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Valiente solo contra los pobres

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El ministro Tuesta ha dicho que “no va a retroceder” con el gasolinazo. La aparente valentía que expresa cuando se trata de cargar impuestos a las mayorías, sin embargo, se desvanece cuando se trata de las millonarias exoneraciones a los ricos: esos 16 mil millones de soles anuales serán “dialogados con el Congreso”. Quien hoy maneja el Congreso a su antojo es el fujimorismo, varios de cuyos miembros tienen intereses y relaciones bastante estrechas con uno de los grupos más favorecidos por las exoneraciones tributarias, las grandes agroexportadoras.

Héctor Becerril, por ejemplo. Él ha sido durante años jefe de seguridad de la agroazucarera Pomalca, una empresa agroindustrial del grupo Oviedo que se beneficia de exoneraciones y beneficios tributarios y laborales, y como congresista ha intervenido, ilegalmente, para que el Poder Judicial resuelva juicios en favor de esta empresa. El mismo grupo Oviedo también controla en la misma región Lambayeque la empresa azucarera Tumán, en la que es gerente el hermano de Héctor Becerril, Antonio Becerril, quien fue candidato de Fuerza Popular al gobierno regional el 2014, es desde hace varios años (desde antes de ser candidato).

Pomalca y Tumán no solo tienen grandes beneficios tributarios, además de eso le deben millones a EsSalud. Pomalca debe 25 millones de soles y Tumán 97 millones, y la deuda aumenta todos los años. ¿Se pregunta usted por qué la atención en nuestro sistema de seguridad social es tan malo? Pues una de las razones son estos empresarios perromuerteros que no pagan sus contribuciones, impidiendo que se compren las medicinas necesarias y se contraten más profesionales. Ojo que Tumán le debe a EsSalud a pesar de que tiene el beneficio, como las demás grandes empresas agrícolas, de deber pagar solo el 4% del salario (en vez del 9%) de contribución a EsSalud.

Es evidente que el grupo Oviedo no es ningún pobrecito que requiere ventajas tributarias especiales para mantener su negocio, metiendo millones a su club de fútbol. Oviedo ha sido también acusado de homicidio calificado con alevosía y lucro por lo cual la fiscalía ha pedido 26 años de cárcel; en otras palabras, lo hizo premetidamente por razones de negocio, el mismo modus operandi de una mafia.

Pero el “valiente” Tuesta viene defendiendo que se amplíe la vigencia de la ley 27360 que permite a los grandes terratenientes agropecuarios pagar la mitad del Impuesto a la Renta (15 por ciento en vez de 29.5 por ciento), depreciar aceleradamente sus inversiones, recuperar anticipadamente el IGV y reducir su contribución a EsSalud a menos de la mitad). Además a sus trabajadores estas grandes empresas no tienen que pagar en julio y diciembre las gratificaciones de un sueldo, ni les depositan su CTS y solo les otorgan mitad de las vacaciones.

Otro que sería directamente beneficiado por esta prórroga de la ley 27360 sería el secretario general del fujimorismo José Chlimper, dueño de una muy rentable agroexportadora. Chlimper era ministro de Agricultura cuando Alberto Fujimori promulgó esta ley que lo favoreció y que ahora quieren prorrogar. La empresa de Chlimper además recibe un subsidio estatal, el llamado drawback, por el 4% del valor de sus exportaciones; es decir, no solo no paga impuestos: pasa por la caja del Estado a cobrar millones.

No es difícil deducir que tipo de diálogo está promoviendo David Tuesta con la mayoría fujimorista del Congreso: uno que busca canjear el visto bueno a sus antipopulares medidas por grandes beneficios a destacados miembros de la cúpula fujimorista. Valiente ministro.

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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