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Una norma no hace la lucha anticorrupción

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IMPRESCRIPTIBILIDAD
El inicio de la segunda etapa de la legislatura trajo consigo la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, una norma esperada durante 16 años y por la que hay que congratularnos.

Suena irónico que justo sea bajo la presidencia fujimorista en el Congreso que se apruebe esta legislación, la gran culpa la tienen las fuerzas políticas que pospusieron adrede el debate.

Debemos tener claro que esta iniciativa ha caído por el peso de las circunstancias, las confesiones, las investigaciones y los escándalos en torno al caso Lava Jato (que tiene como protagonistas, de una forma o de otra, a todos los ex presidentes).

Ante tremenda batahola, las exigencias de la población por medidas anticorrupción eran claras y Fuerza Popular, que claramente tiene la estrategia de modificar la historia y convertir sus graves delitos en meros incidentes históricos olvidados por las culpas de otros ex presidentes, aceptó debatir el tema.

55 PROYECTOS
Sin embargo, la realidad es otra. Los proyectos de ley que dieron pie a que se concretara esta medida vinieron del Frente Amplio, PPK y Acción Popular. Es más, de los 55 proyectos presentados sobre la materia desde el 2001 (y que quedaban en nada), el fujimorismo jamás propuso la imprescriptibilidad de la corrupción como medida y, por el contrario, históricamente, en los continuos debates se oponían a la iniciativa y la obstaculizaban.

Es por ello que hay que estar alertas, este solo es un primer paso. Falta una segunda votación del pleno, que deberá ser en la segunda legislatura para que esta norma entre en vigor y, además, el desarrollo de esta norma. Es necesario y urgente que se emita una ley que reforme el código penal para volver aplicable la imprescriptibilidad, de lo contrario todo quedará en el papel y la foto.

Y ahí es dónde ser verá la voluntad fujimorista en que se efectivice esta norma, que señala la imprescriptibilidad para los casos más graves, pero también para los particulares corruptores o cómplices del funcionario corrupto.

QUE CAIGAN LOS TIBURONES
Ahí veremos qué delitos y a qué funcionarios públicos se quiere sancionar. Si bien es cierto, todo acto de corrupto debe ser rechazado, denunciado e investigado, también es una gran verdad que históricamente quienes han sido sancionados son funcionarios de rango medio.

Es necesario romper con esta ola de impunidad y que, al fin, los grandes tiburones caigan y dejen de tener los privilegios que la posición política o económica históricamente les han dado, junto a los contactos y el dinero para luchar contra un lento y timorato sistema judicial.

Es por ello que el articulado que se desarrolle debe quedar clarísimo que se debe aplicar en aquellos delitos más graves (dimensión objetiva), y en las autoridades de más alto rango (dimensión subjetiva). Esto serviría como elemento de disuasión para graves actos de corrupción; y sería más razonable; en tanto solo se quiere aplicar a graves causas de corrupción y en aquellos casos en los que el acto corrupto ha producido el desvío de graves sumas de dinero o que ha acarreado la violación masiva de derechos básicos de población. Porque los actos de corrupción implican vulneración de derechos fundamentales.

RETO AL FUJIMORISMO
Christhian Gruenberg, reconocido especialista en el tema, señala que “una familia viviendo bajo la línea de pobreza no puede acceder a una vida digna si los programas sociales no se distribuyen de manera justa por mantener las redes clientelares del gobierno”, o para no ir muy lejos, la existencia de desastres ecológicos graves debido a confabulación de intereses entre grandes empresas y el gobierno.

Debido a esto se dice que si la corrupción se mantiene, sobre todo en las altas esferas del gobierno, y en aquellos que toman las decisiones, se promueve la discriminación de las personas, se bloquea la realización gradual de los derechos sociales, culturales y económicos de los grupos más vulnerables y se violan derechos civiles y políticos.

Veamos si el fujimorismo quiere aprobar una norma en la cual los presidentes, ministros, congresistas, contralores, Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, integrantes del Consejo de la Magistratura, alcaldes de todos los niveles y jueces, fiscales y otros funcionarios de alto nivel sean pasibles de persecución, sin importar cuanto tiempo pase.

FALTAN REFORMAS
Además, junto a esto, no hay que perder la perspectiva. Así como una golondrina no hace un verano, una norma no hará la lucha contra la corrupción. Es urgente que a la par de esta medida no se olviden las reformas institucionales de los órganos encargados de prevenir y sancionar la corrupción.

La ley de imprescriptibilidad servirá de muy poco si es mal ejecutada por procuradores, jueces y fiscales. Del mismo modo, cómo se aplicará la norma si el Contralor no hace su trabajo de fiscalización y deja pasar irregularidades.

La lucha contra la corrupción implica la implementación de una política a corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, en Perú, hasta ahora la única política pública que ha sido apabullante y de largo plazo es la económica, y con ese enfoque de “desarrollo” se han relajado controles, se han firmado adendas y se han dejado de lado cambios estructurales, con todas las consecuencias en la mega corrupción que vivimos hoy.

 

ADEMÁS
Mientras tanto, la precariedad humana e institucional sigue vigente. A no perder de vista las tareas pendientes.

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Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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