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Urresti: Esto es guerra

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Urresti: Esto es guerra

El General en retiro ha conseguido un primer efecto psicosocial: que la gente sienta que ahora sí comienza el baile contra el crimen.

El giro dado en el Ministerio del Interior es dramático si comparamos el estilo de Walter Albán, un genuino funcionario del primer mundo en estas tierras de Jauja, con la tendencia de Daniel Urresti , de volarlo todo

Es claro que el nombramiento del General en retiro, ha conseguido un primer efecto psicosocial: darle confianza a la gente que ahora si comienza el baile contra el crimen. Y en ese primer golpe de mano y efecto, Ollanta Humala inicia un repunte con el tema que más ha afectado su Presidencia.

El Presidente sabe que los electores están hartos de teóricos “percepcionistas” y quieren un líder que salga a perseguir a los criminales por calles y plazas. Como el Presidente no puede ponerse el chaleco anti balas como quisieran muchos, ha escogido un hábil general operativo que se ha convertido en la versión criolla de Rambo.

¿Pecado de exceso? Son tiempos de cólera y no de amor. Allí entra la política y la paciencia. La política para construir un consenso. Y se necesita un buena dosis de paciencia para no pasarse de vueltas y manejar la seguridad con mucha prudencia.

EL EMBUDO POLICIAL
Mujer inteligente y de serena belleza, la experta Lucía Dammert ya lo dijo hace meses en una entrevista: “El Gobierno del Perú tiene dinero, el problema es que no se sabe qué se quiere hacer con la PNP. La decisión de generar una policía profesional , tendrá repercusiones importantes y requiere de un compromiso del presidente (y la oposición) de largo plazo”.

Puede servir poner polícias en la calle, dijo la Dammert, “¿pero saben a dónde mandarlos a patrullar? ¿A qué delitos están enfrentando? ¿Dónde se requiere más personal? La realidad de la PNP es bien triste: mucha burocracia, poca efectividad, menor profesionalización, limitada protección social, etc. Por ende aumentar presencia es bueno, pero si la presencia tiene algún objetivo. Localizar autos en esquinas visibles pero sin tareas concretas no ayuda en el mediano plazo”.

Esta afirmación describe lo que la gente siente: hay patrulleros con inteligencia, pero los policías ni bajan de los patrulleros a conversar con la gente o a darles la idea que ofrecen un servicio, peor aún si las intervenciones no son eficientes y oportunas.

El problema es, claramente, de formación del capital humano , para mejorar radicalmente el servicio y vencer la desconfianza que la gente siente por la policía.

El otro gran tema del capital humano policial es aún más grave: la corrupción. Unos 8 mil policías, miembros de bandas, aliados del narcotráfico o rateros infiltrados, fueron expulsados los últimos 20 años de la PNP.

Con masivos procesos de reincorporación el Congreso y el Poder Judicial favorecieron el regreso de las manzanas podridas a la canasta durante el gobierno de Toledo y el de Alan García. Urresti, cargado de buena voluntad y activa decisión de cambio tiene que enfrentar el problema , si no fracasará.

La receta que mejor ha funcionado, para castrar el avance de la corrupción, ha sido la que siguió Colombia que sacó a unos 20 mil policías de su aparato de seguridad, todos con vínculos con el narcotráfico y las FARC o la delincuencia común.

Hubo liderazgo de un gran jefe policial, consenso de las fuerzas políticas y la fuerza de un gobierno de Alvaro Uribe recién llegado al gobierno. Urresti tendrá que usar la purga, a falta de dinamita, para cumplir sus difíciles objetivos en este campo. Tiene que echar por lo menos al 20 % de la fuerza policial para cambiar las cosas.

CUIDADO CON MILITARIZAR
En una situación de seguridad ciudadana, adonde los indicadores positivos son escasos, no hay que confundir la lucha contra el crimen con la guerra. Lo hizo el Presidente Calderón en México, presionado por la DEA, y el resultado fueron 60 mil muertos, sobretodo civiles.

Generalizó una guerra sin tener a la población de su lado y creyó que elevando la fuerza de la violencia iba a derrotar a los cárteles de la droga. Los narcos se volvieron un ejército y combaten hasta hoy a las fuerzas regulares.

Una guerra interna es la peor receta, no olvidemos que en el Perú la represión en El Frontón y Lurigancho, con la muerte de centenas de senderista, convirtió a las hordas dispersas de Sendero Luminoso en un potente ejército.

En una democracia la lucha contra el crimen se basa en la policía, en la superioridad de medios y tecnología,en la movilización ciudadana y mediática para quitarle el agua al pez de las bandas delincuenciales. Es la única manera de ganarle a ladrones, marcas y narcos.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El General PNP (R) Alberto Jordán, eficiente gerente de Seguridad Ciudadana de Surco, me dijo en una entrevista radial que “los patrulleros inteligentes demoraron tanto en comprarse que en ese lapso surgieron los teléfonos inteligentes. Un agente policial o sereno puede hacer los mismo que un patrullero inteligente así vaya a pie, en bicicleta, moto o auto. Si usa un teléfono inteligente”-.

En estos fonos celulares se puede llevar el mapa del delito en tiempo real, usar internet para registrar sucesos de calle, what´s up para dar alertas, vigilar en tiempo real esquinas con el sistema de google street o conexión al sistema de cámaras municipales. Un teléfono de estos cuesta entre 300 a 3,000 soles, según modelos y servicios requeridos. Un patrullero inteligente, más de 120 mil soles.

Además la ventaja está que el uso intensivo de teléfonos inteligente permite interconectar a los ciudadanos, policía y municipios, unificando a las fuerzas de la ley en un solo puño.

Urresti debe recurrir a la política y presionar al MEF para que el estado priorice estas inversiones en centrales de comunicaciones y celulares, que deben gestionarse aliados con los municipios y regiones.

El éxito de Daniel Urresti como Ministro del Interior definirá posiblemente el curso futuro del gobierno, una responsabilidad inmensa que requiere prudencia, mucha prudencia. Como en el concurso “Esto es Guerra”, una caída al agua termina en un segundo, en este caso, sin bellas concursantes que a uno lo consuelen.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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