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Una democracia de mínorías

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Una democracia de mínorías

La política se ha convertido, en muchos casos, en refugio de corruptos o de aventureros y oportunistas.

Según una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en las próximas elecciones municipales del cinco de octubre se han inscrito 97,387 candidatos provinciales y distritales para ocupar 12,368 cargos de alcaldes y regidores.

Según el tribunal electoral, en el ámbito provincial 1 896 candidatos competirán por una de las 195 alcaldías provinciales existentes en nuestro país. La cifra se eleva a 11,750 candidatos que competirán por las 1,647 alcaldías distritales en todo el país. Asimismo, existen 18,031 candidatos a regidores provinciales y 65 710 a regidores distritales que conforman las listas presentadas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), cuyas solicitudes de inscripción están siendo procesadas en los referidos organismos electorales (Andina: 09/07/14)

En el ámbito regional -en base a información del JNE- se han presentado 309 listas en las 25 regiones y, Tacna y Tumbes, dos regiones fronterizas, pequeñas en población y extensión, son las que cuentan con mayor cantidad de listas: 19 en total. Loreto, en cambio, tiene el menor número de candidatos: 7 listas inscritas.

Y si bien estas candidaturas, regionales y municipales, están sujetas todavía a ser admitidas por los JEE, luego de posibles tachas a candidatos y organizaciones políticas, queda claro que la fragmentación política, entendida ésta como la proliferación de listas y candidatos, continúa. Si en las elecciones del 2010 el número total de listas fue de 14,270, hoy asciende a 14,171. La reducción es mínima.

Puno es un buen ejemplo porque es la región que hoy presenta la mayor cantidad de candidatos a la presidencia regional, alcaldías provinciales y distritales en el sur del país. Según los registros de los cinco JEE instalados en esa región, 1,385 candidatos han presentado solicitud de inscripción (La República: 09/07/14).

En realidad, este proceso de fragmentación se inició en las elecciones municipales de 1993. Ese año, en Lima Metropolitana, se presentaron 38 listas provinciales y alrededor de 800 listas distritales.

El otro dato importante en aquellas elecciones fue que de los 38 candidatos provinciales, 28 se presentaron en listas independientes. Fue el año de la explosión de los llamados independientes promovida por el fujimorismo pero también expresión de la crisis de los partidos políticos que se vivió durante la década de los noventa.

Cuando regresó la democracia representativa, a inicios de este milenio, se pensó que esa crisis -que era al mismo tiempo de representación y de representatividad- podía ser superada. Las próximas elecciones regionales y municipales, como las anteriores, demuestran lo contrario.

Una democracia de mínorías

Es posible ensayar una primera respuesta a esta proliferación de candidaturas a partir de los siguientes factores:

a) las facilidades de la ley electoral y el poco control de los organismos electorales en la creación de listas municipales o regionales;

b) la crisis de los llamados partidos nacionales que se expresa en sus escasos o débiles nexos con la población y que lleva a los ciudadanos a crear nuevas formas de representación como mecanismo para encontrar satisfacción a sus demandas; c) el discurso político que afirma que el mejor alcalde o presidente regional es el “mejor vecino” y no el representante de un partido político, con lo cual las elecciones terminan por despolitizarse;

d) la desafección de la política en la mayoría ciudadana como lo demuestran reiteradamente las encuestas; y

e) la existencia de mayores recursos económicos en las regiones y municipalidades como una suerte de incentivo perverso para el incremento de las listas.

A estos factores podemos sumar otras cuestiones también importantes. La primera es la incapacidad de crear un interés mayor en la ciudadanía que vaya más allá de los intereses de los propios candidatos. Cuando no existe ese interés no es posible la acción colectiva.

Lo que se tiene, más bien, es la fragmentación de la representación y el caudillismo; y hasta la política es vista como un mecanismo de enriquecimiento o de superación de problemas individuales o personales (esto también aplica en la elección congresal) que permite el nacimiento de mafias políticas como demostraría el caso de Ancash y lo sucedido en otras regiones.

La segunda es que la escasa implantación de los llamados partidos nacionales fuera de Lima, provoca lo que llamo el carácter bicéfalo de la “representación política nacional” en el país. Si analizamos y nos preguntamos, en el caso de las elecciones regionales, qué partidos con representación en el Congreso nacional -aquellos que tienen una supuesta representación nacional- se presentan en las elecciones regionales, veremos que su número siempre es inferior al de las listas independientes, las que además, son las victoriosas.

Dicho de manera más simple: la representación que se expresa en el Congreso no es la misma a aquella que aquella se da en las elecciones regionales y municipales. Entonces, en el país hay dos o hasta tres expresiones -si incluimos el ámbito municipal- de representación política.

La tercera cuestión es esta suerte de permisividad frente al transfuguismo político que puede ser definido como la capacidad de cambiar de partido u organización para ser reelegido.

Un ejemplo notable es el actual alcalde de Lurigancho (Chosica) que va por su sétima reelección. Esta vez Luis Bueno va por las filas de Solidaridad cuando en el año 2000 fue elegido como congresista por Acción Popular. Otro es el alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro, elegido por primera vez en 1998. Él ha sido candidato del fujimorismo, de Somos Perú y ahora lidera un movimiento independiente que le ha permitido la reelección durante los últimos años.

En conclusión, somos un país de minorías políticas que se disputan cada cierto tiempo cuotas escasas de poder como consecuencia del centralismo, del defectuoso sistema electoral y de la crisis de los partidos políticos.

El resultado es que la política se ha convertido, en muchos casos, en refugio de corruptos o de aventureros y oportunistas que son cooptados fácilmente por el centralismo y los intereses privados. Y eso es un mal signo para una democracia débil frente a los poderes fácticos.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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