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Una región rica, pero llena de pobres

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En el ranking nacional de inversión minera, Apurímac lidera con el 22% del total nacional, seguido por Junín con 15%, Arequipa 12%. Los principales proyectos mineros con inversión inicial comprometida en la región son: Las Bambas (US$4,200 millones), Haquira (US$2,800 millones), Apurímac Ferrum (US$ 2,600 millones), Los Chancas (US$ 1,300 millones), Trapiche (US$ 1,000 millones) y el proyecto Anama, de la compañía Aruntani (segundo productor aurífero nacional después de Buenaventura) que producirá 60,000 onzas anuales de oro. Treinta proyectos mineros se apoderaron de Apurímac que representa aproximadamente el 65% de su territorio.

Según el Boletín Estadístico de mayo 2015, del Ministerio de Energía y Minas, los ingresos por concepto de canon minero para Apurímac ascendieron en el periodo 2010 -2014 a S/4, 700,000 en promedio anual. Las regiones que registran millonarios ingresos son: Ancash 855 millones promedio anual, Arequipa 524 millones y Cajamarca 449 millones. Pregunto ¿en este escenario, tiene sentido el canon? ¿El Estado, no es acaso quien debe promover la equidad entre regiones y grupos sociales?

Las millonarias inversiones mineras que se iniciaron en la región en el 2004, no trajo consigo la esperada reducción de la pobreza, ni la solución de sus problemas estructurales. Según las “Cifras de Pobreza 2012” del INEI, la pobreza monetaria en Apurímac alcanza el 55,5%, en Cajamarca el 54,2%, en Ayacucho un 52,6% y Huancavelica 49,5%. Las provincias más pobres son Cotabambas y Grau (sedes del proyecto Las Bambas) con una tasa de pobreza total de 81.9% y 78.3%, y de pobreza extrema de 47.8% y 42.2%, respectivamente. Apurímac tiene 95 mil jóvenes y solo el 3% ha concluido sus estudios universitarios. El 70% de sus ríos están contaminados (ríos muertos), etc.

Para el PNUD (2013), el Perú sigue siendo una sociedad con enormes brechas de acceso al Desarrollo Humano. Un país cuya pobreza afecta en mayor medida y con mayor profundidad a las poblaciones rurales del interior del país, donde persisten graves desigualdades según su lugar de residencia, origen étnico, etc. En el informe del propio PNUD, a nivel de regiones, Apurímac, se ubica en el puesto 23 (es decir, en la cola), Cotabambas está entre las 5 provincias más pobres del país.

El gran proyecto minero Las Bambas tiene su origen en 1911 con la empresa Ferrobamba. En el 2004, Xstrata se hace con dicho proyecto y se compromete a invertir US$ 4,200 millones para producir 400,000 TMF de cobre al año. Al ritmo de la producción estimada las reservas probadas se agotarían en 25 años y con plantas de ampliación la vida útil de la mina llegaría hasta 35 años (apenas una generación). En 2014, la nueva propietaria de Las Bambas, Xstrata-Glencore, decide vender el proyecto al consorcio Chino, liderado por MMG por US$ 7,000 millones e hizo el negocio del siglo. Tres preguntas al respecto: ¿Las ganancias extraordinarias fueron declaradas en Perú?¿Fue el precio justo pagado por los chinos? y ¿Cuánto de dichas ganancias le tocó a Apurímac?

Es evidente que los niveles de crecimiento de las inversiones en Apurímac de los últimos años, no se corresponden con los niveles de reducción de la pobreza que deberían generarse. Ante esta situación, existe una crítica severa al Estado (y a las empresas que operan en la zona), en especial al funcionamiento y aplicación de las políticas públicas, pues sus fallas son evidentes, graves, y enmascaran situaciones inaceptables de injusticia y exclusión social. Pero lo peor, quizás, es que algunos siguen creyendo que la pobreza es como el cáncer, que la ciencia todavía no logró descubrir su remedio o que no tiene cura.

Mientras que los representantes del gobierno sigan con la retórica de que la protesta es política, promovida por foráneos y anti mineros, sin apenas conocer los reales problemas de Apurímac, cometen un grave error y las cosas irán de mal en peor. Por supuesto, hay que dialogar para buscar soluciones a los problemas ambientales, sociales, laborales, etc. para honrar la palabra, pero sobre todo, con respeto mutuo. No hay otra opción.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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