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Una región rica, pero llena de pobres

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En el ranking nacional de inversión minera, Apurímac lidera con el 22% del total nacional, seguido por Junín con 15%, Arequipa 12%. Los principales proyectos mineros con inversión inicial comprometida en la región son: Las Bambas (US$4,200 millones), Haquira (US$2,800 millones), Apurímac Ferrum (US$ 2,600 millones), Los Chancas (US$ 1,300 millones), Trapiche (US$ 1,000 millones) y el proyecto Anama, de la compañía Aruntani (segundo productor aurífero nacional después de Buenaventura) que producirá 60,000 onzas anuales de oro. Treinta proyectos mineros se apoderaron de Apurímac que representa aproximadamente el 65% de su territorio.

Según el Boletín Estadístico de mayo 2015, del Ministerio de Energía y Minas, los ingresos por concepto de canon minero para Apurímac ascendieron en el periodo 2010 -2014 a S/4, 700,000 en promedio anual. Las regiones que registran millonarios ingresos son: Ancash 855 millones promedio anual, Arequipa 524 millones y Cajamarca 449 millones. Pregunto ¿en este escenario, tiene sentido el canon? ¿El Estado, no es acaso quien debe promover la equidad entre regiones y grupos sociales?

Las millonarias inversiones mineras que se iniciaron en la región en el 2004, no trajo consigo la esperada reducción de la pobreza, ni la solución de sus problemas estructurales. Según las “Cifras de Pobreza 2012” del INEI, la pobreza monetaria en Apurímac alcanza el 55,5%, en Cajamarca el 54,2%, en Ayacucho un 52,6% y Huancavelica 49,5%. Las provincias más pobres son Cotabambas y Grau (sedes del proyecto Las Bambas) con una tasa de pobreza total de 81.9% y 78.3%, y de pobreza extrema de 47.8% y 42.2%, respectivamente. Apurímac tiene 95 mil jóvenes y solo el 3% ha concluido sus estudios universitarios. El 70% de sus ríos están contaminados (ríos muertos), etc.

Para el PNUD (2013), el Perú sigue siendo una sociedad con enormes brechas de acceso al Desarrollo Humano. Un país cuya pobreza afecta en mayor medida y con mayor profundidad a las poblaciones rurales del interior del país, donde persisten graves desigualdades según su lugar de residencia, origen étnico, etc. En el informe del propio PNUD, a nivel de regiones, Apurímac, se ubica en el puesto 23 (es decir, en la cola), Cotabambas está entre las 5 provincias más pobres del país.

El gran proyecto minero Las Bambas tiene su origen en 1911 con la empresa Ferrobamba. En el 2004, Xstrata se hace con dicho proyecto y se compromete a invertir US$ 4,200 millones para producir 400,000 TMF de cobre al año. Al ritmo de la producción estimada las reservas probadas se agotarían en 25 años y con plantas de ampliación la vida útil de la mina llegaría hasta 35 años (apenas una generación). En 2014, la nueva propietaria de Las Bambas, Xstrata-Glencore, decide vender el proyecto al consorcio Chino, liderado por MMG por US$ 7,000 millones e hizo el negocio del siglo. Tres preguntas al respecto: ¿Las ganancias extraordinarias fueron declaradas en Perú?¿Fue el precio justo pagado por los chinos? y ¿Cuánto de dichas ganancias le tocó a Apurímac?

Es evidente que los niveles de crecimiento de las inversiones en Apurímac de los últimos años, no se corresponden con los niveles de reducción de la pobreza que deberían generarse. Ante esta situación, existe una crítica severa al Estado (y a las empresas que operan en la zona), en especial al funcionamiento y aplicación de las políticas públicas, pues sus fallas son evidentes, graves, y enmascaran situaciones inaceptables de injusticia y exclusión social. Pero lo peor, quizás, es que algunos siguen creyendo que la pobreza es como el cáncer, que la ciencia todavía no logró descubrir su remedio o que no tiene cura.

Mientras que los representantes del gobierno sigan con la retórica de que la protesta es política, promovida por foráneos y anti mineros, sin apenas conocer los reales problemas de Apurímac, cometen un grave error y las cosas irán de mal en peor. Por supuesto, hay que dialogar para buscar soluciones a los problemas ambientales, sociales, laborales, etc. para honrar la palabra, pero sobre todo, con respeto mutuo. No hay otra opción.

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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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