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Una ley negociada con rodilleras

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Hidrocarburos planta de gas y petróleo

El autor está convencido de que la nueva Ley de Hidrocarburos regala virtualmente la riqueza nacional a las transnacionales y es producto del lobby de quienes llama “allegados, asesores y espadachines a sueldo” de esas empresas.

Está en agenda del pleno del Congreso de la República, el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas de lo que sería una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) cuya esencia lobista radica en la indebida extensión por treinta años más a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación próximos a su vencimiento. La excusa es la de siempre: Promover la inversión privada para elevar la producción.

Así, la mayoría de contratos en esta situación se ubican en Piura, tales como los contratos por el lote Z-2B en el Zócalo Continental actualmente operado por el Consorcio Savia que en el 2009 pagó oficialmente US $ 900 millones por la transferencia contractual por este lote y otros lotes de exploración.

En el caso del lote Z-2B si las reservas en el subsuelo eran y son del Estado, y las instalaciones, ductos y sobre todo las plataformas marinas son propiedad de Petroperú, el consorcio Savia abonó 900 millones de dólares a la empresa vendedora Petrotech por la transferencia contractual. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?

UN CASO ESPECIAL

Este contrato de servicios donde el Estado retiene el 16% de la producción como una regalía equivalente, y el privado se queda con el 84% como una retribución resulta lesivo al país. Se debe tener presente que el Estado ha debido acceder desde el 2003 al 51% de la producción como regalía equivalente y el privado retener el 49%, gracias a un factor “R” que nunca ha superado el 1.5%.

Estas prácticas empresariales han sido posibles gracias al compadrazgo e inopia del organismo regulador Perupetro, que pocas veces fiscalizó la maximización de egresos y gastos de Petrotech/Savia, práctica absolutamente desfavorable al fisco, gracias a una serie de costos y gastos sobredimensionados con empresas subsidiarias que asumía antes Petrotech como empresa principal. Las mismas prácticas adopta el Consorcio Savia en perjuicio del país.

Sin embargo, gracias al compradazgo y entreguismo de Perupetro dicho contrato que debía vencer en noviembre del 2023, con esta ley lobista es decir “a pedido expreso de las empresas interesadas”, se les extenderá por 20 años más, a los cuales hay que agregar el período de retención por 10 años adicionales. ¡Esta práctica lobista sería imposible en los Estados Unidos, centro del capitalismo mundial!

Si a ello se suma el pagó irrisorio de los 10 millones de dólares anuales por el uso de las plataformas marinas que son propiedad de Petroperú. Así cuando el precio del crudo era de US$ 20 el barril, el alquiler por el uso de las plataformas marinas era de US$ 10 millones por año. Si el precio del crudo se elevó a más de 90 dólares el barril se seguía pagando la misma tarifa. Es decir, este contrato lesivo se extenderá gracias a la lenidad de Perupetro y complicidad de Petroperú.

CUENTOS CHINOS

En resumen, frente al argumento de promover la inversión privada que ciertamente necesita el sector de hidrocarburos, se debe recordar las promesas incumplidas de las empresas. Así, de forma oficiosa se estima en más de US$ 6,000 millones, la inversión que se realizaría en todos los contratos próximos a su vencimiento (Yesquén dixit).

Al respecto, habría que recordar que Savia en el 2010 prometía realizar solamente en dicho lote inversiones por más de US$ 3,000 millones y elevar la producción en más de 50 mil barriles diarios para el 2016.

Hoy la producción no llega a los 8 mil barriles diarios y la empresa señala que seguirá bajando, pues las inversiones necesarias para elevar la producción no se recuperarían. Esta es una forma de presión que los allegados, asesores y espadachines a sueldo de las empresas difunden como verdades reveladas: ¡Si se demanda inversión hay que extender los contratos. No cabe pensar en otras posibilidades!

Cabe preguntarse si las empresas petroleras no invirtieron en actividades de riesgo cuando los precios del crudo se ubicaban sobre los 90 dólares el barril, por qué tendrían que hacerlo ahora que los precios se mantienen sobre los 70 dólares el barril de petróleo.

Lo más grave ahora es que las empresas interesadas en la extensión por 30 años también demandan una disminución importante de las tasas de regalías, supuestamente para ser más competitivos a nivel internacional. Es curioso pero se olvidan de destacar que tales regalías se deducen como gasto.

Es más, se arguye que con regalías de 10% o hasta menos se podría explotar el crudo que yace en el subsuelo en los más de 4,500 pozos ATA, es decir pozos cerrados en el pasado por razones económicas. Estos pozos básicamente están ubicados en la Cuenca de Talara, y supuestamente se requiere tasas de regalías que hagan atractivas y rentables las inversiones.

Esta es una media verdad o una media mentira, pues con precios de 100 dólares el barril las empresas petroleras no aprovecharon el potencial de hidrocarburos en la Cuenca Talara ni el Zócalo Continental. Ahora nos endulzan que debemos aprovechar el crudo que yace en estos pozos ATA que vienen de las épocas de la IPC y PetroPerú.

Pago de regalías petroleras de las empresas con contratos de explotación por lotes próximos a su vencimiento

REGALÍAS AL SÓTANO

Lo cierto y evidente es que con la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos, el fisco se verá afectado en la percepción de los ingresos fiscales por medio de las regalías que se perciben por la explotación del petróleo y gas asociado. Si las tasas de regalías que se ubican entre el 22% y el 25% en el departamento de Piura, se reducen al 5% o al 10% como se pretende en el fondo, hemos demostrado en artículos anteriores que se pone en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.

Sí, por la ley de homologación del canon del petróleo y gas asociado en el 2011 la tasa del canon se incrementó del 10 % al 15 % del valor de la producción y el sobrecanon petrolero subió del 2.75% “ad valorem” al 3.75%. En total el canon y sobrecanon para el petróleo y gas asociado es del 18.75% y las regiones beneficiadas son Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.

Como se puede observar en el cuadro “Pago de Regalías Petroleras de las Empresas con Contratos de Explotación por Lotes Próximos a su Vencimiento” en el período 2012 / 2017, el comportamiento ha sido descendente tanto en términos de precio promedio (WTI), como en valor como también en términos de volúmenes producidos.

Como también se podrá notar en el cuadro, las regalías más importantes que percibe el Estado por los contratos petroleros próximos a su vencimiento corresponden al lote X operado actualmente por la petrolera china CNPC que con una tasa promedio de regalía del 30% desde el 2015 ha pagado con precios promedio de 48.6 dólares por barril, un valor de 45,8 millones de dólares por concepto de regalías. En el 2017 con precios promedio del WTI de 50.8 dólares el barril tuvo que pagar 51.8 millones por el mismo concepto.

El segundo lugar, le corresponde a la petrolera Savia Perú que opera el lote Z-2B que de pagar 144 milllones de dólares en el 2015 con los precios deprimidos de 48.6 dólares el barril, ha continuado pagando menos en el 2017 donde tuvo que pagar regalías por un valor de 121 millones de dólares pese a la recuperación del precio del crudo.

En síntesis, el lote X paga un promedio de 30% como tasa de regalías y el lote Z-2B abona un 16% como regalía equivalente, y una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo como promueve, auspicia la nueva Ley de Hidrocarburos significará menores ingresos fiscales para el Estado que pondrá en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero.

No deja de ser curioso que se está promoviendo una disminución de las tasas de regalías en una coyuntura donde el déficit fiscal supera el 3% del PBI, y la presión tributaria de los ingresos del Gobierno Central frente al PBI no supera el 13.7 %, la más baja de los últimos años que tiene el país.

EPÍLOGO

En verdad, con este proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos se pretende vender “gato por liebre”, pues con la justificación de promover las inversiones en el sector, con plausibles cláusulas de anticorrupción y prácticas preprofesionales para los jóvenes, se pretende imponer una perversa prórroga contractual.

Así, en el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas que preside un congresista de Acción Popular, se incorpora en el artículo tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos, la cual tiene que ver con la indebida extensión por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.

Una práctica capitalista, moderna, de libre competencia debiera licitar en un proceso abierto y transparente el activo más valioso que tienen los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento en el subsuelo: las reservas probadas, probables y posibles.

ALGO MÁS

Es más, si por la Constitución y la Ley de Hidrocarburos todavía vigente los hidrocarburos “in situ”, es decir que yacen en el subsuelo son propiedad de la Nación, entiéndase de todos los peruanos, una perversa prórroga contractual por 30 años, no deja de ser una enajenación, una sustracción de riqueza que, como diría el filósofo francés Proudhon, sería un robo a nombre de unas supuestas inversiones que se financiarán en última instancia con las mismas reservas probadas de petróleo.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

Publicado

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

Publicado

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

Publicado

en

Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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