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Una política preocupante

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Una política preocupante

Carta abierta al ministro del Interior General de Brigada EP (R) Daniel Urresti Elera.

Señor Ministro:

Me dirijo a usted públicamente para expresarle mi profunda preocupación por las constantes noticias encabezadas por su sector que informan sobre expulsiones de ciudadanos extranjeros. Entre ellas, llama la atención el informe que hace unos días usted brindó a los medios de comunicación en donde señala que en las últimas tres semanas 200 ciudadanos extranjeros habrían sido expulsados del país por cometer faltas y delitos.

A este hecho se suman diversos incidentes, ya conocidos por la opinión pública, de extranjeros que, a pesar de estar asentados en nuestro país hace años u otros que aún teniendo vínculos familiares con ciudadanos peruanos, se les impone la expulsión por faltas administrativas, varias de ellas inducidas por errores de la propia Superintendencia Nacional de Migraciones, las que demandarían sanciones menores.

Han habido casos en los que se ha separado a madres extranjeras de sus hijos peruanos menores de edad, como fue la triste situación de la ciudadana china Huang Mailing, sucedida hace unos meses. O en los que a pesar de la existencia de una sentencia judicial para levantar una orden de expulsión de una ciudadana extranjera casada con un ciudadano peruano, la asesoría jurídica del Ministerio del Interior apela este fallo y se niega a cumplirla. Estas decisiones ignoran numerosos mandatos constitucionales, legales e internacionales que abren la posibilidad de demandas internacionales contra el Estado peruano.

Me refiero a tratados en los que el Perú es signatario, como el Acuerdo Residencia Mercosur por el cual los ciudadanos de los países firmantes (Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, entre otros) que estén en situación migratoria irregular en nuestro país pueden regularizar su residencia sin pagar multas y sin la necesidad de mostrar un contrato de trabajo.

En los últimos años y gracias a este acuerdo solo en Argentina se han regularizado 47 mil 455 ciudadanos peruanos. Más graves son las violaciones que muchas de estas situaciones hacen a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada y obligatoria para el Perú.

Es incomprensible esta situación por el hecho que —según datos oficiales— en nuestro país, en el año 2012, vivían un poco menos de 90 mil ciudadanos extranjeros, mientras que en el extranjero hay más de 3 millones y medio de peruanos migrantes y se calcula que hasta el 50% de connacionales podría estar en situación irregular.

¿Puede usted imaginar qué sucedería con nuestros compatriotas en el exterior que viven en condición de irregulares si se les aplicara el criterio que el Estado peruano está adoptando con los extranjeros aquí? ¿A cuántas familias destruirían?

Nuestro Estado solicita públicamente para nuestros emigrados un tratamiento opuesto al que se está dando a los extranjeros en nuestro país, donde cada semana se anuncian nuevas expulsiones. Y es lamentable que este trato siempre vaya acompañado con declaraciones que vinculan a los extranjeros, particularmente a los ciudadanos provenientes de países andinos y suramericanos, con actos delictivos.

Nada bueno nos traerá una política que busca el impacto mediático en desmedro de las comunidades migrantes en el Perú porque esto, en la práctica, genera una atmósfera que criminaliza al inmigrante y alienta la xenofobia.

No tengo dudas que hay extranjeros y extranjeras que cometen actos delictivos, pues la migración trae lo bueno y lo malo de las sociedades, y creo que estas personas deben ser juzgadas con todo el peso de la ley. No obstante, que algunas de ellas cometan delitos no es excusa para generalizar y estigmatizar a todas.

Mirémoslo desde el otro lado: hace unos días un medio de prensa nacional informaba que ciudadanos peruanos en Argentina habían sido detenidos por controlar una red de narcotráfico. Este hecho lamentable no puede ser justificación para descalificar y desacreditar a los más de 350 mil compatriotas que viven en ese país.

Vivimos tiempos donde la movilidad humana se incrementa cada día más. Y en este contexto, muchos Estados de recepción establecen políticas de amnistía documentaria o procesos de regularización para preservar los vínculos familiares y sobre todo los derechos de los menores, beneficio que alcanza a nuestros connacionales. Este panorama hace más incoherente y doloroso ver a nuestro país con una política caracterizada por todo lo contrario a esos valores y principios.

Son numerosos y crecientes los sectores que expresan preocupación por esta situación, mediante las denuncias de periodistas e intelectuales, las gestiones de entidades de Estado como la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, así como mi despacho parlamentario, todas manifestaciones infructuosas, al parecer, incluso aquellas gestiones llevadas a través de sectores judiciales y que se tramitan ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, dependencia de su sector.

Por ello, me permito esta misiva pública para preguntarle: ¿Qué razones puede tener nuestro Estado para justificar esta política de criminalización a los extranjeros? ¿No es evidente la incongruencia de esta política ante el hecho de que tenemos en promedio 33 connacionales viviendo en otros países por cada extranjero que vive en Perú?

¿Tendremos que esperar a que se presenten denuncias y juicios internacionales contra el Estado peruano por las violaciones de tratados y derechos que devienen de esta política, para cambiarla?

¿De verdad no le son importantes las familias, los niños y las niñas que son terriblemente afectadas por esta innecesaria política?

Espero, mediante esta carta abrir un diálogo y poder caminar hacia la implementación de una nueva ley de extranjería, acorde a los tiempos, ya que la actual tiene más de veinte años y aún sin reglamento, y así dar un primer paso en la construcción de una política migratoria que respete y garantice los derechos de los y las extranjeras en nuestro país.

Atentamente,

Alberto Adrianzén Merino
Parlamentario Andino

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Política

Exigen información sobre salud de Alberto Fujimori

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, presentó un pedido ante el Poder Judicial para que la clínica Centenario remita un informe oficial sobre el diagnóstico de salud del exdictador Alberto Fujimori, y se resuelva su situación legal.

Para Rivera es importante conocer la situación real de la salud, pues son sólidas las sospechas de que estaría internado para eludir la acción de la justicia que dispone su internamiento a la cárcel.

Refirió que las autoridades judiciales deberán solicitar información a la clínica Centenario o pedir que un representante del Instituto de Medicina Legal (IML) visite el mencionado centro médico y se elabore un informe médico actualizado de la salud de Fujimori.

RECURSO

“El pasado miércoles hemos presentado este recurso ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca y esperamos que se emita un informe en el más breve plazo”, destacó.

Alberto Fujimori permanece internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre desde el pasado 3 de octubre luego de la decisión del Poder Judicial de anular el indulto humanitario concedido por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Recientemente, diversos medios de comunicación difundieron un video en el cual se observa a Fujimori Fujimori desconectarse sin ayuda las sondas de suero para levantarse de la cama, lo cual demostraría su buen estado de salud.

NO SE SABE

Rivera anunció que ya han pasado cinco semanas del internamiento de Fujimori en la clínica Centenario y hasta el momento no se sabe la situación real del estado de salud.

“Esperamos que se nos notifique a corto plazo porque han pasado cinco semanas y no tenemos información, se debe tomar carta en el asunto, la opinión pública exige que se dé una información clara al respecto”, aseveró.

Refirió que sobre Fujimori pesa la orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que dispone la ubicación y captura del exmandatario.

DE NUEVO NAKAZAKI

Ante la renuncia del abogado Miguel Pérez Arroyo, el exdictador comunicó mediante sus redes sociales que Nakazaki volverá a asumir su defensa legal en los casos que tiene pendiente.

Indicó que el abogado César Nakazaki volverá a ser parte de su defensa legal. Ello luego de la renuncia de Miguel Pérez Arroyo, quien estuvo al frente de su caso por el indulto humanitario.

“A partir del día de hoy he encargado al doctor César Nakazaki asumir mi defensa legal en los casos que tengo pendientes”, escribió. Fujimori agradeció además el apoyo profesional de Nakazaki por el “momento tan complejo” que atraviesa su familia.

Pérez Arroyo indicó también en su cuenta de Twitter que dos meses atrás le sugirió a Fujimori conseguir a otro abogado y que seguiría viendo sus casos hasta que este tuviera otra defensa. El abogado estuvo al frente del caso Pativilca por el que se juzga al expresidente.

César Nakazaki fue abogado de Alberto Fujimori durante el juicio de los casos Barrios Altos y La Cantuta por los cuales recibió una condena de 25 años de prisión.

ALGO MÁS

Nakazaki, además, está a cargo de la defensa de los expresidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y de la ex primera dama, Nadine Heredia.

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Política

Salvador Heresi renunció

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Salvador Heresi

Salvador Heresi, legislador de Peruanos Por el Kambio (PPK), anunció su renuncia irrevocable a su bancada. Sin embargo aseguró que mantendrá su militancia.

“Hoy he comunicado a los miembros de la bancada de PPK mi renuncia irrevocable a la misma. Discrepancias en la conducción de la misma motivan la presente”, informó Heresi.

Señaló que su posición en el Congreso “será institucional” coordinada con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del partido. “Mantengo mi militancia”, manifestó.

La decisión se hará oficial el lunes, (hoy) según aseguró Heresi. Las discrepancias a las que hace referencia han tenido que ver en parte con Gilbert Violeta, según comunicó.

Esta decisión se suma a la del legislador Guido Lombardi quien también había renunciado a la bancada oficialista argumentando que desde este lugar no era posible darle “el apoyo que merece” al presidente Martín Vizcarra.

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Política

Equipo especial de la policía para Lava Jato

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Policías en fila

El ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que, como una de las medidas que ayuden a la lucha contra la corrupción, ha ordenado la creación de un equipo especial policial para que apoye en las investigaciones de la Fiscalía en el caso Lava Jato.

Es por ello que, explicó, los equipos especiales en la Policía Nacional han tenido relativo éxito en la lucha contra el crimen organizado, como es el caso reciente de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Yo tengo que anunciar que he dispuesto la formación de un equipo especial de investigación policial para apoyar el caso Lava Jato ante el requerimiento del Ministerio Público. El caso más emblemático de la región en megacorrupción va a tener el soporte de pesquisa de la policía operativo para apoyar a la Fiscalía en las investigaciones que están realizando”, manifestó.

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