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Uruguay no puede darle asilo diplomático

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Alan García Pérez

Nuestro columnista, el embajador Oswaldo de Rivero Barreto, explica, con sapiencia diplomática y jurídica, que la Convención de Caracas sobre asilo impide que Uruguay acepte dárselo a Alan García.

Hoy hay una importante discusión en el Perú y también en el Uruguay, sobre el asilo diplomático a Alan García Pérez. Muchos , al tratar este asunto, se refieren a la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático.

Y lo que más llama la atención, es que los que la mencionan parecen que no han leído esta Convención, aprobada por la Décima Conferencia Interamericana de Caracas de 1954.

Sin dudas, la Convenció sobre asilo Diplomático de Caracas es el derecho internacional pertinente para examinar la legitimidad o la ilegitimidad de un acto de asilo en América.

Por ello están obligados a respetar sus disposiciones todo los estados que firmaron y ratificaron la Convención de Caracas. Es decir, los EEUU, Canadá, Latinoamérica, el Caribe, y por supuesto el Perú y Uruguay.

Y es por todo esto que el Presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, ha dicho que la decisión de su gobierno sobre el asilo a Alan García Pérez, se guiará por la Convención de Caracas. Y esto es correcto, también el Perú debe defender su posición, frente a un posible asilo uruguayo con la Convención de Caracas, que tiene disposiciones que sirven para sustentar contundentemente la posición del Gobierno del Perú, de que Alan García Pérez no califica como perseguido político para merecer un asilo diplomático de parte del Uruguay.

En efecto, los artículos IV, V, VI y VII de la Convención de Caracas dejan en claro que Uruguay no puede, con esta Convención, darle asilo a Alan Gracia Pérez.

El Artículo IV dice:

“Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.

Sobre este artículo no hay problema. Esta basado en la doctrina del derecho internacional, que dispone que es el Estado que asila es el que califica si hay o no persecución política. Y no podía ser de otra manera, puesto que un gobierno que persigue por razones políticas, no tiene legitimidad para calificar el asilo de sus disidentes u opositores. En esto concuerdan el Uruguay y el Perú y todos los estados de la Convención de Caracas. En el caso de García Pérez, Uruguay tiene derecho a calificar su asilo. Sin embargo, esta potestad de calificar el asilo de Uruguay no es absoluta, ya que está condicionada por el Artículo V de la Convención.

En efecto, su Artículo V dice:” El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado”.

Y luego el artículo VI describe “los casos de urgencia”

Artículo VI dice:

“Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad”.

Finalmente, el Artículo VII dispone: “Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia”.

Este Artículo vuelve a insistir en que el gobierno del Uruguay, para dar asilo a Alan García Pérez, “debe apreciar” si se trata de “un caso de urgencia”. Es decir, si específicamente García ha sufrido lo que dice el Artículo VI: “la persecución por personas o multitudes, que escapaban al control de las autoridades peruanas o es perseguido políticamente por estas autoridades y se encuentra en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política que lo obligan a pedir asilo por causas de seguridad personal”.

Como se puede apreciar, en el caso García Pérez no hay “caso de urgencia” que es la condición que establece la Convención de Caracas para dar asilo. Y esto porque no hay una acción política persecutoria, sino una disposición judicial que lo obliga a permanecer en su país 18 meses, como la tienen otros peruanos y seguro muchas personas investigadas en los países miembros de la Convención de Caracas. Definitivamente, García no configura “un caso de urgencia” que es la condición para que el país asilante califique y justifique el asilo, de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954.

Si a pesar de esto el Gobierno del Uruguay le otorga el asilo a Alan García Pérez, tendríamos que bajar el nivel de nuestra relación diplomática con el Uruguay. Tendríamos que llamar a nuestro Embajador y mantener nuestra relación diplomática al nivel de encargado de negocios.

ALGO MÁS

Eso es lo mínimo que podríamos hacer, frente a una distorsión abusiva de la Convención de Caracas. Y sobre todo, frente a un acto incalificable, ante el ejemplo que está dando ante toda América, la lucha contra la corrupción del Perú.

 

Oswaldo de Rivero Barreto

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Política

Viaje de fiscales acabará con mediatización de muerte de García y salud de PPK

Publicado

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Hernando Cevallos

El interrogatorio que se inicia mañana martes al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se dará en un complejo escenario. El equipo de fiscales peruanos y procuradores ad hoc viajó a Brasil en las últimas horas, mientras consultados por Diario UNO coinciden en que las próximas revelaciones acabarán con el manejo político de la muerte de Alan García.

ADIÓS A LAS ILUSIONES

El congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos aseguró que las declaraciones que recojan los fiscales del equipo Lava Jato acabarán con las ilusiones de sectores de la derecha y con la mediatización de las investigaciones, a partir del suicidio de Alan García y el estado de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Las declaraciones que recojan los fiscales que viajan a Brasil pueden acabar con las ilusiones que se han ido generando a partir de la ofensiva de la derecha, al querer mediatizar las investigaciones a partir del suicidio de García y el estado de salud de PPK”, dijo a Diario UNO tras asegurar que todo ello pretende ser vincularlo a una supuesta insistencia desmedida de los fiscales.

Asimismo, indicó: “Sí será importante que Jorge Barata nos dé mayor información que nos permita seguir separando la paja del trigo pero todo ello deberá ser corroborado por el Ministerio Público”.

Walter Albán

RESPALDO CIUDADANO

Sobre esto mismo, el exdefensor del pueblo Walter Albán dijo que el equipo de fiscales del caso Lava Jato debe contar con el respaldo ciudadano y que no se puede tolerar que el aprovechamiento político de la muerte de García frene las investigaciones.

“Lo que ha sucedido tras la muerte de García es un intento de aprovechar políticamente la situación para tratar de frenar los avances en las investigaciones que se han venido desarrollando. Esto no puede ser tolerado y los fiscales del equipo Lava Jato deben contar con el respaldo ciudadano”, aseguró a Diario UNO.

COMPLEJO ESCENARIO

En medio de un complejo escenario tras el suicidio del expresidente Alan García y la orden de detención preventiva del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y los procuradores ad hoc viajaron en las últimas horas a la ciudad de Curitiba (Brasil) para coordinar los últimos detalles de los interrogatorios a Jorge Barata.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú tendrá que responder entre el 23 y 26 de abril por diversas investigaciones de la Fiscalía como la carretera Interoceánica, el Metro de Lima, la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán y el Club de la Construcción.

DECLARACIONES DE OAS

Simultáneamente a la toma de testimonio de Jorge Barata, los fiscales interrogarán en reserva a exdirectivos de la constructora OAS por los casos de Susana Villarán, Luis Castañeda, Ollanta Humala y el Club de la Construcción.

SIN RESTRICCIÓN SOBRE LAS PREGUNTAS

El fiscal Rafael Vela fue claro en sostener que no habrá ninguna restricción sobre las preguntas y aunque la muerte de García extingue la acción penal en su contra “se extingue la acción penal para él, no para los que fueron sus coinvestigados” ya que los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición que existe ahora por la muerte del expresidente.

Al respecto, Walter Albán asegura: “Barata no puede mentir porque perdería sus beneficios obtenidos en Brasil y los que obtendría con el Ministerio Público peruano. Más allá de lo que anímicamente puede estar influyendo en la persona de Barata, la verdad de los hechos es que tiene que cumplir con los compromisos asumidos”.

Mientras tanto, Cevallos asegura que independientemente a lo que diga Barata se debe buscar la verdad sin presión como la que estarían generado algunos sectores que no quieren la verdad.

SIN IMPUNIDAD

Tras la muerte de García surgen diversas interrogantes sobre la continuidad del proceso en contra suya y contra otros implicados por el presunto pago de coimas de Odebrecht. Al respecto, Hernando Ceballos asegura: “García no puede seguir siendo juzgado o inculpado pero su entorno y los beneficios que con dinero ilícito se hubiera dado, sí es posible ser embargado a solicitud del Ministerio Público si se demuestra que el dinero procedía de una fuente ilegal. Eso lo permite la ley”.

También aseguró que se quiere condicionar la lucha contra la corrupción en función a la edad de Kuczynski o el suicidio de García.“Lo que hable Barata puede contribuir pero esto debe ser corroborado con lo que tiene el Ministerio Público”.

Sobre esto mismo, Walter Albán sostuvo: “Una cosa es que García no pueda ser procesado y otra es que los aspectos que se puedan vincular a él queden excluidos de la investigación; esto es materialmente imposible”.

Asimismo, indicó que puede ser objeto de embargo los depósitos o transferencias bancarias hechas a personas vinculadas a García.

“Hay depósitos o transferencias bancarias hechas a personas vinculadas a García y esto puede ser objeto de embargo. Lo que tiene que ver con disposiciones patrimoniales habrá que ver si se hace por la vía civil”.

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Política

Serán embargados todos los bienes de AG que son producto del delito

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en

Guillermo Olivera Díaz

La gente se pregunta ¿y qué pasará ahora? Los apristas quieren que se acaben las investigaciones y esto no es así. Si bien AG ya no es investigado, la gente de su confianza sí continuará siendo investigada. Y si se comprueba que AG con dinero mal habido compró inmuebles y otros bienes, estos serán incautados.

Se le aplicará lo que es la extinción de dominio y las indagaciones continuarán a fondo, incluso su familia será expulgada para saber si alguno de ellos es testaferro y esto está amparado por ley. No hay vuelta que darle. El suicidio de AG solamente impide que se le investigue. Nada más. Aunque le duela a la cúpula.

EL BIEN PRODUCTO DE UN DELITO NO ES UN BIEN COMÚN

“La muerte exime una acción penal. El expediente contra Alan García se archiva. Pero no libra la acción penal de sus coimputados, no extingue la acción penal que se les está efectuando”, dijo el jurista Guillermo Olivera Díaz.

Es este sentido se refirió a su exsecretario general Luis Nava, a su hijo, a Atala y su hijo. Todos ellos son coimputados de Alan García en el delito que se llama organización criminal.

“El proceso penal sigue abierto aunque haya fallecido Alan García y con respecto a los bienes del muerto Alan García, todos los que fueron adquiridos con dinero mal habido, no son bienes hereditarios”, precisó.

“Es decir, no pasan a la esposa, no pasan a los hijos; a la esposa pasan los bienes comunes, el bien producto de un delito no es un bien común. Para ello se aplica la ley de extinción de dominio y se le confisca todo el patrimonio que haya de hacerse”, concluyó Guillermo Olivera Díaz.

Alberto Quintanilla

NECESITAMOS SABER LA VERDAD

“El país necesita conocer la verdad. La verdad tiene que ir más allá de la muerte de Alan. Nosotros respetamos el dolor, pero creo que el país necesita conocer la verdad y, a partir de ella, superar los errores”, dijo el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Si se comprueba que Alan García compró bienes con dinero mal habido, deberá caer todo el peso de la ley como corresponde. Ciertamente eso de decir que no debe seguir investigando es el peor error y en política es lo más inconveniente y eso concluirá con la liquidación del Apra”, declaró.

“Creo que el ataque a los fiscales es otro atropello. Hay que respetar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Es parte del equilibrio de poderes, y hay que defender que así sea”, explicó.

ALGO MÁS

Finalmente, el congresista Quintanilla dijo que el dinero ilícito de AG y de todos los corruptos debe ser embargado, mientras avanzan las investigaciones, de todas las cuentas en donde se encuentran depositadas, porque la ley lo respalda.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Hijo de Nava quiso llevarse la plata

Publicado

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Rafael Vela Barba

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló que José Nava Mendiola, hijo del exsecretario personal de Alan García durante su segundo gobierno, Luis Nava, intentó transferir los fondos de sus cuentas en Perú a una en Estados Unidos.

Según contó Rafael Vela, el último miércoles, una semana después de que José Nava Mendiola se enrumbara con destino a Estados Unidos, quiso transferir más de 300 mil soles.

“Que viajara a EE.UU. el mismo día que la Fiscalía solicitó su impedimento de salida revela claramente su voluntad de sustraerse de la acción de la justicia. Además, ha pretendido movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en EE.UU”, reveló.

Por esta razón, indicó, solicitaron el congelamiento de las cuentas de Luis Nava y su hijo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que aceptó el pedido.

“Si quiere transferir todo su patrimonio económico a un banco fuera del país, es porque no pretende regresar. También al señor Nava Mendiola se le han congelado cuentas por más de S/300 mil y alrededor de 200 mil dólares”, precisó.

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