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Una ley negociada con rodilleras

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Hidrocarburos planta de gas y petróleo

El autor está convencido de que la nueva Ley de Hidrocarburos regala virtualmente la riqueza nacional a las transnacionales y es producto del lobby de quienes llama “allegados, asesores y espadachines a sueldo” de esas empresas.

Está en agenda del pleno del Congreso de la República, el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas de lo que sería una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) cuya esencia lobista radica en la indebida extensión por treinta años más a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación próximos a su vencimiento. La excusa es la de siempre: Promover la inversión privada para elevar la producción.

Así, la mayoría de contratos en esta situación se ubican en Piura, tales como los contratos por el lote Z-2B en el Zócalo Continental actualmente operado por el Consorcio Savia que en el 2009 pagó oficialmente US $ 900 millones por la transferencia contractual por este lote y otros lotes de exploración.

En el caso del lote Z-2B si las reservas en el subsuelo eran y son del Estado, y las instalaciones, ductos y sobre todo las plataformas marinas son propiedad de Petroperú, el consorcio Savia abonó 900 millones de dólares a la empresa vendedora Petrotech por la transferencia contractual. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?

UN CASO ESPECIAL

Este contrato de servicios donde el Estado retiene el 16% de la producción como una regalía equivalente, y el privado se queda con el 84% como una retribución resulta lesivo al país. Se debe tener presente que el Estado ha debido acceder desde el 2003 al 51% de la producción como regalía equivalente y el privado retener el 49%, gracias a un factor “R” que nunca ha superado el 1.5%.

Estas prácticas empresariales han sido posibles gracias al compadrazgo e inopia del organismo regulador Perupetro, que pocas veces fiscalizó la maximización de egresos y gastos de Petrotech/Savia, práctica absolutamente desfavorable al fisco, gracias a una serie de costos y gastos sobredimensionados con empresas subsidiarias que asumía antes Petrotech como empresa principal. Las mismas prácticas adopta el Consorcio Savia en perjuicio del país.

Sin embargo, gracias al compradazgo y entreguismo de Perupetro dicho contrato que debía vencer en noviembre del 2023, con esta ley lobista es decir “a pedido expreso de las empresas interesadas”, se les extenderá por 20 años más, a los cuales hay que agregar el período de retención por 10 años adicionales. ¡Esta práctica lobista sería imposible en los Estados Unidos, centro del capitalismo mundial!

Si a ello se suma el pagó irrisorio de los 10 millones de dólares anuales por el uso de las plataformas marinas que son propiedad de Petroperú. Así cuando el precio del crudo era de US$ 20 el barril, el alquiler por el uso de las plataformas marinas era de US$ 10 millones por año. Si el precio del crudo se elevó a más de 90 dólares el barril se seguía pagando la misma tarifa. Es decir, este contrato lesivo se extenderá gracias a la lenidad de Perupetro y complicidad de Petroperú.

CUENTOS CHINOS

En resumen, frente al argumento de promover la inversión privada que ciertamente necesita el sector de hidrocarburos, se debe recordar las promesas incumplidas de las empresas. Así, de forma oficiosa se estima en más de US$ 6,000 millones, la inversión que se realizaría en todos los contratos próximos a su vencimiento (Yesquén dixit).

Al respecto, habría que recordar que Savia en el 2010 prometía realizar solamente en dicho lote inversiones por más de US$ 3,000 millones y elevar la producción en más de 50 mil barriles diarios para el 2016.

Hoy la producción no llega a los 8 mil barriles diarios y la empresa señala que seguirá bajando, pues las inversiones necesarias para elevar la producción no se recuperarían. Esta es una forma de presión que los allegados, asesores y espadachines a sueldo de las empresas difunden como verdades reveladas: ¡Si se demanda inversión hay que extender los contratos. No cabe pensar en otras posibilidades!

Cabe preguntarse si las empresas petroleras no invirtieron en actividades de riesgo cuando los precios del crudo se ubicaban sobre los 90 dólares el barril, por qué tendrían que hacerlo ahora que los precios se mantienen sobre los 70 dólares el barril de petróleo.

Lo más grave ahora es que las empresas interesadas en la extensión por 30 años también demandan una disminución importante de las tasas de regalías, supuestamente para ser más competitivos a nivel internacional. Es curioso pero se olvidan de destacar que tales regalías se deducen como gasto.

Es más, se arguye que con regalías de 10% o hasta menos se podría explotar el crudo que yace en el subsuelo en los más de 4,500 pozos ATA, es decir pozos cerrados en el pasado por razones económicas. Estos pozos básicamente están ubicados en la Cuenca de Talara, y supuestamente se requiere tasas de regalías que hagan atractivas y rentables las inversiones.

Esta es una media verdad o una media mentira, pues con precios de 100 dólares el barril las empresas petroleras no aprovecharon el potencial de hidrocarburos en la Cuenca Talara ni el Zócalo Continental. Ahora nos endulzan que debemos aprovechar el crudo que yace en estos pozos ATA que vienen de las épocas de la IPC y PetroPerú.

Pago de regalías petroleras de las empresas con contratos de explotación por lotes próximos a su vencimiento

REGALÍAS AL SÓTANO

Lo cierto y evidente es que con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, el fisco se verá afectado en la percepción de los ingresos fiscales por medio de las regalías que se perciben por la explotación del petróleo y gas asociado. Si las tasas de regalías que se ubican entre el 22% y el 25% en el departamento de Piura, se reducen al 5% o al 10% como se pretende en el fondo, hemos demostrado en artículos anteriores que se pone en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.

Sí, por la ley de homologación del canon del petróleo y gas asociado en el 2011 la tasa del canon se incrementó del 10 % al 15 % del valor de la producción y el sobrecanon petrolero subió del 2.75% “ad valorem” al 3.75%. En total el canon y sobrecanon para el petróleo y gas asociado es del 18.75% y las regiones beneficiadas son Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.

Como se puede observar en el cuadro “Pago de Regalías Petroleras de las Empresas con Contratos de Explotación por Lotes Próximos a su Vencimiento” en el período 2012 / 2017, el comportamiento ha sido descendente tanto en términos de precio promedio (WTI), como en valor como también en términos de volúmenes producidos.

Como también se podrá notar en el cuadro, las regalías más importantes que percibe el Estado por los contratos petroleros próximos a su vencimiento corresponden al lote X operado actualmente por la petrolera china CNPC que con una tasa promedio de regalía del 30% desde el 2015 ha pagado con precios promedio de 48.6 dólares por barril, un valor de 45,8 millones de dólares por concepto de regalías. En el 2017 con precios promedio del WTI de 50.8 dólares el barril tuvo que pagar 51.8 millones por el mismo concepto.

El segundo lugar, le corresponde a la petrolera Savia Perú que opera el lote Z-2B que de pagar 144 milllones de dólares en el 2015 con los precios deprimidos de 48.6 dólares el barril, ha continuado pagando menos en el 2017 donde tuvo que pagar regalías por un valor de 121 millones de dólares pese a la recuperación del precio del crudo.

En síntesis, el lote X paga un promedio de 30% como tasa de regalías y el lote Z-2B abona un 16% como regalía equivalente, y una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo como promueve, auspicia la nueva Ley de Hidrocarburos significará menores ingresos fiscales para el Estado que pondrá en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.

No deja de ser curioso que se está promoviendo una disminución de las tasas de regalías en una coyuntura donde el déficit fiscal supera el 3% del PBI, y la presión tributaria de los ingresos del Gobierno Central frente al PBI no supera el 13.7 %, la más baja de los últimos años que tiene el país.

EPÍLOGO

En verdad, con este proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos se pretende vender “gato por liebre”, pues con la justificación de promover las inversiones en el sector, con plausibles cláusulas de anticorrupción y prácticas preprofesionales para los jóvenes, se pretende imponer una perversa prórroga contractual.

Así, en el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas que preside un congresista de Acción Popular, se incorpora en el artículo tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos, la cual tiene que ver con la indebida extensión por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.

Una práctica capitalista, moderna, de libre competencia debiera licitar en un proceso abierto y transparente el activo más valioso que tienen los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento en el subsuelo: las reservas probadas, probables y posibles.

ALGO MÁS

Es más, si por la Constitución y la Ley de Hidrocarburos todavía vigente los hidrocarburos “in situ”, es decir que yacen en el subsuelo son propiedad de la Nación, entiéndase de todos los peruanos, una perversa prórroga contractual por 30 años, no deja de ser una enajenación, una sustracción de riqueza que, como diría el filósofo francés Proudhon, sería un robo a nombre de unas supuestas inversiones que se financiarán en última instancia con las mismas reservas probadas de petróleo.

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Política

Es una mordaza a la información

Publicado

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

Publicado

en

Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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