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Una política preocupante

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Una política preocupante

Carta abierta al ministro del Interior General de Brigada EP (R) Daniel Urresti Elera.

Señor Ministro:

Me dirijo a usted públicamente para expresarle mi profunda preocupación por las constantes noticias encabezadas por su sector que informan sobre expulsiones de ciudadanos extranjeros. Entre ellas, llama la atención el informe que hace unos días usted brindó a los medios de comunicación en donde señala que en las últimas tres semanas 200 ciudadanos extranjeros habrían sido expulsados del país por cometer faltas y delitos.

A este hecho se suman diversos incidentes, ya conocidos por la opinión pública, de extranjeros que, a pesar de estar asentados en nuestro país hace años u otros que aún teniendo vínculos familiares con ciudadanos peruanos, se les impone la expulsión por faltas administrativas, varias de ellas inducidas por errores de la propia Superintendencia Nacional de Migraciones, las que demandarían sanciones menores.

Han habido casos en los que se ha separado a madres extranjeras de sus hijos peruanos menores de edad, como fue la triste situación de la ciudadana china Huang Mailing, sucedida hace unos meses. O en los que a pesar de la existencia de una sentencia judicial para levantar una orden de expulsión de una ciudadana extranjera casada con un ciudadano peruano, la asesoría jurídica del Ministerio del Interior apela este fallo y se niega a cumplirla. Estas decisiones ignoran numerosos mandatos constitucionales, legales e internacionales que abren la posibilidad de demandas internacionales contra el Estado peruano.

Me refiero a tratados en los que el Perú es signatario, como el Acuerdo Residencia Mercosur por el cual los ciudadanos de los países firmantes (Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros) que estén en situación migratoria irregular en nuestro país pueden regularizar su residencia sin pagar multas y sin la necesidad de mostrar un contrato de trabajo.

En los últimos años y gracias a este acuerdo solo en Argentina se han regularizado 47 mil 455 ciudadanos peruanos. Más graves son las violaciones que muchas de estas situaciones hacen a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada y obligatoria para el Perú.

Es incomprensible esta situación por el hecho que —según datos oficiales— en nuestro país, en el año 2012, vivían un poco menos de 90 mil ciudadanos extranjeros, mientras que en el extranjero hay más de 3 millones y medio de peruanos migrantes y se calcula que hasta el 50% de connacionales podría estar en situación irregular.

¿Puede usted imaginar qué sucedería con nuestros compatriotas en el exterior que viven en condición de irregulares si se les aplicara el criterio que el Estado peruano está adoptando con los extranjeros aquí? ¿A cuántas familias destruirían?

Nuestro Estado solicita públicamente para nuestros emigrados un tratamiento opuesto al que se está dando a los extranjeros en nuestro país, donde cada semana se anuncian nuevas expulsiones. Y es lamentable que este trato siempre vaya acompañado con declaraciones que vinculan a los extranjeros, particularmente a los ciudadanos provenientes de países andinos y suramericanos, con actos delictivos.

Nada bueno nos traerá una política que busca el impacto mediático en desmedro de las comunidades migrantes en el Perú porque esto, en la práctica, genera una atmósfera que criminaliza al inmigrante y alienta la xenofobia.

No tengo dudas que hay extranjeros y extranjeras que cometen actos delictivos, pues la migración trae lo bueno y lo malo de las sociedades, y creo que estas personas deben ser juzgadas con todo el peso de la ley. No obstante, que algunas de ellas cometan delitos no es excusa para generalizar y estigmatizar a todas.

Mirémoslo desde el otro lado: hace unos días un medio de prensa nacional informaba que ciudadanos peruanos en Argentina habían sido detenidos por controlar una red de narcotráfico. Este hecho lamentable no puede ser justificación para descalificar y desacreditar a los más de 350 mil compatriotas que viven en ese país.

Vivimos tiempos donde la movilidad humana se incrementa cada día más. Y en este contexto, muchos Estados de recepción establecen políticas de amnistía documentaria o procesos de regularización para preservar los vínculos familiares y sobre todo los derechos de los menores, beneficio que alcanza a nuestros connacionales. Este panorama hace más incoherente y doloroso ver a nuestro país con una política caracterizada por todo lo contrario a esos valores y principios.

Son numerosos y crecientes los sectores que expresan preocupación por esta situación, mediante las denuncias de periodistas e intelectuales, las gestiones de entidades de Estado como la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, así como mi despacho parlamentario, todas manifestaciones infructuosas, al parecer, incluso aquellas gestiones llevadas a través de sectores judiciales y que se tramitan ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, dependencia de su sector.

Por ello, me permito esta misiva pública para preguntarle: ¿Qué razones puede tener nuestro Estado para justificar esta política de criminalización a los extranjeros? ¿No es evidente la incongruencia de esta política ante el hecho de que tenemos en promedio 33 connacionales viviendo en otros países por cada extranjero que vive en Perú?

¿Tendremos que esperar a que se presenten denuncias y juicios internacionales contra el Estado peruano por las violaciones de tratados y derechos que devienen de esta política, para cambiarla?

¿De verdad no le son importantes las familias, los niños y las niñas que son terriblemente afectadas por esta innecesaria política?

Espero, mediante esta carta abrir un diálogo y poder caminar hacia la implementación de una nueva ley de extranjería, acorde a los tiempos, ya que la actual tiene más de veinte años y aún sin reglamento, y así dar un primer paso en la construcción de una política migratoria que respete y garantice los derechos de los y las extranjeras en nuestro país.

Atentamente,

Alberto Adrianzén Merino
Parlamentario Andino

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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