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Valiente solo contra los pobres

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El ministro Tuesta ha dicho que “no va a retroceder” con el gasolinazo. La aparente valentía que expresa cuando se trata de cargar impuestos a las mayorías, sin embargo, se desvanece cuando se trata de las millonarias exoneraciones a los ricos: esos 16 mil millones de soles anuales serán “dialogados con el Congreso”. Quien hoy maneja el Congreso a su antojo es el fujimorismo, varios de cuyos miembros tienen intereses y relaciones bastante estrechas con uno de los grupos más favorecidos por las exoneraciones tributarias, las grandes agroexportadoras.

Héctor Becerril, por ejemplo. Él ha sido durante años jefe de seguridad de la agroazucarera Pomalca, una empresa agroindustrial del grupo Oviedo que se beneficia de exoneraciones y beneficios tributarios y laborales, y como congresista ha intervenido, ilegalmente, para que el Poder Judicial resuelva juicios en favor de esta empresa. El mismo grupo Oviedo también controla en la misma región Lambayeque la empresa azucarera Tumán, en la que es gerente el hermano de Héctor Becerril, Antonio Becerril, quien fue candidato de Fuerza Popular al gobierno regional el 2014, es desde hace varios años (desde antes de ser candidato).

Pomalca y Tumán no solo tienen grandes beneficios tributarios, además de eso le deben millones a EsSalud. Pomalca debe 25 millones de soles y Tumán 97 millones, y la deuda aumenta todos los años. ¿Se pregunta usted por qué la atención en nuestro sistema de seguridad social es tan malo? Pues una de las razones son estos empresarios perromuerteros que no pagan sus contribuciones, impidiendo que se compren las medicinas necesarias y se contraten más profesionales. Ojo que Tumán le debe a EsSalud a pesar de que tiene el beneficio, como las demás grandes empresas agrícolas, de deber pagar solo el 4% del salario (en vez del 9%) de contribución a EsSalud.

Es evidente que el grupo Oviedo no es ningún pobrecito que requiere ventajas tributarias especiales para mantener su negocio, metiendo millones a su club de fútbol. Oviedo ha sido también acusado de homicidio calificado con alevosía y lucro por lo cual la fiscalía ha pedido 26 años de cárcel; en otras palabras, lo hizo premetidamente por razones de negocio, el mismo modus operandi de una mafia.

Pero el “valiente” Tuesta viene defendiendo que se amplíe la vigencia de la ley 27360 que permite a los grandes terratenientes agropecuarios pagar la mitad del Impuesto a la Renta (15 por ciento en vez de 29.5 por ciento), depreciar aceleradamente sus inversiones, recuperar anticipadamente el IGV y reducir su contribución a EsSalud a menos de la mitad). Además a sus trabajadores estas grandes empresas no tienen que pagar en julio y diciembre las gratificaciones de un sueldo, ni les depositan su CTS y solo les otorgan mitad de las vacaciones.

Otro que sería directamente beneficiado por esta prórroga de la ley 27360 sería el secretario general del fujimorismo José Chlimper, dueño de una muy rentable agroexportadora. Chlimper era ministro de Agricultura cuando Alberto Fujimori promulgó esta ley que lo favoreció y que ahora quieren prorrogar. La empresa de Chlimper además recibe un subsidio estatal, el llamado drawback, por el 4% del valor de sus exportaciones; es decir, no solo no paga impuestos: pasa por la caja del Estado a cobrar millones.

No es difícil deducir que tipo de diálogo está promoviendo David Tuesta con la mayoría fujimorista del Congreso: uno que busca canjear el visto bueno a sus antipopulares medidas por grandes beneficios a destacados miembros de la cúpula fujimorista. Valiente ministro.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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