Una norma no hace la lucha anticorrupción

Congreso de la República del Perú

IMPRESCRIPTIBILIDAD
El inicio de la segunda etapa de la legislatura trajo consigo la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, una norma esperada durante 16 años y por la que hay que congratularnos.

Suena irónico que justo sea bajo la presidencia fujimorista en el Congreso que se apruebe esta legislación, la gran culpa la tienen las fuerzas políticas que pospusieron adrede el debate.

Debemos tener claro que esta iniciativa ha caído por el peso de las circunstancias, las confesiones, las investigaciones y los escándalos en torno al caso Lava Jato (que tiene como protagonistas, de una forma o de otra, a todos los ex presidentes).

Ante tremenda batahola, las exigencias de la población por medidas anticorrupción eran claras y Fuerza Popular, que claramente tiene la estrategia de modificar la historia y convertir sus graves delitos en meros incidentes históricos olvidados por las culpas de otros ex presidentes, aceptó debatir el tema.

55 PROYECTOS
Sin embargo, la realidad es otra. Los proyectos de ley que dieron pie a que se concretara esta medida vinieron del Frente Amplio, PPK y Acción Popular. Es más, de los 55 proyectos presentados sobre la materia desde el 2001 (y que quedaban en nada), el fujimorismo jamás propuso la imprescriptibilidad de la corrupción como medida y, por el contrario, históricamente, en los continuos debates se oponían a la iniciativa y la obstaculizaban.

Es por ello que hay que estar alertas, este solo es un primer paso. Falta una segunda votación del pleno, que deberá ser en la segunda legislatura para que esta norma entre en vigor y, además, el desarrollo de esta norma. Es necesario y urgente que se emita una ley que reforme el código penal para volver aplicable la imprescriptibilidad, de lo contrario todo quedará en el papel y la foto.

Y ahí es dónde ser verá la voluntad fujimorista en que se efectivice esta norma, que señala la imprescriptibilidad para los casos más graves, pero también para los particulares corruptores o cómplices del funcionario corrupto.

QUE CAIGAN LOS TIBURONES
Ahí veremos qué delitos y a qué funcionarios públicos se quiere sancionar. Si bien es cierto, todo acto de corrupto debe ser rechazado, denunciado e investigado, también es una gran verdad que históricamente quienes han sido sancionados son funcionarios de rango medio.

Es necesario romper con esta ola de impunidad y que, al fin, los grandes tiburones caigan y dejen de tener los privilegios que la posición política o económica históricamente les han dado, junto a los contactos y el dinero para luchar contra un lento y timorato sistema judicial.

Es por ello que el articulado que se desarrolle debe quedar clarísimo que se debe aplicar en aquellos delitos más graves (dimensión objetiva), y en las autoridades de más alto rango (dimensión subjetiva). Esto serviría como elemento de disuasión para graves actos de corrupción; y sería más razonable; en tanto solo se quiere aplicar a graves causas de corrupción y en aquellos casos en los que el acto corrupto ha producido el desvío de graves sumas de dinero o que ha acarreado la violación masiva de derechos básicos de población. Porque los actos de corrupción implican vulneración de derechos fundamentales.

RETO AL FUJIMORISMO
Christhian Gruenberg, reconocido especialista en el tema, señala que “una familia viviendo bajo la línea de pobreza no puede acceder a una vida digna si los programas sociales no se distribuyen de manera justa por mantener las redes clientelares del gobierno”, o para no ir muy lejos, la existencia de desastres ecológicos graves debido a confabulación de intereses entre grandes empresas y el gobierno.

Debido a esto se dice que si la corrupción se mantiene, sobre todo en las altas esferas del gobierno, y en aquellos que toman las decisiones, se promueve la discriminación de las personas, se bloquea la realización gradual de los derechos sociales, culturales y económicos de los grupos más vulnerables y se violan derechos civiles y políticos.

Veamos si el fujimorismo quiere aprobar una norma en la cual los presidentes, ministros, congresistas, contralores, Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, integrantes del Consejo de la Magistratura, alcaldes de todos los niveles y jueces, fiscales y otros funcionarios de alto nivel sean pasibles de persecución, sin importar cuanto tiempo pase.

FALTAN REFORMAS
Además, junto a esto, no hay que perder la perspectiva. Así como una golondrina no hace un verano, una norma no hará la lucha contra la corrupción. Es urgente que a la par de esta medida no se olviden las reformas institucionales de los órganos encargados de prevenir y sancionar la corrupción.

La ley de imprescriptibilidad servirá de muy poco si es mal ejecutada por procuradores, jueces y fiscales. Del mismo modo, cómo se aplicará la norma si el Contralor no hace su trabajo de fiscalización y deja pasar irregularidades.

La lucha contra la corrupción implica la implementación de una política a corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, en Perú, hasta ahora la única política pública que ha sido apabullante y de largo plazo es la económica, y con ese enfoque de “desarrollo” se han relajado controles, se han firmado adendas y se han dejado de lado cambios estructurales, con todas las consecuencias en la mega corrupción que vivimos hoy.

 

ADEMÁS
Mientras tanto, la precariedad humana e institucional sigue vigente. A no perder de vista las tareas pendientes.

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