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¡Vamos, PPK! Quedan cuatro años, no los desperdicie

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El gobierno tiene que dejar de pretextar que Lava Jato y el Niño Costero le aguaron la película y de inmediato debe ponerse a trabajar duro y parejo.

Al término de su primer año de gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, según las encuestas de GFK, cuenta con 58% de desaprobación, lo que ocasiona en el 53% de encuestados un sentimiento de decepción.

Pero aún le quedan cuatro años por delante y el gobierno tiene que dejar de pretextar que Lava Jato y el Niño Costero le aguaron la película y de inmediato debe ponerse a trabajar duro y parejo, como lo hacemos los millones de peruanos para quienes salir adelante es una lucha de todos los días.

BONITOS GESTOS, FEAS REALIDADES
En materia de infancia el año que pasó estuvo igual de complicado que para otros gobiernos; después de todo los niños, niñas y adolescentes siguen siendo de las últimas prioridades en la gestión pública. Algunos gestos del Presidente nos dieron esperanza: el recibimiento a los escolares del Tinkuy; el diálogo con los representantes de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes; el video por el día internacional del niño; el desayuno de celebración por el día de la leche; etc. Bonitas palabras: cuidemos el futuro, protección a los niños, no a la violencia, derecho a la educación. Lo cierto es que la situación de la infancia no ha mejorado sustancialmente.

En cuanto a la salud las cifras son de terror: tenemos al 13.1% de menores de 5 años con desnutrición crónica y 43.6% de nuestros niños menores de 3 años con anemia, es decir 1.6 millones en riesgo de no alcanzar las capacidades y habilidades para una vida plena. En cuanto a la educación, las coberturas en educación inicial han ido creciendo, pero en el segmento de 3 años solo el 50% recibe el servicio educativo, que por ley debe ser gratuito y de calidad. En relación a la protección, eso quiere decir que los niños y niñas sean cuidados y amados, tenemos que al 2016 el 25.5% de madres y padres castiga a sus hijos menores de 5 años con palmadas y golpes (ENDES 2016). Las estadísticas del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMPV a junio reporta 40,925 casos, de los cuales 10,749 corresponden a violencia contra niños y adolescentes de 0 a 17 años, de ellos 2,623 son casos de violencia sexual contra las niñas y 267 contra los niños.

En este año de gobierno también han ocurrido situaciones que afectan a la infancia y que han sido mal abordadas o no abordadas. Solo voy a mencionar tres: 1) El reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue aprobado con máxima tolerancia de sodio y grasas saturadas, en claro favorecimiento a las empresas de comida chatarra y en desmedro de la salud y la vida de los niños y niñas. 2) Los niños y niñas y sus familias afectados por el Niño Costero siguen en su mayoría viviendo en la peor precariedad y expuestos a epidemias. 3) INABIF fue declarado en reorganización en octubre del 2016 debido a un caso de abuso sexual y hasta la fecha no hay anuncios.

A LA ACCIÓN
El Perú ya cuenta con importantes instrumentos de política que preceden al gobierno actual y otros recientemente generados. En abril se aprobó la estrategia nacional contra la anemia 2017-2021 (vea el documento en http://bit.ly/2pCzhyx) con metas de disminución en 19% para anemia y 6.4% para desnutrición crónica al 2021. Así como la anemia es el primer enemigo de nuestros niños pequeños, la obesidad es el segundo. En el segmento adolescente ha alcanzado el 18.5% y con ello crece el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Urge modificar el reglamento de la mencionada ley y favorecer a los niños y no a las empresas de comida chatarra.

En segundo lugar, ponerle acelerador al plan de reconstrucción. Felicitaciones a los ministros que han viajado a las 24 regiones afectadas por el Niño Costero, pero hace falta un trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales, y la ejecución de planes de desarrollo que haga posible que las familias damnificadas sean atendidas en su salud física y mental, recuperar su capital de trabajo, así como sus tierras de cultivo. Urge, reconstruir y rehabilitar las 2868 instituciones educativas afectadas.

Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: los docentes son el motor de la educación, en ellos recae principalmente la enorme tarea de la educación en las escuelas y colegios. A la fecha son 14 regiones plegadas a la huelga del magisterio que exige el pago prometido en campaña por PPK. La peor consecuencia será la pérdida del año escolar de nuestros niños y niñas. ¿Qué están esperando?

Finalmente, insistiremos en la necesidad de abordar la violencia contra los niños, siendo su forma más extendida, el castigo en los hogares y el abuso sexual en entornos familiares. La Ley 30403 del 2015 que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes sigue sin reglamento y sin presupuesto. Lo que enseñan las experiencias de otros países es que se necesita invertir en educación y comunicación para revertir las ideas que se tienen respecto al castigo como una forma necesaria y natural de corregir a los niños. Se necesita lanzar una campaña nacional en medios de comunicación que permitan que las familias comprendan que el daño emocional y físico a sus hijos e hijas no los hará mejores, por el contrario, dañará su autoestima, su autoconfianza y sus relaciones en convivencias futuras. El Perú no necesita más titulares de niños violados, quemados y torturados por sus propias familias, necesita mensajes de crianza positiva que eduquen. Esto pasa necesariamente por restablecer la función educadora de los medios y poner en valor la educación comunitaria, ninguneada desde hace varios años por el MINEDU.

SE REQUIERE UNA AUTORIDAD DE MAYOR NIVEL
Al primer año de gobierno de PPK, hay poco que aplaudir y mucho por revisar y trabajar si es que realmente se espera cumplir con las metas ofrecidas para mejorar la situación de derechos de los niños y niñas peruanos. Para lograrlo, suscribo el planteamiento del Padre Gastón Garatea desde el Grupo Inversión en la Infancia, cuando afirma la necesidad de contar con una autoridad que le dé empuje a las políticas en materia de infancia, y es que las grandes tareas que aseguren la atención integral de la tercera parte de la población del país, no pueden recaer en una Dirección General del MIMPV. Se requiere una autoridad de mayor nivel que convoque y articule los diversos sectores y niveles de gobierno desde la Presidencia del Consejo de Ministros. ¡Vamos, PPK! Quedan cuatro años, no los desperdicie.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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