegiendo a Becerril, a Mamani, a Chávarry. Yo reto a la señora Bartra a decirle la verdad al Perú, que no ha sido el Presidente o en el Ejecutivo quienes han facilitado la huida de Hinostroza, sino el propio Congreso”, sentenció.

“No debe haber inmunidad porque es impunidad. Si no quieren que sea la Corte Suprema, entonces que sea el TC el que decida el levantamiento de la inmunidad”, concluyó Quispe.

SEPARACIÓN DE PODERES

Por su parte, el jurista Lamas Puccio dijo que “la ciudadanía tiene sus medios para anular una decisión del Congreso. Puede recurrir a través de una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC)”, sugirió.

“Para ello debe reunir un número de firmas necesarias, lo puede hacer. Pero recurrir al caballazo es impertinente. El Perú necesita que las instituciones sean firmes, nos gusten o no nos gusten, lo primero es la consistencia de la institucionalidad y el Presidente debe dar el ejemplo”, declaró.

“En principio es una interferencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, porque la democracia parte de la premisa de la separación de poderes; cada poder es autónomo y dueño de sus propias decisiones”, subrayó.

“La existencia de varios poderes hace el equilibrio dentro de la democracia. Las decisiones que pueda tomar cada poder son legítimas porque cada poder es autónomo”, observó.

“La presencia del presidente Vizcarra y el Premier en el Congreso es una interferencia de carácter político que poco o nada ayuda a fortalecer la democracia que ya de por sí está venida a menos en el Perú en los últimos años”, cuestionó.

ALGO MÁS

“Justamente la corrupción e impunidad la han devaluado. La economía está sufriendo los embates de una desestabilización de las instituciones del país y la presencia del Presidente en esos términos, bajo esas condiciones, me parece, por decir lo menos, inapropiada, que no ayuda en nada”, opinó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

El día de la dignidad del pueblo Kana, Espinar

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Campesinos de Espinar protestan

Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.

Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad.

Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.

Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar.

Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.

Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances.

Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos.

Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.

 

COOPERACCIÓN

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