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Una tabla de salvación para el sistema forestal

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Una tabla de salvación para el sistema forestal

Para la mayoría de los peruanos este invalorable tesoro de la naturaleza y de la vida es poco menos que un botín.

En una crónica titulada “Madera, el tesoro que anhelan los piratas del Amazonas” publicada en el diario “El Colombiano” el 11 de octubre de 2013, el periodista Nelson Matta entrevistó a un empresario maderero brasileño, Raimundo Grasa, dueño de un aserradero en el pueblo de Benjamín Constant, en la Triple Frontera entre el Perú, Brasil y Colombia.

El maderero dice pestes contra su gobierno y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) por las normas que impiden la libre extracción del bosque y sobre todo del cedro. “El problema es que aquí no manda el gobierno brasilero, sino los ecólogos europeos”, afirma.

Luego, su rostro adusto se suaviza y su mirada triste se ilumina mirando en dirección al río Yavarí en la frontera peruana: “Aquí todo está prohibido, pero en el Perú todo el mundo trabaja, por eso nos toca comprar la madera cortada de allá”, expresa con un tono de ilusión.

El enviado especial del diario colombiano describe luego el tráfico y el comercio ilegal de madera y de otros productos de la biodiversidad, un inmenso negocio de biopiratería que se origina principalmente en territorio peruano.

Resume y sintetiza su percepción con estas frases: “Pasando el río Yavarí, a dos minutos de Benjamín Constant, donde el pobre Raimundo observa con desconsuelo, está la selva peruana, escenario de una fulgurante comercialización de madera”.

EL BOTÍN DE LA BIODIVERSIDAD
El 22 de mayo se celebró el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Ese día, el decano nacional del Colegio de Biólogos del Perú, Sandro Chávez, nos recordada que el Perú es un auténtico banco genético mundial: poseemos 84 de las 117 zonas de vida del planeta; ocupamos el segundo lugar en el mundo en aves, con 1816 especies; el quinto lugar mundial en mamíferos, con 515 especies; 2 mil especies de peces de mar y de aguas continentales nos ubican en el primer lugar del ranking; 25 mil especies de plantas con flor, nos colocan en el octavo lugar; y el primer lugar en el planeta en mariposas, con 3532 especies. Solo para citar algunas especies de nuestro stock genético.

Sin embargo, para la mayoría de los peruanos este invalorable tesoro de la naturaleza y de la vida es poco menos que un botín a ser tomado, saqueado, despilfarrado, usado irracionalmente y finalmente destruido.

Somos un país con poca o ninguna educación y conciencia ambiental, con una subcultura cortoplacista, primario exportadora, rentista y extractivista que nos conduce inevitable e irreversiblemente a devorarnos la gallina de los huevos de oro de nuestro mayor capital, nuestra diversidad genética.

LA TALA ILEGAL
De todo este tesoro de biodiversidad, el bosque, que es además la matriz que sostiene a toda la cadena de vida de la naturaleza, es la riqueza más amenazada por el extractivismo, la ilegalidad, la corrupción y también el cambio climático.

Veamos. Todos los expertos coinciden en que el mayor peligro y riesgo para el bosque es la deforestación. El Perú poseía 70 millones de hectáreas de bosques, 90 por ciento de ellos en la Amazonía.

La deforestación anual según una investigación de Elsa Galarza, Karlos La Serna y la Universidad del Pacífico y otros estudios, fue en 1995 de 261,158 hectáreas, es decir,727 hectáreas por día.

Es posible que esa cifra oficial del INRENA correspondía solo al 50 por ciento o menos de la deforestación real en ese año.

A esta velocidad de deforestación, que cada día se incrementa, a las 68 millones de hectáreas de bosques amazónicos que todavía tenemos le quedan pocos años de vida.

El sistema forestal peruano, construido en su mayor parte sobre la ilegalidad a lo largo de toda la cadena-concesiones, extracción, comercialización y exportación- como es lógico tiene una mínima significación en el economía legal y formal del país.

Las cifras están a la vista. El Perú es el noveno país en el mundo en extensión de bosques tropicales. No obstante, solo participa del 0. 00067 por ciento de este comercio a nivel mundial que alcanza los 150 mil millones de dólares anuales, o sea 100 millones de dólares. Apenas el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI) del Perú.

Todo lo contrario ocurre en Brasil. Su industria maderera representa el 8.5 por ciento del total de su exportación, mientras que en Chile la industria forestal aporta con el 14.7 por ciento del total exportado.

Porque Chile, sin tener ni la superficie ni la diversidad de especies que posee el bosque peruano, tiene plantaciones forestales, un sistema de administración y gestión modernas y una industria de transformación con alto valor agregado.

Salvo el despojo que han sufrido, como en el Perú, las tierras y territorios forestales de los indígenas mapuches por parte de las multinacionales papeleras.

MAR DE FONDO
¿Pero cuál es el mar de fondo para que el sistema forestal peruano esté como está, hundido en el caos, la informalidad, la ilegalidad y la corrupción?

Las causas de esta crisis, señalada por los expertos nacionales y extranjeros y por las organizaciones nacionales e internacionales que estudian y han estudiado esta problemática, sería larga e interminable.

Pero anotemos solo algunas que nos parecen las de fondo: carencia de una institucionalidad forestal eficiente y moderna, por parte del Estado; inestabilidad normativa, cambios y modificaciones en las reglas de juego del sistema, regímenes paralelos y que se duplican y contraponen, casi inexistente o frágil gobernanza forestal y, en el fondo, la madre de todas las derrotas, la corrupción endémica.

El resultado de este caos es que el sistema de concesiones establecida por la Ley 28307 en el año 2002 nunca ha sido materia de una reingeniería, pese a sus fallas, omisiones y errores; que el tráfico de títulos y de permisos de extracción forestal en las CCNN de toda la Amazonía es producto de haber transferido estas obligaciones y competencias a los Gobiernos Regionales sin pautas, normas ni procedimientos precisos, con ambiguedades que se prestan al doble juego y a la corrupción; que en todos los eslabones de la cadena forestal se produzca el “blanqueo” de la madera.

De allí que el 80 por ciento de toda la madera de consumo nacional y de exportación sea madera ilegal, “blanqueada” como el dinero sucio del narcotráfico en el sistema legal.

Por supuesto, como en todo sistema, hay pequeñas islas de buen funcionamiento. Pero una golondrina no hace verano.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763 y su reglamento aún en debate deben reemplazar a la Ley 27308. Para la mayoría de los expertos consultados esta norma es más de la mismo o peor. Porque la ley no toca, para poner solo un ejemplo de sus omisiones, el sistema de habilitación, semiesclavista y precapitalista, que hace de la extracción forestal una actividad abusiva, explotadora e inhumana.

Así como el Estado peruano, criollo, monolingue y de origen colonial, necesita con urgencia una profunda reforma para ser funcional a la nación multilingue y multicultural que tenemos, el sistema forestal necesita una transformación total.

Pero hay poderes económicos, políticos y burocráticos enquistados en el sistema que impiden este cambio. Verdaderas mafias de extractores, exportadores, funcionarios, expertos, consultores, que parasitan y fagocitan el sistema.

El cambio llegará. Porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Sobre todo el cuerpo de la Madre Naturaleza.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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